Al suroccidente de Colombia, Costa Pacífica del departamento de Nariño, con eje central en el municipio de El Charco, el estado colombiano, en desarrollo del Plan Colombia, ejecuta una guerra químico-biológica y militar con sus fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares (paramilitares) contra los campesinos afrocolombianos y pobladores de la zona a través de una táctica sistemática de terror en el desarrollo de sus operaciones militares y paramilitares.

El gobierno colombiano, en busca de consolidar el modo de producción capitalista, pretende realizar un reordenamiento territorial, despojando y desplazando de sus tierras a las comunidades asentadas históricamente en vastas zonas del territorio nacional de amplia importancia geoestratégica para el desarrollo principalmente de megaproyectos de transporte, hidroeléctricos y agroindustriales para la adecuación de la Costa Pacífica colombiana al mercado mundial.

El megaproyecto Arquímedes se implementa en la región dejando la estela de sangre, muerte y desplazamiento que será seguida de las acuapistas, puertos y corredores intermodales por donde el capital mundial pretende imponer su libre comercio.

El terrorismo de estado en Colombia tiene unos fines ideológicos, económicos y políticos implementados mediante sus organismos represivos regulares e irregulares; en cuanto a sus fines económicos la relatifundización, la industrialización agroenergética y el rediseño de la sociedad están como sus metas a corto y mediano plazo

La táctica del terror represivo estatal implementado por el estado colombiano en los territorios es desarrollo de la “doctrina de la seguridad nacional” en su versión uribista de “seguridad democrática”, impuesto y financiado desde los Estados Unidos de Norteamérica.

El estado colombiano continúa ejecutando su política de expropiación que por décadas ha hecho contra el pueblo colombiano. Mediante su estrategia paramilitar pretende evadir su obligación de acatar el derecho internacional de los derechos humanos que ha suscrito con la comunidad internacional y pretende igualmente velar su responsabilidad haciendo creer que lo que llama parapolítica no es parte de su política oficial como efectivamente lo es.

Según denuncias recibidas:

El noroccidente de Nariño es hoy escenario de guerra de expropiación territorial y reingeniería social, en las que el estado conjuga sus fuerzas regulares (militares) e irregulares (paramilitares) que se dan el nombre de “Águilas Negras”, ejecuta el Plan Colombia sistemáticamente, fumigando con tóxicos (glifosato) los cultivos de pancoger, las fuentes de agua de numerosas comunidades campesinas, caseríos y reservas naturales que se encuentran en la zona.

En esta región de la Costa Pacífica colombiana, entre los meses de enero y abril de 2007, el estado colombiano incrementó abruptamente su pie de fuerza combinado entre organismos regulares e irregulares de represión (Fuerzas Militares, policivas y otros organismos de seguridad del estado, coordinados con cuerpos paramilitares) cuyo accionar represivo arbitrario tiene por objetivo la población, organizaciones y líderes.

No obstante las denuncias y acciones realizadas, son recurrentes las comunicaciones de ciudadanos campesinos y organizaciones comunitarias sobre el terrorismo de estado que desarrolla con la política de “seguridad democrática”, dando al pueblo colombiano un tratamiento de enemigo.

El municipio de El Charco en el departamento de Nariño es hoy escenario de guerra "contra el enemigo interno" que además de ser indiscriminada porque trata a la población como "grupo insurgente no armado", hace uso de todo el poder que le da el financiamiento estatal e internacional.

Dejamos constancia de que el estado con las operaciones militares reprime de manera indiscriminada a la población y es el causante de la crisis humanitaria que afronta la región.

Esta política tiene como condición de su ejecución, violar el DIDH, sin importar el costo político e ideológico. Es ejecutada por las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano. Lo que vemos en el noroccidente de Nariño lo ha padecido todo el país, el estado colombiano en pleno desarrollo de la política de “seguridad democrática”, agenciada y materializada por Álvaro Uribe Vélez, extermina al pueblo colombiano que no se adecue a los designios del capital mundial.

Responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, al gobernador del departamento de Nariño, a las Fuerzas Militares y de policía por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos en contra de los ciudadanos asentados en el municipio de El Charco en el departamento de Nariño.

Hechos

Enero – abril de 2007

A partir del 16 de enero de 2007, inicia la arremetida de los cuerpos armados regulares e irregulares del estado en el territorio del municipio de El Charco, siendo recurrentes las denuncias de las arbitrariedades y serias violaciones al DIDH cometidas en desarrollo de la doctrina de "seguridad nacional" ejecutada por el gobierno de Uribe Velez.

El estado colombiano viene operando aquí como en toda la geografía colombiana, con sus fuerzas regulares, militar y de policía y con sus fuerzas irregulares, los paramilitares de las autodenominadas AUC y que ahora han adoptado el nombre de “Águilas Negras”.

Según denuncias recibidas:

Desde el 16 de enero de 2007, un grupo de paramilitares autodenominados "Águilas Negras" ha hecho incursiones dirigidas a generar pánico en la comunidad en diferentes fechas y lugares en la región.

Desde el día 6 de marzo, el estado colombiano, en desarrollo de su política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, realiza fumigaciones aéreas indiscriminadas en la región.

Desde el día 20 de marzo de 2007 a la fecha, el estado colombiano, en desarrollo del Plan Colombia, de forma indiscriminada ha intensificado los operativos militares en el municipio de El Charco.

En la región se ha generado un desplazamiento de más de cuatro mil personas (800 familias con un promedio de cinco personas por familia), que corresponde al 35% de la población del municipio, y que pertenecen a los consejos comunitarios Unión Taijeña, El Libertador, Integración Medio Tapaje, Esperanza Tapajeña y Tribuna del Pueblo, y el resto de los consejos comunitarios se encuentran en riesgo de desplazamiento, fundamentalmente a raíz de:

• Los atropellos físicos, psicológicos y el daño a bienes privados a que se esta sometiendo a los campesinos y pescadores afrocolombianos, asentados en la zona, por parte de miembros activos de las Fuerzas Militares y de policía; entre los que se destacan: daño a casas de habitación, saqueo de viviendas, amenazas, agresiones verbales y agresiones físicas.

• Las amenazas, agresiones físicas y psicológicas en contra de los campesinos asentados en la zona, por parte de paramilitares autodenominados "Águilas Negras".

• Las aspersiones aéreas indiscriminadas que han afectado con tóxicos los cultivos de pancoger, la salud, reservas naturales, las fuentes de agua y el río Tapaje.

2 de abril de 2007

Miembros activos del ejército de Colombia pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina (Bafin) No. 10 de El Charco, hirieron con proyectil de arma de fuego de largo alcance, a la altura del estómago, al señor Ever Cuero, de 25 años de edad, miembro del consejo comunitario Integración Medio Tapaje y padre de dos menores de edad. Los disparos se efectuaron en forma criminal desde un helicóptero artillado, al sector conocido como Pulvusa ubicado en la vereda de Pueblo Nuevo, a dos kilómetros de la vereda El Castigo.

Sobre el río Tapaje, en la vereda El Castigo, del municipio de El Charco, la niña de 9 años Eira Bibiana Obando, mientras se encontraba realizando actividades domésticas, fue sorprendida por los ametrallamientos aéreos que se hacían desde helicópteros artillados a muy escasos metros de donde ella se encontraba. Este hecho la afectó gravemente y hoy padece trastornos psicológicos y la fractura del su bracito izquierdo que se dañó al tratar de huir del sitio donde el estado colombiano ametrallaba sin reparar en que su pueblo cae abatido por las balas oficiales.

Todos los hechos anteriormente descritos suceden en un caserío totalmente controlado por el ejército colombiano.

Ante la critica situación humanitaria que atraviesa el municipio de El Charco (Nariño), y frente al fundado temor de las comunidades y en rechazo a la política de desarraigo y expropiación ejecutada por las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano, que hoy hacen gala de arbitrariedades sin fin en esta región…

Exigimos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.

Al estado colombiano

• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del derecho internacional de los derechos humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

• Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del municipio de El Charco en el departamento de Nariño, por parte de las Fuerzas Militares.

• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de El Charco, en el departamento de Nariño.

A la Gobernación de Nariño

• Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del municipio de El Charco en el departamento de Nariño por parte de las Fuerzas Militares

• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de El Charco, en el departamento de Nariño.

A la Defensoría del Pueblo

• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de la vida de las comunidades asentadas en el municipio de El Charco en el departamento de Nariño.

A la comisión de verificación en materia de DIDH del departamento de Nariño

• Iniciar actividades con el fin de cumplir con su papel de velar por la garantía y el respeto al DIDH y los derechos constitucionales de la vida y la libre movilidad de las comunidades asentadas en el municipio de El Charco, en el departamento de Nariño, mediante la realización de una verificación humanitaria en la zona en mención y las acciones a que haya lugar para frenar esta campaña de desarraigo y terror en contra de las comunidades.

Solicitamos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que esta afrontando el departamento de Nariño.

Instituciones a donde se deben dirigir:

Álvaro Uribe Vélez,
Presidente de la República,
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá,
Fax. 5662071,
auribe@presidencia.gov.co

Francisco Santos,
Vicepresidente de la República,
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.,
fsantos@presidencia.gov.co

Juan Manuel Santos,
Ministro de la Defensa,
Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.,
siden@mindefensa.gov.co,
infprotocol@mindefensa.gov.co,
mdn@cable.net.co

Carlos Holguín Sardi,
Ministro del Interior y de Justicia,
Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.,
Fax. 2221874,
ministro@minjusticia.gov.co

Mario Iguarán,
Fiscal General de la Nación,
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.,
Fax. 570 20 00,
contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co

Wolmar Antonio Pérez Ortiz,
Defensor del Pueblo,
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.,
Fax. 640 04 91,
defensoria@defensoria.org.co,
secretaria_privada@hotmail.com

Edgardo José Maya Villazón,
Procurador General de la Nación,
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.,
anticorrupcion@presidencia.gov.co,
reygon@procuraduria.gov.co

Carlos Franco,
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.,
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.,
Fax. 337 46 67,
cefranco@presidencia.gov.co,
fibarra@presidencia.gov.co

Nota: Favor remitir al correo redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es los oficios, gestiones que adelanten a partir de esta información.