Visita Humanitaria en la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá
/ Miércoles 29 de diciembre de 2010
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Periodista.
Voceros de la campaña de solidaridad con los prisioneros(as) políticos(as) "Traspasa Los Muros" informó que se llevó a cabo con completo éxito la visita humanitaria al Patio 6 de la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor”, en la capital colombiana, donde se encuentran recluidas 63 prisioneras políticas. La jornada se realizó el jueves 23 de diciembre de 2010 a instancias de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado de la República, representada por la Senadora del Polo Democrático Gloria Inés Ramírez, organizaciones defensoras de derechos humanos como la fundación “Lazos de Dignidad”, la Campaña por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Traspasa los Muros”, la Comisión de derechos humanos del Partido Comunista Colombiano, el Comité Permanente para la Defensa de los derechos humanos CPDH, la Fundación “NO-Odhiar” y la Brigada Jurídica “Eduardo Umaña Mendoza”, con el acompañamiento de un médico de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Defensoría Regional de Bogotá.
La visita tuvo como objetivo verificar la situación que en materia de DDHH padecen las prisioneras políticas y recoger sus solicitudes para darle trámite ante las autoridades competentes; así como también, compartir un momento de solidaridad en el cual se hizo entrega de obsequios para ellas y para sus hijos con motivo de las festividades navideñas.
Según el informe durante la jornada se recibieron quejas sobre violaciones a los derechos humanos a la salud (omisión en el suministro de medicamentos y prestación un debido tratamiento médico, falta de atención médica a los hijos menores de las reclusas que conviven con ellas, omisión en el suministro o autorización de ingreso de medicamentos y suplementos vitamínicos para mujeres embarazadas y madres lactantes), integridad física y seguridad personal (lesiones personales cometidas contras las prisioneras sin que el establecimiento tome medidas preventivas y sancionatorias), libertad (negación de acceder a trabajo social extramural como forma de amortización de la pena de multa, negligencia al tramitar las ordenes de libertad que demoran la ejecución de la orden y prolongan ilegalmente la privación de la libertad) defensa y debido proceso (investigaciones disciplinarias basadas en anotaciones de conducta que al libre albedrío la pabellonera de turno efectúa sin notificar sobre las mismas a las prisioneras), así como abusos de autoridad, problemas graves de seguridad y convivencia ignorados por el establecimiento, el uso del traslado como represalia y forma de castigo, maltrato a familiares y amigos durante las visitas.
Del mismo modo, las prisioneras denunciaron la ausencia de garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos en reclusión, debido a que sus representantes son vistas por el establecimiento como simples “tramitadoras” y no como mediadoras, siendo irrespetada tal vocería para el curso regular y oportuno de las peticiones que elevan las reclusas ante las autoridades competentes y ante los ante los jueces de conocimiento de sus causas particulares, o siendo trasladadas a establecimientos de reclusión lejanos a su núcleo familiar como forma de represión por haber denunciado violaciones a los derechos de las reclusas.
Otras reclamaciones de las prisioneras estuvieron encaminadas a exigir la garantía de programas de educación permanentes y la adopción de una política penitenciaria que verdaderamente respete los derechos humanos de las y los reclusos, que acoja la “perspectiva de género” como principio orientador de la misma y que el personal de custodia tenga la idoneidad profesional propia de un Sistema Penitenciario de Carácter Civil.
Entre los compromisos adquiridos por las entidades y organizaciones participantes, se destacan el trámite y seguimiento a las quejas recibidas, la creación de una mesa humanitaria que se concentre en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que vienen afectando los derechos de las reclusas y solicitar a la bancada del Polo Democrático Alternativo que adelante en el próximo período legislativo un debate de control político al Inpec, a Caprecom y a las autoridades que tienen que ver con la crisis que enfrenta el sistema carcelario en el país.