El ex congresista Álvaro García Romero pasó finales de febrero de 2010 a la historia como el primer parlamentario condenado por su incidencia en la formación de grupos de autodefensa (paramilitares, nota de APR) en Sucre, desviar dineros públicos para financiarlos, ser uno de los partícipes de la sangrienta incursión a Macayepo y por el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre). En el proceso, la Corte pudo mostrar el triunvirato perverso conformado por el ganadero Joaquín García, el ex gobernador Salvador Arana y el ‘gordo’ García, quienes solían reunirse en las fincas Los Ángeles, La 70 y El Palmar. En esta última, la Fiscalía ha documentado más de 500 fosas comunes, siendo el centro de tortura de del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo alias “Cadena”. Pocos me! ses antes, el 3 de diciembre de 2009, el ex gobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana Sus, fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada agravada y homicidio agravado del ex alcalde del municipio El Roble, Eudaldo Díaz Salgado. El Presidente Uribe nombró al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana como embajador en Chile poco después del homicidio.

En el departamento de Sucre el paramilitarismo se incrustó de manera arraigada en la vida política económica y social, desde el 2006, 35 políticos (2 gobernadores, 4 representantes a la cámara, 3 senadores y 7 diputados entre otros) han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, por sus nexos con grupos paramilitares. Entre 1994 y 2008, la época en que estas personas ejercían cargos públicos, el departamento vivió masacres como la de Ovejas (16 de enero de 2000, 42 muertos) y la de Chengue (17 de enero de 2001, 31 muertos). La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia declaró en ese momento “En estas masacres existen fuertes indicios de responsab! ilidad directa de servidores públicos de la región, tanto civiles como militares”. Sin embargo, pese a las detenciones y al supuesto proceso de desmovilización paramilitar, las estructuras paramilitares siguen vigentes en la región.

El Capítulo en Sucre del MOVICE surge como una apuesta que se niega a la impunidad y el anquilosamiento del paramilitarismo en la vida política, económica y social del departamento. Se conforma desde las experiencias de organizaciones de derechos humanos, sociales y de oposición política que habían estado trabajando en el departamento por décadas.

En agosto del 2006, miembros del MOVICE Capítulo Sucre hicieron una marcha en Sincelejo para denunciar la reactivación del paramilitarismo en la región. A raíz de esta manifestación ciudadana se desplegaron graves amenazas contra defensores y víctimas del Capítulo y se conoció una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos de la región por la cual el 8 de noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DDHH) otorgó medidas cautelares para 17 líderes sociales, entre ellos Carmelo Agámez, Juan David Díaz e Ingrid Vergara.

El 27 de noviembre de 2006 el MOVICE Capítulo Sucre, en el marco de sus estrategia de lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad, realizó junto con la Comisión de DDHH del Senado, una Audiencia Ciudadana por la Verdad en el municipio de San Onofre que contó con la presencia de 1500 personas y en la que se realizaron cerca de 300 denuncias de violaciones a los DDHH y actos de corrupción. A raíz de las denuncias presentadas en la Audiencia fueron detenidos semanas después varios paramilitares, políticos y el exalcalde de San Onofre Jorge Blanco Fuentes. Luego de la Audiencia se incrementaron los hostigamientos contra miembros del MOVICE que desencadenó el desplazamiento forzado de alrededor de quince miembros del Capítulo Sucre hacia otra! s partes del país y en un caso, al exilio.

A raíz del trabajo de denuncia y visibilización de la infiltración paramilitar en el poder político local y regional, las agresiones y amenazas en contra de los integrantes del MOVICE Capítulo Sucre han sido constantes. El MOVICE ha podido recopilar más de 50 agresiones contra sus integrantes en Sucre desde su conformación en 2006, entre las que figuran atentados, asesinatos a personas protegidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, detenciones, señalamientos e intimidaciones. Las personas que han desarrollado un trabajo destacado dentro del Capítulo se encuentran en una situación en la que seriamente corren riesgo sus vidas e integridad física; siendo estos en este momento Ingrid Vergara, Juan David Díaz y C! armelo Agámez Berrio y sus respectivas familias.

La familia Díaz

Juan David Díaz, hijo del ex alcalde del Roble asesinado el 10 de abril de 2003, recibió en el día que fue asesinado su papa, amenazas de personas que le dijeron que debía abandonar Sucre en 24 horas. “Han intentado matarme en plena calle. Me han amenazado y perseguido, y me han dicho que abandone el departamento o me va a suceder lo mismo que a mi padre por continuar denunciando a los paramilitares y trabajando por la justicia. Pero no me voy a ir de Sucre porque debo levantar la bandera que mi padre intentó levantar y que fue destruida.”[1] En el mes de octubre de 2009, a través de un correo electró! nico, le decían que si la condena para Salvador Arana Sus llegaba "para nosotros también iba a haber una". La familia Díaz ha visto un incremento en las amenazas luego de la sentencia en contra de Arana.

Carmelo Agámez

En noviembre de 2008 fue detenido el secretario técnico del Capítulo Sucre del MOVICE, Carmelo Agámez Berrio, bajo un montaje judicial en el que se les acusa de pertenecer a las estructuras paramilitares. El proceso penal contra Carmelo Agámez se ha caracterizado por violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales de defensa, por lo que Carmelo interpuso una acción de tutela resuelta a su favor el 13 de mayo en un fallo en el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo reconoció la vulneración al derecho fundamental al debido proceso. En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó una investigación penal y disciplinaria en contra del fiscal que abrió la investigación contra Ag&a! acute;mez por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra el defensor de derechos humanos. A pesar de todas estas irregularidades del proceso, 6 de noviembre de 2009 se resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de derechos humanos por el delito inicialmente imputado.

El 14 de diciembre se instauró ante el Vicefiscal General de la Nación Fernando Adolfo Pareja Reinemer, un recurso de apelación a la resolución de acusación proferida contra Carmelo Agámez. En este recurso se solicita nuevamente la revocatoria del llamamiento a juicio y que se ordene su libertad inmediata.

Ingrid Vergara

El día 31 de diciembre de 2009 a las 07:30 de la mañana Ingrid Vergara recibió una llamada a su celular de un número privado en la que un hombre con voz costeña decía “donde andas perra hp?” y luego colgó. Ingrid Vergara en este momento estaba fuera de Sincelejo por los hostigamientos que había recibido su hija de 14 años en octubre de 2009.

El día 5 de febrero de 2010 en horas de noche la vocera del MOVICE Capitulo Sucre, Ingrid Vergara, estaba junto con una amiga en una reunión con la que tiene un aspecto físico muy parecido y ese día iban vestidas casi igual. La amiga salió de la reunión y cogió una moto taxi para dirigirse hacia su casa. El mototaxista se percató que dos hombres en una moto la venían persiguiendo, estos aceleraron y uno de los hombres sacó un arma corta con la que apuntó a la amiga de Ingrid. Cuando el hombre vio la cara de la mujer, bajó el arma y la moto salió. Ese mismo día Ingrid Vergara y su amiga habían estado haciendo en ese día varias diligencias para el MOVICE, entre otros la radicación del derecho de petici&oa! cute;n de Iván Cepeda vocero del MOVICE, pidiendo al gobernador su renuncia por sus presuntos nexos con paramilitares y el retiro de las fotos de los parapolíticos de la Gobernación.

Ingrid Vergara, Carmelo Agámez Berrio y Juan Davíd Díaz, aunque cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, han denunciado la falta de una protección adecuada al Gobierno desde 2006 y en ninguno de los casos se han esclarecidos los hechos y responsables por las amenazas y agresiones. Este grado de impunidad afecta gravemente la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos del MOVICE en Sucre.

Exigimos:

 Que el Estado Colombiano brinde las medidas de protección necesarias para proteger la vida y la integridad física de Ingrid Vergara, Carmelo Agámez Berrio, Juan David Díaz y sus familiares.

 Que la justicia colombiana garantice una actuación transparente y justa revocando el llamamiento a juicio a Carmelo Agámez y proceda con su liberación inmediata.

 Que la Fiscalía investigue de manera pronta y eficaz los hechos que involucran los integrantes del MOVICE Capítulo Sucre para que los responsables sean sancionados.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

10 DE MARZO DE 2010