Asociación Campesina de Arauca
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Carta abierta
Arauca: Petróleo y guerra contra un pueblo en resistencia
Asociación Campesina de Arauca / Jueves 31 de mayo de 2007
 

En medio de la cortina de humo de la “parapolítica” queremos contarle a Colombia y al mundo, que hoy en Arauca, continúan las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, la persecución judicial a los dirigentes sociales, sindicales y lideres de la región, los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, las detenciones masivas, el desplazamiento forzado y el desarrollo y consolidación del proyecto paramilitar, en un autentico genocidio que no cesa y se recrudece cada vez más contra el pueblo de Arauca.

Señora:
Nancy Pelosi
Presidenta Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
California-8th, Democrat
235 Cannon HOB
Washington, DC 20515-0508
Phone: (202) 225-4965 - CA8th 225-4965235

Señor:
Gustavo Francisco Petro Urrego.
Representante a la Cámara Colombia
Cámara de Representantes ubicadas
Carrera 7 No. 8 – 68. Bogota D.C

Señor:
Albert Arnold Gore La Fon
Ex vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
2817 West End Avenue
Suite 126-161
Nashville, TN 37203

Señor:
Frank -Walter Steinmeier
Presidente Consejo de la Unión Europea (CUE).
Rue de la Loi 175
B-1040 Bruselas
Bélgica
Fax: (32-2) 285 63 61

Señor:
Florentín Meléndez
Presidente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C., 20006
U.S.A.

Señora:
Louise Arbour
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sede: Palais Wilson, CH 1211 Ginebra, Suiza
Teléfono: (41 22) 917 31 34
Fax: (41 22) 917 90 50

Señor:
Eric Sotas
Secretario Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Secretaría Internacional de la OMCT
PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
CH-1211 Genève 8
Suisse

Referencia: Caso persecución contra Asociación Campesina de Arauca ACA- Colombia – Violación al principio de distinción de la población civil, derecho a la vida, a la permanencia en el territorio, derecho a la libertad, a la libre organización y al medio ambiente.

Cordial saludo:

Es indudable que los viejos y estrechos vínculos de personas e instituciones componentes del Estado colombiano con los grupos narco terroristas llamados paramilitares, no son nuevos; esta ha sido y es una constante de las clases dirigentes colombianas para el mantenimiento de su poder político y económico en el país.

Todas y cada una de las instituciones del Estado colombiano, en cabeza de su rama ejecutiva, legislativa y rama judicial, han sido franqueadas por el proyecto paramilitar en el orden nacional, departamental, regional y local. Mientras tanto, lo propio ha ocurrido en el ámbito privado que maneja vastos sectores de la economía nacional hoy puesta al servicio de la guerra contra el pueblo de Colombia.

El denominado “Escándalo de la Parapolítica”, aunque novedoso por el boom publicitario, solo ratifica lo dicho: en Colombia la guerra sucia y el terrorismo de Estado, son una verdadera política estatal que ha sido denunciada desde hace mucho tiempo con un alto costo para la vida, seguridad y libertad de los denunciantes. Dichas revelaciones, no son otra cosa que lo que todo el país y el mundo entero sabe; en Colombia desde hace mas de 60 años, la clase dirigente del Estado, asesina, tortura, desaparece, descuartiza seres vivos, echa seres humanos a los cocodrilos, rellena cadáveres con piedras y los lanza a los ríos, desplaza como método de guerra y se apropia de las tierras de los campesinos; Ejerce el terror moral, físico, económico y político como método para mantenerse en poder.

El pretendido merito que se quiere adjudicar el gobierno de Álvaro Uribe, no es tal. La amarga e inocultable verdad de los nexos de los traficantes de droga, la dirigencia política del país, las fuerzas militares y organismos de seguridad con los mercenarios paramilitares apoyados económica y técnicamente por gobiernos extranjeros y grupos económicos trasnacionales, es un hecho inocultable y gravísimo. El merito doloroso de esta verdad aterradora, esta en el grito desgarrador de las miles de victimas, el olor de las cientos de fosas, el luto de millones familias, los centenares de huérfanos, las viudas y de todos aquellos quienes a pesar de arriesgar sus propias vidas hemos denunciado y seguimos denunciando los graves hechos que han sucedido y siguen sucediendo en nuestro país.

Nada más perverso, cruel y maquiavélico, que la manera cínica como el actual gobierno pretende sacar provecho del dolor de nuestro pueblo, presentándole a Colombia y al mundo verdades a medias y mentiras completas, pretendiendo de esta manera ganar imagen y respaldo para continuar desarrollando unas políticas estatales igualmente asesinas y peores que las cometidas por los gobiernos anteriores.

Hoy, el régimen de Álvaro Uribe se presenta al país y al mundo como apostolado de la verdad y justicia contra la impunidad, incluso ha llegado ha confundir a propios y extraños con ese discurso falaz y demagógico, por demás inaceptable, viniendo de alguien que ha sido parte activa y responsable de tales crímenes pasados y actuales y que hoy se dice adalid de la verdad.

Los habitantes de Arauca Colombia, al igual que los nacionales de todas las regiones del país, fuimos y seguimos siendo victimas de estas políticas de tierra arrasada, guerra y muerte. En medio de la cortina de humo de la “parapolítica” queremos contarle a Colombia y al mundo, que hoy en Arauca, continúan las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, la persecución judicial a los dirigentes sociales, sindicales y lideres de la región, los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, las detenciones masivas, el desplazamiento forzado y el desarrollo y consolidación del proyecto paramilitar, en un autentico GENOCIDIO que no cesa y se recrudece cada vez mas contra el pueblo de Arauca.

Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en el extremo norte de la región de la Orinoquía del país. Su extensión es de 23.818 km², limita por el norte con el río Arauca que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela, por el este con la República Bolivariana de Venezuela, por el sur con los ríos Meta y Casanare, que lo separan del Departamento del Vichada y Casanare, por el Oeste con el Departamento de Boyacá. Está dividido en 7 municipios: su capital Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.

Según el Departamento Nacional de estadística (DANE) la actual población de total de Arauca es de 281.435 (representa el 0.590 del total nacional), con una densidad 11,82 habitante por km², de los cuales 149.034 (54.6 se encuentran ubicados en las cabeceras urbanas y 124.102 (45.4 en el sector rural), con una población Indígena de 3.591 y población Afro-Colombiana de 7.500 personas.

Arauca, con una economía tradicionalmente agrícola y pecuaria, produce alimentos de primera necesidad tales como: plátano, yuca, caña de azúcar, cacao, maíz, arroz y frutales entre otros.
Hasta el desarrollo de los campos petroleros descubiertos por La petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXI), Arauca era un típico territorio de la Orinoquía, un territorio olvidado por el Estado y sus gobiernos de turno donde no había más que pobreza, marginamiento y aislamiento del resto del país.

Todo empezó a cambiar cuando en 1983 se descubrió que en ese apartado y olvidado departamento llamado en ese entonces, Intendencia de Arauca, se encontraban grandes yacimientos de petróleo, el crudo lleno las arcas de las multinacionales, exacerbo la corrupción con los dineros de las regalías y se revirtió para los habitantes del departamento en violencia y pobreza. Puede decirse hoy con certeza, que el petróleo para los araucanos es una verdadera maldición de guerra y muerte.

A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido ejercido violentamente por las fuerzas de seguridad y los paramilitares respaldados por el ejército los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento.

En particular las transnacionales petroleras y mineras de origen norteamericano y Europeo controlan el negocio del sector, desde la producción hasta la comercialización. Para proteger sus intereses económicos estas intervienen directamente en el conflicto colombiano a través del financiamiento de la guerra contra la población.

En Arauca, el Estado y gobierno colombiano, así como las transnacionales petroleras son responsables por los crímenes, atropellos, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos contra los humildes habitantes del departamento, igualmente por los graves e irreparables daños cometidos contra todo el valioso ecosistema que ha sido destruido casi en su totalidad por la exploración y explotación indiscriminada y acelerada del crudo sin el menor respeto a las normas ambientales.

Arauca como la mayoría de regiones rurales de Colombia, es escenario de la confrontación entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas militares y paramilitares estatales, con la llegada a la presidencia del Álvaro Uribe Vélez, y bajo el marco de su denominada “política de seguridad democrática”, el departamento fue declarado desde el mismo 07 de agosto de 2002 por parte del presidente como zona de Rehabilitación y consolidación.

En atención a esta decisión Arauca es considerado hoy, epicentro de la llamada política de “Seguridad democrática” y definido como el principal “LABORATORIO DE GUERRA EN COLOMBIA”. Esta situación, ha generado la agudización y degradación del conflicto armado, así como el incremento inusitado de la violación sistemática de los derechos humanos, las libertades ciudadanas y las transgresiones al Derecho Internacional humanitario de los habitantes de la región.

Durante el gobierno del Presidente Uribe, los activistas sociales y de derechos humanos siguen siendo víctimas de homicidio, "desaparición", detenciones arbitrarias, amenazas y acoso.

A la fecha continúan los señalamientos, la estigmatización de los habitantes de la región, catalogados de miembros auxiliadores de la guerrilla, los bloqueos alimentarios por parte de militares y paramilitares, el desplazamiento forzado como método de guerra, el destierro de los campesinos de las áreas municipales, las detenciones masivas , ilegales y arbitrarias , las masacres colectivas y el asesinato selectivo principalmente de lideres de la región o de comunidades que se han organizado y han ejercido sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, movilización y protesta pacifica. Esta práctica viola gravemente uno de los principios fundamental del derecho internacional humanitario específicamente el de las distinción de los civiles que las partes implicadas en un conflicto, incluidos los conflictos clasificados como no internacionales, tal es el caso de Colombia, deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos civiles y objetivos militares.

En desarrollo de dicha estrategia aplicada por el Estado y gobierno colombiano, y apoyada económicamente por las trasnacionales que intervienen en el departamento, en Arauca se busca por todos los medios y procedimientos legales e ilegales, la destrucción total del tejido social, el aniquilamiento de las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y de derechos humanos que trabajan en la región, para de esta manera garantizar la exploración, explotación y transporte del petróleo crudo a cualquier precio.

Arauca, cuenta con un movimiento sindical y de derechos humanos desarrollados en una vieja trayectoria de lucha por los derechos fundamentales y de denuncias ante las violaciones al Derechos Humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. A consecuencia de ello, las organizaciones y los dirigentes de las mismas nos hemos convertido en blanco de una persecución feroz de las fuerzas militares y paramilitares del Estado que operan en la región.
En el escalonamiento de la guerra en Colombia se ha puesto al aparato judicial al servicio de la guerra contra la gente, la judicialización de la protesta social y sindical, es uno de los métodos utilizados por el Estado y su gobierno para impedir que las comunidades campesinas se organicen, reclamen y hagan efectivo el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
De igual forma, los organismos de seguridad y el aparato judicial del Estado, se han dado a la tarea de detener masivamente y judicializar a todos los dirigentes y miembros de la organizaciones en el departamento, vulnerando los derechos universalmente reconocidos a la libertad, la organización, la protesta pacifica y la dignidad de las personas, esbozados en la Constitución Política de Colombia y por los contenidos en los distintos pactos y tratados internacionales sucritos y ratificados por el estado Colombiano.

Caso Asociación Campesina de Arauca

En el contexto de esta guerra contra el pueblo de Arauca, el caso de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), es un caso tristemente particular por que toda su junta directiva ha sido procesada, judicializada y varios de sus miembros encarcelados y sobre los demás pesan ordenes de captura, por el delito de rebelión, de acuerdo a lo que conocemos este es un caso sui géneris donde se procesa penalmente a toda la dirección de una organización campesina legal.

La Asociación Campesina de Arauca (ACA), nace en julio de 2000, como resultado de una serie de esfuerzos organizativos de los campesinos en el ámbito local, que se venían desarrollando desde la década de los años sesenta y setenta.

El objetivo de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), es trabajar por resolver los desequilibrios económicos y sociales existentes en el departamento, como una de las bases para el logro de la paz. Esto significa que los campesinos tengan el ejercicio pleno de todos sus derechos, que puedan participar activamente en las distintas instancias y decisiones hacia la búsqueda de un verdadero desarrollo sustentable fundamentado en una necesaria soberanía alimentaría.

Como consecuencia de su activa lucha y trabajo en defensa de los intereses del campesinado araucano, la denuncia y movilización contra las políticas estatales de violación de los derechos Humanos, militarización y paramilitarizacion de la vida ciudadana para garantizar los intereses económicos de las transnacionales del petróleo, el Estado colombiano ha desatado una terrible persecución contra la ACA que se mantiene hoy día de manera grave, sistemática y generalizada.

En tal sentido tanto directivos como afilados a la ACA, hemos sido victimas de esta inaceptable política, cabe anotar que varios de los directivos de la asociación perseguidos, cuentan con MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION exigidas al gobierno colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2002.

A continuación señalamos algunas de las más graves agresiones y violaciones a Derechos Humanos cometidas específicamente contra directivos y afiliados de la Asociación Campesina de Arauca ACA:

El 16 de mayo de 2003, tres miembros de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) fueron detenidos, según los informes, por miembros de la XVIII Brigada y de la policía en Tame. Entre ellos se encontraban Pedro Mosquera, Eduardo Peña Chacón y Ronald Peña Chacón, a quienes la policía acusó de ser miembros de milicias guerrilleras que actúan en Arauca. Según los informes, los policías golpearon a los detenidos, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico y los sumergieron en agua por la fuerza. Mas tarde los compañeros fueron dejados en libertad sin cargos.

En julio de 2003, en desarrollo de una detención masiva y arbitraria en la vereda Aguachica del municipio de Arauquita, durante una operación militar en la que tropas de la XVIII Brigada estuvieron acompañadas por miembros de la Fiscalía General, fue detenido el Señor APOLINAR HERRERA, Fiscal de la ACA junto con otros 30 campesinos de la región acusados de rebelión y colaboración con grupos guerrilleros. Este caso como los demás fue denunciado ampliamente y aportadas todas las pruebas que demostraron la inocencia de todos los detenidos, pero APOLINAR debió permanecer más de un año en la cárcel para que pudiera recuperar su libertad.

El 18 de febrero de 2004, luego de un espectacular PROCESO – MONTAJE, organizado por el (Departamento Administrativo de Seguridad - DAS) y la Fiscalia de Arauca, miembros del DAS en la ciudad de Bogotá detuvieron arbitrariamente a la presidenta de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) LUZ PERLY CÓRDOBA MOSQUERA, quien además se desempeñaba como secretaria general y encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Federación Nacional Unitaria Sindical Agropecuaria (Fensuagro), también fueron allanadas su casa de habitación y la residencia de familiares cercanos. Simultáneamente, en Arauquita (Arauca), JUAN DE JESÚS GUTIÉRREZ ARDILA, tesorero de la ACA, fue detenido arbitrariamente por miembros de la misma institución. Los principales testigos del caso en contra de los dirigentes fueron los propios escoltas del DAS que les fueran asignados por el ministerio del interior para su protección ante la exigencia de la Corte Interamericana de proteger sus vidas.

La persecución contra la Asociación Campesina de Arauca no termino con la judicialización de su junta directiva, mediante un burdo montaje judicial como el que se describió anteriormente. El 7 de octubre de 2004 PEDRO JAIME MOSQUERA COSME, Ex Vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca, fue encontrado muerto y con visibles signos de tortura en territorio de Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia. Como producto del mismo aberrante MONTAJE JUDICIAL orquestado por DAS de Arauca, PEDRO JAIME se había visto obligado a refugiarse en el hermano país, pues en su contra existía una orden de captura por el supuesto delito de rebelión.

El 14 de febrero de 2006, fue detenida en la ciudad de Arauca (Arauca) FLOR MARIA DÍAZ, miembro de la junta departamental de la ACA, igualmente vinculada dentro del proceso que se sigue a la Junta directiva.

Flor Maria, es una campesina, promotora de salud del municipio de Tame, madre cabeza de familia de tres hijos y cuyo único delito ha sido su vocación de servicio a la comunidad, actualmente se encuentra recluida en el patio 6 de la cárcel el Buen Pastor de Bogota. Sus abogados han interpuesto múltiples recursos para que se haga efectiva la ley 750 que le otorga por lo menos el beneficio de la detención domiciliaria, mientras se adelanta el juicio pero la fiscaliza mediante el factor subjetivo, ha negado cualquier posibilidad de dicho beneficio aludiendo que FLOR es una persona demasiado peligrosa.

El 22 de octubre de 2006 a las 7:00 AM, dos aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realizaron bombardeos en la vereda Galaxias, de Tame, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. En una vivienda impactó una esquirla de aproximadamente un kilo de peso. Las denuncias no pudieron hacerse inmediatamente por temor a nuevos bombardeos. Se coloca en conocimiento que en el sitio se encuentran dos bombas sin detonar, que representan peligro para la comunidad.

El 28 y 29 de octubre de 2006, la FAC, ametralló continuamente y de manera indiscriminada zonas pobladas por campesinos en las veredas Fundación, Santa Ana y Palmeras del municipio de Arauquita.

El 8 de noviembre de 2006, las mismas veredas fueron nuevamente objeto de ametrallamientos por parte de aviones de la Fuerza Aérea colombiana (FAC).

El 20 de diciembre de 2006, las comunidades de las veredas Fundación, Palmeras y El Oasis del municipio de Arauquita, denuncian los constantes bombardeos que han venido realizando helicópteros y aviones de la FAC desde el 18 de diciembre, así como la presencia de patrullas del Batallón Contraterrorista No. 24 "Héroes de Pisba" pertenecientes a la XVII Brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional. Las comunidades vivieron momentos de zozobra por los ametrallamientos y bombardeos donde sólo hay población civil.

El 16 de marzo de 2007, desde las 7:30 AM, las veredas El Progreso y Galaxias, del municipio de Tame, fueron objeto de bombardeos por tres aviones Kfir de la FAC durante 20 minutos. Luego, un helicóptero ametralló y bombardeó durante media hora, produciendo un incendio que afectó una extensa área de bosques, pastos y cultivos, causando pánico a los campesinos de la región.

El 8 de abril de 2007, desde las 3:00 PM de la tarde, cuatro aviones Kfir de la FAC bombardearon durante media hora un estero entre la vereda Fundación y el caserío Puente Tubo, de Arauquita. Luego, varios helicópteros ametrallaron y bombardearon durante una hora los alrededores de la vereda y el caserío. Este nuevo hecho genero gran incertidumbre en las comunidades por los daños en el estero, que es un criadero natural de peces de los que se alimentan los campesinos de esa región. Además, se ha infundido pánico a las comunidades.

El martes 10 de abril de 2007, en la vereda La Chigüira jurisdicción del municipio de Arauquita, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, el señor OSCAR OMAR RIVERA PEREZ. Regresaba de sus labores de campo montado en un caballo, cuando soldados adscritos al batallón 24 le dispararon hiriéndole de gravedad sin ninguna explicación, pues no existía ninguna señal de reten en la vía, ni se hizo la voz de alto, antes de disparar.

Varias horas tuvo que esperar la familia del compañero RIVERA y la comunidad de la zona, para brindarle ayuda y trasladarlo al hospital de Saravena porque el ejército impidió la movilización de personas y vehículos.

En las veredas antes mencionadas y en otras como el Oasis, Aguachica, Rosa Blanca, Brisas del Palmar, Santa Ana, San Miguelito, San Miguel, La Victoria y la Islandia, desde hace mas de ocho meses son constantes los operativos militares de la Brigada Móvil No. 5 y patrullas helitransportadas del Ejército Nacional, destacadas desde el Grupo de Caballería Aerotransportado No. 18 "General Gabriel Revéis Pizarro" con puesto de mando en Saravena, Arauca. Las patrullas se han acantonado en las viviendas campesinas, poniendo en gran riesgo la vida y bienes de las comunidades. En esta región hace presencia permanente la insurgencia, situación que a los campesinos les preocupa porque en cualquier momento puede haber combates en medio de la población civil.

En el mes de abril de 2007, fueron detenidos ÁNGEL OMAR LÓPEZ FORERO, CARLOS GONZÁLEZ, GUMERSINDO QUINTANA y MARTA RIAÑO, campesinos del municipio de Tame y miembros de la ACA, estas detenciones hacen parte de una orden captura que se ha dictado contra 24 campesinos, todos miembros de la Asociación Campesina de Arauca ACA, algunos de ellos dirigentes locales y regionales como es el caso de nuestro Presidente Compañero JOSÉ DEL CARMEN CAICEDO. Los cargos, como siempre son sustentados sobre declaraciones injuriosas de testigos pagados por el Estado.

El pasado viernes 27 de abril, en la vereda Santander, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), tropas de la Brigada Móvil No. 5, que opera en la zona, detuvieron arbitrariamente a cuatro campesinos, entre ellos un menor de edad. Los hechos se presentaron cuando los militares arribaron hacia las siete de la noche y retuvieron a JOSÉ ABELARDO SÁNCHEZ, a HELENA GÓMEZ, FRANCISCO ANTONIO GÓMEZ y ÉINER ANDRÉS SÁNCHEZ GÓMEZ, menor de edad, quienes fueron trasladados en helicóptero hacia un destino desconocido.

También en el mes de abril, se produjo el asesinato a manos de sicarios de tres afiliados de la ACA en el municipio de Fortul. El 18 de abril, en la vereda Caño Rojo, fue asesinado JUAN CARLOS ABICHE, el día 22 en la vereda Agua Viva fue ultimado DUBIÁN BARAJAS CARRILLO, y el pasado jueves 26 de abril, en el casco urbano del municipio, fue muerto VÍCTOR JULIO BENAVIDES.

Estas tres personas eran pobladores civiles e integrantes de la asociación campesina, y fueron asesinados en medio de operativos del ejército y la militarización de zonas rurales y urbanas del departamento.

Estos hechos se presentan luego de que se denunciaran los bombardeos y ametrallamientos que vienen realizando las Fuerzas Militares en varias veredas desde inicios del mes de abril.

Durante los años de existencia de la Asociación Campesina de Arauca ACA, hemos denunciado la terrible persecución legal e ilegal de la cual hemos sido y somos victimas los miembros de la ACA, ante la gravedad de estos hechos hemos puesto en conocimiento, tanto de las autoridades departamentales y nacionales competentes, así como de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el asedio de que somos victimas. En lo que concierne al aparato de justicia del Estado, no ha habido hasta la fecha ninguna respuesta ni castigo para los autores de dichas amenazas y persecución injustificada contra los miembros y directivos de la Asociación; por el contrario la persecución, las amenazas, el acoso y las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra los afiliados y directivos de nuestra organización campesina, continúan en la mas absoluta impunidad, con la complacencia y directa participación de los organismos de seguridad del estado.

Pese a la persecución y guerra sucia de que ha sido objeto la ACA, en la actualidad posee 5.300 afiliados y 6 comités municipales de los 5 municipios del departamento: Arauquita, Arauca, Saravena, Fortul y Tame. La ACA es hoy un ejemplo de dignidad y resistencia campesina en Colombia.

Por todo lo anterior solicitamos de manera respetuosa a ustedes:

1.Un pronunciamiento ante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, donde se conmine al Estado colombiano a poner fin a esta persecución y agresión constante contra la comunidad araucana y especialmente a los afiliados y dirigente de la Asociación Campesina de Arauca ACA.

2.No apoyar o aprobar ningún tipo de ayuda económica o técnica al actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto no cese la guerra contra los ciudadanos colombianos, en especial contra el pueblo de Arauca, sus organizaciones y su dirigencia social y popular.

3.Que se conformen comisiones para que visiten el departamento de Arauca, se entrevisten directamente con las comunidades y puedan constatar de primera fuente los atropellos y desmanes que se vienen cometiendo en Arauca contra los habitantes del departamento, los dirigentes de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas de la región, en especial el caso de la Asociación campesina de Arauca ACA.

Respetuosamente,

FLOR MARIA DIAZ
Ex - directiva Junta Departamental ACA
Actualmente injustamente encarcelada y judicializada – Buen pastor - Bogota

LUIS ALFONSO GUTIERRES BEJARANO
Ex – directivo Junta Departamental ACA
Actualmente Refugiado Fuera del país en razón de amenazas de muerte

MARINA NAVARRO
Ex – directiva Junta Departamental ACA
Actualmente Refugiada fuera del país – Injustamente judicializada

DANIEL BOTELLO
Ex – directivo Junta Departamental ACA
Actualmente Refugiado fuera del país – Injustamente Judicializado

LUZ PERLY CORDOBA MOSQUERA
Ex – Presidente Junta Departamental ACA
Injustamente judicializada y encarcelada por 13 meses
Actualmente Vocera Internacional de la ACA y Refugiada política en Europa

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION CAMPESINA DE ARAUCA ACA

Voceria Internacional Asociación campesina de Arauca ACA- Colombia- Suramérica.

Sede principal Calle 4 No 6-24 al frente de las oficinas de ENELAR- Arauquita – Arauca- Colombia.
TEL: 0057-78836448

Email: asociacioncampesinadearauca@hotmail.com
voceriainternacionalaca@yahoo.es

CC. A la comunidad nacional e internacional y organizaciones de derechos humanos.