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En colombia si hay fosas comunes con personas N.N.
Gloria Inés Ramírez / Martes 21 de diciembre de 2010
 

En un documento del 13 de diciembre de 2010, suscrito por el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Luís González León, queda claramente establecido que, contrario a lo que reiteradamente ha afirmado el gobierno nacional, en Colombia sí hay fosas comunes.

A propósito del tema, es conveniente recordar que los congresistas del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez Ríos e Iván Cepeda Castro realizaron dos debates de control político sobre la crisis humanitaria en los llanos orientales, el primero de ellos en la Cámara de Representantes el día 25 de agosto de 2010, y el segundo en el Senado de la República, el 31 del mismo mes.

Entre los temas tratados estuvo el de la existencia de cementerios con personas N.N.s., particularmente en el municipio de La Macarena (Meta), pero también en otros lugares de los llanos orientales, así como de fosas comunes, por lo que los citantes del debate plantearon la necesidad de investigar las denuncias de los campesinos de la región en el sentido de que entre los muertos podría haber víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a manos de la Fuerza Pública.

La respuesta del Ministro de Defensa consistió en negar rotundamente que en los llanos orientales hubiera crisis humanitaria o que existieran fosas comunes y, en vez de concretar respuestas claves a los interrogantes de los promotores del debate, se dedicó a contradecir informaciones periodísticas en las cuales nada tenían que ver los congresistas.

Como los problemas no desaparecen porque se niegue su existencia ni se resuelven ignorándolos , el documento del Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dice textualmente: “Se estableció que en el cementerio La Resurrección de Granada Meta, se tiene una inhumación de 67 cuerpos, presuntamente pertenecientes a personas muertas en combate con el Ejército, en razón a tomas Guerrilleras de Puerto Rico y Puerto Lleras Meta, en el mes de julio de 1.999; de las cuales 42, yacen en una tumba colectiva distribuidos en forma individual, ordenada con sus respectivos levantamientos de cadáver y protocolos de necropsia, los 24 restantes se encuentran inhumados en bóvedas con dos cuerpos en cada una de ellas”.

“Adicionalmente en la diligencia de Inspección Judicial, mediante levantamiento topográfico integral del cementerio, se obtuvo un conteo físico de 182 tumbas con 302 cuerpos según las demarcaciones que el sepulturero ha dejado en cada cruz, y además, se econtraron 95 bóvedas con 110 cuerpos, para un total de 412 N.N.s.”.

Agrega el funcionario que en el mencionado cementerio “hasta el momento se encontró una zona no señalizada (…) con un total de 42 cuerpos”, que han sido identificados por necrodactilia “un total de 25 cadáveres”, que se ha podido establecer que “hay 25 menores de edad” y que “se han encontrado 75 tumbas con más de un cuerpo, así como 14 bóvedas con más de un cuerpo”.

En cuanto a otros municipios, el funcionario de la Fiscalía afirma que “Sobre Vista Hermosa no se tiene cifra oficial, dado que en el cementerio no existe demarcación alguna de bóvedas o tumbas de N.N.s.” y que “De San José del Guaviare se ha establecido que en el cementerio Jardines del Paraíso se encuentran inhumados un total de 560 N.N.s., de los cuales hasta el momento, han sido identificados por necrodactilia 52 y se tienen 14 necrodactilias en estudio…”.

Las cifras anotadas anteriormente que, por supuesto, son parciales, ponen de presente, una vez más, el horror que se ha vivido y continúa viviéndose en los llanos orientales de nuestro país. La explicación entregada, por lo general, por el Ejército es que se trata de supuestos guerrilleros muertos en combate, pero se carece de pruebas suficientes o de elementos de juicio sólidos para establecer la verdad y, en cambio, hay denuncias de los campesinos que afirman que en no pocos casos se trata de “falsos positivos”, es decir, de ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Fuerza pública.

Esta dramática situación nos lleva a reiterar al gobierno nacional la petición hecha muchas veces en el sentido de que adopte medidas prontas y eficaces para que en los llanos orientales y en todo el país los funcionarios públicos, en especial los que conforman la Fuerza Pública, observen un riguroso respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

A la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, les pedimos establecer mecanismos de vigilancia para que los lugares donde se han ubicado cadáveres no vayan a sufrir alteraciones que entorpezcan las investigaciones y para que con el cumplimiento de sus funciones garanticen que se conozca la verdad y se aplique justicia.