Es grave y significativo lo que ha ocurrido. A la sombra de la muerte del “Mono Jojoy” se orquestó desde el ministerio de Defensa y los medios de comunicación, la ola de odio, sed de venganza y espíritu de linchamiento que hemos presenciado en los últimos días. Esa campaña no es gratuita.

Es parte de una estrategia desde el poder para iniciar una “cacería de brujas”. Buscan enlodar a todo el mundo como colaborador y/o cómplice de los actores violentos del conflicto armado. El fallo del Procurador Ordóñez contra Piedad Córdoba y la acusación de la ex-guerrillera Karina contra Gloria Cuartas de haberse reunido con comandantes guerrilleros en la región de Urabá cuando era alcaldesa de Apartadó, son parte de ese plan siniestro.

Ya anunciaron – para ir preparando el terreno – que encontraron 11 computadores y más de 90 memorias USB en el campamento de las FARC desmantelado por el ejército. Si de 2 computadores obtenidos en el ataque a Reyes aparecieron documentos que comprometían a Presidentes de países vecinos… ¿qué no irá a aparecer en esta verdadera “Caja de Pandora”? Cabe preguntarse también… ¿Por qué los computadores de los paramilitares no han aportado la más mínima información que implique a empresarios, políticos, gobernantes, ejecutivos de transnacionales y altos funcionarios del gobierno de los EE.UU., que sabemos están involucrados en graves crímenes?

Todo apunta a que los perpetradores de los crímenes cometidos por los paramilitares, - empezando por Uribe -, no han encontrado la fórmula para impedir que la justicia, nacional o internacional, les llegue, los comprometa, los condene y los conduzca a la cárcel. Por ello han preparado y empiezan a ejecutar una nueva ofensiva virulenta contra la oposición.

Van a usar la “farc-política” contra toda persona que enfrente al establecimiento oligárquico. Varios son sus objetivos: a) Seguir utilizando la amenaza “terrorista” como cobertura mediática frente a las protestas que se vienen incubando entre los sectores populares (situación de la salud, desempleo, rechazo a la entrega de recursos naturales a las empresas transnacionales, nuevo ajuste fiscal, etc.); b) Minimizar los crímenes cometidos por los paramilitares y agentes del Estado; c) Involucrar a dirigentes de la oposición como colaboradores y/o cómplices de la guerrilla; d) Incentivar el sentimiento de que es injusto que se condene sólo a los comprometidos con la“parapolítica”; e) Neutralizar al interior del nuevo gobierno “santista” cualquier auténtico ánimo justiciero frente a la restitución de tierras de las víctimas desplazadas por la violencia paramilitar (Juan Camilo Restrepo) o frente a los crímenes cometidos por funcionarios del DAS (Vargas Lleras); f) Empezar a posicionar la idea o propuesta de una “ley de punto final” o de “perdón y olvido” para garantizarse la total impunidad hacia el futuro.

No es casual que en esta coyuntura reaparezca Uribe para anunciar que su “proyecto histórico” sigue vivo, fuerte y vigente. Anuncia que va a consolidar su partido de la U en alianza con el partido conservador y que aspiran a conquistar numerosas alcaldías y gobernaciones, entre las cuales destacan las de Bogotá y Medellín.

Se requiere una fuerte reacción ciudadana. Las mayorías sanas y decentes de la Nación no se pueden dejar arrinconar por esta campaña maligna en ciernes. Se intenta crear un inconsciente colectivo de venganza y linchamiento que lleve a buscar blancos perfectos con los cuales expiar “culpas colectivas”. Si nos descuidamos el Procurador Ordoñez va a instituir el “delito de opinión”, su oficina fungirá como la Inquisición del siglo XXI, y el McCarthy colombiano al frente del Ministerio de Defensa hará carrera de “vengador anónimo”.

Entre tanto Santos con pose “reformista” y de gran benefactor de las víctimas ha iniciado un proceso de aplastamiento de la oposición política. Sólo la más absoluta claridad frente a la nueva estrategia uribista-santista y la unidad de todos los demócratas es garantía de que ello no ocurra.