Las asociaciones Catalana por la Paz y Justicia por Colombia analizan llevar a Bruselas el caso sobre la fosa común con 2 mil cadáveres sin identificar en el estado (Municipio, nota de APR) de La Macarena, sur de Colombia, a través de una audiencia en el Parlamento europeo, posibilidad que empezará a estudiarse en septiembre.

Así lo aseguró a ANSA el presidente de la Asociación Catalana para la Paz, Xavier Cutillas, quien aseguró que hay europarlamentarios comprometidos en participar en la difusión de la existencia de esa fosa en La Macarena, denunciada el pasado 22 de julio una audiencia pública, a lo cual el gobierno de Alvaro Uribe respondió que se trata de un cementerio legal.

En la audiencia estuvieron seis eurodiputados, tres miembros del Parlamento británico, dirigentes sindicales de Europa y Estados Unidos, el director de la Oficina de Promoción de Paz y Derechos Humanos del gobierno de Cataluña, Xavier Badia, y el vicepresidente de la asociación catalana, Ceferino Alonso.

Según Cutillas, se estudia la posibilidad de llevar el tema a Bruselas para septiembre próximo, cuando "nos encontraremos con Justicia por Colombia para definir las estrategias conjuntas".

Dos de los eurodiputados que participaron en la audiencia, explicó Cutillas, se comprometieron "a participar en la difusión de las investigaciones sobre la fosa" en La Macarena, localidad del departamento de la Meta, con cadáveres enterrados como NN en un predio lindante a una base militar.

También se mostraron dispuestos a colaborar en un "seguimiento político de la situación", por lo que, precisó a ANSA el activista, se planteará la posibilidad de convocar a una audiencia sobre ese tema en el Parlamento europeo, la cual tiene que ser solicitada por al menos 3 eurodiputados. Cutillas contó además que los abogados del Colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda de Bogotá ya estuvieron en abril pasado en una audiencia en el Parlamento europeo, por invitación de la ONG Justicia por Colombia.

En ese momento, el objetivo de la reunión fue el de denunciar la grave situación sobre los derechos humanos en Colombia ante la inminente firma de un acuerdo de libre comercio entre ese país y Europa, bloque que de todos modos decidió firmarlo el pasado 19 de mayo.

Al respecto, Amnistía Internacional pidió entonces a la Unión Europea un compromiso ante la "impunidad" que impera en ese país en, por ejemplo, los asesinatos de civiles a manos de militares.

Tras la denuncia en la audiencia de La Macarena, presidida por las senadoras de la oposición Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, el gobierno saliente de Alvaro Uribe negó que se tratase de una fosa común y dijo que era una extensión de un cementerio local donde hay, como en otros sitios, tumbas NN.

También Uribe llamó a los militantes de derechos humanos y legisladores de ser "voceros del terrorismo" que buscan "desacreditar a la Fuerza Pública".

Las declaraciones de Uribe el pasado 25 de julio justamente en La Macarena fueron rechazadas por los europarlamentarios, mientras Taula Catalana por la Paz y los derechos Humanos en Colombia envió una carta al canciller español, Miguel Angel Moratinos, en la que se le solicitaba una "declaración pública de apoyo" a la labor de los dos miembros españoles de la delegación internacional".

Esa institución aún no recibió respuesta por parte de Moratinos.
Un informe de la asociación catalana afirma que en 2009 organismos de derechos humanos pidieron a la Procuraduría General que investigara sobre un "cementerio clandestino", al lado de la base que alberga la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, con fondos de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, destinado a "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El 12 de febrero de 2010 la Procuraduría General de la Nación reveló la "existencia aproximada de 2.000 cadáveres sin identificar en la fosa común", pero hasta ahora "no se ha llevado a cabo ninguna investigación" sobre la identidad de esos cadáveres ni tampoco "el número exacto de cuerpos enterrados ni las circunstancias" por las que fueron "asesinados", dijo el reporte.

La denuncia de organismos de derechos humanos es que los cuerpos en las fosas clandestinas pueden ser producto de los "falsos positivos", o sea, civiles asesinados y luego presentados por militares como "guerrilleros en combate".

"El fenómeno de matar civiles, haciendo creer que son miembros de la guerrilla muertos en combate, con la finalidad por parte de los soldados de recibir retribuciones salariales, se ha convertido en una actuación muy común en Colombia", aseveró la asociación.

Según Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, los "falsos positivos constituyen en realidad un asesinato a sangre fría premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficios".
Esos crímenes están "amparados" por la resolución ministerial 029, del 17 de noviembre de 2005, de Camilo Ospina, que prevé ascensos, licencias y sumas de dinero a miembros del Ejército si detienen a un presunto guerrillero.

En ocho años de gobierno de Uribe, familiares de víctimas denunciaron 2..300 desapariciones ante la Fiscalía General.

La cifra de 2.000 cadáveres en la Macarena, municipio que integró la ex zona de despeje de las FARC, surge de datos de la Procuraduría y de las ONG, mientras para la Fiscalía General de la Nación hay 449, aunque acepta que pueden llegar a 600.

Para brindar información hasta ahora desconocida sobre La Macarena, fueron citados para el 25 de agosto al Parlamento los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Públicas del gobierno de Juan Manuel Santos, quien asumió hoy.

También fue invitado el fiscal general, para informar en qué punto están las investigaciones en ese terreno.