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"Un punto esencial de diálogo es el tema de reparación de cultivos lícitos, proyectos productivos de sustitución de coca y afectaciones al medio ambiente": Campesinos desplazados de Tarazá, Valdivia e Ituango
 

Hoy cabe destacar varios puntos sobre las conversaciones y acercamientos con los gobiernos locales y departamental, que hemos realizado:

• La presencia de organismos del ministerio publico como la defensoría del pueblo.

• El favorable cambio de lenguaje de las autoridades departamentales y por reflejo de la prensa, en torno a esta situación de desplazamiento forzado, reconociéndolo como tal y respetando a sus voceros.

• Hemos, con base en la decisión autónoma de la comunidad desplazada forzada de Santa Rita Ituango, decidido permitir el retorno de estudiantes de bachillerato y profesores del corregimiento, a los cuales el Estado debe garantizarles los mínimos de dignidad, garantías y sostenibilidad, en sentido de inversión social en el tema educativo en el corregimiento de Santa Rita Ituango como autonomía escolar, respeto y dignificación a la profesión docente, kit escolares, restaurantes escolares, becas de estudio y capacitación agrícola en el SENA, solicitud de una sede de regionalización de la Universidad de Antioquia en Ituango.

• Hemos permitido el ingreso del ICBF, para la atención de menores de edad, el cuál habíamos obstaculizado, con base en las afirmaciones telefónicas del gobernador de Antioquia, que se le iban a quitar los niños a las familias que los tuvieran aquí. No entendiendo o pretendiendo no entender que los menores de edad, son las principales víctimas humanas potenciales de las fumigaciones aéreas con glifosato, en términos de enfermedades cutáneas, respiratorias y afectaciones a su crecimiento y desarrollo. Los niños aquí presentes son víctimas de estas fumigaciones y están con sus padres y madres.

• Un punto esencial hacia las mesas de acercamiento es el tema de reparación de cultivos lícitos, proyectos productivos de sustitución de ilícitos y afectaciones al medio ambiente. Se debe concertar una tabla de valores que determine a como se va a pagar hectárea afectada. Además se debe establecer una compensación ambiental por de Gobierno Nacional a los municipios de Tarazá, Valdivia e Ituango por las contaminaciones al medio ambiente por las fumigaciones con glifosato en un momento de calentamiento global y cambio climático.

• En el tema de inversión social y proyectos productivos es clave que se respete y fortalezca la autonomía organizativa y soberanía alimentaria, para tal efecto debe garantizarse la consulta, participación y definición de la comunidad representada por la ASOCBAC. En ese sentido es importante el tema de regalías actuales y futuras de la sub región con base en el megaproyecto HidroItuango, tanto de las zonas afectadas por el embalse como los sitios post presa. Reiteramos nuestras posiciones sobre educación y salud como sobre la titulación de predios y compra de tierras por parte del Incoder para hacerle entrega a los campesinos, igualmente lo que tiene que ver con el respaldo a la legalización de la actividad minera, respetando las licencias existentes, contribuyendo a la formalización de la minas artesanales y capacitación e inversión por parte del Estado en mitigación al impacto ambiental. Vías de comunicación y plantas de transformación de los productos agrícolas y centros de acopio.

• Resaltamos el pensar del Gobierno departamental, que hay la necesidad de que el Gobierno nacional asuma el debate de puntos como el de fumigaciones, proyectos productivos, entre otros. Por eso reiteramos que la negociación debe estar encabezada por el vice presidente de la república, el ministro de Agricultura, el director del de Estupefacientes, el gerente del Incoder.

• Agradecemos el pronunciamiento de la senadora Piedad Córdoba sobre la justeza de estas reivindicaciones y de su interés junto a Iván Cepeda y otros congresistas de ser facilitadores y garantes de los acuerdos.

• Nos preocupa la forma en cómo tropas de la brigada móvil 25 de la VII división del ejército, el día 22 de Febrero desplazaron forzadamente a 12 campesinos de la vereda Curumaná de Tarazá, quienes se habían quedado en sus casas, a los que soldados les dijeron que se fueran para el pueblo como la otra gente, porque iban a combatir. Reiteramos nuestro rechazo a las amenazas contra el campesino y comunidades autóctonas, sin importar el actor armado que las ejerza.