La región del Magdalena Medio está ubicada en el nororiente del país, es una región sumamente rica, con unos 45.000 km, y con territorio de de ocho departamentos. Desde la década del 60 del siglo pasado ha sido escenario del conflicto interno, social y armado que vive Colombia.

Barrancabermeja es la capital natural de la región, por su ubicación geoestratégica y la riqueza de los hidrocarburos se convirtió en un escenario de confrontación, donde la utilización de acciones abiertas y encubiertas de las fuerzas de seguridad del estado, atacaron a la población civil, con el fin de debilitar a las organizaciones sociales, con el falso pretexto de que al atacar a los líderes naturales de la comunidad se estaba combatiendo a la insurgencia, es allí donde se ubican las miles y miles de violaciones a los derechos humanos, llámense amenazas, desplazamientos forzados, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Todo ello amparados en la decisión estatal de convertirse en actor violento.

El Estado Colombiano mediante la aplicación de la "doctrina de seguridad nacional", asumió el rol de convertirse en actor violento, para ello utilizó el instrumento represivo del estado de sitio, emitiendo normas como fue el decreto 3398 de 1965, que sirvió de instrumento legal para involucrar a la población civil en el conflicto interno, civiles fueron entrenados y armados por el ejército nacional, para luego convertirlos en grupos paramilitares.

Esos grupos paramilitares que actuaron abiertamente con el apoyo oficial, fueron incubados en los municipios del Magdalena Medio: Puerto Boyacá (Boyacá), auspiciados por el batallón Bárbula; Cimitarra (Santander), apoyados e impulsados por el Batallón Rafael Reyes; y Puerto Berrio (Antioquia), el Batallón Bomboná y luego la décimo cuarta brigada, fueron sus padrinos.

Las mal llamadas cooperativas Convivir, auspiciadas por el actual presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, cuando cumplió funciones como Gobernador de Antioquia, fueron un mal ejemplo por cuanto fue el mecanismo descarado para armar a civiles y legalizarlos como paramilitares, es decir, el Estado los dotó de armas y los cubrió con el falso manto jurídico, para que utilizaran la motosierra, como arma de guerra, qpara ue descuartizaran indefensos campesinos y acabaran el tejido social de la comunidad.

En ese marco fue que actuaron y se ensañaron contra los Municipios de la región del Magdalena Medio, y particularmente, contra Barrancabermeja.

El atentado contra el concejal de la Unión Patriótica Cesar Martínez, ocurrido el 22 de abril de de 1987 y la sucesiva ola de asesinatos contra este movimiento político de oposición, la desaparición de los 19 comerciantes ocurrida en octubre de 1987, el asesinato de Manuel Gustavo Chacón, ocurrida el 15 de enero de 1988 y los más de 100 asesinatos contra la Unión Sindical Obrera; la masacre se Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, donde fueron masacrados 43 pobladores; la masacre de la Rochela, donde fueron asesinados 12 funcionarios judiciales; las acciones criminales de la red de la armada, donde fueron asesinados sindicalistas, campesinos, trabajadores del transporte formal, defensores de derechos humanos y humildes habitantes de Barrancabermeja en los diferentes barrios de la ciudad, donde a través de masacres como las del Tropezón, Nueve de abril, los Cuyos, entre otras, se impuso una estela de muerte con recursos del estado colombiano.

Todo ello ocurría con la acción complaciente del Estado Colombiano y todos estos hechos atroces, que se presentaban como una premonición, era la expresión calculada de unos funcionarios que de manera abierta y encubierta actuaban para facilitar el accionar de estos grupos vandálicos, como quedo demostrado con las atrocidades ocurridas el 16 de mayo de 1998, donde asesinaron a 7 pobladores y desaparecieron 25 seres indefensos, todos ellos de la población civil, la fuerza pública no actuó para garantizar la vida y honra de la comunidad, mostrando su displicencia para con la población civil, quedando evidenciado la complicidad y connivencia, con estas atrocidades.

Siguiendo con el tren macabro de la muerte y la desesperanza se presentó la matanza de 11 pobladores y dos desaparecidos en los hechos ocurridos el 28 de febrero de 1999. Toda la cadena de víctimas se iba agrandando con la complacencia estatal, como quedó corroborado, con las declaraciones de Carlos Castaño, a mediados del año 2000, cuando manifestó que a finales de ese año se posesionaría en Barrancabermeja y así ocurrió y lo lamentable de ello, es que en una ciudad tan militarizada, ninguna de estas autoridades se percataron de lo que estaba ocurriendo, es decir, la orden era "dejar hacer dejar pasar". En ese orden macabro es como se van acumulando centenares y miles de víctimas, en esa colección de desvergüenza. Es allí donde a esa sumatoria, se le agrega la de niños y jóvenes indefensos, como los hechos ocurridos el 4 de octubre del año 2000, sucedida en la comuna cuatro de nuestra ciudad.

Con vergüenza ajena la comunidad internacional, constató el control político, militar, comercial y total que impuso el paramilitarismo como por arte de magia, y como la comunidad sabe que la magia no existe, constato que todo ello se debía a un plan preconcebido por el terrorismo estatal.

Pero además, como si fuera poco, y para consolidar la impunidad como política estatal, se inventaron la ley 975 del 2005, para imponernos el borrón y cuenta nueva, como si nuestros familiares no tuviesen dignidad; que desfachatez. Pero, aquí estamos resistiendo e insistiendo en descubrir la verdad, buscando justicia, para que se aplique una reparación integral, que implique dignificar el nombre de las víctimas, manteniendo la memoria histórica viva. Recordando a la inmortal Mercedes Sosa, “somos débiles ante el dolor y el amor, y fuertes ante la lucha”.

Sea la oportunidad para saludar el esfuerzo que ha hecho la administración del Alcalde Carlos Contreras y el Concejo Municipal, al aprobar el Acuerdo Numero 011 del 2009, que estableció el 16 de mayo de cada año, como el día Municipal de las víctimas.

Aspiramos que la mesa municipal de víctimas se convierta en un instrumento organizativo que aglutine a la totalidad de las víctimas, que propenda por los derechos conculcados a la población victimizada, para que el Estado cumpla con su deber legal y constitucional, de resarcir el mal causado y proteger los derechos de las víctimas, garantizando que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir.