Introducción

Lo acontecido en las tomas pacíficas de oficinas centrales del Instituto por parte de grupos de desplazados, los días 13 y 17 de febrero de 2009, es fiel reflejo de lo que ha venido sucediendo desde enero del año pasado, con la implementación del proceso de otorgamiento de subsidios a través de convocatorias públicas: unas comunidades ávidas de tierra, servicios y recursos para desarrollar sus actividades agropecuarias, enfrentadas a unos trámites administrativos excesivos, desarticulados y muchos de ellos incumplibles y a unos funcionarios y contratistas prepotentes, autoritarios e indolentes.

Lo que fue tan cacareado en su momento por el ex ministro Arias como la solución para el problema de la demanda de tierras de las comunidades rurales, muy pronto mostró, desde las primeras de cambio, sus grandes debilidades y falencias y, tal como lo había pronosticado Sintraincoder, se convirtió en un gran fracaso, arrastrando consigo a un sinnúmero de familias campesinas y desplazadas, ahondando, aún más, el problema de la distribución de la tierra, considerado por muchos, propios y extraños, el causante fundamental del conflicto social en el país.

¿Promoción o parafernalia?

Los términos de referencia con que se realizaron las convocatorias (SIT-01 y SIT-02) fueron definidos íntegramente por el Ministerio de Agricultura e impuestos a la pasiva administración del Incoder que, en ese momento, se limitó únicamente al cumplimiento de los trámites presupuestales respectivos.

Esos términos y las adendas posteriores, en lo primordial, mostraron un desconocimiento absoluto e incomprensible de la realidad por la que atraviesan las comunidades rurales desposeídas del país: procedimientos, instrucciones y trámites vía internet, diligenciamiento de formatos con datos técnicos y específicos inmanejables, así como requisitos y documentos con alto costo, frente a las posibilidades de los campesinos y desplazados.

Con ello, a nivel territorial y central se iniciaron las jornadas llamadas de capacitación, en condiciones lamentables para las comunidades. Lo que realmente les brindaron funcionarios con mucho compromiso pero ninguna inducción fue una instrucción acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos en los términos de referencia y de las muchas condiciones para el acceso al subsidio.

Sin embargo, el entusiasmo mostrado por las comunidades, alentadas primero por su absoluta necesidad de la tierra y los recursos y, después, por la irresponsable actitud del ministro Arias y de algunos directivos del Incoder de promocionar la nueva cara de la distribución de la tierra con transparencia, objetividad, celeridad y eficiencia, los llevaron a presentar de cualquier manera, así fuera contratando los servicios de “expertos”, a los costos que ello implicaba, para las dos convocatorias (SIT–01 y SIT–02) [1], 1.657 propuestas que beneficiarían a 21.543 familias de desplazados y campesinos, abarcando 241.899 hectáreas a un costo de $680 mil millones (ver cuadro 1).

Dicho entusiasmo sólo fue superado por la parafernalia organizada por el Ministerio y la administración del Instituto, que, observando el gran número de solicitantes y solicitudes, izaron las banderas por el gran triunfo de la política de la "seguridad democrática", de la Ley 1152 de 2007 y sus decretos, la omnipresencia del ministro Arias y la idoneidad de la administración del Incoder. Lo cual, como veremos más adelante, fue y sigue siendo una farsa con la que, como siempre, se abusó de la honestidad e ingenuidad de la población campesina y desplazada.

Gestión en la oscuridad

Mientras se surtía el proceso de promoción y el trámite de cierre de la convocatoria SIT-01 y de la convocatoria para los proyectos productivos piscícolas, y aún antes, el Ministerio, a través del IICA, eludiendo cualquier auditoría de los entes de control, contrató utilizando la figura de convenio los servicios de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa (CDM) (muy seguramente creada o reactivada para el efecto), para el estudio de las 1.657 propuestas, la verificación de requisitos mínimos y, a partir de allí, la evaluación socioeconómica que diera como resultado los proyectos declarados como elegibles; y a Corpoica para la verificación en campo, que define la viabilidad de los proyectos.

La suma asignada para ambos convenios excedió los $5.300 millones, extraídos habilidosamente de lo que se llamó rimbombantemente como gastos inherentes del programa.

Las 1.657 propuestas fueron entregadas, bajo extremas medidas de seguridad y sigilo, a CDM, a quienes, en principio, se les adecuó un sitio en las instalaciones del IICA para la realización de su estudios, alejados de la influencia negativa de los funcionarios del Incoder, pero ante todo de la mirada entre velante y vigilante de los postulantes.

Desde un principio, el proceso de selección se manejó como si fuera de seguridad nacional. El radiante sol de la transparencia empezó a envilecerse: todo se debía tratar con profundo secreto; nadie, tan solo Arias, era informado íntegramente acerca de los avances que se venían dando; los informes eran filtrados y parciales; los campesinos y desplazados fueron muchas veces maltratados por querer averiguar el estado de sus propuestas.

Así, cumpliendo a marchas forzadas, se publicaron las listas de elegibles que en la SIT-01 fue de 213 proyectos (sin relación de proyectos en espera como se estableció en términos de referencia) y en la SIT-02 de 68 (37 elegibles y 31 en espera), para un total de 281, es decir que tan sólo el 17% de las propuestas presentadas cumplieron con lo solicitado en los tan claros y sencillos términos de referencia.

Los 281 proyectos elegibles beneficiarían a 1.997 familias (9% de las solicitudes iniciales), abarcando 18.570 hectáreas (8% de las iniciales), por un monto de $56.900 millones (mucho menos del 1% de la solicitud inicial) (ver cuadro 2).

Ante tan evidente fracaso, el ministro Arias, tratando de salvar su imagen, por esos días altamente lesionada, se ideó un evento para entregar de manera simbólica los subsidios a los campesinos y desplazados de los proyectos elegibles, en el cual se invirtieron de los gastos inherentes, del presupuesto de funcionamiento 2008 y otros recursos de vigencias pasadas, una suma, hasta donde se sabe, cercana a los $500 millones.

Para el evento, que tuvo transmisión nacional en directo, se facilitó la asistencia de los funcionarios, se declaró día cívico en las Oficinas Centrales del Incoder; se invitó a personalidades; se trasladó a campesinos, desplazados y funcionarios; se adecuó como propio un escenario prestado; se compraron equipos, muebles y enseres; y, por supuesto, se nombró como maestro de ceremonias, presentador y animador al presidente Uribe.

A pesar de la publicidad, el proceso empezó a hacer crisis. Ante la angustiante situación del ministro por mostrar resultados, gritó, amenazó y cambió sus fichas. La subgerente de Gestión, otrora maltratadora y perseguidora, declinó ante la presión, el acoso y señalamiento del gran hermano Arias y entregó su trono a otro reyezuelo. Todo ello, bajo la actitud obediente y pusilánime de la administración del Incoder.

Y para colmo de males, el Incoder que había contratado a CDM y Corpoica, sin condicionar unas capacidades administrativa y operativa mínimas, tuvo que trasladar a sus operadores a la sede de oficinas centrales de la entidad, donde cualquier recoveco fue bueno para instalar gente y equipos.

Ante de la demora del proceso, en el mes de agosto, sin haber girado un solo peso y con el temor fundado de llegar a diciembre en la misma situación, corriendo el riesgo de perder gran parte del recurso, se suscribió un convenio con el Banco Agrario, entregándole en administración $46.614 millones (ya no los $60 mil millones con que fue abierta la primera convocatoria Resolución No. 3704 de 2007) y solicitándole como contraprestación el estudio y aprobación de los créditos necesarios para la financiación de los proyectos productivos a que hubiera lugar.

Al mismo tiempo se inició la verificación en campo, realizada muy lentamente por Corpoica (por aquello de la capacidad operativa), para los 213 proyectos elegibles de la SIT-01, arrojando como resultado la no viabilidad de 73 proyectos (a muchos de los cuales se les había otorgado el subsidio simbólico), quedando sólo 134 beneficiados por un valor de $22.024 millones. El proceso de verificación en campo para la SIT– 02 se inició sólo hasta finales de 2008 y culminaría, supuestamente, a finales de enero de 2009.

Lo único que se sabe es que de los 68 proyectos elegibles sólo 37, según la Subgerencia de Gestión, cuentan con recursos disponibles por $10.233 millones y quedarían 31 en lista de espera por $6.084 millones. (Ver cuadro 3).

Surge entonces una pregunta, que muy seguramente no responderán convincentemente quienes determinan de manera tan acertada el programa del Subsidio Integral: si, por cosas del destino, se giran en su totalidad los $22.024 millones de los proyectos elegibles de la SIT–01 y además los $10.233 millones de los correspondientes a los elegibles con recursos disponibles a la SIT–02, es decir $ 32.257 millones en total, entonces, ¿qué pasará con los restantes $14.357 millones que administra el Banco Agrario y que, para efectos presupuestales, en su momento, aparecerán como ejecutados?

Para darnos una idea de lo que puede pasar con esa suma, tenemos que recordar lo que aconteció en vigencias pasadas con convenios muy parecidos al suscrito con Banagrario, como el de la Secab, el de PNUD y los de IICA, mucho más cuando al revisar el convenio de los subsidios notamos que su plazo de ejecución es de dos años.

A finales de enero de 2009, un año después de iniciado el proceso, el Incoder había solicitado giro a Banagrario, tan sólo de $1.601 millones, correspondientes al primer desembolso del valor de los predios de 23 proyectos.

Y es entendible dentro de la concepción de los genios del Ministerio y el Incoder, pues de lo contrario no podría entenderse cómo, dentro del convenio suscrito con Banagrario, en la clausura tercera, parágrafo segundo, acuerdan que el Instituto “mantendrá en depósito en la cuenta corriente, a título de reciprocidad, los recursos, por un término no menor a 80 días hábiles, contados a partir de cada depósito realizado por el Incoder”.

Entonces, miles de familias de campesinos y desplazados, después de superar el viacrucis de las convocatorias y sus posteriores estudios, tendrán que aguardar hasta que la entidad financiera del sector recaude intereses y ganancias con los recursos de los beneficiarios.

Más preguntas: ¿Cuáles son las alternativas de financiación para el proyecto productivo que el Incoder propondrá a los beneficiarios que no sean considerados como sujetos de crédito por Banagrario? ¿El Incoder está facultado para ello? ¿Qué pasará con esos recursos, si no es posible encontrar alternativas? ¿Saben los campesinos y desplazados con quién o en qué se están metiendo? Todo está por verse. Mientras tanto, las familias beneficiadas tendrán que seguir esperando.

La joya de la corona

8.500 millones de pesos. Esa es la suma que el Incoder asignó como gastos inherentes al programa de subsidio integral, esos sí ejecutados, es decir pagados en su totalidad durante el 2008.

La escandalosa suma, como vimos antes, se utilizó para la contratación de CDM y Corpoica, pero además sirvió para contratar una planta de personal adicional a la gran nómina paralela que existe en el Incoder; para el pago de viáticos; para la contratación de firmas que apoyaran el complejo proceso de promoción; para el pago de cartillas, folletos y plegables de gran y costosa calidad de impresión, donde lo primero que se lee y se ve son los nombres, fotos y fastuosos pergaminos del gerente y los subgerentes, como grandes próceres triunfantes de la histórica batalla librada contra las hordas de campesinos y desplazados; para la realización del gran evento donde Presidente y ministro mostraron al país la grandeza y nobleza de sus acciones; para la compra de equipos; en fin, los más de $8.500 millones sirvieron para todo y para todos, menos para hacer más eficiente la entrega de subsidios integrales.

La fechoría estaba cometida, además con frote de manos, pues para el 2009 hay una cifra parecida.

Los más de $8.500 millones son presentados como “apenas” el 15% del valor total asignado para todo el programa de subsidios integrales, pero si vemos en realidad lo asignado a los proyectos ($32.257 millones), se convierten en un 26,6% de ese valor. Y decimos: alguien debe responder por semejante exabrupto, los organismos de control deben buscarlos e iniciar los procesos correspondientes. (Ver cuadro 4).

Convocatorias 2009

A finales de 2008, el Departamento Nacional de Planeación publicó el Documento Conpes 3558 “Estrategias para fortalecer las convocatorias para el Desarrollo Rural”. En su formulación participaron muchas instancias (el Incoder no). Allí se definieron las convocatorias, precisamente, como una estrategia dentro de la política de Desarrollo Rural, cuyo referente es y debe ser el Sistema Nacional de Desarrollo Rural (SNDR), tal y como fue definido en la ley 1152 de 2007.

Nada más alejado de la realidad. En el Incoder no se ha hecho absolutamente nada para la conformación e implementación del SNDR y mucho menos para la identificación de las áreas prioritarias de que habla la mencionada ley, so pretexto que el Ministerio de Agricultura no ha dado los lineamientos necesarios, es decir la bendición, para la reglamentación. La atomización de los recursos para los pocos proyectos viables de 2008 es una de las consecuencias que se presentan ante la falta de una verdadera política de Desarrollo Rural en el país.

La integralidad de la intervención del Estado para el mejoramiento de la calidad de vida de campesinos y desplazados no es sino una quimera.

En cuanto a la política de tierras, el gran latifundio seguirá imperando, sin que nadie se atreva a tocarlo, puesto que, tanto con el mercado de tierras de la extinta ley 160 de 1994 como con las convocatorias, lo único que se ha visto es el traspaso de predios de campesinos minifundistas a otros, es decir repartición de pobreza.

Para el presente año, sin evaluación cualitativa o cuantitativa alguna, donde se visualizaran los problemas y dificultades por las que atravesaron las familias de campesinos y desplazados en el 2008, se abrieron las nuevas convocatorias, con la publicación de una copia casi idéntica de los términos de referencia. Ni siquiera se revisó que en la etapa de evaluación el criterio de costo por hectárea como el de la calidad de la tierra son antagónicos y a la hora de evaluar el uno se anula el otro.

Con la misma irresponsabilidad y sarcasmo, Arias y los directivos del Incoder invitaron a los campesinos y desplazados a participar de la nueva fiesta, quienes con la misma esperanza e ingenuidad presentaron 3.580 propuestas, para beneficiar a 20.426 familias campesinas y 12.028 familias desplazadas, abarcando 287.762 hectáreas, por un valor de $929.779 millones.

Para responderles a esas familias, el Incoder cuenta en la vigencia 2009 con un poco menos de $ 54 mil millones, después de descontar el recurso pertinente a proyectos productivos piscícolas ($5.000 millones), pero a los cuales, según el Plan de Acción 2009 del Instituto, habrá que descontarle el 15% para gastos inherentes, esto es $8.100, es decir, más de lo mismo.

Una última pregunta: ¿De cuántas familias campesinas y desplazadas se burlarán descaradamente el Ministerio de Agricultura y el Incoder en este año?

Fuentes: Subgerencia de Gestión del Incoder, Informe de Gestión Incoder – 2007, Plan de Acción Incoder – 2009.