“…las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacionales del ramo (…) ha despertado una fiebre que amenaza desplazar el narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal”
 dijo Cristina de la Torre en su columna titulada “Alma de Esclavos”, El Espectador (http://elespectador.com/columna-230...).

La columnista (haciendo referencia a las exenciones fiscales que por ejemplo para el caso de la Drummond -y según la Contraloría General de la República- “recibió beneficios tributarios por 920 mil millones entre 1995 y 2007 mientras que por regalías, sólo pagó 283 mil millones en el mismo período”), se quedó corta en su lectura porque este nuevo sitial concedido a las multinacionales que desplaza al narcotráfico del primer puesto, no solo se deriva de asuntos fiscales sino que también debe referirse a su actuar como máquinas de guerra y azuzadoras de amenazas, asesinatos y desplazamientos de las comunidades que se han opuesto a su presencia.

Y ni qué decir del impacto a la naturaleza, que sin duda supera a los generados por los narcotraficantes a la hora de expandir cultivos y procesar la droga. Tal como suena y de tiempo atrás, basta tan solo recordar las demandas y condenas internacionales contra corporaciones como la Chiquita Brandas y la misma Drummond para dar cuenta que estas empresas son MOTORES que vienen alentando la guerra en Colombia, todo ello a nombre de un supuesto desarrollo que, por lo visto, se queda en las cuentas bancarias de los países de origen de dichas multinacionales.

Casos se han visto, aquí y allá, ahora que Colombia pretende convertirse en una cantera minera es importante atender la experiencia de otras naciones que, al haber propendido por lo mismo, han entregado su país, su soberanía y recursos, Perú es un ejemplo a la mano: “es tal su importancia y capacidad para desestabilizar gobiernos, que (…) escogen cuándo acatar regulaciones ambientales o laborales. Sus miembros han preferido comprar seguridad, propiciando el florecimiento de enormes empresas de seguridad privada que cuidan minas, “supervisan” huelgas y detentan un pie de fuerza superior al del Estado peruano.

A diferencia de la antigua minería (…) la nueva minería peruana no necesita de mano de obra municipal. Los técnicos vienen de afuera, junto con los materiales y las directivas. Incluso la comida. A cambio, dejan pasivos ambientales e inflaciones locales. La mina -que chupa agua y consume tierra- ha dado al traste con las agriculturas locales“ (http://elespectador.com/columna-230...)

El Cabildo Cerro Tijeras da fe de este genocidio corporativo disfrazado de desarrollo, que está generando muertes, viudas, dolor, bombas y corrupción. El más reciente de estos casos nos remite al comunero Leandro Guetio apuñalado varias veces, el compañero -al igual que todo el cabildo- está amenazado y con medidas cautelares luego de sentencias de muerte proferidas por las Águilas Negras por oponernos, según ellas, al generoso desarrollo que las multinacionales nos ofrecen con sus megaproyectos.

Ahora que se habla de parapolítica, de farcpolítica, exigimos que se abra un nuevo capítulo: el de las multinacionales como generadoras de violencia.

El indio perdona…pero no olvida.