El 13 de junio fue aprobado en el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de estatuto de desarrollo rural. No valió la oposición de amplios sectores sociales afectados, como campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas de la violencia, además de ambientalistas y académicos.

Esta ley ha sido calificada por sus opositores como la más retrógrada de los últimos años, ya que pretende adecuar la legislación agraria y la configuración territorial del país a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, permite a los latifundios ociosos eludir la extinción de dominio y representa una auténtica contrarreforma agraria, en beneficio de terratenientes y empresarios agrícolas. Incluso la Procuraduría General de la Nación, advirtió en su momento que, de aprobarse, dicho estatuto “podría prestarse para el lavado de activos”.

El proyecto incluye reformas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), envuelto en varios casos de corrupción. Varios escándalos salpican a los ministros de Agricultura y directivos del Incoder en los gobiernos de Pastrana y Uribe, quienes han ampliado sus latifundios legislando en su propio beneficio. Uno de los más conocidos es el zar de la palmicultura, Carlos Murgas, a quien se mira con recelo incluso en círculos norteamericanos, por el desvío de importantes recursos sociales del Plan Colombia a sus ubérrimos agronegocios, distorsionando el objetivo de este programa intervencionista.

Dos de los gerentes del Incoder han sido destituidos a raíz de operaciones ilegales, como las de entregar tierras a testaferros de narcotraficantes y paramilitares, acusando el hecho de que la mayor parte de los mandos medios de esa entidad operaban irregularmente. El superintendente de Registro y Notariado aparecía como cómplice para legalizar usurpaciones de hecho y recibió el puesto por ser familiar del presidente de la Cámara de Representantes.

El estatuto rural fue aprobado en medio de una rampante ilegitimidad de los paracongresistas, quienes, haciéndole caso a Uribe, se han dispuesto a ir votando "antes de que los pongan presos". También se anunciaron irregularidades en el proceso de aprobación, por lo cual la nueva ley es susceptible de demanda.

Según la representante a la Cámara por La Guajira, Orsinia Polanco, del Polo Democrático Alternativo, el artículo 138 de la aprobada Ley “se presta para legalizar predios adquiridos con escrituras fraudulentas”, mientras que su copartidario, el también representante Wilson Borja, va más allá y cree que con dicha norma, “fácilmente dos paramilitares o guerrilleros le pueden servir de testigos a un tercero para que se quede con un predio”.

Tal como fue aprobada la ley permitiría la enajenación parcial de las unidades agrarias familiares, punto que fue cuestionado por la bancada de oposición, debido a que ello permitiría que a través de los incentivos presentados por el gobierno, los pequeños propietarios decidan vender sus tierras a los grandes terratenientes.

La representante por las negritudes María Isabel Urrutia, tuvo reparos a la ley al asegurar que ésta "obliga a los entes territoriales a participar con fondos propios, lo cual generará problemas agudos para los desplazados de regiones como Chocó o Norte de Santander, cuyas administraciones son pobres y no alcanzarían a sostener programas".

Perpetuará el latifundio mafioso

El sindicato de trabajadores del Incoder manifestó que esta ley “afecta gravemente los derechos de las comunidades rurales más vulnerables y propicia la apropiación del territorio y de los recursos por parte de los empresarios del sector, en detrimento también de la soberanía alimentaria, la reforma agraria redistributiva, la economía campesina”.

Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia manifestó que el estatuto rural “desconoce y atropella directamente normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente tales como la libre determinación y el manejo y control de los territorios”.

"Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos, igual derecho de terceros. Entendemos que este proyecto es toda una estrategia de adecuación del territorio a la entrada en vigencia el TLC y, en tal sentido, de un cambio en los usos del suelo", dicen los voceros de los pueblos originarios.

Mediante carta abierta al presidente Uribe, al ministro de Agricultura y a otras autoridades involucradas, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) manifestó su rechazo al estatuto rural por considerarlo “una ley excluyente, marginal, que además perpetuará el gran latifundio mafioso y especulativo, generando de paso un mayor y criminal desplazamiento de miles de pobladores rurales”. Fensuagro también refirió que un proyecto de ley de reforma agraria fue presentado por organizaciones agrarias, indígenas, afrocolombianas y ambientalistas al Senado, radicado con el N. 99, y el cual no se tuvo en consideración, ante la negativa de la bancada uribista de acumular las dos iniciativas. El responsable de esta jugada fue el entonces presidente de la Comisión Quinta del Senado, Álvaro Araujo, personaje involucrado hoy día en la parapolítica.