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Por la libertad de Carmelo Agámez
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Sábado 14 de noviembre de 2009
 

Hoy se cumple un año de haber sido detenido injustamente acusado falsamente de participar en una reunión con el jefe paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”.

Carmelo, cabeza visible del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Sucre, y su familia, antes de esta persecución judicial han tenido que afrontar riesgos en su vida e integridad personal y sean garantizados sus derechos y su investigación sea justa e imparcial.

Carmelo no ha contado con un debido proceso y garantías judiciales adecuadas. Su detención se inició con allanamiento ilegal a su residencia, se le ha presionado y amenazado por paramilitares en el centro de reclusión, se le ha negado la detención domiciliaria basada en presupuestos de culpabilidad por parte del fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez.

La defensa de Carmelo interpuso una acción de tutela en el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo el 13 de mayo reconoció la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, pues se le ha negado el acceso a conocer las pruebas en su contra y controvertir las mismas.

A la solicitud para que se le aplicará el beneficio de la detención preventiva en vista de que a varios políticos vinculados a la investigación y altamente comprometidos con el paramilitarismo se les ha concedido, la Fiscalía se negó.

El fiscal Martínez Mendoza arguyó que “el actuar de los procesados dentro del proceso de la referencia hace suponer al Despacho que estando en sus sitios de residencias (sic) constituirían un peligro para la seguridad de la sociedad de San Onofre, ya que desde el sitio de residencias (sic) eventualmente podrían seguir delinquiendo dentro de la empresa criminal de las AUC”.

A raíz de la presión internacional, entre ellas de Human Rights First, en julio pasado, el Fiscal General de la Nación (e) emitió una resolución en la que ordenó una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra Carmelo por presuntos actos de corrupción en conexión. El fiscal general llamó la atención sobre la falta de imparcialidad e independencia del fiscal de conocimiento, por lo cual ordenó su reasignación a Bogotá.

De esta manera la investigación fue asignada a la Fiscalía 28 de Bogotá, encabezada por el fiscal Rafael Calderón con la posibilidad que se actuara en debido proceso y sana lógica jurídica se ordenara el cierre de la investigación en su contra y su liberación.

En noviembre, el fiscal Rafael Calderón Valbuena, sin tener en cuenta todas las irregularidades resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de derechos humanos Carmelo Agámez.

Este fiscal ha desconocido que Carmelo ha sido víctima de crímenes cometidos por paramilitares, y expresión de la oposición política a los beneficiarios del paramilitarismo.

Ante esta operación irregular de la Fiscalía, Carmelo podría llegar a ser condenado a una pena injusta entre tres y seis años.

La inversión de las cargas de responsabilidad, que ubican a Carmelo como parte de la estrategia paramilitar o beneficiario de ésta, pretenden silenciar las operaciones de reingeniería del paramilitarismo en el departamento de Sucre.

Detrás de su judicialización se pretende ocultar la responsabilidad del Estado en el desarrollo de esta estrategia criminal que se consolidó en los últimos 12 años con el apoyo militar, policial, empresarial y del poder político y silenciar a las víctimas.

La falta de garantías en el proceso de Carmelo es absoluta.

¿Será que el fiscal 28 seguirá ciego ante las inconsistencias de los testimonios, frente a las pruebas a favor de Carmelo, frente a las violaciones al debido proceso que han estado presentes desde el inicio del proceso?

Están todos y todas invitados a escribir palabras de aliento a Carmelo Agámez y acompañarlo moralmente, es urgente. Ya han sido 365 días de injusticia, ilegalidad y arbitrariedad y sus familiares y amigos decimos: ¡Basta ya, libertad para Carmelo Agámez!

Y urge sumar mayores esfuerzos de presión para que la Fiscalía cese en la persecución judicial contra Carmelo Agámez y ordene la inmediata libertad de esta víctima de estado, para lo cual solicitamos enviar su carta a Diego Mendoza Diago, fiscal general (e), requiriendo su intervención.