La libertad concedida, por vencimiento de términos, a 38 militares procesados por los crímenes contra jóvenes, que eran reclutados con ofertas de trabajo para después ser asesinados y presentados ante los medios de comunicación como guerrilleros abatidos en combate, ha añadido un ingrediente mas a la crisis institucional del Estado en Colombia, por cuanto refleja la inoperancia de la justicia y el alto grado de impunidad cuando de juzgar a los agentes del Estado se trata, a pesar de que algunos de los implicados habían confesado su participación en los crímenes conocidos como los “falsos positivos”. La libertad de los militares ha dejado perpleja a la comunidad internacional, que no ha ahorrado palabras para advertir al Gobierno de Colombia que si no hay eficaz justicia en estos casos donde el Estado resulta altamente comprometido, la justicia internacional, como la Corte Penal internacional, puede entrar a operar de manera subsidiaria. Así lo han planteado organismos humanitarios de la ONU e importantes juristas nacionales y de otras agencias multilaterales. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha expresado su preocupación por los fallos de los jueces que han concedido las libertades, a quienes pidió celeridad en los procesos por los falsos positivos para que estos discurran en los tiempos que marca la ley penal, palabras que en círculos de la oposición y algunos agentes generadores de opinión han sido recibidas con desconfianza y como carentes de sinceridad. A este nuevo escándalo se suma algunas revelaciones de la Procuraduría General de la Nación, sobre los magnicidios cometidos contra dirigentes de oposición y candidatos a la presidencia de la República Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, en los que habrían actuado de manera conjunta y/o coordinada narcotraficantes y jefes paramilitares con altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Aunque la Procuraduría solo establece una responsabilidad en personas, en un intento por salvar la institucionalidad, la credibilidad y legitimidad de este organismo está tan mellada, habida cuenta de los numerosos casos en que se ha visto envuelto el DAS con crímenes, acoso y espionaje ilícitos contra opositores, intelectuales y medios de comunicación, que el Gobierno se ha visto obligado a acabar con este organismo y crear uno nuevo. Pero los escándalos no terminan aquí, uno nuevo se conoció con la acusación del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, “alias Rasguño”, ante una Corte de los EEUU, en la que señala al ex presidente de Colombia Ernesto Samper Pizzano y a su ministro de Interior Horacio Serpa Uribe, de ser los instigadores del magnicidio del dirigente del partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado. El ex presidente Samper en carta dirigida al Procurador General de la Nación y al Fiscal General se defiende asegurando que a Gómez Hurtado lo asesinaron por haberse negado a liderar un golpe de Estado contra su gobierno, y tilda de “canalla e irresponsable” el señalamiento del narcotraficante “alias Rasguño”. El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 09 – 22/01/10

El Secretario de Estado Adjunto para América Latina de EEUU, Arturo Valenzuela, de gira por algunos países suramericanos, reconoció que a pesar de que existe un clima de tensión en la región exacerbado por las mutuas acusaciones y provocaciones entre Colombia y Venezuela, el Gobierno de su país no cree que exista un peligro de guerra entre estos dos países, tal como lo han señalado algunos analistas. El alto funcionario pidió ser muy cuidadosos para evitar incidentes fronterizos que puedan generar situaciones de agravamiento, al tiempo que pidió a los gobernantes de los dos países bajar el tono de las declaraciones de cada gobierno. De otra parte, honda preocupación ha generado el anuncio del gobierno colombiano de pedir a los EEUU el envío de los “Cuerpos de Paz”, acción que ha sido considerada como una señal negativa por las naciones vecinas a Colombia, habida cuenta que “los cuerpos de paz” fueron concebidos y han actuado en el pasado como una proyección de los organismos de seguridad de EEUU, en el marco de la guerra fría, que fueron desplegados en numerosos países del tercer mundo para contener el avance de los regímenes comunistas. El gobierno de Colombia advierte que los cuerpos de paz no tienen nada que ver con acciones de espionaje de una potencia extranjera, sino con el desarrollo de programas de salud y construcción de escuelas realizados por jóvenes voluntarios de los EEUU. El Tiempo, Telesur – Tv, El Espectador, RCN – Radio, Caracol – Radio, CMI – Tv, 09 – 22/01/10

Por otra parte, el Congreso de los EEUU estableció que el Departamento de Estado debe certificar que en Colombia se respete la vida, la integridad personal y las actividades legales de los defensores de los Derechos humanos, los periodistas, sindicalistas y a los políticos de la oposición, como condición previa para la ayuda de EEUU a Colombia en “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Esta medida fue aprobada junto con el paquete de ayuda de EEUU a Colombia, por un monto de 530 millones de Dólares para el año 2010. Esta nueva condición es extraordinaria por que por primera vez vincula la asistencia estadounidense a Colombia a la protección de los activistas de derechos humanos, dijeron voceros de la ONG humanitaria Human Rights Watch. Por otro lado, la ONU advirtió que la situación de los indígenas en Colombia es grave, crítica y preocupante. Así lo estableció el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien señaló que desde el último informe elaborado en el 2004 hasta la fecha la situación de los indígenas ha empeorado, por cuenta del prolongado y agravado conflicto armado interno que aflige al país. El Relator Especial señala que las partes del conflicto y otros actores armados como las bandas paramilitares, se ensañan con los indígenas quienes son considerado población vulnerable y sujetos de toda la protección del Estado, para quienes pidió medidas cautelares y de protección de sus derechos. El informe del 2004 pedía al Estado colombiano buscar una salida negociada al conflicto armado que incluyera a las Comunidades indígenas. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, El nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, 09 – 22/01/10

En fuertes enfrentamientos entre tropas del Ejército y la guerrilla de las FARC, en el departamento de Putumayo murieron 9 guerrilleros, así lo revelaron autoridades militares colombianas. Esta acción pasaría desapercibida si no fuera por que en esta ocasión se contó con la cooperación del Ejército de Ecuador, quien en el territorio ecuatoriano se enfrentó con guerrilleros de esta organización, con el resultado de 3 guerrilleros caídos en los combates. Por su parte el ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, aseguró que las tropas de su país actúan en defensa de su propia soberanía y no en función de los intereses de otra nación. Entretanto, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, agradeció públicamente al gobierno de Ecuador por los operativos militares contra la guerrilla de las FARC presente en suelo ecuatoriano. Dijo el mandatario que “este es un gesto” que ayuda a las autoridades colombianas en su lucha contra el terrorismo, porque así los guerrilleros sienten que no tienen espacios fuera de las fronteras colombianas, lo cual contribuirá a que desistan de sus acciones violentas. Por su lado el presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó la cada vez mejor disposición de las Fuerzas ecuatorianas en la frontera con Colombia, para defender la soberanía nacional de Ecuador frente a cualquier tipo de amenaza proveniente de Colombia. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, 09 – 22/01/10