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"La liberación de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la sociedad una imagen de impunidad ante el delito"
Conclusiones de la misión parlamentaria española de verificación de la situación de Derechos Humanos en Colombia: mujeres, sindicalistas y defensores y defensoras de rerechos humanos, realizada del 23 al 30 de enero de 2010
Agencia Prensa Rural / Sábado 30 de enero de 2010
 

Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret (PSC), Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi) visita Colombia del 23 al 30 de enero. Esta Misión fue organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado español).

Los integrantes de la misión nos entrevistamos con el Embajador de España en Colombia, representantes de la Iglesia Católica, Luterana y Menonita, Corte Suprema de Justicia, Consenso de Cartagena, Coordinador del Área Jurídica de la OACNUDH, MOVICE, Coordinadora de Victimas UP, Mesa Nacional de Víctimas, Asfamipaz, G-24, Colombianos y Colombianas por la Paz, Centrales obreras (CUT, CTC y CGT), Comisión de DD. HH. y Audiencia de la Cámara de Representantes, Movimiento de Mujeres, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Programa Presidencial de DIH y DH, Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la Nación, Techo Común, representantes de partidos políticos y organizaciones sociales nacionales y territoriales de DD. HH. pertenecientes a la Coordinadora Colombia-Europa-EE.UU.

Asimismo la Delegación viajó a Cali y Medellín donde se entrevistó con numerosas organizaciones sindicales, mujeres y DD. HH. y con instituciones locales y fue acompañada por la Guardia Indígena.

Agradecemos públicamente a todas las personas, organizaciones e instancias gubernamentales que nos han facilitado la realización de nuestro trabajo.

La visita de esta delegación se da en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la celebración, en el mes de mayo en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los Derechos Humanos en Colombia estén presentes en la agenda política española y europea.

Bajo este prisma se constituyó esta Misión de verificación que tuvo como objetivo constatar la situación de los Derechos Humanos en tres sectores de la sociedad colombiana: las mujeres, los y las sindicalistas y los y las defensoras de Derechos Humanos.

Queremos dejar constancia de que, durante la misión de verificación, los testimonios de sufrimiento de las víctimas de la vulneración de los derechos humanos nos han producido una fuerte conmoción y, en consecuencia, consideramos que ellas han de ser el objetivo preferente de las agendas nacional e internacional.

Con todo el material y la información recopiladas durante esta semana, la misión procederá próximamente a la elaboración del Informe de Verificación de la situación de los DD. HH. en Colombia.

Como conclusiones primeras del trabajo de la misión, destacamos las siguientes:

1.- En Colombia existe un conflicto social, político y armado interno que provoca la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de todos los agentes armados.

2.- La población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes en conflicto. Este proceso genera profundo sufrimiento, impotencia en la población, falta de confianza en las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos.

3.- La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto (tales como el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los DD. HH. y otros crímenes) como para la reparación efectiva de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido conocimiento reiteradas denuncias respecto a la falta de voluntad de determinadas instancias para llevar a cabo los procesos contra responsables de las violaciones mencionadas. Igualmente, y como ejemplo significativo, la liberación de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la sociedad una imagen de impunidad ante el delito.

4.- No se respeta la independencia del poder judicial, eje fundamental del estado de derecho. La Corte Suprema de Justicia está siendo atacada desde instancias de gobierno y sus magistrados son sometidos a seguimiento, amenazas, control telefónico e intentos de desacreditarlos ante la opinión pública.

5.- Desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias.

6.- La mujer es utilizada como parte del conflicto por los actores armados y, así, es secuestrada y víctima de abusos sexuales.

7.- Se estigmatiza a los defensores y defensoras de DD. HH.. al acusarles de vinculación con grupos insurgentes poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar por los Derechos Humanos.

8.- Asimismo, se estigmatiza y persigue a las personas miembros del colectivo LGTB.

9.- Todas las partes en conflicto involucran a los menores en el mismo. Particularmente, paramilitares y guerrilla secuestran y reclutan forzosamente a menores.

10.- El problema de la propiedad de la tierra no está resuelto y es un elemento central en el conflicto colombiano. Se han producido y se producen desplazamientos forzosos de la población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) como consecuencia del conflicto armado y de los intereses de empresas transnacionales con la cobertura del gobierno colombiano.

11.- La aplicación de la ley no está dando satisfacción a los legítimos derechos de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas.

12.- La prolongación del conflicto armado ha provocado un proceso gradual de descohesión socio-económica y aumento de las desigualdades sociales.

13.- Las políticas gubernamentales no están siendo un instrumento eficaz en la resolución del conflicto armado interno.

Propuestas

A la vista de estas primeras conclusiones y a espera de la definitiva elaboración del Informe, los miembros de la misión formulamos las siguientes propuestas:

1.- Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU en relación al conflicto colombiano y a buscar una solución negociada del conflicto armado interno.

2.- Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la justicia y la reparación.

3.- Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH. en el diálogo bilateral entre los gobiernos colombiano y español.

4.- Vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al respeto de los DD. HH. en este país.

5.- Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas, paramilitares y guerrilla) a no involucrar a la población civil en el conflicto, y al gobierno y las fuerzas insurgentes a propiciar el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

6.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y garantía del legítimo trabajo desarrollado por los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales: sindicalistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes y periodistas.

7.- Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la autonomía reconocida de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles un presupuesto suficiente para sus programas de salud, producción, educación y medio ambiente.

8.- Comprometer a la comunidad internacional y a España, en particular, en la necesidad de vincular la cooperación al desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los derechos humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del país.

9.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del principio de independencia del poder judicial.

10.- Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico y efectivo proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.

11.- Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que eviten los desplazamientos forzados de la población y palien la situación de las personas desplazadas.

Los miembros de la misión de verificación de los derechos humanos en Colombia formulamos estas propuestas desde una posición de apuesta por el diálogo y por una salida negociada al conflicto armado interno que se vive en Colombia para conseguir la paz con justicia social reiteradamente reclamada por la población colombiana.

Bogotá, 29 de enero de 2010