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Policía arremete contra el campesinado de Guaimaro de Salamina, Magdalena
 

Organización no gubernamental de derechos humanos. Fue creada por iniciativa de varias organizaciones sociales y de personas preocupadas por la vigencia de los derechos de los detenidos por motivos políticos. Realiza labores de promoción y de educación en derechos humanos en varias regiones del país.

La FCSPP denuncia ante la comunidad nacional e internacional la violación de Derechos Humanos que en estos momentos se presenta en el corregimiento de Guaimaro-Jurisdicción del municipio de Salamina, Magdalena.

Son 300 familias campesinas en condición de desplazamiento, retornadas desde hace 2 años al corregimiento de Guaimaro, municipio de Salamina, departamento de Magdalena; en riesgo de ser desalojados del predio rural Villa Denis por parte de la administración municipal, regentada por el terrateniente y ganadero Pedro Pablo Asmar Amador quién luego de tres intentos de desalojo, realizados en Mayo 15, Junio 3 y Agosto 26, ha instaurado un nuevo intento para el día 27 de noviembre del año en curso.

Esa orden va dirigida contra 300 familias campesinas que han vivido un proceso de liberación de la madre tierra, en el predio Villa Denis. Esta recuperación ha sido respuesta al proceso de corrupción y desconocimiento de los derechos por parte del INCODER, entidad que viene siendo investigada por la justicia debido a que desconoció la condición como campesinos en situación de desplazamiento y víctimas de crímenes del paramilitarismo y en ese desconocimiento entregó este predio, en figura de testaferrato, a 27 personas que no son campesinos y ligados a la clase política de la región. El procedimiento de desalojo del 27 de Noviembre fue ordenado por el Alcalde; en la antesala de la conmemoración de los 10 años de la masacre de Guáimaro el próximo 30 de noviembre; Masacre realizada por el Bloque Pivijay de las AUC en la que 7 campesinos fueron masacrados y de los cuales 6 de ellos aun están desaparecidos desde 1999.

Este fue el inicio de una escalada de terror y violencia por parte de los paramilitares en la región en que selectivamente fueron asesinadas 48 personas del corregimiento. Varias de las víctimas eran parte de las 50 familias campesinas poseedoras del terreno Playones de Laura y Castro y que por más de 12 años produjeron colectivamente; y que a partir de la masacre fueron obligadas a abandonar su predio. Este fue ocupado días después por parte del ganadero, terrateniente y ex alcalde Jorge Salah Donado quien hasta la fecha ostenta de manera violenta la posesión de los playones.

6000 habitantes todos campesinos y campesinas del Corregimiento fueron desplazados; los hechos fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación de la región y a nivel nacional. Siendo además victimizadas sus organizaciones de base, el sindicato campesino y la asociación de campesinos y pequeños productores. El accionar violento y criminal de los paramilitares contó con la complicidad de las autoridades locales. 27 de las 300 familias asentadas en el predio Tierra Prometida; eran poseedoras de los playones Laura y Castro. En la actualidad son más de mil familias campesinas retornadas agremiadas en 4 organizaciones las que corren el riesgo de ser revictimizadas. El día 27 de noviembre en presencia del Personero del Piñón, asignado para estar presente en el desalojo, agentes de Policía y del ESMAD ingresaron al predio agrediendo a los campesinos, lanzando gases lacrimógenos y realizando detención a uno de los campesinos.

Por otro lado miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y del Comité Permanente de los derechos humanos (CPDH) quienes se encontraban en la zona para evitar atropellos en contra de la comunidad campesina fueron fotografiados, filmados y sus números de cedula fueron reseñadas por agentes de la policía, mientras que el señor Manuel Castillo miembro de la CIC-ANUC –UR fue retenido alrededor de dos horas y de igual manera fue fotografiado y filmado.

Consecuencia de estos atropellos en el corregimiento se encuentras más de 10 campesinos heridos y mucho de cultivos quemados; ante todas estas actuaciones:

RECHAZAMOS

La criminalización de la protesta social, a comunidades y habitantes que ejercen su derecho fundamental de libre expresión frente a políticas excluyentes que se aplican en el país, específicamente en el Departamento del Magdalena.

El Abuso y la brutalidad policial del ESMAD, utilizada contra las comunidades campesinas como medio para eludir la concertación y evadir las responsabilidades sociales por parte del Estado.

La Estigmatización y señalamiento a las que están siendo sometidas las comunidades campesinas del corregimiento de Guaimaro – Magdalena.

EXIGIMOS

Que la Defensoría del Pueblo del Magdalena haga presencia y se manifieste en contra del abuso y arbitrariedad ejercida por parte de la fuerza pública, más concretamente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía.

Suspender la agresión que ha venido adelantando la fuerza pública en contra de la comunidad campesina del corregimiento de Guaimaro movilizadas en Defensa de su territorio.

Desmonte del ESMAD como mecanismo de fuerza estatal propio de la política de seguridad democrática adelantada por Álvaro Uribe Vélez, y la cual va en contra de la manifestación social y popular de las comunidades, en abierta violación de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

El trato digno y debido proceso de las personas que se encuentran detenidas.

RESPONSABILIZAMOS

Al estado Colombiano y fuerza pública de cualquier hecho que atente contra la vida, libertad, integridad física y demás derechos de los campesinos asentados en el predio Villa Denis del corregimiento de Guaimaro, así mismo de los abogados y defensores de derechos humanos y demás organizaciones que acompañan a la comunidad de Guaimaro en virtud de la defensa de sus derechos fundamentales.