Los abogados representantes de las víctimas de interceptaciones y persecuciones ilegales que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-, le solicitaron al Juez Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Elkin Alfaro Arbeláez, se traslade a cárceles de jurisdicción ordinaria, a todos los procesados, ex funcionarios de esta agencia de inteligencia y de la UIAF que actualmente están recluidos en instalaciones militares o del DAS.

Entre los procesados que se encuentran en instalaciones del Ejército Nacional, se encuentran, José Miguel Narvaéz Martínez, Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos. En instalaciones del DAS se hallan detenidos, entre otros, Jacqueline Sandoval, Hugo Daney Ortiz, Gian Carclo Auque, Fabio Duarte, Germán Villalba Chávez, José Alexander Velásquez y Jorge Armando Rubiano.

La solicitud la realizan, por cuanto, los lugares de reclusión donde actualmente se encuentran algunos de los procesados, no constituyen una verdadera “cárcel” de conformidad con lo ordenado por el Código Penitenciario y Carcelario, y además porque los delitos por los cuales están siendo juzgados, no tienen relación con las funciones que legalmente debían ejercer como servidores públicos, sino que por el contrario, son conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos.

A juicio de los abogados, entre ellos, Reinaldo Villalba Vargas, Sandra Gamboa Rubiano, Luis Guillermo Pérez, representantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y Miltón Joel Bello Balcárcel de la Comisión Colombiana de Juristas, “Actualmente se ha evidenciado que los sitios de reclusión militar, y otro tipo de instalaciones como estas, no consultan las medidas de seguridad que deben predicarse de personas privadas de la libertad”.

Así lo demuestran las numerosas fugas de responsables de graves violaciones de los derechos humanos, entre otras, las evasiones del Teniente Edilberto Cortés, responsable de la Masacre de los Uvos, Cesar Maldonado Vidales, responsable de la tortura y homicidio de sindicalistas y del atentado criminal contra Wilsón Borja, Coronel Alfonso Plazas Acevedo, responsable del secuestro y homicidio del industrial Israelí Benjamín Koudari y otras personas.

Incluso – recuerdan – que se ha llegado al extremo de utilizar los detenidos para cometer crímenes, como en el caso de los suboficiales Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho, quienes saliendo de su lugar de reclusión con la anuencia de sus superiores, asesinaron en una de sus acciones, al Teniente José Simón Talero Suárez del Ejército Nacional. Ellos estaban respondiendo penalmente por el magnicidio del senador Manuel Cepeda.

Igualmente manifiestan que la permanencia de los referidos funcionarios en las mencionadas instalaciones, constituye un riesgo para las víctimas de sus acciones ilegales de inteligencia, a quienes a toda vista se les desconoce sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición.

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