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"El Gobierno colombiano no debe proteger a los mandos militares procesados en los tribunales civiles por violar los derechos humanos": Amnistia Internacional
Amnistia denunció que las personas involucradas en las investigaciones han sido "acosadas, amenazadas e incluso asesinadas"
Efe / Sábado 12 de junio de 2010
 

"Proteger a las fuerzas de seguridad de la justicia convertiría en una burla las manifestaciones del Gobierno cuando habla de luchar contra la impunidad y de respetar su obligación internacional de llevar ante los tribunales a quienes hayan violado los derechos humanos", dijo Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y el alto mando militar pidieron el jueves que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean procesados en tribunales de justicia civil.

La petición fue la reacción a la condena del coronel retirado Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas tras el asalto en 1985 al Palacio de Justicia de Bogotá, que había sido tomado por miembros del movimiento guerrillero M-19.

Uribe dijo en su defensa que Plazas "simplemente intentaba cumplir con su deber" y sugirió que la justicia militar debe reforzarse para evitar condenas similares en el futuro.

Pollack recordó que numerosos mandos militares han sido investigados en los últimos años por las cortes civiles y destacó que "los escasos progresos que se han realizado hasta ahora corren el serio riesgo de ser socavados por el Gobierno".

El investigador de AI advirtió de que "los repetidos ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenazan la independencia judicial y el estado de derecho".

AI también denunció que las personas involucradas en las investigaciones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluidos testigos y familiares de las víctimas, han sido "acosadas, amenazadas e incluso asesinadas" en los últimos años.

"Luchar contra la impunidad en Colombia es un trabajo peligroso. Las repetidas amenazas contra María Stella Jara Gutiérrez (la juez que condenó a Plazas), y las amenazas contra varios magistrados de la Corte Suprema, así como las informaciones de que fueron espiados y grabados, suscitan gran preocupación" , dijo Pollack.