No es justo juzgar a las instituciones ni a los grupos ni a las familias por el comportamiento de los miembros que las componen. No todos los curas son pederastas; no todos los funcionarios son ladrones, no todos los militares son criminales, ni todos los jueces son venales. Cierto. Sin duda. Pero cuando los casos no son singulares ni esporádicos ni ocasionales, algo pasa, y si pasa en las piezas maestras del Estado, la cosa es grave. Y habla también del Estado. No se nos puede tapar la boca ni mochar el dedo con el argumento de la excepcionalidad.

No se trata de una demostración estadística ni de medias aritméticas. Se trata de un espíritu de impunidad que existe, entre otras respetables instituciones, en las Fuerzas Militares. No se si prevalece, predomina o si es minoritario. Pero hechos como el de los llamados falsos positivos, asesinatos de civiles —y ahora de militares también, es decir, uniformados muertos, cuyos cuerpos son entregados como bajas guerrilleras— sugieren una política de terror que cuenta con la impunidad y con las recompensas como condiciones determinantes. ¿Quién o quiénes permiten el funcionamiento de estos mecanismos? ¿Acaso es a los soldados a los que de golpe les da por matar, violar, robar sin más ni más? Cuando por estos lados se acaban los argumentos, se apela a otro: las guerrillas hacen lo mismo y hasta en el Ejército del país más democrático del mundo y de la historia hay criminales, torturadores, violadores. Por tanto, se concluye, es un asunto de todos los cuerpos militares. Y asunto arreglado.
No hay tal. La opinión pública no puede comulgar con ruedas de molino y más si son de ese tamaño. Como no aceptó el pueblo de Tame, Arauca, la violación, la tortura y el asesinato de Jenny y de sus hermanitos en Caño temblador. Primero se informó que “tres menores habían sido secuestrados”; después, que habían sido encontrados, pero muertos; luego, que parecía que la niña había sido violada, y así, a cuenta gotas, al país se le fue administrando la noticia. El comandante del Ejército declaró que era un hecho monstruoso, pero que, sin embargo, no se podía acusar a la institución porque por ahí andaba también la guerrilla. Al mismo tiempo se informó que 60 uniformados habían sido detenidos, luego que sólo eran siete los sospechosos, y por fin que el investigado era un subteniente, pero que retirado. No dijeron, claro, que había sido retirado la noche anterior. El Ministro de la Defensa hizo las declaraciones de siempre: crimen execrable.

Al asesinato de los niños siguieron otras denuncias sobre violación de niñas menores en Arauca por soldados. En las zonas indígenas —lo he denunciado— es una conducta sistemática que busca sembrar el terror para poner del lado de los buenos a los adolescentes. No es una simple aberración de soldaditos obligados a no darse el gustico. Es una táctica de guerra, de la misma naturaleza que las ejecuciones fuera de combate, las desapariciones forzadas, el desplazamiento de población. No serán procedimientos consignados en los manuales de instrucción de la Fuerza Pública ni nadie los defendería en las tribunas oficiales. Pero que se hacen, se hacen. Para eso hay chivos expiatorios y ganchos ciegos.