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Zona de Reserva Campesina - ZRC, un instrumento de la política de tierras en clave de Reforma Agraria
Yenly Angélica Méndez / Jueves 13 de enero de 2011
 

Resumen

En este documento el análisis de la ZRC como instrumento de la política de tierras en Colombia, pasa por caracterizar el problema de la tierra desde la concentración de la misma, ubicando el papel del marco normativo y las perspectivas actuales de abordaje del problema a inicios de un nuevo gobierno. Posteriormente se sostiene que la ZRC tiene un potencial como instrumento de política pública de tierras en el marco de una reforma agraria, enfatizando en su potencial para desconcentrar la tierra tendiendo hacia la pequeña propiedad y la eficiencia económica que ello implica. Por último se sitúan las perspectivas concretas de la ZRC en la política de tierras que impulsa el nuevo gobierno, para cerrar con los que visualizan como retos para el campesinado que defiende la figura.

1. El problema de la tierra

Para Fajardo (2002) y otros autores, el problema de la tierra se centra en la tendencia hacia una altísima concentración de la propiedad de la tierra que unde sus orígenes en la propia formación de la nación colombiana y en el período de la colonia. Tendencias persistentes del problema, planteadas por Fajardo pueden resumirse en:

1. Los sectores dominantes permanentemente han restringido el acceso a la tierra a campesinos, indígenas y afrodescendientes para garantizar mano de obra que valorice sus tierras.
2. El Estado permanentemente ha favorecido a los sectores dominantes a través de su ordenamiento territorial, legislación agraria, política de seguridad (militar), políticas macroeconómicas.

3. La relación concentración de la tenencia de la tierra-apertura económica, ha generado un cambio en la agricultura hacia la desagriculturización la cual conlleva a una crisis alimentaria, que se expresa en que la provisión de comida se le ha dejado en los mercados internacionales. Se aumentó la importación de comida hasta el punto que 8 millones anuales de comida son importadas. En los 90, Colombia producía casi el 100% de su comida, en la actualidad solo se produce el 50%.

4. Los cultivos proscritos, el conflicto armado, el poder militar han favorecido la concentración de la tenencia de la tierra, la migración y la ampliación de la frontera agrícola.

5. La producción legislativa en Colombia en materia agraria, esta marcada por la resolución de los conflictos agrarios en favor de los sectores dominantes (terratenientes, agroindustriales, multinacionales).

Así, el problema de la concentración de la tierra es visto principalmente como un problema social y ético, por las consecuencias de pobreza y exclusión que en forma plausible genera.

1.1 La distribución de la tierra como problema de eficiencia económica

Por otro lado, para otros autores, la concentración de la tierra es un problema de orden principalmente económico, cuyos efectos se reflejan en el deficiente desempeño agrícola, que se expresa en el margen entre exportaciones sobre importaciones de alimentos y el aumento del desempleo agrícola (Bejarano, 1998) y todo ello a la vez, en el crecimiento económico.

Así, la base de este problema se centra en las distorsiones estructurales, entendidas como aquellas restricciones en el acceso, la distribución y apropiación del ingreso, que afectan la producción, en especial la de alimentos. Entre las que se encuentran: la distribución desigual de la tierra, como distorsión básica estructural generadora de otras relacionadas con la tenencia, tales como el acceso al crédito y su costo pues que resulta fácil y barato para la agricultura de escala, y difícil y costoso para el pequeño agricultor, así como el acceso a tecnología, al ser controlada por grandes propietarios por su alto costo.

Siguiendo a Bejarano (1998), tales distorsiones tienen efectos negativos para la producción, relacionados con los incentivos y con el uso de tierra, capital y trabajo por parte de los agricultores. Los pequeños agricultores al disponer de abundante trabajo, se ven incentivados a maximizar la producción por unidad de tierra y capital (Bejarano pag. 56), mientras que para los grandes, la tierra es barata y disponen de capital, así, tienen el incentivo de reemplazar trabajo por maquinaria pues resulta mucho mas barata, lo que implica el desarrollo de producción extensiva. Pese a que eso disminuye la productividad, el gran propietario lo prefiere, antes que asumir los costos de trabajo contratado que implica la producción intensiva.

El agricultor pequeño, aprovecha mas la tierra mediante el uso de su recurso mas abundante: el trabajo, cultiva con mayor intensidad, con lo que obtiene mayor productividad. Entonces, al aumentar el tamaño de la tierra, disminuye el uso del trabajo por unidad de tierra, con lo que disminuye el rendimiento y con ello la producción total. Esto implica que si el trabajo se distribuyera equitativamente sobre la tierra, la producción total aumentaría, es decir si el tamaño de las fincas fuera mas homogéneo.

Justamente, para Bejarano la falta de homogeneidad representa un problema central derivado de las distorsiones señaladas. Esto es lo que se conoce como la estrategia bimodal, que en países en desarrollo “…desarticula el proceso de desarrollo pues impide a la agricultura contribuir de manera eficiente al establecimiento de una industria apropiada y crea obstáculos en la integración entre las diferentes partes de la economía y el desarrollo general…” (Bejarano pg. 59). Por el contrario en países desarrollados una estructura mas homogénea, dio paso a relaciones hombre-tierra mas equilibradas y a un “patrón tecnológico acorde con la generación de recursos” como señala Bejarano.

Así las cosas, la inequitativa distribución, es el centro de gravedad del problema de la tierra, tanto por los efectos políticos, sociales y económicos que conlleva, y su solución estaría entonces en una repartición de la tierra como principal factor de producción.

1.2. La concentración de la tierra, no es el problema?

Sin embargo para otros, la distribución de la tierra resulta no ser un problema, al menos no un problema significativo, y mas bien en su análisis el centro de gravedad se sitúa en la generación de ingresos para las masas rurales, de modo que la repartición que debe hacerse no es necesariamente la de la tierra, sino la de ingresos de la producción.

En esta lógica la solución al problema rural esta en asalariar a los campesinos para hacer mas eficiente la gran producción agrícola, así y el acceso a la tierra resulta intrascendente, tal como lo consignaba el Plan de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” que expresamente señalaba “Lo importante no es la tenencia de la tierra sino su incorporación a una actividad productiva estable y equitativa” (Pg.230, subrayado fuera de texto).

Pero esta no es una mirada solamente del gobierno anterior. Para el actual gobierno, sigue siendo de ese modo, aún cuando la retórica en torno al problema y sus posibles salidas, resulte mas demagógica. Es así que para Reyes (2010) quien se desempeña como principal de la política agraria del actual gobierno de Santos, el principal problema de la tierra en Colombia es el ordenamiento de los derechos de propiedad, dado que los campesinos mayoritariamente no tienen formalizada la propiedad de las tierras. Y, por otra parte, la existencia de un conflicto entre la vocación y el uso dado a las tierras, en el marco del cual se han enfrentado las vocaciones de reserva ambiental, ganadería, minería y la agricultura.

Como resultado de ese conflicto, se ha producido una ganaderización del país a costa de bosques, aguas y territorio para la agricultura, se han sacrificado reservas ambientales por la descontrolada expansión de la frontera agrícola; la minería ha tenido graves efectos sobre el recurso ambiental, y las tierras aptas para el cultivo no son debidamente aprovechadas. Por otra parte Reyes reconoce como parte del problema la existencia de una institucionalizad agraria débil, que se ha prestado a la corrupción y el clientelismo.

Bajo esa mirada del problema, se comprende el acento que la formalización de la propiedad, tiene en los lineamientos de política de tierras que al inicio del gobierno, presentara ante el Congreso de la República el actual Ministro de Agricultura. Que va acompañada del fortalecimiento del mercado de tierras instalado como instrumento central de acceso a la tierra en la ley 160/94. Incluso el programa de restitución de tierras, bandera de gobierno, esta concebido claramente en dirección al fortalecimiento de dicho mecanismo.

En conclusión, la forma como se concibe la problemática de la concentración de la tierra explica el diseño e implementación de la política de tierras a lo largo de la historia, donde la constante ha sido el favorecimiento de la gran propiedad y de los grandes propietarios, quienes a través del control de grandes extensiones de tierra, acceden a una importante porción del poder político local y nacional. El acceso al poder se manifiesta en forma contundente en la construcción de un universo jurídico que ampara la reproducción de tales relaciones de poder.

1.3. Un universo jurídico favorable a la concentración de la tierra

Es así que el siglo XX, esta marcado por el impulso de diversos textos legales que garantizado las relaciones de poder basadas en la concentración de la tierra. Los intentos de romper con esa dinámica se han impactado con la violencia, como pronto mecanismo de las elites para la contención de dichos intentos.

Es así que a inicios de dicho siglo, en lo que Fajardo (2010) señala como un intento democratizador de reparto agrario, se expidió la ley 200/36 mediante la cual se le concedió a los campesinos el derecho de reclamar del Estado el decomiso de tierras sin títulos o inadecuadamente explotadas. La reclamación campesina amparada en esta ley, terminó con una fuerte represión por parte de los latifundistas que se veían afectados, represión que empató con la violencia de mitad de siglo.

Ya en 1961, la ley 135 creo el Incora con el propósito de iniciar la Reforma Agraria, sin embargo, el llamado “Pacto de Chicoral” que mediante un acuerdo entre latifundistas y el gobierno, se sublimaron los temores de los primeros, de ser expropiados en beneficio de los campesinos.

Para 1994, en plena implementación de la apertura económica y con ella en medio de la profundización de crisis de la agricultura, se profiere la ley 160, que creo el mercado subsidiado de tierras como mecanismo de reforma agraria basada en el mercado. Esta iniciativa fue promovida por el Banco Mundial y presentada como la gran alternativa para que los campesinos accedieran a la tierra, sin embargo es calificado contundentemente por algunos analistas como un fracaso.

Según lo señala Mondragón (2002) basado en datos el Incora, desde su creación hasta el 2001 el programa entrego subsidio para compra de tierras solo a 13 mil familias y se entregaron solo 180.211ha de tierras. Hacia adelante el programa ha ido en franco declive. Un aspecto central del declive es que el programa comprometía a los “beneficiarios” con un crédito por el 30% del valor del predio a tasas de interés tan altas que según indica Mondragón, recogiendo a Marulanda (1998) la mayoría de usuarios estaban en mora. En este contexto el principal favorecido con el programa fue el capital del narcotráfico.

De otra parte, al amparo de esta ley se creó una figura que puede promover el acceso y la mas equitativa distribución de la tierra para los campesinos, no con alcances estructurales como resulta indispensable, sino por lo menos, en el ámbito territorial en que se implemente. Se trata de la Zona de Reserva Campesina, una figura de ordenamiento territorial que propende además de la desconcentración de la tierra, por la protección de los recursos ambientales y la promoción de la economía campesina, que será objeto de revisión más adelante.

El mas reciente capítulo en este proceso de legislar en favor de la gran propiedad, lo constituye el conjunto de normas impulsadas durante los sucesivos gobiernos de Alvaro Uribe, dirigidos a preparar las condiciones jurídicas para el reforzamiento del modelo extractivo de desarrollo. Así, se expidió un nuevo Código de Minas, se intentó la expedición de una Ley Forestal declarada inexequible por falta de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, y se presentaron proyectos de ley del mismo corte, a través de los cuales se intentó profundizar la concentración de tierras en favor de la gran empresa nacional y transnacional extractiva, y con ello la expulsión de comunidades rurales de sus territorios.

1.4. El despojo, un escandaloso hito del problema de la tierra en Colombia

La crisis agrícola generada por la apertura económica de la década del 90, provocó la desaparición de 700 mil hectáreas de cultivos (Jaramillo, citado por Fajardo) y el empobrecimiento de la pequeña y mediana producción agrícola de alimentos. Paralelamente se desarrolló en el país un proceso de impulso de los cultivos de plantación para el desarrollo de agrocombustibles, la extracción de recursos naturales, que fueron acompañados de la implementación de la estrategia del paramilitarismo que expulsó violentamente a miles de pobladores rurales.

Este escandaloso despojo de tierras surtido contra pobladores rurales con ocasión de la violencia durante las últimas dos décadas particularmente, alcanza una magnitud que oscila entre las 6.65 millones de hectáreas de tierras según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, creada para dar cumplimiento a las disposiciones de la Corte Constitucional en su Sentencia T-024 de 2004, y los 10 millones según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Por su parte, la Comisión señala también en su mas reciente informe que el 42% de la población desplazada perdió tierras en el campo y que el 90% tuvo que abandonar tierras por la violencia.

Resulta evidente que este proceso de despojo ha influido significativamente en aumentar la ya desbordada concentración de la tierra que para el año 2010 se expresó en un coeficiente Gini que ha alcanzado según Ibañez (2010) el 0.94.

El trámite de una ley de restitución de tierras y de víctimas que ha diseñado el actual gobierno, abre expectativas sobre las posibilidades de devolver tierras a los despojados, sin embargo parecen ser mas las dudas que salen a flote si se toma en cuenta que el gobierno se ha planteado como meta la devolución apenas de dos millones de hectáreas, lo que resulta irrisorio dadas las proporciones del despojo.

El programa de restitución de tierras con el que se proyecta hacer tal devolución se basa en la creación de un sistema de información de predios que establecerá quienes eran los dueños de los predios hasta 1991; los dueños de predios despojados lo reclamarán ante el Ministerio del Interior y quien es el actual poseedor deberá probar que el predio no es de quien lo reclama.

La efectividad de este programa está por verse pues las tierras entregadas a campesinos a través de la débil reforma agraria no alcan za a ser significativa, y durante los 5 años de aplicación de la llamada ley de justicia y paz mediante la cual los paramilitares devuelven bienes, solo han entregado 21mil hectáreas de tierra.

De otro lado, ha generado serios cuestionamientos, por parte de las organizaciones de víctimas como la Mesa Nacional de Víctimas, tales como la falta de reconocimiento expreso de la condición de víctimas del despojo, la modalidad de bonos como forma de compensación económica, la ausencia de la alternativa de compensación a través de la adjudicación de un predio similar al despojado, la ausencia de un enfoque diferencial y el no reconocimiento de formas de despojo como las ventas forzadas.

2. La ZRC, un instrumento de política para la desconcentración de la tierra

Las zonas de reserva campesinas están consagradas en la ley 160 como figura de ordenamiento territorial que tienen como finalidad contener la extensión de la frontera agrícola; corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad, crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos; regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos; crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional.

De este amplio espectro de objetivos, aquel relacionado con corregir los fenómenos de la inequitativa concentración de la propiedad rural, resulta de especial trascendencia en el marco de la problemática de concentración de la tierra, antes señalada. Trataremos entonces de revisar la forma en que esta figura puede incidir en la mejoría del problema, para lo cual inicialmente se presentará una mirada histórica de su surgimiento y evolución, el papel de las organizaciones campesinas en su impulso y el estado actual del proceso.

2.1. Una mirada histórica

Para fajardo (2010), el origen de las zrc, se encuentra en la formación de la nacionalidad las luchas de los esclavos fugitivos, cimarrones, indígenas de resguardos arrasados que han ido creando figuras que anteceden a las zrc. Sin embargo un antecedente mas inmediato lo constituyen las movilizaciones de campesinos en San José del Guaviare que propusieron la titulación de medianas propiedades de la tierra que venía trabajado, a cambio de lo cual cuidarían los bosques (Ortíz, et al, 2004) y en general los recursos naturales.

Esta propuesta enriquecida con antecedentes similares en otras regiones, dio lugar a la consagración de las zonas de reserva campesina en la ley de reforma agraria de 1994. Sin embargo, es a raíz de las “movilizaciones cocaleras” de 1996 en el sur de Bolívar y en el sur del país (Caquetá, Guaviare), que se inicia su aplicación (Fajardo, 2006), cuando al lado de las exigencias de inversión y protección a la vida amenazada por el paramilitarismo, los campesinos movilizados pidieron al gobierno la creación de zonas de reserva campesina. Es así que la figura es reglamentada a través del decreto 1777/96 y la resolución 024/96, con lo que se dispone de un marco legal para su impulso.

Con base en ese marco legal, en 1998 con un préstamo del Banco Mundial se dio inicio al Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina, con lo que se desarrolla una fase importante en el proceso de construcción y consolidación de este instrumento.

El Proyecto Piloto, la puesta a prueba del instrumento

Entre 1997 y 2002 se conformaron seis Zonas de Reserva Campesina: Cabrera (Cundinamarca), El Pato- Balsillas (Caquetá), Calamar (Guaviare), Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís-Putumayo), Arenal y Morales (Sur de Bolívar) y Valle del Río Cimitarra (Nordeste antioqueño y Sur de Bolívar).

ZONA DE RESERVA CAMPESINA. UBICACIÓN. ÁREA. AÑO DE CREACIÓN -
NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN DEL INCORA

Zona de Reserva Campesina de Calamar
Municipios Calamar, El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare)

469.000 Hectáreas.
Resolución 054 del 18 de diciembre de 1997

Zona de Reserva Campesina de Cabrera
Municipio de Cabrera – Provincia del Sumapaz (Cundinamarca )
Resolución 046 del 7 de noviembre de 2000

Zona de Reserva Campesina de El Pato
Región del Pato-Balsillas Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá)

145.155 Hectáreas.
Resolución 055 de diciembre de 1997

Zona de Reserva Campesina del Sur de Bolívar
Municipios de Arenal y Morales (Bolívar)

29.110 Hectáreas.
Resolución 054 del 22 de junio de 1999

Zona de Reserva Campesina de Valle del Río Cimitarra
Municipios de Yondó y Remedios (Antioquia), y municipios de Cantagallo y San Pablo (Sur de Bolívar)

184.000 Hectáreas.
Resolución 028 del 10 de diciembre de 2002

Zona de Reserva Campesina Alto Cuembí y Comandante
Centro-sur del municipio de Puerto Asís (Putumayo)

22.000 Hectáreas.
Resolución 069 del 18 de diciembre de 2000

Las primeras tres zonas fueron impulsadas por el Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA mediante un crédito del Banco Mundial para innovación y aprendizaje. Las restantes se desarrollaron en el marco de la acción del Incora.

El Proyecto Piloto demostró la viabilidad y oportunidad que ofrecen las ZRC, para el desarrollo de alternativas de “consolidación y estabilización de las comunidades rurales, con base en la definición de los derechos de propiedad sobre los territorios, el desarrollo de actividades productivas sostenibles y el apoyo a procesos de autogestión”(Pérez, 2007, p. 70).

Esta experiencia mostró también, cómo la activa participación de las comunidades campesinas organizadas, la descentralización y horizontalidad en la toma de decisiones y asignación de responsabilidades en el diseño y ejecución de proyectos, la coordinación interinstitucional, la combinación de aprendizaje y resultados como enfoque metodológico, el acceso con seguridad a la tenencia de la tierra acompañada de crédito, inversiones, transferencia de tecnología y comercialización y capacitación, así como el uso de conocimientos locales, son indispensables, a la vez que posibles para que las comunidades campesinas puedan emprender procesos de desarrollo sostenible (Pérez, 2007).

Pese al balance positivo de la experiencia, -aún con la existencia de dificultades y críticas-; a que el proyecto estaba concebido como piloto para la proyección y réplica de la experiencia a mayor escala en otras regiones, y a que el decreto 1300/2003 que creó el Incoder, creo un grupo de zonas especiales y le asignó la responsabilidad de creación y asesoramiento de las ZRC. El desarrollo de esas tareas delegadas se vio frustrado con el inicio del primer gobierno de Alvaro Uribe en 2002.

Estigmatización de la ZRC, la constricción oficial del instrumento y el impulso campesino

El inicio del gobierno Uribe, estuvo marcado por la salida militar al conflicto armado interno y la seguridad como eje de la política avaladas en las urnas, luego del rompimiento de un intento mas por dar una salida dialogada al conflicto que tuvo como escenario un territorio de 42.000kilómteros comprendidos en los municipios de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá y los de La Macarena, La Uribe, Vista Hermosa y Mesetas en el departamento del Meta. Allí se creo una zona en la que por acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, y el gobierno Pastrana, las Fuerzas militares no harían presencia, con el objetivo de desarrollar allí diálogos que llevaran a la construcción de un espacio de negociación hacia la paz. A esta figura transitoria, se le conoció como “zona de distensión”.

Los diálogos desarrollados en esta zona, terminaron abruptamente, con un alto nivel de desprestigio del experimento. Tal desprestigio fue ampliamente aprovechado como parte integrante del discurso de campaña del candidato Uribe que lo atacaba enfáticamente, y que en buena medida contribuyó a su llegada a la presidencia.

Así, el discurso guerrerista y el ambiente político mediático favorable a la apuesta por resolver militarmente el conflicto, estuvieron a la orden del día, así como el lenguaje estigmatizador hacia toda expresión social o política que supusiera oposición a la política gubernamental.

En medio de este ambiente, las zonas de reserva campesina fueron comprendidas por el gobierno como unas nuevas “zonas de despeje” y con ello, se inicia una fase de estigmatización de la figura.

El apoyo a la continuidad de la experiencia iniciada y el establecimiento de nuevas zonas sufrió un constreñimiento que dejó sin definir las solicitudes hechas por comunidades de Boyacá, Fortul (Arauca) y La Macarena (Meta). Incluso se hizo evidente una fuerte estigmatización de la figura materializada en la arbitraria suspensión de la del Valle del río Cimitarra y la judicialización de líderes de esta zona. En cada una de las zonas se vivieron los efectos.

En la zona de Calamar, en noviembre de 200 fueron privadas de la libertad 26 personas vinculadas al impulso de la zona, entre ellas socios fundadores de COAGROGUAVIARE (Cooperativa Agrícola del Guaviare) organización que lideró el proceso, dirigentes políticos de la oposición, y el alcalde del municipio de Calamar, Orlando Giraldo. Se les acusaba de “rebelión y terrorismo, y de ser "auxiliadores" de las milicias -comandos urbanos- de las FARC. Mas adelante se pondría en evidencia el carácter de montaje judicial habría promovido por Ejército Nacional, y los implicados fueron absueltos.

En la zona de El Pato-Balsillas, el ambiente de temor se impuso con la ejecución extrajudicial del indígena Olmedo Ul Secue a manos de la brigada móvil 6 de ejército en 2003, la muerte de líderes de AMCOP en 2004, la ,masacre de 6 personas, entre ellas un niño, a manos de miembros de la IX Brigada del Ejército perteneciente al Batallón Colombia, luego de que no se les vendiera licor. Si bien, fueron condenados los militares, el ambiente de militarización generó mucho temor e inmovilidad entre la entre la población.

En la zona de Arenal y Morales, la asesora del PDPMM organización impulsora del proceso de declaración de la zona, Alma Rosa Jaramillo Lafourie, fue torturada y asesinada por paramilitares, así mismo organizaciones sociales fueron amenazadas por paramilitares señalándolos de ser auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros. Así se generó un ambiente de terror.

En la zona de Cabrera, el director del grupo técnico del proyecto piloto se ve obligado a retirarse por amenazas de parte de las AUC. En 2003, el alcalde del municipio Gilberto Cruz es asesinado, y Juan Efraín Mendoza Gamba, presidente de SINPEAGRICUN -organización comunitaria que lidera el proyecto de la zona- fue señalado como objetivo militar en febrero de 2005, su casa ya había sido allanada en 2004. Así mismo, otros líderes campesinos del proceso son privados de la libertad.

Por su parte en la zona de Alto Cuembí y Comandante, las detenciones arbitrarias han estado a la orden del día, en febrero de 2008 miembros del Ejército Nacional (Brigada 27 de selva), agentes del Das y de la Base Naval de Puerto Leguizamo detuvieron a 12 campesinos afiliados a la Asociación Campesina del Putumayo (Ascap), acusados como presuntos integrantes de las FARC.

Por último en la zona del Valle del Río Cimitarra, líderes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC, han sido asesinados, han sufrido atentados contra la vida de integrantes y toda su junta directiva fue vinculada a un proceso judicial y la mitad de dicha junta, fue privada de la libertad. Resulta revelador el hecho de que esta judicialización se presenta luego de que se suscribiera un acuerdo entre el gobierno nacional y la ACVC, en el que se prometían, entre otras cosas, garantías en derechos humanos.

Queda entonces ilustrada la situación de ahogamiento violento de las organizaciones y población campesina que daba vida a los procesos de impulso de la zrc en cada una de las regiones en que se impulsaron. Así las cosas durante el período comprendido entre el 2002 y parte del 2009, la figura sufrió un estancamiento forzado por las presiones oficiales violentas y políticas que impidió que la figura se desarrollara y mostrara su capacidad como instrumento de una política de tierras que aportara a la desconcentración de la tierra.

Pese a estas fuertes presiones, las organizaciones campesinas dieron continuidad a las iniciativas productivas y en general a sus procesos de organización campesina que mantuvieron vivas las zonas, aunque con evidentes problemas de seguridad. De forma especial se resalta el sostenimiento durante este período, de un espacio permanente de interlocución con el gobierno, promovido por la presión ejercida por la ACVC en busca del levantamiento de la suspensión de la zona del valle del río Cimitarra.

Esta interlocución mantuvo el tema de las zonas de reserva campesina en la agenda del gobierno aún para manifestar permanente su resistencia al desarrollo del instrumento del que permanente se decía por parte de funcionarios del mas alto nivel del gobierno, que se trataba de “pequeños caguanes”, poniendo en evidencia con ello, la percepción de las organizaciones campesinas impulsoras como “aparatos” de la guerrilla de las FARC.

Entre tanto, varios procesos organizativos campesinos en distintas regiones del país desarrollaban iniciativas de creación de zonas de reserva campesina “desde la legitimidad y no desde la legalidad” (Memorias I I Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, 2010). Con la intensión de dar desarrollo a la figura en dirección a aprovechar sus posibilidades como herramienta de ordenamiento territorial y desarrollo local rural.

Es así que en el sur occidente se conforma la Asociación pro Zonas de Reserva Campesina que ha promovido la creación de varias zonas de reserva campesina en Cauca y Valle, en las cuales se han diseñado planes de desarrollo e incluso se han impulsado iniciativas de adjudicación de predios, todo desde la autonomía de las comunidades campesinas y sin el reconocimiento del Estado.

Por su parte algunos otros procesos organizativos campesinos en otras regiones han iniciado el camino de preparación para la solicitud formal de declaratoria de zona de reserva campesina, como es el caso de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander o el valle del río Guejar en el departamento del Meta.

Una coyuntura política favorable al impulso del instrumento

Con el inicio del gobierno de Santos, en medio de contundentes anuncios en dirección a la implementación de una política de tierras que de solución a la problemática de la tierra, se realiza a instancias de la ACVC, el I Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, al cual acuden todas las zonas de reserva campesina creadas y muchas organizaciones campesinas que impulsoras o interesadas en la creación de la figura en sus regiones.

Con la participación del Asesor del Ministerio de Agricultura en los temas de tierras, Alejandro Reyes y el recién nombrado Gerente del Incoder, el encuentro se convirtió en el escenario para el anuncio oficial de que las zonas de reserva campesina serían claramente un instrumento privilegiado de la política de tierras del gobierno de Santos.

Este anuncio y la necesidad del levantamiento de la suspensión de la zona del valle del río Cimitarra, sumados a la contundencia con que numerosas organizaciones campesinas se ratificaron en su compromiso de defender e impulsar la figura sobre la que dejaron sentado claramente, no reemplaza la Reforma Agraria como su apuesta central, pero significa un importante instrumento en su dirección, se constituyeron en el motor de un proceso de interlocución de las organizaciones campesinas con el gobierno nacional, en dirección a incidir en el diseño de la política de tierras en lo atinente a las zonas de reserva campesina, y a promover el impulso y continuidad del proceso de desarrollo de la figura iniciado con el Proyecto Piloto.

Dicho espacio de interlocución se ha mantenido abierto y las organizaciones campesinas han logrado dejar plasmados sus puntos de vista sobre las necesidades de fortalecimiento de la figura.

Por su parte las organizaciones partícipes del encuentro, culminaron el mismo con la conformación de un Comité Nacional del Impulso que además de la interlocución con el gobierno, se ha propuesto el impulso de la figura, el intercambio de experiencias y la unificación de esfuerzos.

2.2 El potencial del instrumento para la desconcentración de la tierra y la productividad de la pequeña propiedad

Acerca de los procesos de titulación y adjudicación de predios, en las zonas de reserva campesina existe muy poca documentación pese a que uno de los objetivos centrales de las ZRC, es corregir los fenómenos de inequitativa concentración o fragmentación antieconómica de la propiedad, otorga010 de1999, en el que se establece que la extensión máxima de propiedad privada en las zonas de reserva campesina son tres unidades agrícolas familiares.

Esta delimitación en la propiedad de la tierra, es una importante oportunidad para la promoción de las economías de pequeñas fincas y el desarrollo local. Sin embargo, el potencial de esta figura no ha sido suficientemente aprovechado, mas bien desde las elites y el gobierno han sido atacadas. En tiempos de reciente creación de la figura la Sociedad de Agricultores de Colombia expresó sus criticas a la misma, señalando que esta delimitación implica sacar del mercado de tierras estos territorios y con ello limitar la eficiencia y la productividad óptima del desarrollo rural (Martínez, 1999) que para estas elites esta basado en el libre mercado. ndo títulos de propiedad delimitando las máximas extensiones de tierra para cada propietario.

Este objetivo es de suma trascendencia dado que de su alcance depende que se garantice el acceso a la tierra con ciertas condiciones de seguridad jurídica, lo cual ligado, como está a la existencia de un plan de desarrollo que cuente con recursos, la participación de la comunidad y una política pública, representa un importante factor de estabilidad para las poblaciones rurales y sobre todo, se constituye en una alternativa a la excesiva concentración de la propiedad rural.

Con la escasa información disponible, se conoce (Incoder, 2009) que el acceso a la titulación de la tierra en las ZRC, -que comprenden en su totalidad 859.969ha- se expresa en 1.573 procesos de titulación de baldíos, la adjudicación de 42.333,3ha, de lo cual se beneficiaron 994 familias. Esta información no incluye por que se desconoce, los baldíos titulados en la ZRC Morales y Arenal, la extensión de los predios adjudicados en la ZRC Bajo Cuembí y Comandante, y en El Pato-Balsillas, ni las familias beneficiadas en la ZRC Bajo Cuembí y Comandante.

Si bien la titulación de predios que implica la ZRC no es de carácter colectivo, sí se enmarca en un proceso colectivo organizado, dado que uno de los requisitos para la declaración de la misma es que sea solicitada y promovida por la comunidad campesina organizada.

Así mismo, si bien la titulación colectiva ofrece un sobresaliente nivel de protección y seguridad en la propiedad de la tierra para comunidades indígenas y afrodescendientes, la titulación que se realiza en el marco de una ZRC ofrece también un importante nivel de protección y seguridad para el pequeño propietario rural, la cual no está ligada únicamente al titulo de propiedad, sino a los importantes niveles de cohesión comunitaria y los beneficios que ésta conlleva a nivel de mutua protección y sumatoria de esfuerzos y capacidades hacia el mejoramiento de la calidad de vida campesina.

Este factor de cohesión, además del titulo de propiedad, sumados a la existencia de un Plan de Desarrollo en el cual el uso del territorio esta regulado en dirección a la generación de seguridad alimentaria, generación de ingresos, vigencia de derechos y protección de los recursos naturales, tiene un efecto disuasivo de la venta de los predios por presión de grandes propietarios o actores armados, mayor capacidad de respuesta frente a las amenazas de expulsión o despojo derivadas de latifundistas, grandes empresas extractoras de recursos naturales o de la agricultura extensiva o actores armados, puesto que es evidente que no tiene la misma capacidad de respuesta un campesino solo frente alguna de estas amenazas que son permanentes y contundentes, que la de una agrupación empoderada y comprometida con un Plan de Desarrollo y convivencia que ha aportado a construir.

De igual modo, no es lo mismo el ordenamiento territorial derivado de acciones individuales bien sea de lo pobladores o de las autoridades, que aquel surgido de un proceso de planificación basado en el conocimiento que tiene el campesino del territorio, desarrollado con coherencia entre la protección aprovechamiento de los recursos naturales, los usos, costumbres y capacidades de la población y las autoridades locales, en forma concertada.

Así, la ZRC conlleva en la práctica la prevención del desplazamiento, la estabilización de los campesinos y el aumento de capacidades para la implementación de procesos de mejoramiento de la calidad de vida campesina.

De otro lado, la discusión arriba planteada acerca de la bimodalidad de la estructura agraria y su relación con la eficiencia económica resultante del tamaño de la propiedad rural, resulta relevante a propósito de la zona de reserva campesina, dada la limitación en la extensión de la propiedad que supone la titulación de predios al interior de las zonas, como un elemento esencial de este instrumento, en el cual radica su aporte a la desconcentración de la tierra, pero a la vez a la generación de condiciones favorables a la eficiencia económica derivada de la mayor productividad de la pequeña propiedad.

No existen estudios que den cuenta de la relación entre el tamaño de los predios y la productividad en las zrc, sin embargo, lo que ha quedado constatado (Pérez, 2007) son importantes logros a nivel de varios aspectos de la vida rural: la participación de las comunidades campesinas organizadas, la descentralización y horizontalidad en la toma de decisiones y asignación de responsabilidades en el diseño y ejecución de proyectos, la coordinación interinstitucional, la combinación de aprendizaje y resultados como enfoque metodológico, el acceso con seguridad a la tenencia de la tierra acompañada de crédito, inversiones, transferencia de tecnología y comercialización y capacitación, así como el uso de conocimientos locales y las actividades de conservación y protección del medio ambiente.

La experiencia piloto no avanzó mucho en la redistribución de tierras, excepto por lo desarrollado en la zrc del Pato- Balsillas en el Caquetá donde se parceló una gran hacienda y se adjudicó predios a los campesinos. En las demás zrc del proyecto piloto Calamar y San José en el Guaviare y Cabrera en Cundinamarca, la concentración de la tenencia de la tierra al parecer no era significativa por tratarse de zonas de colonización con procesos de importante organización campesina, por lo que la propiedad de la tierra estaba distribuida en pequeños predios no superiores a las tres unidades agrícolas familiares, debido a la delimitación legal antes señalada.

Si bien los resultados positivos del Proyecto Piloto no pueden relacionarse directamente con la existencia de pequeña propiedad en las zrc. Es dable suponer que esta circunstancia tuvo alguna influencia, si nos basamos en los hallazgos de numerosos estudios en varios países (Rosset,1999) que han confirmado la mayor productividad de las fincas pequeñas, basada en que los pequeños agricultores hacen un mayor aprovechamiento de los recursos: del tiempo y del espacio al cultivar varios productos y al sembrar varias veces al año; de la fuerza de trabajo que es mayormente familiar por lo que tiene mayor compromiso y se aplica intensivamente; de insumos que usan en mayor cantidad pero que se producen en la misma finca y de otros recursos de la finca como bosques, agua.

En Colombia estudios en la misma dirección (Berry, citado por Bejarano), han mostrado que la mayor productividad de los predios pequeños resulta evidente, como también lo es que ésta se ve potenciada con la intervención de una política pública, todo lo cual incide positivamente sobre la pobreza rural, como ocurrió desde entre media década del 70 y la del 80 en Colombia, cuando la productividad de los predios pequeños aumentó considerablemente como resultado de la implementación del Programa DRI, que enfocó recursos hacia estos predios para el crédito institucional y al cambio tecnológico, todo lo cual -principalmente el componente tecnológico-, aumentó la productividad campesina.

De tal suerte que el valor de las fincas pequeñas relacionado con la diversidad, los beneficios medioambientales, el otorgamiento de poder y responsabilidad comunitaria, el espacio vital para las familias, la relación personal con los alimentos y su valor en la economía y en la superación de la pobreza rural, son potenciales que la zona de reserva campesina posee y que deben ser fortalecidos desde una política de tierras consistente y decidida a desconcentrar la propiedad rural.

Este potencial de la zrc, esta directamente ligado con la ejecución de una verdadera Reforma Agraria que puede jugar un papel muy importante por las posibilidades de redistribución de la tierra que implican y que pueden favorecer el acceso a la tierra hacia la pequeña propiedad, como lo demuestran las experiencias de reforma agraria “que han distribuido tierras de calidad a los pobres y se ha roto el poder de la oligarquía rural para distorsionar y “manipular” las políticas, el resultado ha sido invariablemente una reducción real y medible de la pobreza y el mejoramiento del bienestar humano” (Rosset, 1999).

Así, es dable dejar sentado que la zrc, es un instrumento de Reforma Agraria que puede demostrar una eficacia notable.

2.3 Otras ventajas y oportunidades que ofrece la zrc

Una oportunidad para la generación de empleo rural ligado a la seguridad alimentaria

En un contexto de debilidad de la política agraria en Colombia, del creciente nivel de desempleo, sumadas a la crisis alimentaria mundial que tiene una expresión en Colombia, evidenciada en el alto nivel de importaciones de alimentos (10 millones de toneladas), iniciativas como la ZRC son oportunidades para la generación de empleo rural decente, disminución del nivel de importación de alimentos sobre la base del aporte al abastecimiento regional, con todo lo cual se aporta en el diseño y ejecución de una política agraria para el sector campesino que mejore sus condiciones de vida y aporte a su estabilización, previniendo como se ha dicho el desplazamiento forzado.

Esas posibilidades de generación de empleo y abastecimiento de alimentos desde el sector campesino, solo se pueden materializar en esta región desde el apoyo decidido del Estado y la organización comunitaria, desde las iniciativas de producción colectiva puesto que de un lado la capacidad económica y de gestión de las familias campesinas individualmente consideradas es muy baja y de otro, la cultura regional está marcada por la organización comunitaria pues es a través de ésta que se ha logrado la supervivencia frente a las adversidades de la naturaleza, del conflicto armado y de la ausencia de presencia del Estado. Esta cultura organizativa y la capacidad de gestión que conlleva, se constituye en un valor agregado de las comunidades y de su organización la ACVC, para aportar a los procesos de desarrollo y paz de la región.

Aporta a avanzar hacia la erradicación de cultivos de uso ilícito,

El cultivo de coca es una actividad a la que el campesinado se ha visto forzada por la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de la producción agraria, y que si bien ha garantizado su supervivencia, ha contribuido a reproducir las condiciones de extrema pobreza de la población que se agudizan por las fumigaciones indiscriminadas de estos cultivos. Sin embargo el campesinado ha persistido en resaltar su voluntad de sustitución de tales cultivos sobre la base de la puesta en marcha de alternativas productivas viables, sostenibles, adecuadas y concertadas. La ZRC representa la un marco de generación de estas alternativas.

Es compatible con racionalidad del uso de los recursos del Estado y de la cooperación internacional

Una vez mas, acotamos la importancia del carácter colectivo de las iniciativas, pues en lugar de atomizar la entrega de recursos tanto del Estado como de la cooperación internacional como se hace en la actualidad, desde la ZRC es posible sumar, potenciar y racionalizar los servicios y recursos del Estado y de la cooperación internacional, mediante el diseño concertado y coherente de procesos de desarrollo que se planteen metas e impactos alcanzables y medibles, en los cuales no solo se aprovechen y potencien los recursos económicos, sino los recursos humanos de la región, del Estado, de organismos multilaterales y de la sociedad civil nacional e internacional.

Es un factor de confianza para toda inversión, sea de carácter nacional o internacional, pública o privada, la sostenibilidad de la inversión y la existencia de contrapartidas como garantía del buen destino de los recursos. La ZRC ofrece esta garantía, dado que las inversiones recibidas entran a hacer parte de un Plan de Desarrollo ya existente, en ejecución y con recursos asignados, lo que redunda en la sostenibilidad.

Garantiza la presencia del Estado en una zona de intenso conflicto armado

Una de las causas estructurales de conflictividad de las regiones rurales del país, es la nula o escasa presencia del Estado y sus servicios, lo cual ha generado entre la población rural empobrecida una legítima una percepción de abandono, desinterés y desprotección por parte del Estado, la que se traduce en incredulidad, desconfianza y rechazo a sus delegados máxime cuando la respuesta a años de abandono, es la presencia de las Fuerzas Militares que en demasiados casos se traduce en violaciones a derechos humanos.

La ZRC es la oportunidad para que las instituciones del Estado recuperen la legitimidad entre la población campesina, haciendo presencia en la región mediante su activa participación y compromiso con un Plan de Desarrollo que aporta a materializar la integralidad de los derechos humanos y con ello el cumplimiento de las obligaciones estatales antes señaladas. Recuérdese que es un requerimiento legal que en el impulso de las ZRC participen activamente las autoridades locales y que otras instancias del Estado tienen compromisos de priorización de inversión en los Planes de Desarrollo de las mismas. (art.4 Decreto 1777/96)

Es una oportunidad para la adecuada regulación del uso de los recursos naturales y su protección

En la actual coyuntura de realinderamiento de las Zonas de Reserva del Ley 2ª adelantada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el marco del cual algunos territorios quedarían por fuera de tales zonas y con ello expuestos a los riesgos de la explotación indiscriminada, la ZRC es una posibilidad para que tales territorios gocen de la protección que brinda una regulación adecuada de su uso.

De otra parte, es frecuente que las organizaciones campesinas ha hecho un uso autoregulado de los recursos naturales que comprende la veda de la caza por temporadas y calidad de la fauna, delimitación territorial de la explotación del recurso forestal, conservación del recurso hídrico, delimitación de los territorios de cultivo y habitación etc., el cual representa un valor agregado a los procesos de ordenamiento territorial y de protección de los recursos naturales de los que se puede aumentar su protección mediante las ZRC, pues justamente, ese es uno de los mandatos legales impuestos a esta figura.

Capacidad de gestión del campesinado organizado, un valor agregado para el proceso de ZRC

El campesinado organizado en asociaciones, cooperativas etc., tiene una experiencia de décadas en la generación de desarrollo comunitario a través de la consecución de apoyo de la cooperación internacional, en la regulación de la vida comunitaria y ocupación del territorio, la administración de proyectos sociales y productivos, capacidad de interlocución y coordinación con las autoridades locales, generación de alternativas de seguridad alimentaria.

3. La ZRC en la política de tierras del gobierno Santos

El gobierno de Santos que pese a haber sido parte muy activa y por tanto responsable de la “seguridad democrática” que hizo posible el despojo y la sistemática violación a derechos humanos, quiere presentarse como distante de dicha tragedia pretendiendo ahora reversar algo de dicho despojo.

No creemos que esta voluntad se explique por la intensión de restablecer los derechos a los empobrecidos despojados y desplazados, sino por la necesidad de resolver lo que enfáticamente se plantea como el principal problema de la tierra en Colombia: la titularidad, como señalábamos arriba, fue manifestado por Alejandro Reyes en su rol de asesor del gobierno.

Resolver este problema, es una condición para dar continuidad y consolidar el proceso de instauración del capitalismo neoliberal, que encuentra un gran problema en la irregularidad y bajos índices de titularidad que afectan el alto valor de la tierra como factor de producción.

Así, la política de tierras presentada por el Ministro de Agricultura al Congreso de la República, tiene 6 ejes de acción: mejorar el acceso a la tierra; modificar el uso actual de la tierra; formalización de la propiedad rural; programa de restitución de tierras; extinción de dominio de predios ilícitos; y la modernización predial.

Nos referiremos a los ejes Modificar el acceso a la tierra y formalización de la propiedad rural por su directa relación con las perspectivas de las zonas de reserva campesina.

En el eje Mejorar el acceso a la tierra, se contempla el fortalecimiento de los subsidios para la compra de tierras, agilización de los trámites del Incoder en las convocatorias de tierras y su fortalecimiento para prestar asistencia técnica enfatizada en la empresarización y comercialización; y por último plantea la reglamentación de las zonas de reserva campesina para frenar la frontera agrícola y la creación de zonas de desarrollo empresarial para impulsar la agroindustria con vinculación de pequeños y medianos productores.

En el eje de Formalización de la propiedad se indica como la prioridad territorial para la formalización de la propiedad son las zonas de baldíos ubicados en las llamadas zonas de consolidación que son zonas delimitadas por el anterior gobierno con base en la consideración de que se trata de territorios “perdidos” del control del Estado durante las últimas décadas de conflicto armado interno, por lo cual se constituyen en zonas de prioritario interés en dirección a se “recuperados” mediante la acción militar concentrada que se supone garantiza la recuperación militar, posterior a la cual, se pasa a la recuperación social a través de la presencia de la institucionalidad estatal por la vía de Acción Social.

Nos interesa en particular este eje de la política, puesto que desde el Ministerio de Agricultura y desde el Incoder se le ha dejado claro a las organizaciones campesinas interesadas en las zonas de reserva campesina, que la eventual creación de nuevas zonas esta sujeta a que sus territorios estén en las zonas de consolidación ya delimitadas por el gobierno: Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Arauca, Córdoba, Medio y Bajo Atrato, Caquetá, Guaviare, Meta, Tumaco, norte del Cauca y Putumayo.

En relación con el primer eje de nuestro interés, resulta relevante recordar la posición de la SAC cuando se creo la figura de zrc. Señalo entonces este gremio respecto de las ZRC, que deberían: estar inmersas dentro del programa de reforma agraria como un mecanismo de excepcional aplicación, direccionadas hacia la empresarización del sector para atender los requerimientos del mercado, y como consecuencia reducir los beneficiarios de la reforma agraria a quienes demostraran capacidad empresarial a pequeña y mediana escala, dejando para quienes no tienen dicha capacidad la condición de receptores de programas de capacitación que los incorporen como mano de obra al sector empresarial rural y urbano.

Dicho en otras palabras, el campesinado de las ZRC tendría como opciones: constituirse en medianos empresarios –individualmente o en forma asociada según su capacidad económica- y articularse en proyectos de agroindustria como la palma africana, el caucho etc., o, si su capacidad económica no le permite lo anterior, vender su mano de obra –barata- en los proyectos agroindustriales.

Por su parte las Zonas de Desarrollo Empresarial –ZDE- son también áreas geográficamente delimitadas en zonas de baldíos sobre las cuales una empresa especializada del sector agropecuario, presenta un proyecto productivo sobre el cual se celebra un contrato de explotación del baldío por tiempo definido, posterior al cual se adjudica definitivamente el predio, incluso en una extensión del doble de la inicialmente adjudicada. En esta figura, contrario a lo que ocurre con las ZRC, no existe ninguna limitación en la extensión del predio adjudicado, que lo puede ser a una sola persona –natural o jurídica-. Es evidente que a través de esta figura se abrirá una puerta mas a la concentración de la tierra.

La vocación de esta figura, como el mismo texto legal lo señala es “proteger y promover la inversión de capital privado”, es evidente que sus alcances son bien diferentes a las ZRC. No hace falta mucha malicia para imaginar que el interés de impulsar estas figura obedece al de facilitar a los empresarios nacionales y especialmente transnacionales, el acceso a la tierra a bajo costo, o mas bien a ningún costo, para el desarrollo de proyectos agroindustriales en dirección a alcanzar los 5 millones de hectáreas sembradas para agrocombustibles que tiene proyectada la burguesía colombiana al 2019. Pero no solo para agrocombustibles, se tiene conocimiento del fuerte interés de empresarios transnacionales de emprender proyectos agroforestales en la región de la amazonía, entre otros.

En relación con el eje de formalización de la propiedad y su relación con la implementación de zonas de reserva campesina en zonas de consolidación, debe llamarse la atención sobre el carácter militar que del control del territorio supone esta directriz del gobierno, que da continuidad al tratamiento de seguridad a los asuntos y problemas sociales.

4. Retos del campesinado organizado en torno a las ZRC

Este momento en que el gobierno nuevo esta resuelto a impulsar modificaciones a la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, para lo cual ha planteado su presunta decisión de entrar en concertación con el campesinado organizado, es momento de fortalecer la propuestas organizativas y de modelos de vida campesina que se han venido gestando en medio de la represión durante los últimos años.

Es hora especialmente de fortalecer la capacidad de análisis de la totalidad de las bases campesinas para que, mas allá de posibles dádivas como la titulación, el acceso al crédito o a capacitación entre otras, sepan distinguir y comprender la orientación y el enfoque de largo plazo que tiene la burguesía colombiana en la política de tierras y agraria en general. Es importante saber que la fuerza a la que se enfrenta el movimiento campesino que está interesado en impulsar la zona de reserva campesina, es muy grande y que buena parte de lo planteado en la política de tierras pude ser demagogia, así mismo que los intereses económicos a los que se enfrenta el enfoque hacia una reforma agraria integral que impulsamos, son mayúsculos y cuentan con muchos espacios ganados en la sociedad colombiana.

Una necesidad es la capacidad de coordinación y articulación con otros sectores sociales y entre organizaciones campesinas, suficiente para desarrollar eventuales diálogos con el gobierno de modo que la capacidad de presión sea la necesaria para el alcance de las apuestas.

Algunos temas de especial atención y estudio para organizaciones interesadas en el impulso de zonas de reserva campesina, deberán ser: la relación entre las figuras de ordenamiento territorial como parques naturales, zonas de reserva forestal, zonas de desarrollo empresarial y zonas de reserva campesina, de modo que no limiten el acceso a la tierra para el campesinado.

La delimitación de la extensión de la tierra a titular a cada familia campesina, pues es posible que se presenten conflictos al interior de las comunidades campesinas por la tendencia cultural a pretender tener mucha tierra pese a no tener la capacidad de hacerla productiva y conservar recursos. Ligado a esto esta la vigilancia sobre la pretensión de sectores de la burguesía de limitar la extensión de las UAF.

La delimitación de las áreas que potencialmente puedan solicitadas como zrc, analizando que obedezcan a dinámicas productivas, sociales, políticas y culturales similares que permitan el suficiente nivel de apropiación por parte del campesinado para que este en disposición de defenderla.

La activa participación de la mayoría de pobladores en la comprensión de los alcances de la figura y en el diseño del Plan de Desarrollo que se debe diseñar para la declaratoria de la zrc.

5. Conclusiones

La política de tierras en Colombia a favorecido la concentración de la propiedad de la tierra, para lo cual se ha valido de la reproducción de relaciones de poder que dejan por fuera a las masas campesinas y de la estructura jurídica que los grandes propietarios pueden determinar.

La zona de reserva campesina puede ser un instrumento de política pública de tierras, que aporte a la desconcentración de la propiedad de la tierra, a la protección del medio ambiente, la producción de alimentos, la descentralización del estado y del desarrollo. Con ello, puede ser un instrumento eficaz en la implementación de una Reforma Agraria real dado que integra y posibilita varios de los elementos que le son indispensables a una verdadera transformación de las relaciones tradicionales de poder, que debe implicar la Reforma Agraria.

El tratamiento que desde la política de tierras se da a la zona de reserva campesina está determinada por la movilización campesina, y la tensión al interior de las elites entre resistirse o dirigirla al control socio militar del territorio, al modelo de desarrollo agro exportador. El actual gobierno parece optar por lo segundo.

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