Tanto el proyecto de Ley de Víctimas como su capítulo de Restitución de Tierras, que ya comenzó su trámite en la Comisión Primera de la Cámara, presentan serias falencias que, de ser aprobados tal y como están, harían que la reparación sea un inviable económico, político y social para el país y la restitución de bienes despojados por grupos armados ilegales un “canto a la bandera”.

Así lo señaló el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, quien este viernes 12 de noviembre se reunió en Medellín con integrantes de los movimientos de víctimas de Antioquia para escuchar sus posturas frente al Articulado radicado por el Gobierno nacional y que se ha convertido en el “Proyecto bandera de la administración Santos”.

“Hemos analizado los 177 artículos que componen el Proyecto y observamos que tiene serios vacíos en 91 de ellos. El principal es que la reparación está supeditada a la estabilidad fiscal, es decir, si hay plata, y lo otro es que el Estado no asume su responsabilidad en la reparación, sino que obra bajo el principio de solidaridad”, aseguró Cepeda, quien afirmó que su partido, el PDA, votaría negativamente el Articulado si no se corrigen dichos vacíos a lo largo del trámite.

Para evitar malos entendidos ante la opinión pública, el Representante del PDA y además integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), aclaró que la postura de su colectividad no debe ser entendida como un rechazo a la iniciativa gubernamental, sino como un llamado al Legislativo para que estudie a profundidad el Proyecto y corrija las falencias que presenta como muestra de una verdadera voluntad política con las víctimas del conflicto armado.

“Nosotros saludamos la iniciativa y consideramos valioso que el propio Presidente Santos lo haya hecho. Pero hay que ver los contenidos como la letra menuda. El Gobierno presenta un concepto de reparación que está sujeta a unos criterios, como el de la estabilidad fiscal, que la pueden hacer totalmente ineficiente. Eso es totalmente mezquino, es un concepto que no se ha tenido en cuenta para otorgar onerosos subsidios para los más ricos, como en Agro Ingreso Seguro, por ejemplo”, agregó Cepeda.

Y continuó: “Ahora, en el tema de restitución de tierras, el Proyecto no contempla entregar elementos básicos para que pueda ser sostenible en el tiempo el retorno de los campesinos a sus parcelas. A un labriego se le pueden entregar los títulos de sus predios pero si no tiene cómo regresar a ellos y mucho menos cómo pagar deudas, cómo construir una vivienda y cómo producir, pues esa reparación será completamente inane”.

Para el senador del PDA, Alexander López, también presente en el encuentro, ni la iniciativa de Reparación a las Víctimas ni el capítulo de Restitución de Tierras plantean soluciones de fondo a problemas estructurales que arrastra el país como lo son la tenencia de la tierra y la condición de marginalidad en que se encuentran las víctimas del conflicto armado.

“El Gobierno ha dicho que va a restituir dos millones de hectáreas de tierra y eso está bien. Pero, ¿Qué pasa con el resto de las tierras que están en manos de grupos mafiosos y paramilitares? ¿Se van a perseguir esas propiedades? ¿Hay una voluntad política de desarticular esas redes? Eso no lo plantea el Proyecto. En últimas, esta Ley es un trampa y una burla para las víctimas del país”, expuso López.

Dichos planteamientos fueron secundados por las víctimas del conflicto armado presentes en el auditorio de la Universidad de San Buenaventura, sede del encuentro, quienes incluso señalaron que la reparación que plantea el Gobierno en el Proyecto es una estrategia para ocultar la verdad y una patente de corso para la impunidad.

“Nos dan una reparación económica y luego sale el Gobierno a decir que sí hizo algo por las víctimas, que ya se superó el conflicto armado, que aquí ya no pasa nada y que todo está perfectamente. ¿Y dónde queda la justicia?, ¿Dónde queda la verdad? en mi caso, la mejor reparación es que los responsables de lo que pasó con mis familiares paguen ante la justicia. Tampoco se puede decir que estamos muy bien cuando tenemos esa amenaza de las bandas criminales”, añadió Flor Gallego, familiar de cuatro de las 16 personas sacadas a la fuerza de sus viviendas y posteriormente desaparecidas por paramilitares en 1996, en la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral.

Sin embargo, hay quienes sienten que pese a todas las falencias señaladas, los afectados por el conflicto armado ganarían más si el proyecto es aprobado por el Congreso de la República. Una de las que sostiene dicha tesis es Carmen Palencia, presidenta de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), quien dijo que tras más de 20 años de lucha infructuosa por recuperar sus tierras, es preferible contar con una herramienta legal como la Ley de Reparación y su apartado para la Restitución de Tierras.

“Llevamos más de 20 años luchando por recuperar nuestras tierras. Estamos hablando de cerca de 2.000 familias que hacen parte de la Asociación que reclaman un total de 21 mil hectáreas. Esa lucha nos ha costado sangre, nos han asesinado compañeros, mi vida ha estado en peligro en cinco veces. Ahora que podemos contar con una Ley que nos respalde, ¿Cómo no vamos a apoyarla, después de tantos años de no tener nada?”, expuso Palencia.

De acuerdo con la líder campesina, uno de los puntos positivos que contiene el Articulado en materia de tierras es que invierte la carga de la prueba; es decir, deberán ser los terratenientes quienes demuestren ante la justicia que adquirieron los predios de manera legal.

“Y ahí tenemos una ganancia, porque por lo menos en el Urabá tenemos debidamente documentados cientos de casos donde los dueños actuales de muchas tierras las adquirieron fraudulentamente”, añadió Palencia, quien sin embargo llamó la atención del Gobierno nacional y del Legislativo para que brinden las medidas de seguridad necesarias para los campesinos reclamantes.

“Ya le hemos llevado un pliego de propuestas al Gobierno nacional para que refuerce los esquemas de seguridad. También le hemos dicho cuáles puntos de la Ley que nos parecen traumáticos, dónde hay vacíos, pero con eso y todo, estamos dispuestos a apoyarla”, aseveró la líder de los reclamantes de tierra.