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Drogas en la agenda global de seguridad
Amira Armenta / Lunes 7 de diciembre de 2009
 

El Consejo de Seguridad de la ONU organiza un debate el 8 de diciembre sobre el tema del narcotráfico como una amenaza a la seguridad del mundo. Como bien lo especifica el informe de Naciones Unidas para anunciar el evento, aunque el impacto de las drogas ha sido objeto en otras oportunidades de debates en el Consejo en casos específicos de algunos países, ésta es en realidad la primera vez en la historia del Consejo de Seguridad que se tratará de manera formal el tema del narcotráfico como amenaza global.

Cuánto se habrá deteriorado la problemática generada por la producción, tráfico y consumo de las drogas ilícitas en el mundo que el primer organismo de seguridad del mundo ha llegado al punto de tener que incluir este tema en tales términos dentro de su agenda de seguridad. El 8 de diciembre será pues una fecha histórica. Luego de más de tres décadas de ‘guerra a las drogas’, las drogas no sólo están ganando la guerra sino que han subido en la escala de valores de las grandes amenazas para la paz y la seguridad de la humanidad, lo que constituye el tema central que ocupa al Consejo de Seguridad.

El informe del CS menciona la posibilidad de que esta entidad adopte una declaración presidencial tendiente a enfrentar la actividad del narcotráfico en sus diferentes modalidades, y especifica como una posible opción solicitarle a la Comisión de Consolidación de la Paz que, en los países relevantes, se dedique al tema de las alternativas económica para los cultivos ilícitos con el fin de desincentivar la participación de los campesinos en la economía de las drogas.

Este es un tema de clave. De la manera cómo los países productores de drogas, las autoridades antinarcóticos y las instancias internacionales de cooperación antidrogas enfoquen el asunto de la sustitución de los cultivos dependerá el éxito o no de estos programas y su contribución en la lucha contra el narcotráfico.

Hasta el momento el tema del desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos en países como Colombia y Afganistán -los dos mayores productores de drogas ilícitas a partir de plantas en donde además la producción se realiza en un contexto de conflicto armado- ha sido manejado por lo general con criterios que no sólo no han favorecido la desincentivación del cultivo sino que han agravado la situación de seguridad de las respectivas zonas productoras. La cooperación al desarrollo, en ambos países, ha estado amarrada a estrategias de seguridad dentro de la óptica estrecha que percibe al agricultor como un aliado del insurgente, en razón de lo cual se castiga al agricultor forzándolo a erradicar con la promesa de una posterior ayuda que en la mayoría de los casos no se materializa. Y no se materializa porque esas regiones no cuentan con la infraestructura económica, social y civil necesaria para el desarrollo y el cubrimiento de las necesidades de la población.

El hecho de que el tema de las drogas entre ahora formalmente a hacer parte de la agenda global de seguridad comporta el riesgo de que en aras de la seguridad se sigan descuidando, o sigan estando en segundo plano ámbitos fundamentales para enfrentar el problema como son el desarrollo y la salud. Hasta el momento, el enfoque militarista de la guerra a las drogas sólo ha logrado intensificar los conflictos y no hay señales cercanas de cambio. El presidente Obama anunció el pasado 1 de diciembre un aumento de la estrategia civil en Afganistán, pero al mismo tiempo confirmó un considerable refuerzo del pie de fuerza militar de los Estados Unidos. De su discurso se puede concluir que en la política para Afganistán seguirá imperando la vieja fórmula seguridad-desarrollo, la misma que ha imperado en Colombia desde la implementación del Plan Colombia en 2000 con resultados infructuosos.

Por otro lado, la posibilidad de que la Comisión de Consolidación de Paz pase a ocuparse del tema de la sustitución de cultivos para frenar la producción de drogas podría ser una buena oportunidad para modificar el enfoque que prioriza la seguridad imponiendo el modelo de la fuerza como condición para el desarrollo. Dentro del espíritu mismo de la consolidación de la paz que inspira a esta entidad, se debería partir de que las condiciones para el desarrollo, particularmente en regiones a donde nunca ha llegado el Estado o ha llegado precariamente, no se generan de un año a otro, requieren de tiempo, durante el cual no se puede imponer a los cultivadores condiciones difíciles de cumplir. Siendo optimistas, ésta podría ser la oportunidad de que se comience a abordar el asunto de la producción ilícita de manera más razonable.

Dos nuevos informes del TNI sobre Afganistán y Colombia abordan de manera oportuna esta temática de la relación drogas-seguridad-desarrollo en los dos países.

El informe Redefining Targets – Towards a Realistic Afghan Drug Control Strategy (por ahora sólo en inglés) actualiza los resultados de los esfuerzos antinarcóticos en Afganistán, enfocándose en los dilemas de las políticas para la producción, tráfico y consumo, y hace una serie de recomendaciones dirigidas a estos tres ámbitos. Los autores del informe, Martin Jelsma y Tom Kramer, investigadores del TNI, estuvieron el pasado mes de noviembre recorriendo Afganistán en donde tuvieron la oportunidad de hablar con campesinos productores y jóvenes consumidores de heroína.

El segundo informe, Drogas, seguridad y cooperación. ¿Qué hay de nuevo en el caso colombiano?, es un análisis del investigador asociado del TNI, Ricardo Vargas, que examina los desarrollos de la política antidrogas del Gobierno del presidente Uribe, así como la producción y tráfico de drogas en el contexto de la estrategia de seguridad que aplica Washington en el país y la región.