Asociación Campesina del Catatumbo
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Detenciones en el Catatumbo
Piden garantías judiciales para los indiciados
La Opinión / Jueves 11 de febrero de 2010
 

La detención de 12 personas, en la región de El Catatumbo, en un operativo en el que tomaron parte tropas de la Trigésima Brigada, funcionarios de la Fiscalía y la Dijín, abrió el debate sobre la legalidad e imparcialidad como se desarrollan las acciones y los fundamentos sobre los cuales actúan los miembros de la fuerza pública en las zonas de conflicto.

El seis de febrero de 2010, en la zona rural de los municipios de Teorama y Convención, y en la cabecera municipal de El Tarra, se llevó a cabo la captura de los 12 miembros de las tres comunidades, bajo la presunción de ser integrantes de los grupos subversivos que operan en la zona.

Los afectados con la medida, según lo dio a conocer la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), son:

De la jurisdicción de Teorama

Gabriel Quintero, Inspector de Policía de El Tarra.

Aleida Angarita, ex presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Pablo.

Diosemel Galvis Vergel, del corregimiento de La Cecilia.

Diorgen Acosta, miembro de la Junta de Acción Comunal, de La Cecilia.

Olinto Salazar Pabón, Jesús Antonio Quintero Salazar, José Alberto Quintero Salazar, trabajadores y campesinos del corregimiento de El Aserrío.

Héctor Saúl Carrascal y Neyder Carrascal, trabajadores del campo en la vereda Piedras de Moler.

De la jurisdicción de Convención

Roimar Carrascal, José de Dios Benítez y Edilson Márquez, campesinos del corregimiento La Trinidad.

La detención de esas personas se llevó a cabo en cumplimiento de una orden impartida por la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Terrorismo, según la información que dieron a conocer en desarrollo de la reunión de Derechos Humanos que se llevó a cabo, en la tarde de ayer, en el salón de sesiones de la Asamblea de Norte de Santander, presidida por la secretario de Gobierno del Departamento, María Margarita Silva Colmenares y el delegado de la Presidencia de la República, Fernando Ibarra.

Rechazo de Ascamcat

En la mañana, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), por intermedio de su directiva, ofreció una conferencia de prensa para exteriorizar el rechazo a la situación que afecta a las 12 personas que están privadas de su libertad ‘por los señalamientos de los presuntos desmovilizados de grupos armados ilegales’, según lo denunciaron.

Dijeron que Ascamcat ha denunciado los empadronamientos ilegales, la toma de fotografías y vídeos que hace el Ejército en la zona desde más de seis meses y dicen, que las personas capturadas son producto de esa actividad y que ‘ahora los muestran como el resultados de una minuciosa investigación de inteligencia a supuestos guerrilleros o milicianos’.

Mesa de Derechos Humanos

En la mesa de Derechos Humanos que se llevó a cabo en la tarde, asistieron Fernando Ibarra, delegado de la Presidencia de la República; María Margarita Silva Colmenares, secretaria de Gobierno del Departamento; el Alcalde de Teorama, Luis Cediel Madarriaga Pino; los personeros de San Calixto, Pedro Quintero y de Teorama, Elí Camargo; Wilfredo Cañizares, delegados de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, el diputado Ramón Elí Támara y delegados de las comunidades y familiares de los detenidos, y los representantes de la Trigésima Brigada, Departamento de Policía Norte de Santander y de la Fiscalía, entre otros.

Fernando Ibarra, al instalar la reunión hizo referencia a las disposiciones en la prevención y protección de los Derechos Humanos y habló de la instalación de una mesa de seguimiento y de la comisión de verificación previstas en reuniones anteriores. Habló de la situación que se presenta en la zona de El Catatumbo y de las inquietudes que hay en el momento por las detenciones que se produjeron manifestando que fueron acciones adelantadas por las Fiscalías Especializadas y de Apoyo, todo ajustado en el derecho y la ley; agregó que la diligencia se llevó a cabo cumpliendo una orden de la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Terrorismo y que fueron el producto de las investigaciones de hace varios años que arrojaron la sindicación de delitos graves contra los indiciados.

Wilfredo Cañizares, por su parte habló de las circunstancias que han presentado en la zona de conflicto y se refirió a las 140 capturas que se han producido en los últimos seis años, de las cuales sólo hubo cuatro sentenciados y agregó que contra el Estado cursan 90 demandas por capturas ilegales.

Quienes intervinieron en el debate pidieron que se le respete a los indiciados el debido proceso y que la diligencia se desarrolle en Cúcuta para que la familia tenga la oportunidad de hacer el seguimiento a la causa.

Denunciaron también, que de acuerdo a las informaciones que conocen, hay un listado de más de 100 personas, que en el momento menos esperado podría verse afectadas en una situación de privación de su libertad, y acusaron a la vez, a la fuerza pública de estar excediéndose en su comportamiento y que se están apoyando en delincuentes o en presuntos desmovilizados para que señalen personas como integrantes de los grupos al margen de la ley.

“Mi hijo no es guerrillero”

Eva Evangelista Vergel, una curtida mujer en las labores del campo, de edad avanzada, con voz entre cortada, rechazó la sindicación que le hacen a su hijo, Diosemel Galvis Vergel, capturado en el corregimiento La Cecilia (Teorama).

“A mi no me duele que mi hijo esté en la cárcel, a mi duele es la palabra de guerrillero para mi hijo, no me duele más”, dijo con voz fuerte y firme al referirse a la situación de su descendiente.

Eva se crió en la región donde habita, dice que ella llegó ‘pequeñita’ a la vereda. Diosemel es el mayor de mis hijos, tiene 40 años y todos los ha vivido en la región donde todo el mundo lo conoce como una persona de trabajo.

Cuando a mi me dijeron que el Ejército venía a buscarlo le dije que se fuera, pero el no me hizo caso, dijo que el no tenía que hacerlo porque no debía nada ni tenía nada que esconder.

Por más que le rogué, se quedó en la casa hasta que llegó la tropa y se lo llevó.

La anciana espera que se haga justicia, porque reiteró, ‘mi hijo no debe nada’. Narró que le pidió a los soldados y a la Fiscalía que no se lo llevaran pero no la atendieron, le respondieron que él tenía un orden de captura ‘y me mostraron unos papeles con su fotografía’