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Comunidades del río Curvarado dicen que no todo es color de rosa, luego de diálogo con el gobierno
En un comunicado de 10 puntos las comunidades de la cuenca del río Curvaradó emitido luego de la reunión sostenida el pasado 18 de marzo con varios representantes del gobierno, entre ellos los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras y el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dejan ver que no todo es color de rosa y que no fueron resueltos los puntos que más les preocupan.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Jueves 24 de marzo de 2011
 

Organización que promueve, defiende y apoya la exigencia y afirmación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, de género, civiles y políticos de personas y procesos organizativos rurales y urbanos frente al Estado y a actores privados. Personas y procesos organizativos que construyen paz hacia una democracia con justicia integralmente concebida.

El día 18 de marzo de 2011 sostuvimos una reunión en la Zona Humanitaria de Camelias con los ministros del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras y el Ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo, reiteraron su acatamiento a los contenidos del Auto de Mayo de 2010, que comprende el desarrollo del censo, la caracterización, la asamblea para elección de tierras, la elección de representante legal y el desarrollo de proyectos productivos que posibiliten la estabilización socioeconómica de las comunidades en condiciones de protección

Los ministros estuvieron acompañados, entre otros, del viceministro del Interior y de Justicia Aurelio Iragorri; del cuestionado superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, y del director del INCODER Juan Manuel Ospina; de la directora de minorías Étnicas y raizales del Ministerio del Interior y de Justicia Vanessa Palomeque, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, el director de Acción Social, Luis Mario Gaviria y el Comandante de la brigada 17, general Giraldo.

1. En particular el avance es la presentación de un cronograma para la restitución de las tierras en octubre de este año y no la restitución de 25 mil hectáreas de la propiedad colectiva, como lo mal informaron los medios de información.

2. Lo que se reiteró fue la anulación de títulos ilegales que notarias y oficinas de instrumentos de registros públicos registraron. Este logro se debió a la labor jurídica y administrativa que hemos delegado en la Comisión de Justicia y Paz, la presión que ha acompañado su labor en derecho. Lo que ha ratificado el nuevo Superintendente, que es cuestionado por ser beneficiario del paramilitarismo, según lo declaro en Estados Unidos el extraditado, Juan Carlos Sierra, no es nuevo, es lo que ya se produjo en 2008.

3. A nuestra Zona Humanitaria ingresaron, en medio de la visita sin nuestra autorización, los empresarios de Holger Meneses, jefe de mercadeo de plátano para Estados Unidos de Banacol y Carlos William de Unibán. Las dos empresas han sido nombradas en las versiones libres por paramilitares como colaboradoras suyas. Particularmente, el director de Uniban de Urabá tiene un vivero de palma aceitera en nuestro territorio colectivo de Curvaradó y la empresa Banacol ofreció semillas de plátano para los invasores de nuestras tierras. De acuerdo con la información recibida, ellos ingresaron a nuestro espacio con la intermediación del cuestionado director de Acción Social, Luis Mario Gaviria.

Valoramos que de parte del Viceministro del Interior se haya respetado y respaldado nuestra solicitud de que se retiraran del lugar humanitario estos empresarios, como oportunamente ocurrió.

4. El general Giraldo de la brigada 17 cuestionó los escritos y manifestaciones sobre las relaciones existentes entre los efectivos regulares bajo su mando y los paramilitares. El mando militar expresó, que “eso era antes”, desconociendo que en medio del conflicto armado que aún se vive en nuestros territorios, ellos siguen operando en su lucha contra las FARC EP, en conjunto con paramilitares, pero en realidad los que somos perjudicados somos nosotras y nosotros.

5. En la región sigue muy fuerte la agresión de hombres contratados por los empresarios ocupantes de mala fe para destruir nuestros cultivos, sacar nuestro ganado. En Caño Manso sigue actuado el reconocido miembro de los paramilitares Pedro Tordecillas rompiendo alambres, sacando ganado nuestro y metiendo el de los empresarios para destruir nuestras cosechas. En Caracolí los mismos empresarios de la ganadería extensiva reconocen que tienen hombres armados para no dejarse quitar las tierras. En Camelias sigue la invasión sin que se haga efectiva la orden de desalojo, ahora nos dicen que la Inspectora Municipal de Carmen del Darién renunció. En Llano Rico y Caño Claro los empresarios siguen provocando desplazamientos y daños a nuestras cosechas.

Todas estas actuaciones de los empresarios ocupantes de mala fe han ocurrido en presencia de miembros de la brigada 17 del ejército, nada efectivo se adelanta para evitarlo, lo que es un desconocimiento del auto de la Corte Constitucional que prohíbe que se adelante cualquier actividad comercial en los territorios hasta que se resuelva la restitución de nuestras tierras.

6. Reiteramos que la presión paramilitar ha combinado la invasión, y ocupación de mala fe de los predios colectivos, y adicionalmente a las amenazas han atentado contra nuestra soberanía alimentaria quemando 3 hectáreas de maíz, además de las permanentes amenazas y judicilizaciones.

7. A pesar de las acciones policiales que ordenan el desalojo, la policía Nacional, en cabeza del general Naranjo, que conoce de la situación, se han negado a actuar con eficacia. Han pasado más de dos meses de la decisión de la inspección policial y la policía no acata el fallo.

8. Algunos medios de información, entre ellos, La Sillavacía.com y Caracolradio.com han hablado que uno de los problemas es una división de la comunidad negra en la que una de las partes, la que quiere palma, quemó las cosechas de la otra. Desconocen que detrás de la quema, se encuentra la mano de los empresarios de la palma aceitera, la ganadería extensiva, el plátano y los paramilitares que operan con apoyo de la brigada 17 para dificultar la restitución de tierras a los verdaderos propietarios.

9. Aunque planteamos claramente esta situación al gobierno, no tuvimos ni una sola respuesta frente a estas agresiones que son de todos los días y que requieren que la buena voluntad se convierta en hechos reales. ¿Cómo entonces puede darse la restitución si los ocupantes de mala fe permanecen en el territorio? ¿Cómo puede garantizarse la protección de los miembros de las comunidades si todas las agresiones de los ocupantes de mala fe se da en presencia del mismo ejercito?

10. La necesidad de garantías ciertas para la restitución debe concretarse con el desalojo legal de los ocupantes de mala fe, el respeto irrestricto y la protección de los derechos fundamentales por la Fuerza Pública, el desmonte paramilitar y el respaldo a las iniciativas comunitarias de ecoproducción y apoyo a las iniciativas de protección ambiental, salud y educación propias.

Atentamente,

Familias de los concejos menores asociadas en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de la cuenca del río Jiguamiandó y el río Curvaradó.

Zona Humanitaria de Camelias, cuenca del río Curvaradó, municipio de Carmen del Darién-Chocó