Finalizados los escrutinios electorales para la Presidencia de la República, que dio como ganador a Juan Manuel Santos, el cual resultó elegido con un programa de continuación de la actual política de gobierno del presidente Uribe, el presidente electo en su primer discurso aseguró que dará un manejo estrictamente diplomático y de respeto a las relaciones con los demás países, al tiempo que planteó que trabajará por la integración latinoamericana como base del desarrollo y del progreso. Numerosos Jefes de Estado felicitaron al nuevo mandatario que se posesionará el próximo 7 de agosto, entre los que destacan los mensajes del Gobierno de España, de Ecuador y de Venezuela, en los que se aboga por la paz tanto en Colombia como en la región. Al respecto el mensaje de la Cancillería venezolana resalta su ofrecimiento para contribuir en la obtención de la paz en Colombia, y una actitud de cautela frente a la eventual reanudación de relaciones de diplomáticas. Igualmente el presidente Rafael Correa, de Ecuador, destacó su disposición a trabajar por unas relaciones fundadas en el respeto a la soberanía y la cooperación, e instó al presidente electo a fortalecer el proceso de integración suramericano, en el marco de la UNASUR. Por sus lados los presidentes de Brasil y de Argentina, Lula Da Silva y Cristina Fernández de Kichner, también invitaron a Juan Manuel Santos a contribuir en la construcción de la UNASUR como región de paz. El Tiempo, El Colombiano, Telesur – Tv, BBC, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 12 – 22/06/10

El Vicepresidente electo, Angelino Garzón, en sus primeras declaraciones a medios de prensa, aseguró que el nuevo Gobierno se esforzará para transitar hacia la paz y la reconciliación, en el entendido que se dará continuidad a la política de “seguridad democrática” del actual mandatario, Álvaro Uribe Vélez. Dijo además que pide a las guerrillas de las FARC y ELN que tomen la decisión mas revolucionaria, que es ser capaces de pedirle perdón a la población y de expresar públicamente la inutilidad de la violencia para alcanzar fines políticos, como también liberar sin condicionamientos a todos los secuestrados en su poder, como la base para que se de en Colombia un proceso de paz. Entretanto, la senadora Piedad Córdoba pidió al nuevo Gobierno avanzar en un diálogo con las FARC y el ELN, con el apoyo internacional. La senadora insta a la construcción en el inmediato futuro de escenarios y acciones con organizaciones de afrodescendientes, indígenas, desterrados, destechados, ambientalistas, campesinos, sindicalistas, trabajadores formales e informales y todos los demás sectores sociales, que le permitan al país avanzar en la apertura de diálogos con las guerrillas, teniendo a la comunidad internacional como intermediaria y garante. También señaló que la paz es necesaria para la reconstrucción de las nuevas relaciones con los países vecinos, al tiempo que se deben buscar mecanismos que permitan que las víctimas del conflicto sean reparadas. Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, 12 – 22/06/10

El representante demócrata James McGovern, uno de los parlamentarios más influyentes en la Cámara de Representantes de EEUU y varios miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos (TLHRC), de la que McGovern es su Vicepresidente, enviaron una carta al Departamento de Estado, en la que expresan su profunda preocupación por el incremento de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos en Colombia y señalan que el Gobierno hace poco por terminar con la impunidad en el país y piden que los responsables de los falsos positivos sean castigados. En entrevista de prensa el parlamentario, asegura que pidió al Departamento de Estado y a la Embajada de su país en Bogotá presionar al Gobierno colombiano para que se investiguen las amenazas y se castiguen a los responsables de los falsos positivos. Dijo, además, que de continuarse las amenazas y la impunidad, podrían afectarse los programas de asistencia, así como los beneficios comerciales y otros asuntos bilaterales. Reveló también que sobre Juan Manuel Santos en su país se le considera como un líder capaz, pero que a pesar de haber promovido el respeto a los derechos humanos cuando fue ministro de defensa, los falsos positivos se dieron bajo su vigilancia, lo cual ha suscitado preguntas y preocupaciones entre muchos miembros del Congreso y del Gobierno de su país. El Espectador, Telesur – Tv, 12 – 22/06/10

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero, propuso al Congreso colombiano la creación de un “grupo de amistad bilateral”, para apoyar el acercamiento entre ambas naciones en su intento de recomponer las relaciones diplomáticas. Esta propuesta tuvo ocurrencia mientras se difundían las declaraciones del presidente Rafael Correa y del Canciller Ricardo Patiño, en el sentido de que la normalización de las relaciones diplomáticas con Colombia, pasaba por que el Gobierno colombiano entregara los discos duros de los computadores incautados, luego del bombardeo de Angostura, a las autoridades ecuatorianas y por advertir que un ataque similar al ocurrido el 1 de marzo del 2008 será respondido militarmente. De otra parte, luego que el Gobierno de Nicaragua otorgara el asilo a Rubén Darío Granda, hermano del dirigente de la guerrilla de las FARC Ricardo Granda, y que el Gobierno de Colombia expidiera el correspondiente salvoconducto, el asilado y varios miembros de su familia viajaron a Managua, desde donde una vez mas señalaron que son objeto de persecución por ser familiares de un insurgente. Darío Granda, quien en Colombia es reconocido como un connotado académico y profesor universitario, había sido señalado por organismos de inteligencia de ser colaborar de las FARC y testaferro para ocultar bienes de propiedad de esa guerrilla, ya había sido exonerado por parte de la Fiscalía al considerar que los señalamientos en su contra no estaban debidamente fundados. Caracol – Radio, CMI – Tv, El Tiempo, El Universo – Ecuador, 12 – 22/06/10

Luego que una Jueza de la República dictara sentencia condenatoria, con una pena de prisión de 30 años, contra el ex coronel Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada de 11 personas, cometidos durante las acciones militares por la retoma del Palacio de Justicia, hecho ocurrido hace 25 años cuando un comando del M-19 tomó el edificio haciendo rehenes a los magistrados y personal judicial; se han producido fuertes reacciones por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, y la cúpula militar, quienes consideran que con la sentencia se está castigando a quienes defienden el estado de derecho y premiando a quienes agreden las instituciones democráticas. Estas declaraciones fueron rechazadas por los distintos estamentos judiciales como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, así como también por parte de Cortes Internacionales y defensoras de derechos humanos de la ONU y la OEA, quienes instan al Gobierno a respetar los fallos judiciales y a no ejercer presión contra la Rama del Poder Judicial, quien debe contar con todas las garantías para el ejercicio de su función de manera autónoma y separada de los demás poderes públicos. Por su lado el Gobierno y los Altos jefes militares advirtieron que son partidarios de que se promueva una reforma profunda, que devuelva a los militares el fuero para que éstos solo sean juzgados por la Justicia Penal Militar, como una manera de “blindar” al estamento militar, frente a los excesos de la justicia civil, que lo único a que conduce es a la “desmoralización de las tropas”, cuando tienen de por medio la tarea de derrotar a las guerrillas. Luego de estas declaraciones, se produjo una ola de amenazas de muerte contra la Jueza que profirió la condena, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) otorgó medidas de protección a la Jueza María Jara, y pidió al Gobierno de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de la funcionaria amenazada. Caracol - Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, BBC, CMI – Tv, 12 – 22/06/10

Finalmente, la plataforma “Somos Defensores” al presentar un balance del año 2009 sobre derechos humanos en Colombia reveló que solo en el mes de mayo del presente año han sido asesinados siete activistas, cuatro de ellos relacionados con desplazados y recuperación de tierras. Al mismo tiempo denuncia amenazas contra mas de 100 organizaciones sociales. Dos días después de presentar este informe, se conoció del asesinato del defensor de derechos humanos Alexander Quintero, en el departamento del Cauca, y las nuevas amenazas contra 30 organizaciones sociales y de derechos humanos. La plataforma asegura que el Gobierno tiene pleno conocimiento de lo que ocurre y exigen medidas efectivas para garantizar la vida y seguridad de los activistas de derechos humanos. El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, 12 – 22/06/10