Asociación Campesina de Arauca
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Los campesinos de Arauca son víctimas, no victimarios
 

Documento presentado en la Mesa Nacional de Garantías realizada en Bogotá el 25 de julio de 2010 en el despacho del ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, y donde asistieron además el vicepresidente electo Angelino Garzón, el viceministro de Defensa, el inspector nacional del Ejército, la Procuraduría General, la Defensoría Nacional del Pueblo, la Vicepresidencia de la República, el delegado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fiscalía General, el general responsable de derechos humanos de la Policía, delegados de la comunidad internacional, las plataformas nacionales de derechos humanos y delegados de las diferentes regiones del país.

Participamos en esta Audiencia Nacional Extraordinaria de Garantías en el marco de la grave crisis humanitaria que se registra en el departamento de Arauca.

Ésta se expresa en la impunidad que sobrepasa en todos los casos de violación del derecho a la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en más del 95%, la estigmatización, señalamientos y persecución a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, el desplazamiento forzado que alcanza la alarmante cifra de 58 mil personas, los montajes judiciales representados en las siniestras detenciones selectivas, masivas y transitorias que han afectado a diez mil ciudadanos, las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” que sobrepasan los cien casos, los censos o empadronamientos, los bombardeos indiscriminados en zonas campesinas, el incremento del secuestro y las extorsiones, las muertes selectivas este año se han registrado 113 crímenes, de 2002 a 2010 2.700.

La confrontación entre las guerrillas ha aumentado las amenazas, el desplazamiento, la intimidación y las muertes selectivas, las principales víctimas son campesinos inermes, lideres sociales, comunales y ciudadanos del común, que ante la incapacidad de la Fuerza Pública de garantizarles la seguridad, son de manera irresponsable reportados como guerrilleros de uno u otro bando; se nota la complacencia de las autoridades civiles y militares por lo que está pasando con el falaz argumento de “que se están matando entre ellos”.

En este difícil contexto actuamos los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes somos las principales víctimas de la represión oficial y la confrontación entre las guerrillas.

Las detenciones masivas es uno de los fenómenos que más ha golpeado a la población araucana, a los líderes sociales y defensores de derechos humanos: de 21 detenciones masivas realizadas en el departamento, la mayoría de las víctimas han recobrado la libertad, por vencimiento de términos, preclusión o absolución. Las más recientes han sido: el 13 de mayo de 2009 recobraron la libertad 15 personas, entre ellas el suscrito después de siete meses de injusto cautiverio; el 21 de abril de 2010, 17 personas después de pasar 13 meses en cautiverio; el 9 de abril de 2010 recobró la libertad el líder sindical y defensor de derechos humanos Édison Palomino y cinco ciudadanos que duraron 25 meses detenidos; el 12 de junio de 2010 recobraron la libertad 20 personas que duraron 24 meses injustamente detenidas, entre ellos varios líderes comunales.

Está demostrado el total fracaso de las detenciones masivas que se realizan con el propósito de desvertebrar el tejido social, intimidar a la población para que no exija sus derechos y con el afán de mostrar resultados, ganar ascensos, descansos y recursos económicos. Esta práctica siniestra es una masacre a la libertad, la honra, la dignidad y el buen nombre de las personas.

Denunciamos que decenas de personas y lideres sociales que han recobrado la libertad han sido asesinados, entre otros el líder social y político Luis Mayuza el 8 de agosto de 2008, el líder campesino Apolinar Herrera el 12 de noviembre de 2009, y el líder comunitario Israel Verona el 17 de marzo de 2010.

Por lo anterior exigimos:

1. Que se cesen los montajes judiciales y se detengan las detenciones masivas, por que como lo anotamos anteriormente son verdaderas masacres a la libertad, la dignidad, la verdad, la honra y el buen nombre de las personas.

2. Que se retire la Fiscalía de la estructura de apoyo de la sede de la 18 Brigada del Ejército, para asegurar la independencia e imparcialidad en las investigaciones.

3. Que se abran procesos penales y disciplinarios a los fiscales o funcionarios públicos que hayan investigando y encarcelado a líderes sociales y defensores de derechos humanos utilizando indicios falsos o sin fundamento, y se ordenen las sanciones correspondientes.

4. Que se agilicen los procesos jurídicos de detenciones masivas, se liberen a los ciudadanos y líderes sociales que aún se encuentran arbitraria e injustamente detenidos en la cárcel del circuito de Arauca y otras cárceles del país.

5. Exigimos la derogatoria del decreto 1740 del 19 de mayo de 2010, porque disminuye medidas otorgadas en el pasado agravan además las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

6. Existen suficientes pruebas para que se capture al ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, promotor, financiador y patrocinador del paramilitarismo en la región y autor intelectual de varios asesinatos, entre ellos el del registrador de Arauca Alejandro Plazas Lomonaco.

Respecto a la confrontación entre las guerrillas exigimos se tengan en cuenta las alertas tempranas expedidas por la Defensoría del Pueblo, se brinde verdadera y eficaz protección a las comunidades campesinas y líderes sociales, y que no se estigmatice a la población por el hecho de vivir en las zonas de conflicto. Los campesinos son víctimas, no victimarios como lo quieren hacer ver las autoridades civiles y militares en la región.