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La doctrina Uribe del periodismo
Panorama de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico en tiempos de la “seguridad democrática”
Camilo Rueda Navarro / Lunes 5 de abril de 2010
 

Desde el arribo de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República, y la expedición del decreto 2002 del año 2002 sobre las “zonas de rehabilitación”, se habían planteado restricciones a la prensa. En el artículo 22 se prohibía el tránsito y permanencia de periodistas extranjeros en dichas zonas, violando los artículos constitucionales 20 y 73 que protegen la actividad periodística para garantizar su libertad e independencia profesional.

En el 2005, el vicepresidente Francisco Santos, luego de que la prensa informara sobre ataques guerrilleros a objetivos militares, acusó a los medios de comunicación de crear una “caja de resonancia” del terrorismo. Este señalamiento, de por sí alarmante, es de mayor preocupación al provenir de un “periodista”.

Esta estigmatización es evidencia de que con la política de “seguridad democrática” se categorizó a los periodistas en dos: los “patriotas”, es decir, los que le hacen coro al Gobierno, mientras que los periodistas críticos e independientes son tachados como serviles del “terrorismo”.

Censura y autocensura

“Tengo una tristeza porque estos terroristas siguen convocando periodistas a que les cubran las acciones…” declaró Uribe a Caracol Radio en junio de 2005, luego de un ataque de las FARC al Ejército en el Putumayo. El mandatario hacía referencia a Hollman Morris, quien viajó al lugar de los hechos como parte de un documental que realizaba para la BBC.

“Uribe tuvo que enfrentarse a la vergüenza pública de tener que disculparse inmediatamente por sus declaraciones (…), cuando se comprobó que Hollman había llegado a la zona el 26 de junio” (después del ataque) informó la periodista Laura del Castillo sobre el incidente.

Con Uribe, las fuentes de información de la prensa se restringieron a las oficiales, y se dio un cambio en el lenguaje periodístico de manera que sea de conveniencia al Gobierno, a pesar de que se desvirtúe la realidad.

Así mismo, el Presidente llamó a los medios al autocontrol o, hablando claramente, a aplicar autocensura en su labor informativa. Muchos reporteros se abstienen de comunicar ciertos hechos para no correr riesgos. Y de hacerlo, la noticia debe pasar por el filtro de editores y salas de redacción, donde ésta se moldea según el interés del propietario del medio o de las fuerzas políticas o económicas que lo influyen.

José Obdulio Gaviria, considerado el principal ideólogo del Gobierno, jugó un papel especial en todo este proceso, primero como asesor presidencial, y ahora como columnista del diario El Tiempo. Gaviria se ha dedicado a desacreditar a los críticos del Gobierno y a los sectores de oposición.

Reacomodos en la prensa

Recordemos que la familia Santos, de adscripción “liberal”, fue la fundadora de El Tiempo, desde 2007 con el 55% en propiedad del Grupo Planeta, y convertido en el órgano oficial del Establecimiento. El primo del vicepresidente, Enrique Santos Calderón, ofició en el 2009 como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que aglutina a los grandes empresarios de los medios, y que al referirse a la situación de la prensa en Latinoamérica, no hizo alusión a la crítica situación colombiana, mientras que la emprendió contra todos los gobiernos de izquierda del continente, que llamó “hostiles” e “intolerantes”.

En octubre de 2009, Claudia López, columnista del periódico, cuestionó el conflicto de intereses del diario y su parcialización hacia la candidatura de Juan Manuel Santos, hermano de Enrique, accionista del diario y aspirante a sucesor de Uribe. Su columna fue publicada con una adenda en que se anunciaba su despido.

López argumentaba que el cubrimiento hecho sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro favorecía a Santos en detrimento de Andrés Felipe Arias. Además se refería al interés de los dueños del periódico en la licitación del tercer canal privado de televisión del país.

A este mismo interés se refiere la versión “extraoficial” del supuesto cambio de formato, entendido como cierre, de la revista Cambio, y el despido de su director y su editora general.

Cambio había sido adquirida por la Casa Editorial El Tiempo, que públicamente anunció motivaciones económicas sobre su decisión. Pero en el trasfondo se entiende como una represalia política por el periodismo investigativo que adelantó la revista y que suscitó varios escándalos políticos, como el acuerdo que permite las bases militares gringas, el manejo del programa Agro Ingreso Seguro, entre otros. Además, no son justificadas las razones económicas, ya que la revista cerró el 2009 dejando utilidades.

Tampoco hay que olvidar que en octubre de 2004 Uribe liquidó el Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), lo que implicó el cierre de espacios informativos en la televisión y la radio públicas. El sistema de radio y televisión quedó reducido a su mínima expresión, apenas capaz de cubrir los concejos comunitarios del Gobierno.

La mordaza continúa

Hollman Morris y Claudia Julieta Duque denunciaron el pasado 9 de febrero, fecha de celebración del día del periodista en Colombia, amenazas, acosos y seguimientos contra periodistas críticos y sus familiares por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los dos comunicadores se han distinguido por sus investigaciones sobre conflicto y derechos humanos. Los seguimientos del DAS también afectaron a sindicalistas, dirigentes de oposición y críticos del Gobierno.

Otro de los casos emblemáticos fue el proceso que afectó al sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano por una de sus columnas en El Espectador, titulada "Araújos et al." de febrero de 2007, en la que critica el poder económico y político corrupto de algunas familias del Caribe. La familia Araújo de Valledupar lo demandó por injuria. Después de tres años de proceso, fue absuelto por un juez de Bogotá. Apenas una buena noticia para el precario balance de la libertad de prensa en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó que las agresiones contra la prensa colombiana aumentaron en 2009. En su informe anual se reportaron 180 actos violatorios a la libertad de prensa contra 258 periodistas, mientras que en 2008, 157 trabajadores de prensa recibieron 129 agresiones. Según los registros de la FLIP, el año pasado se presentaron 74 casos de amenazas contra periodistas, otros 30 donde los profesionales recibieron maltrato y 42 en los que se obstaculizó su trabajo.

Particular situación se vive en las regiones del país, donde los comunicadores están más expuestos a la coerción, principalmente de la Fuerza Pública o de los grupos paramilitares. Éstos “son unos temibles predadores de los medios de comunicación, y en particular de los que consideran hostiles al gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, aseguró Reporteros Sin Fronteras. Los medios críticos están sometidos a presiones políticas o a desaparecer por asfixia económica. Capítulo aparte merece la paupérrima situación laboral de los trabajadores de la prensa.

Colombia sigue siendo uno de los países donde más son asesinados los periodistas: desde el 2002 han muerto por razones de su labor 27, según estadísticas de la FLIP. Entre 1977 y la fecha son al menos 135.

En este sentido, el panorama de la prensa en Colombia ha tenido dos tendencias interrelacionadas: la monopolización de los medios y la persecución sobre el periodismo crítico y alternativo. Factores que obstaculizan un verdadero ejercicio democrático y van en detrimento de las garantías para todos los sectores políticos y sociales del país.