Hablar por estos días de la celebración del día del campesino puede resultar paradójico dentro del contexto social y político que se presenta en el país. En la actualidad, el campesinado en Colombia es uno de los sectores sociales más afectados por la puesta en marcha de las políticas neoliberales, tanto en la esfera económica como en la política.

Por un lado, las políticas económicas asumen al campo como un escenario destinado netamente a la producción económica, el cual debe limitarse a la puesta en marcha de proyectos agroindustriales, como la palma aceitera, y la extracción de materias primas para la exportación. De tal forma, la producción agrícola deja de ser una actividad para el abastecimiento de alimentos y materias primas para aprovisionar el mercado interno y el consumo familiar, llevando al país a una profunda dependencia alimentaria y de mercancías.

Por otro lado, la política agraria del actual gobierno se encuentra orientada hacia la concentración de la tierra en manos de los latifundistas y grandes multinacionales, verbigracia, los sistemas de asignación de subsidios para la adquisición de tierras expedidas por el Ministerio de Agricultura, el cual señala que serán adjudicadas temporalmente las tierras a quienes desarrollen proyectos productivos de carácter empresarial, eliminando el derecho del campesino a una vida digna en su parcela y asumiendo el campo dentro de una lógica empresarial necesaria por la mal llamada mundialización de la economía.

Además, medidas como la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra evidencian el afán de impedir la construcción de salidas para las problemáticas de la población rural y la construcción de formas de participación política y administrativa que den paso a dinámicas alternativas para el uso de los recursos y el territorio.

La política de Seguridad Democrática, bandera del actual gobierno, a través de la persecución a los líderes de procesos organizativos de carácter reivindicativo, señalamientos, asesinatos selectivos, desplazamientos, bloqueos alimentarios y sanitarios como el que se ha ejercido en zonas como el Nordeste Antioqueño, la estigmatización de la protesta, entre otras modalidades de represión, violan sistemáticamente los derechos del campesinado, negando su condición como seres humanos y sujetos políticos y la posibilidad de articularse como constructores de políticas que promuevan el desarrollo del sector rural. Así mismo, la aparición de figuras coma la “red de informantes” y “soldados campesinos” generan rupturas de los procesos comunitarios y de vecindad propias de las dinámicas sociales y culturales de la vida campesina, al involucrar a la población civil en el conflicto y hacerla funcional a los planes contrainsurgentes.

El gobierno pretende implementar así una reconfiguración territorial, basada en la militarización, el incremento de los batallones de alta montaña y las brigadas móviles, y la ocupación de territorios de economía campesina, para ir sustituyéndolos con actividades económicas extractivas y megaproyectos.

Es así como el panorama dentro de la visión neoliberal para el sector rural podría parecer desalentador. Deberíamos preguntarnos ¿Por qué celebrar un día del campesino en estas condiciones? Y la respuesta es obvia: podríamos decir que el campesinado colombiano frente a dicho contexto se ha organizado y por más de 50 años ha mantenido una lucha constante por la tierra, su reconocimiento político y su estatus e identidad como sector social de gran relevancia para el desarrollo social y económico del país. De esta forma, celebremos el día del campesino, que se revitaliza y cuestiona su realidad, la transforma, se organiza y lucha… Lucha por la vida, por la tierra, pero sobre todo, por una nueva Colombia.