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CIDH mantiene a Colombia en "lista negra" por violación de derechos humanos. Capítulo IV del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH
Informe anual 2010 de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia
La Comisión observa con preocupación la situación encontrada en el Cementerio Municipal de La Macarena , departamento del Meta, donde, según la OACNUDH, 446 personas reportadas por la Fuerza Pública como muertas en combate entre marzo de 2002 y junio de 2010 habrían sido inhumadas como no identificadas
 

9. Como en años anteriores la situación registrada en la República de Colombia durante el año 2010 se enmarca en los criterios establecidos en la introducción del Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”, “Comisión”). En el caso de Colombia, dichos criterios resultan relevantes en particular en lo que respecta a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, la Comisión ha adoptado las siguientes consideraciones sobre el particular, conforme al procedimiento establecido en el artículo 59(1)(h) de su Reglamento , a fin de que sean incluidas en su Informe Anual. La versión preliminar del presente informe fue remitida a la República de Colombia el 25 de enero de 2011, para sus observaciones. El 25 de febrero de 2011 el Estado presentó sus observaciones las cuales han sido incorporadas en lo pertinente al presente informe .

10. La CIDH es particularmente consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil. También es consciente del efecto que el negocio del narcotráfico ha tenido en el empleo de la violencia y de los esfuerzos del Estado destinados a combatir ese fenómeno. La Comisión observa que a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “AUC”), grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos y que tras cinco años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz únicamente se han proferido dos condenas que aún no se encuentran en firme. Asimismo, el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y es necesario que las investigaciones se adelanten con celeridad y de que se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos.

11. La Comisión destaca que a pesar de los desafíos el Estado colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos. Entre éstos esfuerzos se destaca que el 22 de noviembre de 2010 el Vicepresidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y representantes de la comunidad internacional y de la sociedad civil firmaron la Declaración Conjunta Hacia una Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual convoca a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos, a realizarse en diciembre de 2011, y que tendrá por objeto elaborar una agenda común para un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional en torno a una política permanente de promoción y respeto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario .

12. La Comisión observa, sin embargo, que junto a las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos –como la arriba citada— pervive la violencia y continúa golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil. Existen además nuevos desafíos para administrar justicia y asegurar la reparación integral del daño causado a las víctimas del conflicto.

13. Consecuentemente, con base en información recibida del Estado y de la sociedad civil, la CIDH ha elaborado una serie de consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2010. Particularmente, se abordan los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto incluyendo la participación de los líderes paramilitares postulados a la Ley de Justicia Paz, que se encuentran en Colombia y de los que han sido extraditados a los Estados Unidos, en los procesos tramitados bajo dicha Ley, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y las actividades de inteligencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y operadores de justicia.

I. LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

14. La CIDH continúa recibiendo denuncias sobre la comisión de crímenes por parte de agentes del Estado y grupos armados al margen de la ley . Además de los grupos armados emergentes, a los que se hará referencia en la sección siguiente, las FARC y el ELN continúan perpetrando actos de violencia con el fin de atemorizar y castigar a civiles y comunidades y emplean minas antipersonales en violación a las normas del derecho internacional humanitario. Estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil alimentan la continuidad del fenómeno del desplazamiento interno.

15. La CIDH nota que el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados ilegales, como las FARC y el ELN, aún constituyen una práctica . Asimismo, la Comisión manifiesta su especial preocupación por la utilización de niños para fines de inteligencia por miembros de la Fuerza Pública . En sus observaciones, el Estado señaló que “no es política de las Fuerzas Armadas utilizar niños para fines de inteligencia” e informó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ejército Nacional suscribieron un Convenio Interadministrativo de Colaboración 059 de 2009 que tiene como objetivo general capacitar al personal de la Fuerza Pública en la protección y asistencia que se les debe dar a los niños y niñas . Asimismo, la Comisión toma nota del documento CONPES sobre la “Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados” de 19 de julio de 2010, entre otras iniciativas adoptadas por el Estado sin embargo, observa que la prohibición legal de utilización de niños por parte de las Fuerzas Armadas no está acompañada de una política destinada a evitar esta práctica. Al respecto, la Comisión dará seguimiento a la adopción de políticas en este ámbito y su efectiva implementación.

A. Ejecuciones extrajudiciales

16. En cuanto a las cifras disponibles sobre muertes en el marco del conflicto, el “Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” de la Vicepresidencia de la República –conforme a su metodología — señala que entre enero y octubre de 2010 se habrían producido 12.811 homicidios . Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 32 masacres con 153 víctimas . Por su parte el CINEP –siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras— indica que entre enero y junio de 2010 se habrían producido 192 ejecuciones extrajudiciales ; 19 homicidios intencionales de personas protegidas y 11 desapariciones forzadas . Indica que a junio de 2010 se han registrado seis episodios de “falsos positivos” que se proyectan en 11 víctimas de ejecución extrajudicial y 21 episodios de años anteriores con 29 víctimas que no habían sido registradas anteriormente . La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil , como es su práctica consistente.

17. El Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias, el Profesor Philip Alston definió los falsos positivos como “ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes ocurridas en combate” . En ese sentido, la Comisión entiende que los casos de falsos positivos constituyen casos de ejecuciones extrajudiciales.

18. Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006, 2007 2008 y 2009 . El esclarecimiento de estas denuncias y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional. El Estado informó que dio inicio a la primera fase del Acuerdo para llevar a cabo un Seguimiento a la Implementación de las 15 medidas en materia de derechos humanos suscrito con la OACNUDH en diciembre de 2009 .

19. Según ya reportara la CIDH en 2008, el alto número de ejecuciones extrajudiciales denunciadas, llevó a la identificación de patrones entre los que se destacan los siguientes: las ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate; en un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; el levantamiento del cadáver es realizado por los mismos miembros de la Fuerza Pública que previamente las han dado “de baja en combate”; no se preservan la escena del crimen ni las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas; los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios por la presentación de “positivos”; la competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y defensoras y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo .

20. Durante el año 2009 el Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias, el Profesor Philip Alston, condujo una visita a Colombia en la que reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno, al tiempo que expresó preocupación por la brecha existente entre las políticas y su aplicación . La Comisión nota que tras la expedición, en diciembre de 2009, del Manual de Derecho Operacional y la Directiva 017 sobre Reglas de Enfrentamiento que contienen reglas de derechos humanos y derecho internacional humanitario aplicables al planeamiento y desarrollo de las operaciones militares se han seguido recibiendo denuncias de comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública. En sus observaciones el Estado señaló que durante el año 2010 se recibieron noticias sobre cinco casos atribuibles a agentes del Estado .

21. La Comisión observa con preocupación la situación encontrada en el Cementerio Municipal de La Macarena , departamento del Meta, donde, según la OACNUDH, 446 personas reportadas por la Fuerza Pública como muertas en combate entre marzo de 2002 y junio de 2010 habrían sido inhumadas como no identificadas . En su informe sobre los hechos la OACNUDH reportó que el traslado de cadáveres para ser enterrados en el cementerio de La Macarena u otros cementerios de municipios cercanos obedecía, entre otros motivos, a la presencia o no de autoridades que pudieran realizar el trámite legal de inspección de cadáveres, así como a circunstancias logísticas o climatológicas que condicionaban los vuelos de los helicópteros que trasladaban los cuerpos .

22. Asimismo, informó que según información del Ministerio de Defensa entre 2004 y 2010 la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que opera en La Macarena, reportó 1.417 personas muertas en combate de las cuales, al parecer 613 están enterradas en La Macarena (según el número de necropsias registradas en el Centro de Atención Médica de La Macarena ) y quedaría pendiente determinar dónde fueron inhumadas las restantes 804 . La Comisión observa que a partir de las denuncias recibidas, la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación creó un grupo especial para atender el caso, el cual realizó una diligencia de prospección en el cementerio de La Macarena con el objetivo de ubicar las fosas comunes y a la fecha ha iniciado el proceso de verificación para establecer la identidad de las personas enterradas como no identificadas y ha realizado jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas . Según la OACNUDH el caso de La Macarena demuestra las inconsistencias en los registros o la ausencia de los mismos y los insuficientes controles sobre la actuación de la Fuerza Pública . Al respecto, el Estado en sus observaciones indicó que el Ministerio de Defensa Nacional se encuentra preparando una Directiva para impartir instrucciones tenientes a unificar y preservar los documentos de los archivos operacionales a fin de contar con una memoria histórica operacional y facilitar en, el menor tiempo posible, la información que requieran las autoridades judiciales, disciplinarias y de control y señaló que existe un compromiso institucional para que el esclarecimiento de los hechos sea llevado a cabo por órganos civiles, independientes e idóneos de investigación, juzgamiento y sanción correspondientes .

23. El Estado señaló que la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz ha realizado varias diligencias en el cementerio de La Macarena donde ha exhumado un número considerable de cuerpos para realizar las pruebas pertinentes y lograr su identificación. Asimismo, el Estado informó que dicha Unidad de Fiscalías viene realizando, desde hace aproximadamente tres años, labores en diferentes cementerios del país para establecer las cifras de N.N. en cada uno de ellos y, seguidamente, realizar la estrategia para lograr su identificación y entrega a sus familiares. Indicó que de los 464 cadáveres N.N. inhumados en el Cementerio de La Macarena desde el 2002, de los cuales se han identificado 101, se han exhumado 22 restos. Indicó que uno de los fines de la investigación que realiza dicha Unidas de Fiscalías es establecer mediante una metodología definida, entre otros, los antecedentes que precedieron a cada una de las inhumaciones, las autoridades o personas ordenaron las inhumaciones y las llevaron a cabo, la existencia de protocolos de necropsia, actas de levantamiento e inspección de cadáver, necrodactilias, fotografías, y las investigaciones penales relacionadas con los cuerpos N.N. inhumados, así como la fecha del hecho, las circunstancias que rodearon la muerte y los responsables .

24. La Comisión destaca que el 20 de agosto de 2010 el Congreso promulgó la Ley 1408 de 2010, la cual tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. Asimismo, la Comisión observa con satisfacción la aprobación unánime en el Congreso de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual constituye un paso más hacia la ratificación de dicho Tratado. Cabe señalar que a noviembre de 2010 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reporta 14.118 desapariciones forzadas .

25. En cuanto al esclarecimiento de las denuncias judiciales, el Estado informó que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación tiene 1.244 casos activos de homicidios atribuibles presuntamente a agentes del Estado que vinculan a 3.676 miembros de la Fuerza Pública. 708 personas están en etapa de juicio y 361 de ellos están en la realización material del juicio o esperando sentencia. 281 personas se han beneficiado con 94 decisiones de abstención de dictar medida de aseguramiento y se han dictado 41 decisiones de preclusión de investigación que han beneficiado a 194 . Por su parte la Procuraduría General de la Nación se encuentra adelantando investigaciones disciplinarias.

26. Sobre los sucesos de Soacha, departamento de Cundinamarca en el año 2008 el Estado informó que se adelantan cinco investigaciones en las que se encuentran sindicados 54 miembros de la Fuerza Pública. En enero de 2010 se celebraron audiencias de libertad en los cinco casos y los Jueces de Control de Garantías concedieron la libertad a 32 sindicados con base al Artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal el cual consagra el vencimiento de términos en el caso de que 90 días después de presentado el escrito de acusación no se haya iniciado la etapa de juzgamiento . La Comisión nota que el Fiscal General Encargado, Guillermo Mendoza Diago, expresó su preocupación por los decretos de libertad y señaló que “esos decretos de libertades por vencimiento de términos, cuando han estado pendientes unas actuaciones promovidas por la defensa y que luego no cuenten como justa causa, si es lo que nos preocupa, porque sentimos que los jueces no están atendiendo lo que dice el parágrafo del artículo 317 de la Ley 906, donde claramente se deja sentando que no procede la libertad cuando el término transcurre por maniobras dilatorias o cuando hay una causa justa o razonable que impide iniciar el juicio oral” . El Estado informó que “tan solo un miembro de la Fuerza Pública se encuentra privado de libertad”, los demás están en libertad por orden de los Jueces 2º y 4º de Control de Garantías de Soacha con fundamento en el artículo 317 de la Ley 906 . Al respecto, la Comisión observa la ocurrencia de prácticas dilatorias por parte de los abogados defensores en estos procesos por lo que llama la atención de las autoridades a fin de que dichas prácticas sean sancionadas. Por su parte la Procuraduría General de la Nación se encuentra adelantando 20 investigaciones disciplinarias por los sucesos de Soacha .

27. La Comisión observa que el número de condenas por la comisión de ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso. A la fecha se encuentran activos 1.244 casos de ejecuciones extrajudiciales ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y se habrían dictado 40 sentencias condenatorias contra 194 personas, doce de las cuales fueron por aceptación de cargos a través de la figura de sentencia anticipada. Asimismo, se han proferido 10 sentencias absolutorias que han beneficiado a 33 personas . La CIDH considera necesario reiterar la importancia de adelantar las investigaciones con celeridad y de que se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos.

28. Corresponde señalar que a marzo de 2010, 299 casos han sido remitidos voluntariamente por la Justicia Penal Militar a la justicia ordinaria, sin embargo existen más de 200 conflictos de competencia sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales . La Comisión ha recibido información relativa a que la jurisdicción penal militar aún tiene bajo su conocimiento casos de violaciones de derechos humanos y que en estos casos el Consejo Superior de la Judicatura continúa resolviendo colisiones de competencia a favor de la jurisdicción penal militar . Asimismo, ha recibido información sobre casos de ejecuciones extrajudiciales en los que las primeras diligencias son asumidas por la jurisdicción penal militar o en los que se produce afectación de pruebas por su intervención . Por su parte, el Informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha notado con preocupación que la justicia militar siga asumiendo competencia sobre casos de ejecuciones extrajudiciales donde los presuntos autores son de la Fuerza Pública . Al respecto, el Estado informó que la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar puso en marcha un Plan de Acción con el fin de que las autoridades de dicha jurisdicción revisaran la competencia en cada uno de los casos quo se adelantan y que tienen queja por presunto homicidio en persona protegida .

29. La Comisión observa con satisfacción el hecho de que en diciembre de 2010 el Consejo de Estado haya decidido levantar la suspensión provisional que pesaba desde 2009 sobre un convenio entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa (Acto Administrativo del 14 de junio del 2006) mediante el cual se acordó que las investigaciones contra los miembros de la Fuerza Pública que hayan participado en operaciones militares donde se registren muertes en combate, antes de que las conozca la Justicia Penal Militar debían ser asumidas por la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía . La suspensión provisional se había decretado mientras se surte una demanda de nulidad por la presunta inconstitucionalidad del Acto Administrativo . La Comisión reitera que la omisión de la justicia penal militar, en algunas zonas del país, de remitir las investigaciones a la justicia penal ordinaria, constituye un obstáculo al esclarecimiento de estos crímenes .

30. El Estado ha informado que entre 2008 y 2010 se han remitido a la justicia ordinaria 912 investigaciones por homicidios de las cuales 231 fueron enviadas en el año 2010 , sin embargo no se establece cuantas investigaciones aún permanecen bajo esa jurisdicción. La Comisión ha recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria .

31. La Comisión nota que los jueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos, así como la extensión del fuero penal militar al régimen de privación de libertad de miembros de la Fuerza Pública sindicados, acusados y condenados por violaciones a derechos humanos . Al respecto la Corte Interamericana, entre otros casos, en el Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia estableció la falta de idoneidad de la jurisdicción penal militar se extiende a todas las etapas del proceso, inclusive en la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria. Asimismo, en los casos Cabrera y Montiel Flores Vs. México y Rosendo Cantú Vs. México la Corte reiteró su jurisprudencia constante respecto a que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.

32. El 17 de agosto de 2010 se aprobó la Ley 1407 de 2010, el nuevo Código Penal Militar, el cual establece el sistema acusatorio en el proceso ante la justicia penal militar y crea nuevas figuras como el Fiscal General Penal Militar, los jueces de control de garantías y el Cuerpo Técnico de Investigaciones Militares. Al respecto, la Comisión manifiesta su preocupación sobre ciertas disposiciones del nuevo Código como el capítulo sobre delitos contra la población civil, la limitación de la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública en los casos en que se encuentran en posición de garante, la diferencia de penas impuestas entre la justicia ordinaria y las establecidas por la justicia penal militar, entre otras que podrían afectar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a contar con un tribunal independiente e imparcial . Al respecto, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han pronunciado reiteradamente sobre la falta de idoneidad de los tribunales penales militares como foros para investigar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de derechos humanos .

33. Frente a la información sobre la consolidación de otros fenómenos de violencia la CIDH reitera que la protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas necesarias para juzgar y castigar la privación arbitraria de la vida, la integridad personal y la libertad. Especialmente, exige prevenir que se vulneren estos derechos por parte de la Fuerza Pública del propio Estado .

B. Desplazamiento interno

34. El fenómeno del desplazamiento interno continúa afectando a la población civil en Colombia. El Registro Único de Población Desplazada registra una cifra total de 3.486.305 de desplazados internos hasta el 31 de julio de 2010. Por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) habla de un total de 4.915.579 desplazados internos hasta finales de 2009 .

35. La Comisión ha observado que los desplazamientos afectan mayormente a personas y comunidades ubicadas en zonas donde se produce el mayor número de confrontaciones armadas y que el despojo de tierras por los actores armados ilegales determina en su mayoría los desplazamientos. La Comisión observa que, en su mayoría, las tierras despojadas siguen en poder de los poseedores ilegítimos, que en algunos casos son empresas que ejecutan mega proyectos de inversión, y sus testaferros. Al respecto, la OACNUDH ha manifestado preocupación por las numerosas amenazas y asesinatos contra personas que lideran o participan en procesos de restitución de tierras y ha solicitado al Estado “la adopción de un programa de protección integral que complemente las medidas necesarias de seguridad pública, incluyendo análisis de riesgo a nivel local y apoyo político, técnico y financiero a personas y organizaciones comunitarias y de víctimas que reclaman la restitución de sus tierras” . El Estado ha informado en sus observaciones que se encuentra trabajando, con apoyo intemacional, en Ia protección a líderes de restitución de tierras para lo cual ha llevado a cabo varias reuniones entre autoridades y las personas afectadas. Concretamente indicó que el 23 de enero de 2011 en Apartadó, el Comandante de Policía de Urabá, el Coronel Jaime Ávila Ramírez y la Presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, Carmen Palencia, acordaron diseñar un plan para proteger la vida de los campesinos . No obstante, la Comisión mantiene especial preocupación respecto a la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados así como a la sostenibilidad de sus procesos de retorno.

36. La MAPP/OEA ha reportado que el norte del Valle, la costa del departamento de Córdoba y el Golfo de Morrosquillo son tres regiones que han sufrido un detrimento notable por índices muy altos de criminalidad por actores armados por lo cual, las comunidades de estas zonas se mantienen en riesgo de desplazamiento y/o confinamiento .

37. En 2010 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de comunidades de personas e individuos en situación de desplazamiento, a saber 29 familias desplazadas del municipio de Argelia, departamento del Cauca quienes se habrían desplazado hacia Popayán tras haber sido víctimas de presuntas amenazas, actos de violencia, seguimientos y desapariciones; 179 Familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, quienes habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia en el contexto de riesgo a causa del conflicto armado; y Álvaro Javier Martínez Torres y su familia quien se habría encontrado en una situación de inminente riesgo presuntamente debido a sus actividades de defensa de los derechos de su familia y de otras personas desplazadas en la finca "La Alemania", predio San Onofre, departamento de Sucre, así como también, por sus acciones dirigidas a esclarecer los hechos que resultaron en la muerte de Rogelio Martínez, supuestamente asesinado el 18 de mayo de 2010 por grupos armados al margen de la ley .

38. La Corte Constitucional de Colombia examina en forma periódica la situación de la población desplazada en el marco del conflicto armado. Mediante sentencia T-025 de 2004 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por efecto del desplazamiento forzado y ordenó que las políticas públicas protejan efectivamente los derechos de las personas desplazadas y superen el estado de cosas inconstitucional. Estas directrices han sido progresivamente precisadas por la Corte Constitucional en sucesivos autos de seguimiento .

39. Corresponde destacar que en el Auto 008 la Corte Constitucional señaló que “a pesar del esfuerzo presupuestal realizado por el gobierno, así como el avance en varios de los componentes de atención a la población desplazada, existe acuerdo, tanto entre el gobierno nacional como por parte de los órganos de control, los organismos internacionales y la Comisión de Seguimiento, en que aún no están dadas las condiciones para declarar superado el estado de cosas inconstitucional”. Señaló que aun cuando “según el gobierno los recursos presupuestados son suficientes para proteger el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, el nivel de cobertura de casi todos los componentes continúa estando lejos de alcanzar un nivel aceptable” .

40. El 1º de julio de 2010 el Gobierno presentó a la Corte Constitucional un informe sobre la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004 en el que solicitó a la Corte que declare dicho estado como superado . Concretamente, el Estado señaló que entre las medidas implementadas y que darían por superado el estado de cosas inconstitucional se encuentran el mejoramiento de la coordinación interinstitucional a través de la conformación del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada; el fortalecimiento del Ministerio del Interior y de Justicia a través de técnicos especializados en el tema y la territorialización de la información que permite una mejor coordinación nación-territorio y sensibilización de las autoridades locales; madurez de los sistemas de seguimiento e información que permiten monitorear el desempeño de la política, instituciones, entes territoriales, registro administrativo de la prestación de servicios y goce efectivo de los derechos; y la participación eficaz de las organizaciones .

41. Asimismo, el Estado destacó el aumento contundente del presupuesto y reorganización de la política pública a fin de costear el esfuerzo presupuestal. Señaló que tres cuartas partes del presupuesto ya hacen parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo (es decir que están financiados) y que para la otra cuarta parte entrará a buscar la financiación. El Estado concluyó que dado que se han superado las barreras que generaban un bloque estatal para enfrentar el problema y que se está avanzando notablemente en la plena realización del goce efectivo de derechos de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado por la violencia y que es posible continuar con la vigilancia y control de las medidas necesarias para consolidar dichos avances sin necesidad de recurrir a la figura del estado de cosas inconstitucional .

42. Por su parte, en sus comentarios al Informe del Gobierno, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado señaló que en la Sentencia T-025 la Corte se refiere reiteradamente a los problemas presupuestales y de capacidad institucional que están en la base de la masiva violación de derechos de la población desplazada y concluyó que

el Informe de Gobierno permite concluir que aún subsiste una acentuada insuficiencia de recursos financiaros para atender las necesidades de la [población en situación de desplazamiento forzado], que el nivel de los indicadores de goce efectivo para la mayoría de los derechos de este segmento poblacional, si bien en algunos casos registra unas leves mejoras, impide afirmar que se ha logrado el goce efectivo de los mismos tal como lo demanda la sentencia T-025, y que se carece aún de las políticas requeridas para garantizar la superación del desplazamiento forzado en Colombia .

43. Adicionalmente, la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 sobre protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional de la sentencia T-025 de 2004 verificó, en su Tercer Informe, que las entidades encargadas no han cumplido las obligaciones derivadas de dicho Auto y las constataciones hechas por la Corte Constitucional se mantienen. Concretamente, la Mesa señaló que (i) la Fiscalía General de la Nación no ha diseñado e implementado una política pública que permita reconocer, enfrentar y superar las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni se han registrado avances significativos ni consistentes en los procesos que se adelantan por la comisión de dichos crímenes; (ii) el Estado no ha implementado una política efectiva en materia de prevención y protección que permita disminuir el riesgo al que están expuestas las mujeres; (iii) los programas de protección no han sido eficaces, persisten los obstáculos para su acceso y deficiencias en la implementación de las medidas de protección y el trámite para la vinculación de las mujeres a los programas ha sido discriminatorio y revictimizante; y (iv) la Fiscalía General de la Nación no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual en hechos asociados al conflicto armado cuenten con atención integral en salud física y mental, que les permita acceder a la justicia .

44. El Estado en sus observaciones indicó que la implementación de los programas derivados de las órdenes emitidas por la Corte en el Auto 092 es progresiva y su cobertura poblacional y geográfica es limitada. Indicó que el proceso de vinculación de las mujeres a los programas dio inicio con un grupo de 600 mujeres titulares de órdenes directas del Auto 092, aunque existen mujeres que no han podido ser vinculadas ni atendidas por motivos presupuestales. En cuanto a la violencia sexual, el Estado indicó se han implementado estrategias y emitido lineamientos dirigidos a los Fiscales y demás funcionarios para que las víctimas de violencia de género obtengan un tratamiento diferencial. Señaló que dichas estrategias están encaminadas a investigar la magnitud del daño causado por los grupos armados al margen de la ley contra la mujer que además constituye un objetivo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz desde el comienzo de su gestión. Concretamente, indicó que a 31 de enero de 2011 la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz cuenta con un registro de 661 víctimas de violencia sexual, las cuales fueron atendidas de manera especial y con personal experto en el tema .

45. En julio de 2010 la Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional sobre Desplazamiento y Discapacidad emitió un informe sobre el cumplimiento de algunas de las órdenes emitidas por la Corte en dicho Auto y señaló que el panorama es poco alentador . La Mesa señaló, entre otros, que el Ministerio de Protección Social como rector de la Política Pública de Discapacidad y organismo involucrado en las órdenes del Auto 006 de 2009 y Acción Social como rector de la Política Pública de Desplazamiento no han logrado concertar verdaderos mecanismos eficientes de coordinación y acción y que dicha desarticulación interinstitucional causa retrasos e imposibilita el avance en el cumplimiento del Auto 006 de 2009 . El Estado informó que en el segundo semestre de 2010 la Mesa Interinstitucional del Gobierno Nacional para la respuesta al Auto 006 de 2009 estableció tres momentos para dar cuenta de las órdenes del Auto, lo cual ha facilitado el ajusto de la Estrategia Interinstitucional, su plan de acción y complementariedad con la Política Pública de Atención Integral Básica para la población víctima de desplazamiento forzado .

46. Finalmente, la Comisión observa que la inclusión de los adultos mayores constituye un reto pendiente en cuanto al enfoque diferencial utilizado a fin de evaluar la superación del estado de cosas inconstitucional . La Comisión continuará dando seguimiento a las medidas que se adopten a fin de atender la situación de la población desplazada y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en los plazos por ella estipulados.

II. EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE GRUPOS ARMADOS Y EL ESCLARECIMIENTO JUDICIAL Y REPARACIÓN DE CRÍMENES PERPETRADOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO

47. Tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “las AUC”), se produjo la desmovilización colectiva de más de treinta y un mil personas que se identificaron como miembros de las AUC, con la verificación internacional de la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia de la OEA (en adelante “MAPP/OEA”). El Gobierno ha mantenido también diálogos con grupos armados de la guerrilla, algunos de los cuales se han plegado al proceso de desmovilización colectiva . El marco legal del proceso, establecido entre otras normas por Ley 975 de 2005 o de “Justicia y Paz” , establece una serie de beneficios procesales y de morigeración de penas para aquéllos que –habiendo participado en la comisión de crímenes— se plieguen al proceso de desmovilización.

48. La compatibilidad de la Ley 975 con la Constitución colombiana fue cuestionada ante la Corte Constitucional. En respuesta, la Corte Constitucional declaró a la Ley 975 constitucional en forma global y a la vez señaló condiciones a fin de que varias de sus disposiciones pudieran ser consideradas compatibles con el bloque de constitucionalidad. Entre los parámetros de interpretación establecidos por la Corte Constitucional se destacan aquéllos destinados a proteger la participación de las víctimas en el proceso, y su acceso a una reparación integral. La sentencia también clarifica la obligación de imponer en forma efectiva la pena reducida de prisión allí prevista e introduce consecuencias legales, tales como la pérdida de beneficios, en caso de que los desmovilizados que buscan beneficiarse de la aplicación de la Ley oculten información a las autoridades judiciales. Asimismo, la sentencia aclara la calificación del paramilitarismo como un delito común. En suma, los desmovilizados implicados en la comisión de crímenes relacionados con el conflicto armado que quieran obtener los beneficios establecidos por la Ley 975 tendrán que colaborar con la justicia a fin de que se logre el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición .

49. Desde el año 2004, la CIDH ha dado seguimiento al proceso de desmonte de las estructuras armadas ilegales y principalmente a la aplicación del marco legal destinado a establecer la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto, como parte primordial de su rol de asesoría a los Estados miembros de la OEA, la Secretaría General de la Organización y la MAPP/OEA . A continuación la CIDH da cuenta de los desafíos pendientes en materia de desmonte de estructuras armadas, administración de justicia, y reparación del daño causado a las víctimas del conflicto. Entre otros, la Comisión observa que continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones en contra de la población por parte de las denominadas “estructuras emergentes o bandas criminales”, las cuales operan de modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares; la ausencia de condenas definitivas en el marco de los procesos adelantados bajo la Ley de Justicia y Paz; y el impacto de las extradiciones de los líderes paramilitares desmovilizados en dichos procesos y en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

A. Reintegración de desmovilizados y desmonte de estructuras armadas

50. La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (en adelante “la ACR”) ha indicado que el programa de reintegración de desmovilizados atendió, entre enero y junio de 2010, a 31.699 participantes: 27.405 mujeres y 4.294 hombres .

51. Entre los esfuerzos orientados a la reintegración de los desmovilizados de grupos armados la MAPP/OEA ha destacado el compromiso de algunas empresas del sector privado con el proceso de reintegración y el lanzamiento del Fondo de Educación para la Paz (EDUPAZ) en octubre de 2009, el cual, con el apoyo de la ACR, United States Agency for International Development (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el sector privado, impulsa el acceso a la educación superior de personas en proceso de reintegración, víctimas de la violencia, población vulnerable, comunidades receptoras y comunidades tabacaleras en nueve departamentos. Asimismo, la MAPP/OEA destaca la implementación del nuevo modelo de atención psicosocial y la presencia territorial de la ACR y su personal en diferentes regiones del país, lo cual señala ha fortalecido la atención a los participantes. Sin embargo, la MAPP/OEA ha verificado que en la región de la Mojana en el departamento de Sucre, los Montes de María en los departamentos de Sucre y Bolívar, el departamento de Arauca y en los municipios de Tumaco en el departamento de Nariño y La Dorada en el departamento de Caldas, existe un bajo grado de satisfacción de los participantes por la baja presencia de la ACR y la disminución de sus actividades .

52. En su informe la MAPP/OEA manifiesta su preocupación por la seguridad de los desmovilizados, quienes señala continúan siendo víctimas de amenazas, intimidaciones, homicidios, desplazamiento y reclutamiento. Señala además que aunque la situación se presenta en gran parte del territorio nacional, aquella se intensifica en los lugares donde ha surgido o se ha mantenido la disputa entre las denominadas “estructuras emergentes”, como Antioquia (especialmente en Medellín) y Córdoba .

53. La CIDH observa que la Oficina de Desmovilizados y Reinsertados de la Policía Nacional con cifras de la ACR ha reportado la muerte, mayormente por homicidio, de 2.290 desmovilizados, entre 2001 y el mes de marzo de 2010 . La CIDH observa que sólo en el mes de marzo de 2010 se reportó la muerte de 80 desmovilizados . El Estado señala que en el periodo 2008 – 2010 se han presentado 942 homicidios de los cuales, 57 acudieron a un centro de servicios para poner en conocimiento su situación de riesgo . Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante “CNRR”) “los mecanismos de protección para la seguridad personal de los desmovilizados no han sido los necesarios y se revela falta de capacidad del Estado para responder a fondo, con medidas adecuadas y oportunas, ante la aguda problemática de violencia que los afecta” . Asimismo, el informe señala que varios desmovilizados, entre los que destaca el caso de Manuel Santiago Angarita Sánchez, fueron asesinados por la Fuerza Pública y posteriormente reportados como bajas en combate .

54. Por su parte, la MAPP/OEA señala que las amenazas y homicidios de la población desmovilizada responden a intentos de reclutamiento fallidos por parte de grupos armados ilegales. Al respecto, la MAPP/OEA ha identificado que en regiones como sur del Cesar, Casanare, Villavicencio (departamento del Meta), La Dorada (departamento de Caldas), Barrancabermeja (departamento de Santander), Tumaco (departamento de Nariño) y San José de Guaviare (departamento de Guaviare), se reportan ofertas continuas de reclutamiento a los desmovilizados .

55. La MAPP/OEA señala que los desmovilizados no denuncian las amenazas o actos directos en su contra y que ello se debe a tres posibles causas: (i) desmovilizados que se encuentran realizando actividades ilícitas y no quieren llamar la atención de las autoridades; (ii) desconfianza frente a las instituciones y la Fuerza Pública y (iii) las medidas de seguridad que se podrían otorgar visibilizarían su condición de desmovilizados .

56. Según se ha señalado en informes anteriores de la Comisión, los desmovilizados estarían siendo empleados en operativos militares y de inteligencia calificados como actividades de cooperación con la Fuerza Pública, sujetas a pago de bonificaciones económicas. En el año 2009 la Procuraduría reiteró que esta práctica contraviene las normas del Derecho Internacional Humanitario, específicamente el principio de distinción el cual protege a las personas que no participan directamente en las hostilidades y así como a aquellos que han depuesto las armas. El Procurador General ha resaltado que los desmovilizados que participan en operativos militares se convierten de hecho en objetivo militar de los grupos armados ilegales. A su juicio, dicha participación compromete las responsabilidades penales, administrativas e internacionales del Estado y sus agentes según el caso .

57. La Comisión observa que a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las AUC, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables, líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha identificado en sus informes al Consejo Permanente de la Organización la existencia de fenómenos de violencia posteriores a las desmovilizaciones, conforme a información obtenida en el terreno por la MAPP/OEA. Conforme a estos informes, la situación obedece a dinámicas diversas: (1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se desmovilizaron; (3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados .

58. La MAPP/OEA ha reportado que en diversas zonas del país las acciones de las denominadas “estructuras emergentes o bandas criminales en contra de la población no han cesado y continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones” . Asimismo, ha encontrado que “estas estructuras afectan directamente a líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, poblaciones indígenas y afrocolombianas cuando representan un obstáculo para el desarrollo de sus actividades ilegales, situación que genera incertidumbre y temor dentro de las comunidades” .

59. Durante el año 2010 la CIDH ha recibido, como en años anteriores, denuncias sobre grupos que actúan bajo las denominaciones de “Águilas Negras”, “Rastrojos”, “Los Paisas”, “Los Urabeños”, “Renacer”, “ERPAC” y “Autodefensas Gaitanistas”, entre otros. Al respecto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante “OACNUDH”) ha señalado que “algunos de estos grupos operan de un modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad privada” . Asimismo, destaca que en las filas de estos grupos hay personas desmovilizadas y no desmovilizadas de las antiguas organizaciones paramilitares, reclutadas voluntaria o forzadamente y que varios de los actuales cabecillas fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares . El Estado informó que el los últimos cuatro años el 87% de los miembros de las denominadas bandas criminales capturados (10.356) y muertos en operativos no eran desmovilizados . Indicó también que a la fecha las Fuerzas Militares han capturado a 62 cabecillas de las denominadas banda criminales de las cuales, 29 corresponden a desmovilizados inactivos en el proceso de reintegración .

60. Al respecto, la CIDH ha recibido información que indica que conocidos jefes paramilitares están o han estado al frente de grupos que han sido denominados como “bandas criminales” o “BACRIM”. Por ejemplo, la información recibida indica que el paramilitar Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, quien fue capturado en 2009, estuvo al mando de los grupos paramilitares de su hermano Freddy Rendón Herrera alias “el Alemán” que se agruparon bajo los nombres de “Héroes de Castaño” y “Autodefensas Gaitanistas”. Asimismo, Pedro Oliveiro Guerrero alias “Cuchillo”, quien se desmovilizó en 2006 y, que según información proporcionada por el Estado fue dado de baja , estuvo al mando del Frente Héroes del Guaviare que hacía parte del Bloque Centauros de las AUC y Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos”, quien según información proporcionada por el Estado abandonó el proceso de desmovilización en su fase preparatoria en el año 2003 y fue capturado en abril de 2010 , estuvo al mando de las Autodefensas Campesinas del Casanare .
61. En su informe la OACNUDH señala que observó casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con dichos grupos armados, motivados principalmente por corrupción . Por su parte, el Estado informó sobre la implementación de diversas acciones en el marco de la política de cero tolerancia con los dichos grupos armados y que como producto de dicho esfuerzo se obtuvieron importantes resultados entre los que destacó el sometimiento de 387 miembros de dichos grupos a disposición de las autoridades competentes . Asimismo, la OACNUDH destacó que los grupos evolucionan de forma rápida y constante. Al respecto, señala que mientras el “ERPAC”, que opera en la región de Los Llanos, demuestra una articulación semejante a las antiguas AUC, otros grupos recurren a estructuras celulares, cooptando y contratando estructuras delictivas para llevar a cabo sus actividades . En ese sentido, OACNUDH reporta que de manera creciente “está recibiendo información sobre algunos grupos, como “ERPAC” o “Los Rastrojos”, que mostrarían, en algunas regiones del país, características de capacidad operativa y organizativa propias de actores armados de acuerdo con el derecho internacional humanitario” .

62. En un reciente informe la CNRR señaló que el 15.5% de los desmovilizados (aproximadamente 8.100) ha reincidido en actos ilegales . Las estadísticas de la Oficina de Desmovilizados y Reinsertados de la Policía Nacional señalan que entre el año 2006 y el 31 de marzo de 2010 fueron capturados 5.552 desmovilizados sin indicación sobre cuantos de ellos pertenecían a “bandas criminales” .

63. Por su parte, el Estado mediante Decreto 2374 de 1º de julio de 2010 creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, que tiene como objetivo articular esfuerzos que permitan la captura y judicialización de personas que conformen o hagan parte de las “bandas y redes criminales”. El decreto señala que la Fuerza Pública ha identificado varias bandas entre las que se incluyen “Los Rastrojos”, “Los Paisas”, “Urabá (o Urabeños)”, “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC)”, “Renacer” y “Los Machos”. Cabe destacar que según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República durante el 2010 se registró un aumento de un 21% en capturas de miembros de las denominadas bandas criminales . A pesar de los esfuerzos del Gobierno para desmantelar estas estructuras armadas, la OACNUDH señala que el alcance de la violencia organizada, “el amplio poder económico que poseen, su capacidad para corromper autoridades e instituciones del Estado, sus vínculos con autoridades y poderes fácticos locales, su impacto sobre actores sociales y la intensa violencia que generan contra la población, los convierten en un enorme desafío para el Estado de derecho” .

B. Aplicación del marco legal: la situación de los desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz

64. De las más de treinta mil personas que se habrían desmovilizado entre noviembre de 2003 y mediados del 2006, 4.346 manifestaron interés en acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz . Sin embargo, 1.514 postulados decidieron no ratificar su voluntad de acogerse a la Ley de Justicia y Paz . Como se señaló en el análisis del año anterior, la Comisión aún no cuenta con información concreta sobre acciones judiciales iniciadas respecto de los desmovilizados quienes en su primera aplicación a la Ley de Justicia y Paz habrían reconocido la comisión de crímenes “atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión” , sin perjuicio de que luego no ratificaran su voluntad de continuar participando con el proceso de la Ley de Justicia y Paz . Respecto de los más de dos mil quinientos postulados que continúan en el proceso, se han iniciado un total de 2.431 versiones libres, de las cuales 1.514 han terminado formalmente y tan solo 228 habrían terminado con confesión de hechos .

65. La información recabada en las versiones libres a junio de 2010 ha llevado a la exhumación 2.719 fosas y de 3.299 cuerpos, de los cuales 1.100 fueron identificados plenamente y 973 ya fueron entregados a sus familiares . La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz reporta que a junio de 2010 en las versiones libres se habrían llevado a término la confesión de 25.177 hechos, entre ellos 18.948 homicidios y se habrían relacionado 30.167 víctimas . Asimismo, a través de la información proporcionada en las versiones libres se han compulsado copias a fin de iniciar investigaciones contra 404 políticos, 344 miembros de la Fuerza Pública y 113 servidores públicos .

1. Estado de los procesos adelantados bajo la Ley de Justicia y Paz

66. La Comisión observa con preocupación que a cinco años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz se han proferido dos condenas que aún no se encuentran en firme y que se acerca el momento en que progresivamente varios desmovilizados habrán cumplido la pena mínima de cinco años establecida en la Ley de Justicia y Paz por lo que se podrían producir numerosas solicitudes de libertad.

67. El 29 de junio de 2010 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a Edwar Cobos Téllez alias “Diego Vecino” y a Uber Ebrique Banquez Martínez alias “Juancho Dique” a la pena principal de 468 y 462 meses de prisión respectivamente y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años por haber sido hallados como coautores responsables de cometer los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, cometidos en concurso homogéneo y heterogéneo. Por su parte, Edwar Cobos Telléz fue también hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y heterogéneo. Asimismo, el Tribunal les concedió el beneficio de la pena alternativa por un periodo de ocho años de privación de libertad .

68. El Tribunal señaló que los desmovilizados condenados cometieron

[…] graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por que como actores del conflicto armado atentaron contra la población civil al desplazarla de su territorio, al atentar contra la vida de no combatientes y al saquear sus propiedades luego de la incursión, aclarando que en respeto al principio de legalidad taxativo, la tipicidad se hizo de cara a delitos comunes, atendiendo la fecha de ocurrencia de los hechos. Pero además como autores de crímenes de Lesa Humanidad, por que no se trató de conductas punibles aisladas; La generalidad, sistematicidad, comisión de actos inhumanos y los destinatarios de estos ataques –la población civil- permiten concluir que la pertenencia al grupo de autodefensas (concierto para delinquir), el desplazamiento forzado de los pobladores de San Cayetano y Mampujan y las ejecuciones extrajudiciales deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad .

69. Asimismo, el Tribunal condenó a los paramilitares desmovilizados a realizar medidas de reparación consistentes en medidas de restitución, indemnización satisfacción, garantías de no repetición y de reparación colectiva, cuyo cumplimiento sería objeto de verificación trimestral en audiencia pública.

70. En cuanto a la indemnización, el Tribunal estableció un sistema de reparaciones basado en el concepto de la equidad, siguiendo la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las masacres de Pueblo Bello y de Ituango, así como la del Consejo de Estado. Con base en ello, estableció unas tablas de indemnización individual por delito y parentesco de carácter fijo que traten conjuntamente los daños materiales e inmateriales partiendo del valor atribuido al daño por el delito mas grave, es decir el homicidio con un valor máximo de referencia de 240 millones de pesos por núcleo familiar .

71. Asimismo, la Comisión destaca que la sentencia ordenó (i) al Fiscal General de la Nación, la creación de una Sub-unidad adscrita a la Unidad Nacional Para la Justicia y la Paz, con personal especializado en el análisis de operaciones financieras nacionales e internacionales, estudio de títulos y lavado de dinero, para que persiga los bienes de los postulados que aún no han sido identificados, (ii) a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación la recuperación de los bienes de los postulados transferidos a la Unidad de Extinción de Dominio, (iii) a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación la identificación de los bienes pertenecientes a los excongresistas que han sido condenados y que estén siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica y solicitar las medidas cautelares pertinentes ante el Magistrado de Control de Garantías para posibilitar su ingreso al Fondo Nacional de Reparación, (iv) a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación la identificación de los bienes de comandantes e integrantes de las AUC postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005, que fallecieron y actualmente se encuentran en cabeza de sus herederos, a fin de tomar las medidas necesarias para que ingresen al Fondo Nacional de Reparación, (v) a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación reparatoria, y (vi) hace una sugerencia al Congreso para que se estudie la posibilidad de crear un impuesto especial a las personas jurídicas y sociedades que según las contabilidades aportadas por los postulados desmovilizados hayan contribuido a la financiación de los grupos armados a que se refiere la Ley 975 .

72. El fallo de primera instancia fue recurrido por el representante del Ministerio Público, la Fiscalía, los paramilitares y los representantes de las víctimas. Según información de conocimiento público las víctimas estarían inconformes con el monto de reparaciones decretado por el Tribunal . La decisión de recurso de apelación se encuentra ante la Corte Suprema, por lo que persiste la ausencia de condenas en firme conforme a la Ley de Justicia y Paz.

2. Formulación de imputaciones parciales

73. Corresponde señalar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó su posición respecto de la imputación del delito de concierto para delinquir en su decisión de 14 de diciembre de 2009 en la cual, resolvió revocar el auto del Magistrado con función de control de garantías de Medellín para en su lugar disponer se siga con la audiencia de formulación parcial de cargos en contra del postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga . Al respecto, la Corte señaló que en la decisión adoptada contra el postulado Wilson Salazar Carrascal y posteriormente en el caso de Gian Carlo Gutiérrez Suárez se dijo que las imputaciones parciales deben unificarse “específicamente en el momento de la formulación de cargos, para que este acto se realice como una unidad”, no obstante, la Corte señaló que tal conjunción tiene sentido en la medida que esté atada al delito de concierto para delinquir .

74. Al respecto, la Sala de Casación Penal destacó que en la decisión contra Wilson Salazar Carrascal la Corte Suprema fue clara en señalar, de una parte, que si el tratamiento punitivo benévolo de la Ley 975 de 2005 obedece a la vinculación del postulado con una organización armada al margen de la ley, resulta imprescindible que le sea formulado el cargo por concierto para delinquir y señalo que

en circunstancias ideales sería imprescindible que a cada postulado le fuera imputada, se le formularan cargos y se lo condenara por la totalidad de comportamientos delictivos, no obstante, argumentos de razón práctica permiten concluir sin mayor dificultad que ello no es posible en todos los casos, pues las peculiaridades de cada uno de esos comportamientos, en ocasiones cometidos en escalada, otras en la manigua, en la vereda, en el corregimiento, en la noche, en lugares despoblados, en circunstancias de suyo oprobiosas para las víctimas, cuando no aterradoras para los testigos sobrevivientes, dificultan la reconstrucción de la verdad procesal .

75. Asimismo, la Sala de Casación Penal indicó que su decisión comporta la necesidad de avanzar en cada uno de los procesos de Justicia y Paz, pues señala que de exigirse la acreditación total de todos los comportamientos, se harían casi nugatorios los fines esenciales de la Ley de Justicia y Paz y que sólo en la medida que se acepten las imputaciones parciales se podrá avanzar en un proceso histórico. Señala además que permitir la formulación de acusación parcial no excluye la posterior inclusión de nuevas conductas, en la medida que nada imposibilita la acumulación jurídica de penas siempre que, se incluya como delito base el concierto para delinquir .

3. Situación jurídica de los desmovilizados antes de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz

76. La Comisión considera pertinente recordar como lo hizo en su análisis del año anterior que bajo la Ley 782 de 2002 reglamentada por el Decreto 128 de 2003 un número de desmovilizados habrían sido favorecidos con la aplicación de beneficios jurídicos, como el indulto o medidas equivalentes , por el delito de concierto para delinquir en virtud de haber sido integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley . La Comisión reitera que el circuito judicial presentó una oportunidad propicia para que las autoridades judiciales recabaran elementos para establecer si los desmovilizados se encontraban implicados en crímenes que podrían requerir la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, en el marco de esas versiones libres los fiscales no recibieron instrucciones de indagar sobre los crímenes perpetrados y la posible aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En ese contexto, la Comisión señaló que la toma de versiones libres en los circuitos jurídicos de las desmovilizaciones constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia de dichos grupos .

77. Tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 11 de julio de 2007 se cerró la posibilidad de que miembros de grupos paramilitares sean indultados, por lo que aproximadamente 19.000 desmovilizados , que no lograron beneficiarse del indulto o medidas equivalentes, y que no se habrían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz permanecen sin que su situación jurídica

haya sido definida. En ese contexto, el 9 de julio de 2009 se promulgó la Ley 1312 de 2009 en la cual se dispuso la aplicación del principio de oportunidad, entre otros, al

[…] desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones.

78. La Comisión observa con satisfacción que, según información de conocimiento público, el 23 de noviembre de 2010 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el principio de oportunidad establecido en la Ley 1312 de 2009 por considerar que no respetaba los derechos de las víctimas . Posteriormente, la Comisión tomó conocimiento de que el 29 de noviembre de 2010 el Ministro del Interior y de Justicia radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de Ley que buscaría garantizar la reinserción a la vida civil de los paramilitares desmovilizados que se encuentran en una situación de indefinición jurídica y el 29 de diciembre de 2010 se sancionó y publicó la Ley 1424 .

79. El artículo 1º de la Ley dispone que la misma está destinada a beneficiar a los

desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad .

En ese marco, la Ley señala que los desmovilizados que manifiesten, “durante el año siguiente a la expedición de la presente ley por escrito su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley […], el contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia” suscribirán un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación con el Presidente de la República.

80. Asimismo, la Ley crea un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos y producir los informes a que haya lugar, sin embargo establece que la información que surja en el marco de los Acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra de la persona que suscriba el Acuerdo antes mencionado o en contra de terceros .

81. La Ley dispone también que los desmovilizados serán investigados y/o juzgados según las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible; suspende las órdenes de captura para los desmovilizados, siempre y cuando se encuentren vinculados al proceso de Reintegración Social y Económica dispuesto por el Gobierno Nacional, estén cumpliendo su ruta de reintegración o hayan culminado satisfactoriamente este proceso, y no hayan sido condenados por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización. Asimismo, suspende la ejecución de la pena de los desmovilizados por un período equivalente a la mitad de la condena siempre y cuando se encuentren vinculados al proceso de Reintegración Social y Económica dispuesto por el Gobierno Nacional, estén cumpliendo su ruta de reintegración o hayan culminado satisfactoriamente este proceso, repararen los daños ocasionados a las víctimas con los delitos por los cuales fueron condenados, no hayan sido condenados por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización y tengan buena conducta .

82. La Comisión observa con preocupación, al igual como lo hizo respecto de la Ley 1312 de 2009, que la promulgación de esta ley genera dudas respecto de la obligación del Estado de investigar y sancionar los crímenes cometidos por los desmovilizados y puede constituirse en una herramienta de impunidad .

4. Extradición de líderes paramilitares y su impacto en los procesos adelantados bajo la Ley de Justicia y Paz

83. Aunado a lo anterior, la Comisión reitera que uno de los obstáculos sustanciales en el avance del juzgamiento de los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz es la extradición de varios líderes paramilitares a los Estados Unidos de América (EEUU) y la virtual paralización del proceso de esclarecimiento de graves crímenes perpetrados por las AUC, en muchos casos con la aquiescencia o colaboración de agentes del Estado. La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación en vista de que la falta de esclarecimiento de dichos crímenes afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo, la Comisión observa que los mecanismos de cooperación entre los Gobiernos de Colombia y los EEUU aún no han producido resultados.

84. Durante el año 2008 la CIDH manifestó su preocupación por el potencial impacto de la extradición a los EEUU de 16 líderes paramilitares en el esclarecimiento de miles de crímenes . Concretamente observó que la extradición, en las condiciones en cuestión, afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares; impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana; y cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Finalmente, la Comisión resaltó que este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares en la comisión de violaciones a los derechos humanos.

85. En su análisis para el año 2009, la CIDH reiteró su preocupación por la ausencia de acuerdos de cooperación, entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que garanticen la realización y la efectiva participación de los extraditados en las diligencias que deben ser adelantadas en el marco de los procesos de Justicia y Paz. Al respecto, la Comisión recuerda que el 22 de octubre de 2009 solicitó al Gobierno de los Estados Unidos, conforme a las facultades del artículo 18 del Estatuto de la CIDH, información sobre cooperación judicial y el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado en la República de Colombia. Concretamente, la Comisión expresó su preocupación por los obstáculos enfrentados por los representantes legales de los extraditados en los procesos de Justicia y Paz de acceder a sus clientes debido a restricciones impuestas por el Buró Federal de Prisiones, así como la denegación de al menos una visa a un fiscal de Justicia y Paz programado para conducir versiones libres en los Estados Unidos.

86. Cabe destacar que mediante una comunicación de 19 de julio de 2010 el Fiscal General Adjunto (e) de los Estados Unidos Gary G. Grindler anunció al entonces Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, un nuevo plan de medidas a fin de aumentar considerablemente “la frecuencia del acceso de los oficiales colombianos” a los extraditados, concretamente a aquellos que ya han sido sentenciados en los Estados Unidos y a algunos acusados que se encuentran esperando sentencia y que será implementado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en cooperación con las oficinas del Departamento de Justicia en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia .
87. Mediante comunicación adjunta de la misma fecha el Fiscal General Asistente de los Estados Unidos, Lanny A. Breuer explicó los detalles del plan e indicó que los líderes paramilitares que ya fueron condenados en los Estados Unidos (Guillermo Pérez Alzate, Diego Ruiz Arroyave, Ramiro Vanoy Murillo, Diego Fernando Murillo Bejarano, y Francisco Javier Zuluaga Lindo) que expresen su disposición de participar en los procedimientos bajo la Ley de Justicia y Paz, así como en otros procesos judiciales en Colombia, serían transferidos al centro de detención del Buró de Prisiones del Departamento de Justicia en Miami, Florida. La comunicación señala que las autoridades colombianas tendrán 21 horas semanales de acceso a los detenidos a fin de realizar entrevistas y declaraciones mediante video y que en virtud del acuerdo al que llegaron funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y representantes del Ministerio del Interior y de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, las autoridades colombianas deberán proporcionar plazos específicos en los que se llevarán a cabo los testimonios y las entrevistas. Indicó además que el acceso será por un tiempo limitado .

88. En cuanto a los líderes paramilitares que aún no han sido sentenciados (Salvatore Mancuso Gómez, Hernán Giraldo Serna, Juan Carlos Sierra Ramírez, Miguel Mejía Múnera, José Gregorio Teran Vásquez y Norberto Quiroga Poveda), la comunicación indica que el centro de detención de Northern Neck en Virginia ha acordado proporcionar a las autoridades colombianas, por un tiempo limitado, ocho horas al día por cinco días a las semana de acceso para entrevistar y tomar declaraciones a los líderes paramilitares que expresen su voluntad de cooperación para lo cual, deberán proporcionar los plazos específicos para la conducción de las diligencias. Indica que en cuanto a los líderes paramilitares que se encuentran en otros centros de detención se harán los esfuerzos necesarios para incorporarlos al plan. Finalmente, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó al Gobierno de Colombia que designe un oficial de enlace para coordinar la efectiva ejecución del plan, cuyo inicio dependerá de la presentación de un cronograma específico que contenga los plazos para la conducción de las diligencias .

89. En sus observaciones el Estado informó que en desarrollo de la cooperación judicial entre los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia a diciembre de 2010 los postulados Salvatore Mancuso Gómez, Ramiro Vanoy Murillo, Guillermo Pérez Alzate, Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, Juan Carlos Sierra Ramírez, José Gregorio Terán Vásquez, Diego Ruiz Arroyave y Francisco Javier Zuluaga Lindo continuaron sus respectivas diligencias de versión libre y algunos de ellos comparecieron virtualmente ante los Magistrados de Control de Garantías en audiencias de imputación e imputación de medidas de aseguramiento . La Comisión continuará dando seguimiento a la implementación efectiva de las iniciativas de cooperación descritas.

90. Asimismo, preocupa a la Comisión que según información de conocimiento público algunos Jueces de los Estados Unidos habrían bloqueado el acceso público a los casos de algunos líderes paramilitares, lo cual impediría a las víctimas de los crímenes en Colombia tener información sobre si aquellos habrían negociado penas más favorables o inclusive si se encontrarían en libertad .

91. Cabe señalar que durante el año 2010, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable a la extradición de Edwar Cobo Tellez alias “Diego Vecino” , Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” y Fredy Rendón Herrera alias “El Alemán” a los Estados Unidos. La Corte siguiendo el precedente cuando negó la extradición de Luís Edgar Media Flórez señaló que la extradición vulnera el espíritu de la Ley 975, desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y “traumatiza” el funcionamiento de la administración de justicia colombiana. Concretamente señaló que “[l]a extradición de los paramilitares sometidos al proceso de justicia y paz ha constituido un golpe de gracia al propósito inspirador de una ley que ha pretendido hacer germinar la paz entre los colombianos y la prueba más fidedigna del descalabro de dicha estrategia gubernamental contra la violencia y los grupos armados ilegales” .

92. Finalmente, la Corte concluyó que de autorizar la extradición de los paramilitares mencionados

(i) se vulnerarían las obligaciones internacionales del Estado colombiano dirigidas a la lucha contra la impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad que en Colombia se le imputan al requerido en extradición y, (ii) resultarían gravemente afectados los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana que quedarían sin posibilidades de conocer la verdad y obtener reparación por los crímenes cometidos por el grupo armado ilegal cuya pertenencia se le atribuye [a los desmovilizados en cuestión], todo ello, sin perjuicio de la obligación del Estado Colombiano de investigar y sancionar los delitos que el requerido hubiere podido haber cometido en territorio extranjero y por los cuales se solicita su extradición .

93. El 28 de julio de 2009 la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de Eder Pedraza Peña alias “Ramón Mojana”, ya que pese a su desmovilización en 2005 únicamente se postuló al procedimiento de la Ley de Justicia y Paz el 6 de abril de 2010, lo cual “no implica ni garantiza, por sí sol[a], su efectiva participación en él” y sostiene que más bien pareciera ser una maniobra para eludir los cargos por narcotráfico que se le imputan en los Estados Unidos. Al respecto, la Corte señaló que resulta difícil aceptar que “Ramón Mojana” “se encuentre participando, de manera efectiva, en el proceso de justicia transicional o que esté ayudando al Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de lucha contra la impunidad frente a delitos de lesa humanidad; tampoco que esté contribuyendo a concretar los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana a conocer la verdad y obtener reparación a los crímenes cometidos por él y su grupo armado ilegal” .

94. La Comisión nota que el 25 de junio de 2010 el Ministerio del Interior y de Justicia, por delegación de las funciones presidenciales, promulgó el decreto 2288 mediante el cual resolvió diferir, por un plazo de un año prorrogable, “la extradición de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, sindicados o condenados como autores o participes de hechos delictivos cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, en los términos de la […] Ley de Justicia y Paz), que estén siendo juzgadas dentro de este marco normativo y existiesen victimas”.

95. Asimismo, el decreto estableció que el Gobierno no diferirá la entrega cuando establezca, según su valoración, que el requerido en extradición, no contribuye en forma efectiva con el esclarecimiento de la verdad, no repara integralmente a la victimas de su conducta, incurra en causales de exclusión del trámite y beneficios de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, incumpla las obligaciones y compromisos derivados de la pena alternativa o haya incurrido en la comisión de conductas penales con posterioridad a su desmovilización, o no colabore efectivamente con el desarrollo del procedimiento penal.

96. La Comisión observa que la extradición de estos líderes paramilitares interfiere también con la obligación del Estado de juzgar a civiles y agentes del Estado involucrados en casos en los que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido su responsabilidad frente a graves violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos .

97. La CIDH reitera su preocupación por el impacto de las extradiciones en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; la participación directa de éstas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y en el acceso a la reparación del daño causado; y por los obstáculos en la determinación de vínculos entre agentes del Estado y líderes de las AUC en la comisión de violaciones a los derechos humanos por las que –en algunos casos—ya se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado.

98. La Comisión nota que algunos postulados y sus familias han sido víctimas de amenazas y atentados . Asimismo, los ataques y homicidios a familiares de los líderes paramilitares extraditados ha puesto en peligro la cooperación con los procesos de Justicia y Paz . La Comisión observa que el Estado debe brindar garantías de protección a los desmovilizados a fin de que la cooperación de aquellos sea efectiva y sin condiciones.

C. Participación de testigos y víctimas en los procesos judiciales derivados de la Ley de Justicia y Paz

99. A 31 de diciembre de 2010 323.765 víctimas se habían registrado en el proceso de Justicia y Paz y 59.050 habían participado en versiones libres tras la publicación de más de tres mil quinientos edictos emplazatorios .

100. La Comisión observa que entre 2006 y 2010 se han llevado a cabo 561 jornadas generales de atención a víctimas en las que se ha atendido a 113.695 víctimas y que en 2010 se han llevado a cabo más de 105 jornadas con más de 17.369 víctimas atendidas . En las jornadas de atención a víctimas, éstas pueden realizar, entre otros, actividades como diligenciar el formulario para participar del proceso de la Ley de Justicia y Paz, recibir información sobre el estado de su proceso, solicitar un defensor público en caso de contar con un registro de hechos radicado, recibir acompañamiento psicosocial y atención y orientación jurídica para acceder a sus derechos. Asimismo, se han llevado a cabo 165 jornadas especiales de atención a familiares de desaparecidos en las que se ha atendido a 35.632 personas y se han tomado muestras biológicas a 14.978 familiares . La Comisión observa con satisfacción el convenio firmado entre la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía a fin de contar con un grupo de búsqueda de desaparecidos .

101. La MAPP/OEA ha destacado la mejoría en términos de recursos humanos que ha experimentado la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Al respecto, ha reportado que de seis fiscales en el 2006, actualmente cuenta con 59 fiscales titulares, más de 100 fiscales de apoyo y más de mil investigadores . La Comisión observa que si bien lo anterior representa un avance considerable, la carga de trabajo de cada investigador requiere un número mayor de recursos humanos.

102. Sin embargo, corresponde reiterar que persisten obstáculos en la participación de las víctimas en el proceso. La MAPP/OEA ha reportado que en algunas regiones como Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Putumayo, Antioquia o Arauca, la falta de articulación entre las diferentes instituciones que asisten a las jornadas de atención a las víctimas se traduce en un exceso de trámites y formatos a llenar, lo que genera confusión y una sensación de agotamiento institucional por parte de las víctimas .

103. La Comisión reitera que la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de la versión libre constituye un obstáculo a la participación de las víctimas. El interrogatorio de las víctimas es reservado para la segunda fase de la versión libre, pero se desarrolla a través de un mecanismo indirecto, pues las preguntas propuestas se incorporan a un formulario que es entregado a miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), quienes a su vez se las entregan al Fiscal. Este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos. La Fiscalía pierde además una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios . Concretamente, de las más de trescientas mil víctimas registradas sólo 59.050, que equivale a cerca del 20%, han participado de las versiones libres. 24.426 víctimas han realizado 30.544 preguntas a postulados en versión libre . La MAPP/OEA ha señalado que la retrasmisión tanto de versiones libres como de audiencias judiciales presenta aún problemas técnicos que han impedido la implementación plena de dicho mecanismo . El Estado en sus observaciones señaló que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha llevado la señale de la versión libre a 401 municipios donde se encuentran ubicadas las víctimas con un total de 1.370 días de transmisión .

104. Asimismo, la MAPP/OEA ha reportado que ante la gran cantidad de versiones libres, la capacidad de los psicólogos de asistir a las víctimas en dichas diligencias ha quedado desbordada por lo que ha recomendado fortalecer la capacidad de atención psicosocial tanto de la CNNR como de la Fiscalía . La Comisión recuerda que la Corte Suprema de Justicia ha destacado la naturaleza colectiva del derecho a la verdad y la obligación del Estado de adelantar una investigación “seria, clara, transparente y contundente, conlleva el derecho para las víctimas a ser escuchadas dentro del proceso, facilitándoles participar activamente en la construcción de la verdad” .

105. Asimismo, la Comisión observa que las víctimas enfrentan dificultades en el acceso al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales. La Comisión nota que la Defensoría del Pueblo ha desarrollado iniciativas tendientes a superar las deficiencias en representación judicial como jornadas de acopio documental, contratación de abogados sustanciadores, así como acciones encaminadas a mejorar los canales de comunicación entre las víctimas con los funcionarios encargados de su defensa como en el norte del departamento del Tolima y el departamento de Caldas . La MAPP/OEA ha reportado que gracias al apoyo de la cooperación internacional la Defensoría del Pueblo ha aumentado el número de defensores públicos en Justicia y Paz a 60 .

106. En el caso de las víctimas activamente involucradas en el proceso, sus representantes y los funcionarios judiciales, su seguridad se ha visto seriamente comprometida o directamente afectada por el accionar de grupos armados ilegales. La MAPP/OEA ha identificado algunas zonas –tales como el sur de Córdoba, Urabá, Chocó, Bajo Cauca, Huila, sur de Bolívar y Sucre— en las que las amenazas y homicidios se producen con mayor frecuencia . La MAPP/OEA también ha señalado que en Barrancabermeja, departamento de Santander, la mayoría de las víctimas beneficiarias de las dos restituciones directas que se han realizado, han sido nuevamente desplazadas. Asimismo, en algunos lugares, la participación de víctimas en jornadas de atención ha sido disuadida por la presencia de actores armadas como en Purificación en el departamento del Tolima, Puerto Santander en el departamento de Norte de Santander y Nechí en el departamento de Antioquia.

107. El Estado en sus observaciones indicó que el 19 de mayo de 2010 se expidió el Decreto 1737 que modificó el Decreto 3570 de 2007 mediante el cual, se creó el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005. El Estado indica que el Decreto 1737 de 2010 desarrolla tres grandes estrategias, en primer lugar, garantizar que la estructura, procedimientos y roles institucionales sean asumidos, asimilados y gestionados do manera ágil por el conjunto de entidades y en los diferentes niveles, y estén en pleno funcionamiento en un plazo relativamente corto; en segundo lugar, asegurar que se incorporen valores, principios, criterios y normas que garanticen un trato digno, desde la perspectiva de Derechos Humanos y el enfoque diferencial, especialmente en relación con las mujeres y los grupos étnicos; y en tercer lugar, adelantar Ia gestión presupuestal y de adecuaciones institucionales necesarias para quo el Programa sea viable y capaz de responder a los retos que se le han planteado. Asimismo, el Programa de Protección dispone de un Mapa de Riesgo qua permite identificar las zonas de mayor riesgo para las víctimas y testigos de Justicia y Paz y adoptar medidas de protección colectivas en dichas zonas .
D. Establecimiento de mecanismos de reparación del daño causado a las víctimas del conflicto armado

108. En su documento sobre Lineamientos principales para una política integral de reparaciones, hecho público en febrero de 2008 la CIDH señala, inter alia, que la política reparatoria debiera asegurar el derecho de las víctimas a una reparación integral por el daño generado tanto por grupos armados ilegales como por acción u omisión de agentes estatales, basada en medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción. Señala también que dicha política debe estar guiada por el principio de integralidad, y ajustarse a los parámetros establecidos en el Sistema Interamericano en materia de reparaciones por similares hechos, los cuales han sido en parte recogidos en la jurisprudencia reciente de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana.

109. En la actualidad, las víctimas del conflicto cuentan con las siguientes vías para acceder a su derecho a la reparación: el proceso de reparaciones previsto en la Ley de Justicia y Paz, instaurado en el año 2005; y el Decreto 1290/08, adoptado el 22 de abril de 2008, mediante el cual se establece un programa administrativo de reparaciones con el fin de conceder reparaciones individuales a favor de personas que hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados al margen de la ley desmovilizados conforme al marco normativo de la Ley de Justicia y Paz . El programa administrativo de reparaciones del Decreto 1290/08 sólo cobija a víctimas de grupos armados desmovilizados y primordialmente se apoya en un plan de indemnizaciones con parámetros fijos, mensurables en salarios mínimos.

110. Hacia junio de 2010 el Comité de Reparaciones Administrativas –órgano de aplicación del Decreto 1290— había recibido más de 330.000 formularios con solicitudes de acreditación de la calidad de víctima . A 2010 la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en adelante “Acción Social”) ha realizado pagos por 496 mil millones de pesos a 27.200 familias correspondiente a la indemnización solidaria, una de las medidas de reparación integral que contempla el Decreto 1290 de Reparación Administrativa, y de la que también hacen parte la restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. En el análisis para el año 2009, el Estado informó que en marzo de 2010 presentaría un documento CONPES que incluiría medidas no indemnizatorias de atención y reparación a víctimas, así como el Programa de Restitución de tierras y el Programa Institucional de Reparación Colectiva , sin embargo a la fecha la Comisión no cuenta con información sobre la publicación de dicho documento.

111. En el proceso previsto en la Ley de Justicia y Paz únicamente tres postulados han llegado a la etapa del incidente de reparación Edwar Cobos Téllez alias “Diego Vecino”, Uber Enrique Bánquez alias “Juancho Dique” y Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”. El incidente de reparación de “Diego Vecino” y “Juancho Dique” se llevó a cabo a partir del 26 de abril de 2010 y tuvo una duración de once días. Dicho proceso culminó en sentencia dictada el 29 de junio de 2010 en la cual se condenó a los desmovilizados y se ordenaron reparaciones a favor de las víctimas. A la fecha, la sentencia se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el incidente de reparación de “El Iguano” se inició el 7 de julio de 2010 y aún no habría culminado .

112. Tras el fracaso en el Senado del proyecto de ley de víctimas presentado en el 2009 , el 27 de septiembre de 2010 el nuevo Gobierno en cabeza del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, radicó en el Congreso un nuevo proyecto de ley de víctimas. La Comisión observa con satisfacción que el 25 de noviembre de 2010 la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 107/10 por el cual se dictan medidas de atención y reparación integral a la víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario acumulado con el Proyecto de Ley 85/10 por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras. El proyecto señala que los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas serán parte de leyes específicas, las cuales serán consultadas previamente.

113. El Proyecto define como víctimas a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos cuando éstas hayan tenido lugar en desarrollo y con ocasión del conflicto armado o actos terroristas” . Asimismo, el proyecto de ley incluye como víctimas al “cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida” y a “las personas que hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” . La CIDH destaca que el proyecto de ley establece que la “condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible” .

114. La Comisión destaca que el proyecto de ley reconoce a las víctimas de agentes de Estado que sufrieron una violación de derechos humanos y/o de derecho internacional humanitario. Asimismo, se incluye una definición respecto de quiénes podrán ser titulares de la restitución de tierras y la inversión de la carga de la prueba para que los actuales poseedores de las tierras despojadas ilegalmente demuestren su calidad de propietarios . También establece la obligación de las empresas legalmente reconocidas que proporcionaron apoyo voluntario a las organizaciones ilegales de concurrir a la reparación de las victimas de amparadas en la misma proporción al apoyo que brindaron . El proyecto de ley también contempla que las víctimas que acudan a la indemnización por vía administrativa podrán también acudir a la vía judicial y la indemnización recibida por vía administrativa se descontará a la reparación que se defina por vía judicial . El proyecto también establece que la ayuda humanitaria otorgada por el Estado no constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas .

115. Finalmente, la Comisión destaca que el proyecto de ley crea una Comisión de la Verdad con un mandato inicial de tres años que tendrá como objetivo, entre otros, el de “contribuir al esclarecimiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos desde 1991 hasta la fecha de presentación del informe final, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las presuntas responsabilidades” .

116. La Comisión observa con satisfacción que el proyecto de ley incorpora una serie de recomendaciones establecidas por la Comisión en sus Lineamientos principales para una política integral de reparaciones y reitera la importancia de asegurar el derecho de las víctimas a una reparación por el daño generado tanto por grupos armados ilegales como por acción u omisión de agentes estatales, basada en medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción y a la luz del principio de integralidad. Asimismo, la implementación de un programa de reparaciones establecido por ley debe ir acompañado de un compromiso de solidaridad social por parte de la sociedad colombiana con las víctimas del conflicto, el cual sería facilitado por mecanismos de consulta, seguimiento y evaluación que le otorgue estabilidad y una vigencia sostenida en el tiempo. La Comisión continuará dando seguimiento a los avances en la adopción de medidas efectivas que garanticen la reparación integral del daño a las víctimas del conflicto armado.
III. LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA

117. Colombia es un país multiétnico y pluricultural y su propia Constitución Política protege la diversidad étnica y cultural mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el establecimiento de la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva en términos de la situación de los grupos discriminados o marginados .

118. A pesar de este reconocimiento normativo, los grupos étnicos son blanco de la violencia derivada del conflicto armado, en forma individual y colectiva, lo cual hace peligrar su autonomía y sus derechos territoriales y culturales. Durante el año 2010 la CIDH continuó recibiendo información sobre la situación de violencia que aqueja en particular los pueblos indígenas y a los consejos comunitarios y comunidades afrodescendientes, en ciertas regiones del país.

A. Pueblos indígenas

1. Panorama étnico del país

119. Colombia es un país de alta diversidad étnica y cultural. El censo de 2005 indica que hay 1’392.623 personas indígenas en Colombia, pertenecientes a 87 pueblos diferentes . Las organizaciones indígenas del país, por su parte, dan cuenta de 102 pueblos indígenas distintos, distribuidos por la mayor parte del territorio nacional, pero principalmente en áreas rurales – según datos del DANE, el 78% de la población indígena colombiana habita en zonas rurales . Cada uno de estos pueblos se distingue por su propia cultura e historia, organización social y política, estructura económica y productiva, cosmovisión, espiritualidad y formas de relacionamiento con el medio ambiente; en el país se hablan actualmente 64 lenguas autóctonas, agrupadas en 13 familias lingüísticas distintas.

120. En el contexto del conflicto, la violencia y el desplazamiento forzado, la situación de derechos humanos de la población indígena de Colombia es preocupante, lo cual ya había sido alertado por la Comisión en sus informes anuales precedentes. Durante 2010, la CIDH continuó recibiendo información sobre graves situaciones de violación o amenaza de los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas colombianos y sus miembros.

121. El Estado colombiano ha emprendido ciertas iniciativas puntuales, iniciado procesos de concertación y adoptado medidas jurídicas destinadas a hacer frente a algunas manifestaciones de la situación. No obstante, estas iniciativas, procesos y medidas no se han traducido, a la fecha, en cambios significativos reales en las condiciones de goce efectivo de los derechos humanos.

2. Riesgo actual de desaparición de numerosos pueblos indígenas

122. Distintas organizaciones indígenas de Colombia han emitido alertas sobre el riesgo de extinción física y cultural que afrontan numerosos pueblos indígenas del país, debido al impacto del conflicto armado, a su bajo número de integrantes, y a la pobreza y sus consecuencias. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, lanzó en 2010 una campaña internacional por la supervivencia de los pueblos indígenas colombianos en riesgo de extinción . El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en su informe de agosto de 2009 sobre Colombia, también expresó su preocupación por el riesgo de extinción que afrontan distintos pueblos indígenas, especialmente en la región amazónica del país, e instó al Estado a encontrar soluciones que protejan su existencia y permitan el ejercicio de sus derechos humanos . En la audiencia temática celebrada ante la CIDH en octubre de 2010 sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, el Gobierno Nacional reconoció expresamente que algunos pueblos indígenas del país están en riesgo de extinción. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia también ha manifestado su alarma por el riesgo de desaparición de numerosos pueblos indígenas colombianos .

123. Ya la Corte Constitucional de Colombia, en el Auto 004 de 2009, había declarado que en términos generales, el conflicto armado y el desplazamiento forzado amenazan la existencia misma de numerosos pueblos indígenas colombianos, entre los cuales 34 fueron descritos como en situación de alto riesgo . Retomando esta declaración, la ONIC presentó en 2010, a través de su campaña internacional, un grupo adicional de 32 pueblos indígenas en riesgo de extinción, no sólo por causa del conflicto armado, sino también por su bajo número de integrantes . Para la ONIC, “los factores causales del riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas en Colombia (…) son: (i) los efectos devastadores del conflicto armado interno y sus múltiples consecuencias, (ii) la imposición de proyectos de desarrollo en territorios indígenas sin el debido consentimiento previo, libre e informado y (iii) el abandono estatal representado en pobreza, falta de acceso a servicios básicos y discriminación estructural” .

124. La ONIC ha informado sobre 32 pueblos que tienen una población de menos de 500 personas, que les ubica en situación de riesgo de desaparición por fragilidad demográfica. De tales 32 pueblos, 18 cuentan con menos de 200 miembros, y 10 tienen menos de 100 miembros. Estos 32 pueblos también se enfrentan a los factores de riesgo planteados por el conflicto armado, la discriminación, la pobreza y el abandono institucional . Sólo uno de estos pueblos, el Nukak-Makú, fue incluido en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional como beneficiario de la orden de protección allí impartida al Gobierno, en el sentido de diseñar e implementar un Plan de Salvaguarda Étnica frente al Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado específico para el pueblo.

125. Algunos ejemplos representativos de pueblos indígenas en riesgo particularmente severo de desaparición física y cultural son: los Nukak-Makú, los Wachina o Pizamira, los Wipiwi o los Makaguaje, cuya situación se esbozará brevemente a continuación por resultar ilustrativa del tipo de riesgos que se ciernen sobre, por lo menos, 65 pueblos indígenas de Colombia.

126. El pueblo Nukak Makú, que habita las cuencas de los ríos Guaviare e Inírida en el Departamento del Guaviare, en la Amazonía colombiana, es tradicionalmente nómada, cazador y recolector, y está en alto riesgo de desaparición por el conflicto armado, su bajo número de integrantes y la desintegración cultural y comunitaria. En los últimos 20 años, la población de los Nukak Makú fue diezmada por distintas epidemias derivadas del contacto con la sociedad no indígena, incluida la gripa o influenza, las infecciones respiratorias, sarampión o meningitis, que cobraron la vida de entre el 30% y el 50% de sus miembros, incluida la mayoría de sus adultos mayores – en la actualidad sólo viven cuatro o cinco ancianos. Adicionalmente, de la población sobreviviente, que se estima en unas 450 personas, aproximadamente el 40% se encuentra en situación de desplazamiento forzado por la violencia armada en su territorio, en situaciones de miseria y pérdida de la integridad cultural , y sin una posibilidad real de regresar a su vida en la selva por la presencia de la guerrilla de las FARC, la siembra de minas antipersonal, el reclutamiento y la violencia en su territorio. La Corte Constitucional describió su situación de afectación por el conflicto y el desplazamiento en el Auto 004 de 2009 y ordenó al Gobierno Nacional que diseñara e implementara un Plan de Salvaguarda Etnica del Pueblo Nukak-Makú, el cual hasta la fecha no existe. Frente al caso de los Nukak-Makú, la ONIC ha reconocido que el Estado ha realizado algunas acciones puntuales orientadas a la provisión de alimentos y la atención inicial a la población desplazada, pero al mismo tiempo ha señalado la ausencia de políticas públicas diseñadas para dar soluciones de fondo a su situación . En particular, ha denunciado el abandono estatal en materia de atención en salud desde 2006 .

127. El Estado en sus observaciones destaca las iniciativas lideradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la comunidad (Asoprocaucho) para hacer frente a las complejas circunstancias que amenazan la existencia del pueblo Nukák-Makú. Las iniciativas enfatizan en la soberanía alimentaria y Ia autonomía territorial a que tiene derecho el pueblo Nukak Makú; se desarrollan en el terreno por agentes del Estado y de Ia misma comunidad comprometida; incluyen acciones en diferentes campos y especialidades; consultan, gracias a Ia experiencia acumulada, un enfoque de derechos y un enfoque diferencial (étnico, etario y de genero); pretenden proteger y preservar las tradiciones; y tienen carácter provisional, con el fin de no generar ciclos asistencialistas .

128. El pueblo Wachina o Pizamira es autóctono del departamento del Vaupés, en la Amazonía colombiana. Está compuesto actualmente por cincuenta personas, agrupadas en doce familias, de las cuales seis se encuentran en la comunidad de Yacayacá y cinco viven en Mitú, la capital departamental. Según información aportada por la ONIC, en el marco del conflicto armado los miembros de este pueblo han sido víctimas de amenazas, señalamientos, hostigamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y, en particular, reclutamiento forzado de sus niños y jóvenes. Específicamente en 2009, tres niños Wachina fueron reclutados forzosamente por grupos armados ilegales. No se tiene información sobre acciones estatales destinadas a proteger los derechos individuales o colectivos del pueblo Wachina y sus miembros .

129. El pueblo Wipiwi, ubicado en el departamento del Casanare en la Orinoquía, está constituido por 87 personas, de los cuales 39 son menores de 15 años, 13 son mayores de 45, y 4 son mayores de 60. Este pueblo comparte su territorio en el Resguardo Caño Mochuelo con otros ocho pueblos indígenas, y se encuentra en proceso de reducción demográfica, ya que en 1981 tenía 100 miembros. Según reporta la ONIC, el pueblo Wipiwi soporta una situación de hambre, derivada de la disminución de especies animales de cacería en el resguardo, y la falta de espacios donde se puedan desarrollar prácticas agrícolas por la baja fertilidad de la tierra. Como resultado, durante largos períodos los miembros del pueblo Wipiwi ingieren una comida al día, constituida por mango. El estado nutricional y de salud del pueblo Wipiwi es, en consecuencia, crítico , como lo es igualmente su situación de pobreza y de pérdida de la cultura tradicional .

130. Por su parte, el pueblo Makaguaje de la Amazonía, que se encontraba en alto riesgo de extinción, parece haber desaparecido. Según reporta la ONIC, en el año 2000 este pueblo contaba con 50 miembros, de los cuales en 2009 sólo se pudo dar cuenta de cuatro individuos en los departamentos de Caquetá y Putumayo .

131. El prospecto de desaparición de cada uno de los 65 pueblos indígenas colombianos que se han declarado en riesgo como consecuencia de, o basado en parte fundamental en, el conflicto armado, la discriminación y la falta de protección, implica una serie de violaciones transversales, profundas e históricas de los derechos humanos individuales y colectivos amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH exhorta al Estado colombiano a que adopte, en forma inmediata y de conformidad con sus obligaciones internacionales, medidas positivas, vigorosas y efectivas para garantizar, respetar y promover la existencia física y cultural y los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan desde tiempo inmemorial su territorio.

3. Impacto diferencial del conflicto armado interno

132. Los pueblos indígenas de Colombia son victimizados en forma aguda y desproporcionada por el conflicto armado interno, según lo han advertido reiteradamente la CIDH, así como distintas autoridades nacionales, instituciones internacionales y organizaciones indígenas y de la sociedad civil .

133. El conflicto armado afecta a los pueblos indígenas colombianos en forma compleja, a través de distintos conglomerados de actos violentos que fueron descritos por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 como procesos bélicos, así: (1) los procesos bélicos que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta ; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado ; (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas, o que resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra ; y (4) situaciones y procesos socioeconómicos preexistentes, que son exacerbados por el conflicto armado y sus manifestaciones .

134. Durante 2010, la CIDH continuó recibiendo información sobre la ocurrencia de numerosos crímenes y hechos violentos que encuadran bajo varias de las categorías trazadas por la Corte Constitucional, y por lo tanto prestan continuidad al riesgo de extinción física y cultural derivado, para los indígenas colombianos, del conflicto armado. En particular, como se detalla a continuación, la CIDH recibió información sobre homicidios selectivos, especialmente de líderes, lideresas y autoridades tradicionales indígenas; amenazas y hostigamientos por los actores armados ilegales; incursiones de los actores armados a comunidades y territorios étnicos, acompañadas de la siembra de minas antipersonal; afectaciones a comunidades y familias por combates y enfrentamientos entre los actores armados y la Fuerza Pública en sus territorios; y desplazamiento forzado. El conflicto armado afecta a todo el territorio nacional colombiano, pero ciertas zonas del país con una alta concentración de población indígena se han visto golpeadas con especial fuerza por la violencia, como sucede con los departamentos del Cauca, en la región Andina, y Arauca, en la Orinoquía.

135. El impacto que ha tenido el conflicto armado colombiano sobre la población indígena es de tal magnitud, que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, en su informe sobre la visita que hizo al país en 2009, llamó a la intervención del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de la ONU.

136. Los indígenas colombianos son víctimas frecuentes de asesinatos perpetrados por los actores armados, o grupos asociados a los mismos, crímenes que golpean con especial severidad a los líderes y lideresas, autoridades tradicionales y defensoras y defensores de sus derechos humanos. Según informa la ONIC, entre enero y agosto de 2010 se registraron más de 70 asesinatos de indígenas. Entre los distintos pueblos del país, los Nasa, Awá y Wayúu son, con mucho, los que más duramente fueron afectados por el homicidio de sus integrantes durante este año; también se presentaron víctimas entre los pueblos Zenú, Guayabero, Pasto, Sikuani, Tukano, Embera, Guambiano, Pijao y U’wa . Los casos de asesinatos ocurridos en 2010 se suman al alto número de personas indígenas que han perdido la vida en marco del conflicto armado durante la última década. Según datos de la ONIC, entre 2002 y 2009 tuvieron lugar más de 1400 homicidios de miembros de los pueblos indígenas colombianos .

137. Varios homicidios de líderes, lideresas y autoridades tradicionales fueron puestos en conocimiento de la CIDH durante 2010. Así, el 23 de febrero fue asesinado el líder y educador del pueblo Nasa, Andrés Fernando Muelas, quien coordinaba el programa de educación para jóvenes y adultos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. El 27 de julio fue asesinado por un sicario el líder Wayúu y defensor de los derechos humanos Luis Alfredo Socarrás Pimienta. El 13 de agosto fue asesinada por desconocidos la líder U’wa Carmen Elisa Mora, quien era la coordinadora de la oficina de asuntos indígenas de la alcaldía municipal de Saravena (Arauca). El 14 de agosto fue asesinado el líder Jaime Reyes, del pueblo Sikuani, quien se encontraba en situación de desplazamiento forzado. El 26 de agosto siguiente fueron secuestrados y asesinados por desconocidos el líder y concejal Ramiro Inampues, del pueblo Pasto, y su esposa. El 14 de octubre fue asesinado por sicarios el líder indígena y comunicador social Rodolfo Maya Aricape, secretario del Cabildo Indígena del resguardo López Adentro, en el departamento del Cauca. El 5 de diciembre fue asesinado por hombres encapuchados Ariel Antonio Taba Morales, del pueblo Embera-Chamí, presidente de la Asociación de Fruticultores del Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en Ríosucio (Caldas). Estos asesinatos habrían sido cometidos por motivos políticos vinculados al conflicto armado.

138. La CIDH, expresando su alarma por estos crímenes repudiables mediante distintos comunicados de prensa , enfatizó que los ataques contra los líderes, lideresas y autoridades indígenas rompen la cohesión de los pueblos, y afectan no solamente a las personas víctimas directas de la violencia, sino a las sociedades indígenas en su totalidad, dadas las funciones cruciales que cumplen los líderes, lideresas y autoridades tradicionales y su rol central en la defensa, preservación y reproducción de la cultura ancestral; por ello, considerando estos asesinatos como violaciones graves de derechos humanos individuales y colectivos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la CIDH urgió al Estado colombiano que se esfuerce por investigar los crímenes, llevar a la justicia y sancionar a sus responsables materiales e intelectuales, y proveer protección y seguridad a los líderes, lideresas y autoridades indígenas del país.

139. Durante 2010, se continuaron presentando amenazas contra líderes, lideresas, autoridades ancestrales, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros individuales de los pueblos indígenas colombianos, por parte de los actores armados ilegales, y como consecuencia de señalamientos que les tachan de ser colaboradores de alguno de los bandos en conflicto. Por ejemplo, numerosas organizaciones denunciaron que en abril de 2010, varias autoridades, líderes y miembros del pueblo Guambiano (Misak), del departamento del Cauca, fueron declarados objetivo militar mediante panfletos y correos electrónicos amenazantes provenientes de un grupo paramilitar, firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia . Luego en mayo de 2010, el Consejo Regional Indígena de Caldas, y los líderes y organizaciones del pueblo Embera-Chamí que lo conforman, denunciaron haber sido víctimas de una amenaza proferida por el grupo paramilitar “Aguilas Negras”, en la que se les declaró objetivo militar . También se informó públicamente que una líder del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, hija del desaparecido líder Kimy Pernía, recibió en julio de 2010 llamadas amenazantes por parte de un desconocido que dijo ser comandante de “Los Rastrojos” . No se tiene noticia sobre acciones de protección desarrolladas por el Estado colombiano para resguardar a estas personas del riesgo cierto que plantean estas amenazas.

140. Igualmente, se informó a la CIDH sobre la continuidad de los señalamientos contra líderes, lideresas, autoridades e individuos indígenas, en el sentido de ser colaboradores de alguno de los actores en conflicto – señalamientos que generan un riesgo inmediato para las personas, familias y comunidades enteras, y que según demostró la Corte Constitucional, son la causa directa de múltiples crímenes como homicidios, desapariciones o desplazamientos forzados. Así, por ejemplo, el 7 de julio de 2010, los Cabildos Mayores del pueblo Embera Katío del Alto Sinú denunciaron que en una sesión de la Comisión Mixta efectuada en junio de 2010, un alto mando militar habría indicado públicamente que miembros de la comunidad, incluso sus autoridades, eran colaboradores de la guerrilla, señalamiento que genera un riesgo claro para la vida e integridad personal de los afectados .

141. Algunas comunidades indígenas colombianas han sido víctimas de enfrentamientos entre los actores armados y la Fuerza Pública, como sucedió el 30 de enero de 2010 en la comunidad Alto Guayabal-Coredocito del pueblo Embera, en el Resguardo de Uradá Jiguamiandó, Departamento del Chocó, cuando se habría realizado un ametrallamiento y bombardeo del Ejército Nacional que impactó una casa de familia, hiriendo a tres adultos y dos niños indígenas; uno de de los adultos afectados quedó parapléjico como consecuencia de las heridas sufridas. La CIDH adoptó el 25 de febrero medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de las 87 familias integrantes de la comunidad . Posteriormente, la CIDH fue informada sobre enfrentamientos, hostigamientos y bombardeos entre el Ejército y grupos armados irregulares en territorio del resguardo Chinguirito Mira y de la comunidad de La Hondita, del pueblo Awá del Departamento de Nariño, los días 14 y 26 de octubre, 3 y 5 de noviembre, así como sobre la muerte, el 14 de noviembre, de un miembro del pueblo y las lesiones graves sufridas por otros tres, incluida una mujer embarazada .

142. Numerosas comunidades indígenas del país han sido afectadas por la presencia de minas antipersonal en sus territorios. El 2 de diciembre de 2010, la Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dobida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó – OREWA advirtió, mediante comunicado público , que numerosas comunidades indígenas del Chocó se encuentran actualmente en situación de riesgo porque en sus territorios hay un alto número de minas antipersonal, plantadas por los grupos armados al margen de la ley -las guerrillas o los paramilitares, en ambos casos asociados al narcotráfico-. El minado del territorio ancestral ha generado situaciones de confinamiento y de limitación de las actividades básicas de sustento de estas comunidades, tales como caza, pesca y recolección de alimentos; el principal resultado es una crítica situación de desnutrición entre sus miembros . El caso más reciente fue el de la comunidad indígena de Arquía, del pueblo Tule, en la cual incursionó un contingente de guerrilleros de las FARC el día 20 de noviembre de 2010, que pernoctó en la escuela y estuvo allí todo el día siguiente, luego de lo cual sembraron de minas antipersonal el camino que une a la comunidad con el municipio de Unguía. La comunidad, por lo tanto, fue atemorizada y ha visto impedida su libre movilización por el territorio, por miedo a las minas. Se informa que luego de las denuncias públicas emitidas por la comunidad, el Gobierno Nacional envió una comisión de la Fuerza Pública a realizar un desminado, el cual, no obstante, habría sido meramente parcial .

143. Otras comunidades indígenas habrían quedado atrapadas en situaciones de confinamiento y amedrentamiento, causadas por distintas y complejas manifestaciones del conflicto armado, en el curso de 2010. Así, mediante un Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo – Sistema de Alertas Tempranas, se tuvo conocimiento de la situación de la comunidad indígena de Eyákera, del pueblo Embera, en el municipio de Unguía, departamento del Chocó, la cual habría sido afectada por una incursión de la guerrilla de las FARC el 26 de octubre de 2010, la cual realizó una inspección de la comunidad y buscó refugio de la persecución por el Ejército Nacional; según indica la Defensoría, “a partir de este episodio y como respuesta a la ofensiva militar en la zona, la guerrilla incrementó la siembra de minas antipersonal y de artefactos explosivos improvisados para contener la avanzada del Ejército y custodiar los campamentos que instalan de manera transitoria e ilegal en la zona fronteriza con la República de Panamá”. Al mismo tiempo, la misma comunidad habría sido afectada por las acciones criminales de grupos armados ilegales conformados tras la desmovilización de las AUC, autodenominados “Los Urabeños”, los cuales –en términos de la Defensoría del Pueblo- “ejercen presión sobre las autoridades tradicionales, líderes y miembros del pueblo Embera de la Comunidad de Eyákira, para que desistan de su proceso de reivindicación territorial por el cual exigen la titulación de su resguardo y para que les permitan la siembra de cultivos de uso ilícito en territorio ancestral como el tránsito de integrantes de esa agrupación ilegal por la zona. Así mismo están llevando a cabo acciones de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes comunidades Embera del municipio de Unguía.” La comunidad también se ha visto afectada por la presencia de cultivos ilícitos en la zona, y por los controles ejercidos por los actores armados sobre el tránsito de personas, víveres e insumos básicos de subsistencia. Como resultado de esta compleja situación, la comunidad de Eyákera se encuentra amedrentada, confinada y sin haber recibido protección efectiva por las autoridades estatales, por lo cual estaría en alto riesgo de desplazamiento forzado .

144. En un comunicado público de agosto de 2010, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación, entre otras, por las comunidades indígenas expuestas a restricciones a su movilidad y en situaciones de confinamiento, y explicó que “entre las principales causas que generan aislamiento en las comunidades indígenas están la siembra de minas antipersonal por parte de actores armados ilegales y el desarrollo de confrontaciones armadas en sus territorios, así como el impedimento arbitrario al libre tránsito de personas y bienes por los actores armados. En este sentido, los controles de movilidad para acceder a cultivos de pancoger, para el autoconsumo e intercambio, logra la privación de alimentos en ocasiones hasta de 15 días, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población indígena, en especial de niños menores, madres gestantes y lactantes” .

145. Los miembros de los pueblos indígenas también han sido víctimas inocentes del fuego cruzado entre los actores armados y la Fuerza Pública, especialmente en el departamento del Cauca. El 11 de mayo de 2010 murió el niño Juan Pablo Chicangana, de 5 años de edad, y su madre, la Concejala Luz Marina Patiño, resultó gravemente herida, como consecuencia de una granada que lanzó un guerrillero de las FARC contra la estación de Policía del corregimiento de Siberia, en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, y que estalló en un local de servicios de Internet . El 17 de noviembre de 2010, durante un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC en medio de la población civil en la población de Toribío, en el departamento del Cauca, resultó asesinada la ciudadana Rosa María Escue Inseca, indígena Nasa, y otras cinco personas resultaron heridas, incluyendo una niña de 5 años; también murió un agente de la Policía y dos mas sufrieron lesiones graves . Otros incidentes tuvieron lugar en el departamento el 25 de febrero, cuando una patrulla de la Policía fue atacada por guerrilleros de las FARC sobre la carretera al Huila que cruza el territorio indígena Kokonuko, municipio de Puracé, donde murieron dos agentes y cinco quedaron heridos; y el 20 de febrero, cuando se presentaron fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las FARC en el casco urbano y los alrededores de los municipios de Caldono, Jambaló y Cajibío, todos de alta población indígena ; dichos enfrentamientos generaron, entre otras, el desplazamiento forzado temporal de 520 integrantes del pueblo indígena Nasa hacia la vereda El Gualo, donde se instalaron en el “Centro Rural Mixto Gualo”, y denunciaron a la Defensoría del Pueblo –entre otras- “la muerte de animales domésticos debido a los combates, la afectación a sus casas, y la presencia en su vereda de ‘morteros artesanales’ sin detonar que deben ser desactivados para que puedan retornar a sus hogares” .

146. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales también han generado, en 2010, el confinamiento de comunidades enteras en sus territorios, con el riesgo subsiguiente de desplazamiento forzoso que de allí se deriva. Así sucedió con la comunidad indígena Jiw o Guayabero del Resguardo de Mocuare, ubicada a lo largo del río Guaviare en los departamentos de Meta y Guaviare, y compuesta por 150 personas –entre ellos 75 niños y niñas-, que hacia finales del mes de agosto se vio confinada y en alto riesgo de desplazamiento, por la presencia en su territorio de un contingente de las FARC que había sostenido enfrentamientos con el Ejército, riesgo que motivó la visita de una Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 30 de agosto de 2010 para ofrecerles alimentación, atención médica y acompañamiento, y preparar un plan de contingencia. En múltiples oportunidades, la Defensoría del Pueblo ha denunciado el riesgo de desplazamiento del pueblo Guayabero, como consecuencia del confinamiento, el reclutamiento forzado, el minado de su territorio y los asesinatos selectivos de líderes y miembros de las comunidades .

147. Durante 2010 también se tuvo noticia de la afectación de comunidades indígenas por los efectos indiscriminados de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos realizadas por el Gobierno Nacional. Según denunciaron las autoridades indígenas del pueblo Eperara-Siapidaara, el 16 de marzo de 2010, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, varias avionetas de la Policía Antinarcóticos habrían fumigado las huertas comunales y las parcelas de las mujeres del resguardo Eperara-Siapidaara de Joaquincito, en el Río Naya, del corregimiento de Puerto Merizalde, municipio de Buenaventura (departamento del Valle). Estas mismas fumigaciones también habrían afectado las parcelas de las comunidades afrodescendientes vecinas, incluido un proyecto agroecológico conjunto de las mujeres de ambos grupos poblacionales, generando daños a sus cultivos de pancoger y al ecosistema particularmente rico y delicado de la zona . A la fecha no se cuenta con información sobre iniciativas o procedimientos destinados a reparar el daño causado.

148. La principal consecuencia del impacto agudo del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, es el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras, cuya magnitud ya fue descrita por la CIDH en pasados informes anuales. Según datos de la ONIC, entre 2002 y 2009 se presentó el desplazamiento forzado de aproximadamente 74.000 personas indígenas. El desplazamiento forzado atenta directamente contra la existencia misma de los pueblos indígenas, puesto que rompe la relación fundamental que éstos guardan con sus territorios, tanto en términos de supervivencia física –puesto que de dicho territorio derivan su sustento material-, como de supervivencia cultural –en la medida en que su cultura está directamente ligada al territorio ancestral- . Durante 2010 continuaron ocurriendo desplazamientos forzados de la población indígena. Así, se tuvo noticia de que como consecuencia de un enfrentamiento entre la Infantería de Marina y las FARC el 31 de enero, 300 miembros del pueblo indígena Eperara-Siapidaara se desplazaron hacia la comunidad de Boca de Víbora, cerca de Bocas de Satinga en la cabecera municipal de Olaya Herrera, departamento de Nariño, provenientes de los caseríos La Tórtula, Casa Grande y Robles, e igualmente impulsados por múltiples homicidios selectivos cometidos por grupos armados ilegales en la zona . Posteriormente, en el departamento del Chocó, el 2 de noviembre, la comunidad indígena de Chigorodó Membá, compuesta por cincuenta y cuatro personas, de las cuales 18 son niños, se vio forzada a desplazarse hacia Puerto Meluk por amenazas a sus líderes y docentes de parte de los grupos armados ilegales (paramilitares). La comunidad se encontraría en condiciones extremas, ya que el poblado de recepción no cuenta con infraestructura suficiente para albergar a sus miembros; en consecuencia, las nueve familias que componen la comunidad actualmente están viviendo en condiciones de hacinamiento en un molino, sin haberse tenido noticia de acciones estatales orientadas a proteger sus derechos .

149. La CIDH ha tenido conocimiento sobre la situación actual de algunas comunidades indígenas que fueron desplazadas hace casi tres años de sus territorios ancestrales, y actualmente siguen viviendo en condición de desplazamiento por la imposibilidad de retornar, sin haber recibido la atención estatal a la que tienen derecho. Así, por ejemplo, se ha recibido información sobre las comunidades de los resguardos Caño Claro y La Esperanza, del Pueblo Makaguán, e Iguanito, del Pueblo Sikuani, las cuales fueron expulsadas de su territorio por las guerrillas de las FARC y el ELN desde enero y abril de 2008, y se encuentran actualmente asentadas en el resguardo de Parreros, del corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, departamento de Arauca. Las condiciones de vida que soportan los miembros de estas tres comunidades son extremas, puesto que el desplazamiento forzado les ha impedido realizar las prácticas tradicionales de caza, siembra y recolección en sus territorios, de las cuales derivan su sustento, como consecuencia de lo cual no tienen acceso a alimentos y deben soportar cotidianamente hambre, causando a su vez serias condiciones de anemia, desnutrición y otros problemas de salud, particularmente entre los niños. Igualmente viven en condiciones de salud e higiene extremas, puesto que no tienen acceso a agua potable ni a saneamiento básico, lo cual, unido a un mal manejo de residuos sólidos, se ha traducido en altas incidencias de enfermedades infantiles, parasitismo y otras enfermedades digestivas. Según reportó la ASCATIDAR, en octubre de 2010 un grupo de delegados de las comunidades se desplazó hacia el territorio ancestral para explorar posibilidades de retorno, y allí fueron recibidos por las FARC, quienes les advirtieron que su territorio estaba minado y que atentarían contra su vida en caso de regresar . La violación de los derechos humanos de estas comunidades y de sus miembros es transversal, profunda y preocupante; la CIDH exhorta al Estado colombiano a gestionar de manera inmediata la reubicación de estas comunidades en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad, de conformidad con sus obligaciones internacionales en la materia.

150. El conflicto armado también ha afectado a quienes defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. El 18 de agosto, fueron secuestrados por hombres armados aparentemente pertenecientes a un grupo paramilitar emergente, dos asesores de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara-Siapidaara de Nariño (ACIESNA), de 23 y 30 años de edad, cuando se desplazaban en una lancha de transporte de pasajeros desde Tumaco hacia El Charco, sobre el sector conocido como Salahonda, en el municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño. Ambos desempeñaban labores de capacitación con miembros de las comunidades Eperara-Siapidaara en el Departamento. No se tiene noticia hasta la fecha sobre gestiones para la liberación de estos dos defensores .

4. Situación de la mujer indígena

151. Las mujeres indígenas colombianas viven una situación de múltiple discriminación, por su condición femenina y su condición indígena, que las hace mayormente vulnerables a los impactos del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza y la marginalización estructural. La Corte Constitucional colombiana reconoció algunas manifestaciones de esta situación en el Auto 092 de 2008, en el cual le ordenó al Gobierno Nacional, entre otras, que creara e implementara un Programa de Protección de la Mujer Indígena Desplazada. Hasta la fecha, más de dos años después de la adopción del Auto, este Programa no ha sido creado.

152. Una de las manifestaciones más preocupantes del impacto del conflicto armado sobre la mujer indígena es la violencia sexual, descrita en detalle en el Auto 092 de la Corte Constitucional, y cometida por todos los actores armados enfrentados, en tanto arma de guerra . La violación, el acoso sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y el enamoramiento como táctica bélica impactan con particular severidad a las mujeres indígenas, quienes están mayormente expuestas a los crímenes de los actores armados en virtud de las múltiples discriminaciones que soportan. Durante 2010, la CIDH continuó recibiendo información sobre actos de violencia sexual cometidos contra mujeres indígenas en distintos puntos del país. Así, por ejemplo, se reportó que en noviembre de 2009, una niña del pueblo Wiwa habría sido violada por un soldado del Ejército Nacional en San Juan del Cesar (La Guajira) . En la audiencia temática celebrada en octubre de 2010 sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, la ONIC reportó que en su sistema de información se habían registrado 3 casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en el marco del conflicto armado durante 2010. En agosto de 2010, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia expresó mediante un comunicado público su preocupación por la ocurrencia continua de crímenes de violencia sexual contra mujeres indígenas relacionados con el conflicto armado interno . El Estado informó que la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia ha adelantado una serie de actividades a fin de facilitar la formulación del diseño del programa de protección de las mujeres indígenas desplazadas .

5. Cumplimiento precario de las órdenes de protección de la Corte Constitucional

153. En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional describió la respuesta estatal a la situación de afectación por el conflicto armado y el desplazamiento forzado como una reacción meramente formal, consistente en la aprobación de normas jurídicas y documentos de política con precarias repercusiones prácticas. Por ello, ordenó al Gobierno que creara los instrumentos de política pública necesarios para proteger a los pueblos indígenas frente a estos peligros, a saber, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado, aplicable a todos los pueblos indígenas del país, y 34 Planes de Salvaguarda Étnica para igual número de pueblos específicos que la Corte consideró se encuentran en particular riesgo por la violencia.

154. En la audiencia temática celebrada en octubre de 2010 sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, el Gobierno Nacional informó que para cumplir con la orden de la Corte Constitucional en el sentido de crear un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado, se inició un proceso de concertación con las organizaciones indígenas, a través de dos mesas permanentes de concertación, consistente en una sucesión de encuentros regionales y nacionales acordados con los propios pueblos indígenas . En cuanto a los Planes de Salvaguarda Etnica, explicó que se había pactado en la mesa de concertación que se iniciaría su proceso de creación después de que se culminara el de diseño y creación del Programa de Garantías , no obstante lo cual el Gobierno ya había iniciado acercamientos con los pueblos Awá, Totoró, Yanacona, Cofán, Nasa, Betoyes, Siona, Eperara-Siapidaara, Chimila, Yukpa, Coreguaje, Embera Chamí, Guambiano, Zenú y Kichwa.

155. La CIDH reconoce el valor de este proceso de concertación, pero al mismo tiempo expresa su preocupación por el hecho de que casi dos años después de la adopción del Auto 004 de 2009, todavía no existe ni el Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado, ni ningún Plan de Salvaguarda Etnica, al tiempo que se siguen cometiendo serias violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos. La CIDH exhorta al Gobierno de Colombia a que redoble sus esfuerzos por crear e implementar, en forma pronta y efectiva, estos instrumentos de política pública, que pueden constituir, una vez sean implementados, medios idóneos para resguardar a la población indígena de la violencia armada y sus procesos conexos de violación de los derechos humanos, que continuaron victimizando a las poblaciones indígenas durante 2010.

6. Situación territorial; megaproyectos y consulta previa

156. Los territorios indígenas legalmente reconocidos abarcan casi una tercera parte del territorio colombiano. Este hecho, generalmente reconocido, refleja un avance innegable en la protección de los derechos de los pueblos indígenas del país por el Estado, ya que el acceso a los territorios ancestrales es clave para el ejercicio de sus demás derechos humanos individuales y colectivos . Al mismo tiempo, el territorio ha sido uno de los factores que han llevado a los pueblos indígenas colombianos a ser victimizados desproporcionadamente por el conflicto armado del país .

157. Igualmente, subsisten numerosas solicitudes de titulación, delimitación y demarcación territorial que actualmente se encuentran sin resolver por las autoridades gubernamentales – según datos de la ONIC, son más de 500 las reclamaciones pendientes de resolución , cifra confirmada por el Gobierno Nacional en la audiencia temática celebrada en octubre de 2010 por la CIDH.

158. Por otra parte, las organizaciones indígenas han manifestado su preocupación por declaraciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 2009, en el sentido de que no reconocerían en adelante los títulos de propiedad territorial de origen colonial y republicano, que para numerosas comunidades y pueblos constituyen el único instrumento jurídico que les permite acreditar su propiedad territorial – medida que sería regresiva y contraria al propio curso de acción previo del Estado colombiano en el sentido de reconocer tales títulos de propiedad sobre los resguardos . En sus observaciones el Estado llamó la atención de la CIDH sobre la existencia del Decreto 441 de 2010, por el cual se reglamenta el artículo 85 de la Ley 160 de 1994. Dicho Decreto ordena al INCODER “reestructurar los resguardos de origen colonial previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA u otras entidades”, a más tardar a 31 de diciembre de 2012 .

159. En la audiencia temática celebrada en octubre de 2010 sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, el Gobierno Nacional explicó que no es que se estén desconociendo los resguardos de origen colonial, sino que existen algunas dudas sobre los títulos y el alcance de los derechos correspondientes, explicando que en varios ya hay población no indígena asentada de tiempo atrás, dado que son resguardos antiguos; e indicó que el Gobierno adoptó una directriz para que en 2010 se clarifique la situación de los títulos y las tierras correspondientes, para dejarlos saneados y con plena claridad. A este respecto, el propio Gobierno afirmó que dicha norma debe interpretarse en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991, en el sentido de que al ser estas actividades de afectación directa para los pueblos indígenas, las medidas adoptadas deben ser consultadas con los mismos . La CIDH recuerda que de conformidad con sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Estado colombiano debe desarrollar tal proceso de aclaración de los títulos territoriales con la plena participación y consentimiento de los pueblos o comunidades afectados como un todo en la toma de cualquier decisión que pueda afectar sus derechos , sin adoptar medidas regresivas o que reduzcan el alcance actual de los derechos territoriales de los pueblos indígenas .

160. Los pueblos indígenas de Colombia han denunciado ante diversas instancias internacionales que uno de los factores de riesgo que actualmente penden sobre su existencia física y cultural es el de los planes y proyectos de infraestructura y de explotación económica que se están proyectando e implementando dentro de sus territorios, sin el debido respeto por sus derechos individuales y colectivos, y en distintos casos asociados a la violencia de los actores armados.

161. Tal y como lo ha explicado la Corte Constitucional, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura o de explotación de los recursos naturales se ha asociado, en varios casos, a la violencia ejercida contra las comunidades indígenas por los actores armados en conflicto . En este sentido, la Corte describió, como uno de los procesos socioeconómicos y territoriales conexos al conflicto armado que impactan desproporcionadamente a la población indígena, el desarrollo de actividades económicas en territorios indígenas; y explicó a este respecto que en numerosos casos, los actores armados interesados en el desarrollo de megaproyectos de explotación económica o de infraestructura en territorios indígenas han emprendido estrategias de violencia contra los pueblos autóctonos, con miras a silenciar su oposición y apoderarse de sus tierras . El Sistema de Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado, en agosto de 2010, a que el Gobierno “adopte medidas cautelares especiales para proteger la integridad y el derecho a la vida de los líderes indígenas que participen en consultas sobre proyectos económicos y defiendan el territorio indígena en los casos de procesos de consulta con comunidades en municipios para los cuales el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha identificado un riesgo de violencia elevado” . El Estado informó a la CIDH que en lo relativo a las consultas previas sobre proyectos con comunidades en municipios en donde existan alertas tempranas, “el grupo de consulta previa del Ministerio del Interior y de Justicia tiene identificados aquellos proyectos con el fin de cumplir el papel de garantes del derecho fundamental a la consulta previa y en la misma vía realizar un trabajo interinstitucional coordinado de garantía y protección de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de los grupos étnicos asentados en esas zonas” .

162. A nivel de proyectos de infraestructura, es de público conocimiento que el Estado Colombiano planea construir, o ha iniciado las obras de construcción, de distintos emprendimientos de gran escala, tales como represas hidroeléctricas, puertos o distritos de riego. Asimismo se ha asociado a procesos de integración infraestructural latinoamericana, tales como la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA). Múltiples proyectos infraestructurales de gran calado serán construidos en territorios indígenas, o los afectarán directamente; tal es el caso, por ejemplo, de la Represa Los Bezotes, la Represa del Río Ranchería o el Puerto Multipropósito Brisa, los cuales afectarán profundamente el territorio de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y Wayúu, de la Guajira.

163. Las iniciativas de exploración y explotación minera y de hidrocarburos emprendidas por el Gobierno Nacional también han generado un alto nivel de preocupación entre los pueblos indígenas, ya que afectarían numerosos territorios ancestrales. Entre los efectos previsibles de estos proyectos se cuentan la degradación medioambiental profunda, la afectación o destrucción de lugares sagrados, la irrupción de actores no indígenas en los territorios, y la afectación de las estructuras de organización social de los pueblos respectivos .

164. Uno de los ámbitos de mayor preocupación para los pueblos indígenas del país es el de la realización de los procesos de consulta previa. Aunque Colombia cuenta con un marco normativo de relativa sofisticación sobre el tema , en términos de la ONIC, “la consulta se ha convertido en un constante esfuerzo político y cultural para algunos pueblos, y en el principal generador de pugnas y divisiones al interior de las organizaciones”. Han sido reiteradas las quejas públicas de los pueblos indígenas en el sentido de que el Gobierno Nacional visualiza las consultas previas como meros trámites formales que se deben agotar para efectos de adelantar proyectos de inversión o desarrollo, o de otorgar concesiones extractivas de los recursos naturales, dentro de los territorios ancestrales, sin prestar una consideración sustancial a la postura de los pueblos o comunidades afectados, incluso si éstos manifiestan su oposición al proyecto consultado. Adicionalmente, los pueblos indígenas colombianos han denunciado que durante los procesos de consulta previa, las empresas concesionarias o interesadas en obtener las concesiones respectivas realizan esfuerzos por obtener el beneplácito de los miembros de las comunidades ofreciendo, a cambio, pequeñas dádivas o contraprestaciones materiales, aprovechando su situación de necesidades básicas insatisfechas y abandono estatal .

165. En 2010, la Corte Constitucional decidió suspender la realización del proyecto minero Mandé Norte, que afectaría un lugar de alta significación espiritual para los indígenas Embera, afectando más de once comunidades de los resguardos del Río Murindó y Uradá Jiguamiandó, por cuanto no se había desarrollado un proceso de consulta previa acorde con las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano ; según se informó a la CIDH, el Gobierno Nacional impugnó la validez de esta decisión ante el pleno de la Corte, y se encuentra esperando una resolución de este recurso . La CIDH recuerda que bajo los instrumentos interamericanos de derechos humanos, los planes o proyectos de inversión y desarrollo o las concesiones extractivas de los recursos naturales en territorios indígenas que (i) sean de gran escala y (ii) puedan surtir un impacto profundo sobre la forma de vida de las comunidades o pueblos afectados, requieren no sólo ser consultados en forma previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, sino que necesitan el consentimiento del pueblo indígena respectivo .

166. También en términos del derecho al territorio, se ha reportado la persistencia y agravamiento de conflictos territoriales entre pueblos o comunidades indígenas y colonos u otras personas no indígenas interesados en apropiarse de las tierras ancestrales, sin que haya una respuesta enérgica del Estado orientada a proteger a los indígenas de hechos de violencia orientados a despojarles de su territorio. Así, por ejemplo, se denunció que el 9 de octubre de 2010, en el Resguardo de Iroka del pueblo Yukpa, de la Serranía del Perijá en el departamento del Cesar, se habría presentado una riña entre varios colonos e indígenas, como consecuencia de la cual fue asesinado a machetazos el líder Yukpa Isaías Montes, y heridos de gravedad los indígenas Omar Franco y Juan García, entre otros . La CIDH enfatiza que los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos por el Estado de ataques por terceros, especialmente cuando tales ataques ocurran en el marco de conflictos por el territorio ancestral . En casos así, las autoridades estatales están internacionalmente obligadas a (i) prevenir la ocurrencia de dichos conflictos, (ii) proteger a las comunidades indígenas de ataques violentos, y (iii) investigar y sancionar efectivamente a los responsables .

167. La protección del derecho a la propiedad territorial indígena, bajo el Artículo 21 de la Convención Americana, tiene una importancia singular para los pueblos indígenas porque la garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas , y constituye un pre-requisito para el ejercicio de los derechos a la vida en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud , al honor, a la dignidad, a la libertad de consciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia . Para la CIDH, “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra” . La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con “el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida” . La CIDH llama al Estado colombiano a multiplicar sus esfuerzos por proteger el goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos indígenas, como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales en el marco del conflicto armado interno.

7. Situación socioeconómica

168. Las condiciones socioeconómicas de la población indígena colombiana son graves. Según cifras publicadas por la ONIC, con base en datos del DANE y la Universidad de los Andes, el 63% de la población indígena vive bajo la línea de pobreza, y el 47.6% bajo la línea de pobreza extrema .

169. Una de las secuelas más graves de la pobreza es la altísima incidencia de la desnutrición infantil entre las comunidades indígenas, la cual ya ha sido denunciada por la CIDH en sus informes anuales recientes. La ONIC ha reportado, por ejemplo, que entre los niños y niñas del pueblo Guayabero (Jiw) el nivel de desnutrición crónica es del 83,5% ; también ha informado que en el curso del año 2009, “han sido públicos los casos de muerte por desnutrición de niños y niñas indígenas en los pueblos Emberá Katío (Chocó), Wiwa (Guajira), Yukpa (Cesar), Wayúu (Guajira), y los casos de elevada desnutrición en los pueblos Awá y Eperara Siapidaara en Nariño” ; e igualmente ha denunciado este año que en el pueblo Kankuamo, el 12.9% de la población infantil del resguardo entre 0 y 6 años de edad sufre desnutrición crónica grado II, el 6.22% desnutrición crónica grado III, y el 19% está en grave riesgo de desnutrición . Entre los factores que atentan contra la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas sobresale el conflicto armado –en particular por las restricciones impuestas por los actores armados sobre las actividades tradicionales de sustento, sobre el tránsito de alimentos desde y hacia las comunidades, por la apropiación de los bienes de subsistencia de propiedad de los indígenas, o por los efectos de las fumigaciones estatales indiscriminadas sobre los cultivos de pancoger-.

170. La situación de salud de los pueblos indígenas colombianos también es preocupante. Cifras del ministerio de la Protección Social indican que para 2009, el 67.5% de la población indígena estaba afiliada al sistema de seguridad social en salud, esto es, el 32.4% se encontraba desprovisto de cobertura; esta cifra es mucho mayor que el porcentaje de la población no indígena que no está afiliada al sistema. Por otra parte, existen serios obstáculos geográficos para la prestación eficiente de servicios de salud, ya que en varias regiones del país las personas indígenas deben desplazarse por grandes distancias, de horas o días de camino, para llegar a los centros de atención, y en consecuencia no tienen acceso real al sistema, mucho menos en casos de urgencia. Si bien el Estado ha emprendido campañas de promoción de salud entre las comunidades, se trata de iniciativas puntuales y poco regulares. El Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, en su informe publicado en 2010 sobre la visita al país, resaltó la gravedad de la situación de salud .

171. Las precarias condiciones de acceso al sistema de salud interactúan con las circunstancias de pobreza y desnutrición para generar cuadros alarmantes de morbilidad y mortalidad infantil entre las comunidades indígenas del país. En junio de 2010, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó denunciaron, mediante comunicado a la opinión pública, que había aumentado entre sus comunidades la muerte de niños indígenas, y que específicamente, una epidemia que aún no había sido diagnosticada había cobrado la vida de más de diez niños en un mes .

172. La CIDH enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados miembros de la OEA a respetar, garantizar y promover el goce efectivo del derecho a la vida en condiciones de dignidad, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este derecho fundamental, del que son titulares todos los miembros de los pueblos indígenas, impone al Estado colombiano, entre otras, el triple deber de (i) adoptar medidas especiales para generar condiciones de vida dignas para las personas, (ii) abstenerse de producir condiciones que obstaculicen el acceso a las condiciones básicas de alimentación, agua, salud y habitación, y (iii) en casos de pueblos ya expuestos a situaciones de vulnerabilidad y riesgo por su pobreza, adoptar medidas positivas con carácter prioritario para satisfacer los requerimientos mínimos de una subsistencia digna. En el caso de los pueblos, comunidades y personas indígenas, el cumplimiento de este triple deber debe realizarse con la debida consideración por la cultura ancestral y teniendo en cuenta la especial relación que vincula a los pueblos indígenas con sus territorios y con los recursos naturales que en ellos se encuentran.

B. Comunidades y consejos comunitarios afrodescendientes y raizales

173. El 29 de marzo de 2009, la CIDH aprobó sus “Observaciones Preliminares tras la visita del Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial a la República de Colombia”. En dicho documento, la CIDH advirtió sobre los “constantes actos de violencia contra civiles [mayormente afrodescendientes] mediante masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, daños a la integridad física, violencia sexual, actos de hostigamiento y desplazamiento forzado” .

1. Situación socioeconómica e impacto diferencial del conflicto armado interno

174. Desde hace diez años, cuando la CIDH abordó la situación de la población afrocolombiana, en su “Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia”, concluyó que “es válido llegar a la generalización de que el terror y la violencia que practican todas las fuerzas contenciosas de Colombia han afectado particularmente a los colombianos que viven en condiciones de pobreza extrema, de los cuales, un número desproporcionado son negros” .

175. El 10 de mayo de 2010 el Gobierno emitió un documento CONPES en el que estableció una política para promover la igualdad de oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal con recomendaciones dirigidas a cada una de las entidades que conforman el CONPES. De acuerdo con el documento es importante poner en marcha acciones afirmativas que permitan el ejercicio y disfrute de los derechos individuales y colectivos de dicha población. En ese sentido, el documento señala que la política que se establece busca implementar soluciones para generar oportunidades de acceso al desarrollo humano sostenible, y reducir la brecha en las condiciones de vida de la población afrocolombiana respecto al resto de la población del país .

176. No obstante lo anterior, la Comisión observa que en los últimos diez años la situación no ha mejorado y los afrocolombianos siguen siendo víctimas de “masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual, actos de hostigamiento y amenazas por parte de los actores del conflicto armado” . Asimismo, los líderes y lideresas de los consejos comunitarios que han impulsado reclamos de titulación, de respeto efectivo a la propiedad colectiva de la tierra de estas comunidades y oposición a los grupos armados, han sido objeto de asesinatos selectivos, actos de violencia y hostigamiento . Consecuentemente, la CIDH ha hecho referencia, año tras año, a la grave situación que afecta a los afrocolombianos, especialmente en lo que se refiere a sus derechos a la vida e integridad personal, particularmente de los líderes y lideresas de la comunidad afrodescendiente en Colombia .

177. Similarmente, otros órganos internacionales de derechos humanos han recientemente constatado esa misma problemática y expresado su preocupación respecto de ello. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), al examinar los informes periódicos 10º a 14º de Colombia, durante su 75º Período de Sesiones, del 3 al 28 de agosto de 2009, indicó que, uno de los factores que dificultan y/o obstaculizan la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en Colombia, es la situación de violencia generada pos los grupos armados, en el marco del conflicto armado, cuya víctima principal es la población civil, en particular los afrocolombianos . Asimismo, el CERD expresó su especial preocupación “por la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra los afrocolombianos […], como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, o reclutamientos y desplazamientos forzados” ; así como “por la persistencia de un gran número de desplazamientos en masa e individuales y del número desproporcionadamente elevado y cada vez mayor de afrocolombianos […] entre los desplazados” .

178. Asimismo, en febrero de 2010, la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Gay McDougal, realizó una visita oficial de observación a Colombia, enfocada en comunidades que se identifican como Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras. En sus Conclusiones Preliminares , la Experta Independiente indicó como un reto emergente enfrentado por las comunidades afrocolombianas, “la violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los ‘megaproyectos’ destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos humanos” . Asimismo, la Experta Independiente señaló que el desplazamiento de las comunidades afrocolombianas es un problema prioritario, toda vez que “pese a la concesión de títulos colectivos a un 90% de tierras ancestrales Afrocolombianas, muchas comunidades están desplazadas” .

179. En efecto, la Experta Independiente observó que las comunidades afrodescendientes “quedan hoy día ubicadas en medio del peligro” , pues los territorios de los afrocolombianos tienen valor estratégico para la guerrilla, ex –paramilitares y otros grupos armados . Lo anterior, por lo tanto, ha sido fundamental para la ocurrencia de asesinatos, y amenazas contra los líderes y lideresas comunitarias afrodescendientes, y ha determinado la permanencia de la violencia “en forma de asesinatos selectivos [de líderes afrodescendientes], desapariciones, intimidación, desplazamiento continuo y confinamiento” . Por último, es necesario resaltar que, como lo constató la CIDH en su Informe sobre “Las Mujeres frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia” (2006) , la Experta Independiente también estableció que es necesario establecer “respuestas urgentes que reconozcan el impacto de la violencia y del desplazamiento en las mujeres, y fomentar condiciones de seguridad, dignidad y justicia para ellas” , toda vez que el impacto de los asesinatos, desapariciones y del desplazamiento de hombres afrodescendientes han exigido que las mujeres asuman “papeles de liderazgo en sus comunidades [demostrando] una capacidad de aguante y resistencia remarcables” .

180. En línea con las consideraciones anteriores, durante el año de 2010, la CIDH continuó recibiendo información de distintas fuentes sobre la grave crisis humanitaria de la que padece la población afrocolombiana, en particular sus líderes y lideresas, y miembros de los consejos comunitarios, quienes ejercen liderazgo en la reivindicación, defensa y protección de los derechos humanos de los afrocolombianos, especialmente de sus derechos relativos a sus territorios, los recursos naturales allí existentes y su derecho a la autonomía e identidad cultural.

181. En efecto, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió a través del Informe de Riesgo No. 031 del 31 de diciembre de 2009 sobre el riesgo para la vida, la libertad e integridad de la población civil de Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajirá, como consecuencia de los actos de violencia de que son responsables los grupos armados ilegales en los territorios colectivos, especialmente para los habitantes de Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo en Jiguamiandó; Caño Manso, Caracolí, Camelias, Cetino, Andalucía y Caño Claro en Curvaradó; así como las autoridades del Consejo Comunitario afrodescendiente de La Larga Tumaradó, y los integrantes de las juntas de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y de Jiguamiandó .

182. No obstante, corresponde señalar que en 2010 han sido asesinados un preocupante número de líderes y lideresas de la población afrocolombiana, lo que tiende a caracterizar “una estrategia de persecución y desarticulación en contra [del] movimiento étnico-territorial afrocolombiano” . En ese sentido, la CIDH también había previamente concluido que las acciones de los actores armados y de los actores económicos (en muchos casos aliados con actores armados), interesados en los territorios colectivos de los afrocolombianos, frecuentemente producían violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario con el objeto de “causar el terror, el desplazamiento y la apropiación indebida de tierras [afrocolombianas]” .

183. La CIDH recibió información sobre los asesinatos del líder del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó, Argénito Díaz Tapias, por impactos de bala disparados por un sicario, el 18 de enero de 2010 y de los miembros del Consejo Comunitario del Micay y COCOCAUCA, José Félix Orejuela y Milton Torres, el 21 y el 22 de enero de 2010, respectivamente . Al respecto, el Estado informó que el Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y la Dirección de Derechos Humanos tomó las medidas de protección respecto del Consejo Comunitario de Manglares, López de Micay. Asimismo, el Estado informó que en marzo de 2010 la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior otorgó medidas de protección a COCOCAUCA y al Consejo Comunitario de Manglares consistentes en 25 medios de comunicación, ocho apoyos de reubicación temporal y uno para transporte fluvial .

184. Asimismo, de acuerdo con información recibida la Comisión en junio de 2010, entre los meses de abril y mayo de 2010, la persecución en contra los líderes y lideresas afrocolombianos fue profundizada a partir de varias amenazas presuntamente enviadas pos los grupos paramilitares “Águilas Negras” y “Rastrojos”. Según la información recibida, el Bloque Central de las Águilas Negras habría enviado comunicaciones indicando que 80 organizaciones colombianas – incluyendo AFRODES, entre otras organizaciones afrocolombianas – fueron declaradas objetivo militar bajo el argumento de ser colaboradoras de los grupos guerrilleros (FARC y ELN) y oponerse a las políticas del gobierno . El 21 de mayo de 2010 AFRODES habría enviado una petición al Gobierno Nacional solicitando apoyo para enfrentar la grave situación de seguridad contra sus vidas .

185. Al respecto, durante el año 2010, la Comisión ha recibido información sobre asesinatos de miembros de organizaciones afrocolombianas y sus familias como el hijo de Ricaute Angulo Valencia (AFRODES) el 17 de abril , Rogelio Martínez (MOVICE)
el 18 de mayo , Estrella Hinestrosa Robayo (ASODES) el 20 de mayo , Alexander Quintero (Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya) el 23 de mayo , el hijo de Horacio Riascos Suárez (AFRODES) el 22 de junio , Jaider Julio (ASHUDEBOL) el 6 de junio , Rodolfo Flórez (Fundación Una Vida Mejor) en julio , Andrés Medina (Colectivo Afrocolombiano Son Bata) el 3 de julio y Jair Murillo (AFRODES) el 17 de julio .

186. Asimismo, la CIDH fue informada de la masacre de cinco personas perpetrada en la vereda Yanzal del municipio El Charco, en el departamento de Nariño, en la mañana del viernes 1º de octubre de 2010 y el desplazamiento masivo ocurrido el 2 de octubre en la zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, luego de amenazas, homicidios y extorsiones ejecutadas por un grupo armado ilegal. Sobre dichos sucesos, el Defensor del Pueblo señaló que “constituye[n] una grave violación a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de la población civil de las comunidades afrodescendientes […], que afecta, adicionalmente, sus derechos a la autonomía territorial y cultural, y a la organización social” .

2. Desplazamiento y situación territorial

187. La Comisión continúa preocupada por la situación de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y el Curvaradó, protegidos por medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana. Al respecto la Comisión ha señalado que los territorios titulados a favor de estas comunidades afrodescendientes han sido objeto de usurpación con el fin de emplearlos en el lucrativo negocio de los agrocombustibles, lo que ha afectado la biodiversidad de la zona y los recursos con lo que estas comunidades cuentan para su subsistencia alimentaria.

188. Dichos territorios se encuentran en un proceso de recuperación jurídica y restitución material de las tierras usurpadas. Con relación a este proceso, el 17 de julio de 2009 la Corte Constitucional, dictó el Auto 222 de 2009 con el objeto de adoptar una medida cautelar urgente para proteger los derechos fundamentales de la comunidad afrocolombiana de Caracolí perteneciente a la comunidad de Curvaradó afectada por el desplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado en la sentencia T-025 de 2004 y en el Auto 005 de 2009 . Las medidas cautelares consistían en la suspensión inmediata e indefinida de la orden judicial de desalojo contra miembros de dicha comunidad, emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, departamento del Chocó, así como la adopción de medidas de protección para la comunidad de Caracolí, las cuales deberán ser adoptadas de manera concertada con la comunidad en el marco de las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana. La Corte Constitucional reconoció el carácter de sujetos de protección constitucional reforzada que tienen estas comunidades por mandato de la Constitución colombiana y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Al respecto, la Comisión ha recibido información que indica que el Estado habría incumplido con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en dicho Auto.

189. Asimismo, el 5 de octubre de 2009 el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó dictó la Sentencia 0073 que ordena la devolución de los territorios que habían sido ocupados ilegalmente y posteriormente recuperados por el Estado al Consejo Comunitario de la Cuenca de Curvaradó, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante fallo emitido el 8 de abril de 2010. Dicho fallo ordenó la restitución de los territorios colectivos a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó dentro de un plazo de treinta (30) días. Al respecto, el 18 de mayo de 2010 la Corte Constitucional profirió un Auto mediante el cual, revisó el cumplimiento de las órdenes del Auto 005 de 2009 y concluyó que existen incumplimientos y/o retrasos en el cumplimiento de las órdenes. Asimismo, señaló que existe una sistemática y permanente violación a los derechos fundamentales de la población afrodescendiente y que

Mientras persista la situación actual de incertidumbre sobre la representatividad de las autoridades comunitarias, la delimitación territorial y el censo poblacional, así como sobre la falta transparencia y efectividad del proceso de restitución material de los territorios colectivos, y continúen la división, las campañas de desprestigio mutuo y las amenazas, cualquier intervención de las autoridades administrativas o judiciales, puede contribuir a aumentar las tensiones y los riesgos extraordinarios para la vida y la seguridad personales de la población de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó .

190. Por lo anterior, indicó que el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de 8 de abril de 2010 resulta imposible hasta tanto no se cumpla con los procedimientos definidos en el Auto 005 y se clarifique la representación legal de las comunidades. Finalmente, señaló que existen riesgos comprobados para la vida y la integridad física de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó y que en particular para los líderes comunitarios Enrique Petro y Marta Ligia Chaverra, y otros que se encuentran amenazados y requieren de protección. Finalmente, la Corte emitió una serie de órdenes para distintas instituciones públicas que, según información recibida por la Comisión, a la fecha no habrían sido implementadas . Al respecto, la Comisión continúa en observación del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana a favor de éstas comunidades.

191. En sus observaciones el Estado informó que con el fin de dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el Auto del 18 de mayo de 2010 se estableció una Mesa Interinstitucional conformada por el Ministerio del Interior y de Justicia, Acción Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Dicha Mesa ha avanzado en el diseño y formulación de un plan de acción encaminado a dar cumplimiento a las órdenes judiciales que benefician a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, mediante el cual se “adoptan medidas cautelares de protección inmediata para la salviaguarda de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó” en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 .

192. Asimismo, el Estado indicó que el ejercicio interinstitucional busca producir un Plan Estratégico concertado con las comunidades y generar un escenario de interlocución y confianza con las comunidades donde el Gobierno presente a las comunidades y sus líderes (23 comunidades de Curvaradó y 11 de Jiguamiandó seleccionadas a sugerencia de la Defensoría del Pueblo) un cronograma concertado entre las partes de acciones a adelantar, responsables, tiempos, planes específicos y compromisos establecidos por cada uno de los participantes .

193. Finalmente, el Estado señaló que Ia Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolornbianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia lidera Ia realización de un censo poblacional a las comunidades asentadas en las Cuencas de los Ríos Jiguamiandó y Curvaradó, con el propósito de identificar y determinar Ia posesión legítima del territorio colectivo, reconocido par el Estado colombiano mediante Ia Lay 70 de 1993 y adjudicado a éstas a través de las Resoluciones No. 02801 y 02809 de noviembre de 2000 del INCODER .

194. La Comisión ha expresado en forma reiterada su preocupación por la falta de esclarecimiento judicial de la mayoría de los hechos de violencia que han afectado a las comunidades afrodescendientes y causado su desplazamiento en el contexto del conflicto armado . En ese sentido, la CIDH ha manifestado que “el establecimiento de la verdad de lo sucedido, la búsqueda seria de una medida de justicia mediante la determinación de la responsabilidad de los perpetradores frente a las víctimas, y la reparación del daño causado, lejos de obstaculizar acuerdos que puedan coadyuvar a la pacificación, constituyen pilares básicos de su fortaleza” . La Comisión reitera su preocupación y continuará dando seguimiento a la situación de las comunidades afrodescendientes.

IV. LA SITUACIÓN DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES, Y SINDICALISTAS

195. Durante el año 2010 la Comisión recibió información sobre asesinatos, amenazas y actos de hostigamiento y agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la criminalización de los mismos a fin obstaculizar sus actividades de denuncia como integrantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

196. Concretamente, la Comisión ha recibido información que indica que entre marzo y octubre de 2010 fueron asesinadas aproximadamente 22 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en poco más de un mes -17 de agosto al 19 de septiembre de 2010-, fueron asesinados cuatro defensores de derechos humanos . Asimismo, la CIDH ha recibido información que indica que entre el 1º de enero y el 30 de agosto de 2010 se registraron 35 asesinatos de sindicalistas .

197. Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que sufren integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes en algunos casos, han sido señalados como objetivos de grupos paramilitares . Al respecto, la Comisión manifiesta su preocupación por la situación de los integrantes de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) quienes habrían sido señalados como presuntos blancos de grupos paramilitares. El 14 de enero de 2010 la CIDH decidió la ampliación de la medida cautelar otorgada a los integrantes de CORPADES a fin de incluir a otros beneficiarios también integrantes de dicha organización .

198. Asimismo, la Comisión expresa su grave preocupación por la situación de las defensoras de derechos humanos que trabajan en la defensa de mujeres en situación de desplazamiento, así como las mujeres en dicha condición. Concretamente, la Comisión ha observado que durante el 2010 se han registrado una serie de hostigamientos, agresiones, amenazas e intimidaciones que ponen en riesgo su labor. El 8 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la organización SISMA Mujer y dos mujeres que participan en un programa que coordina dicha organización, Tránsito Jurado y María Eugenia González y sus hijos menores, quienes habrían sido objeto de amenazas, hostigamientos, y un acto de violencia, presuntamente a causa de su labor . Asimismo, el 25 de marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de otras 14 mujeres lideresas de la comunidad desplazada en Bogotá quienes habrían sido víctimas de violencia sexual, agresiones físicas, amenazas y hostigamientos. Dicha medida fue ampliada el 6 de mayo de 2010 a favor de Ana María Perea Incel, integrante de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz y participante en mesas de diálogo con el Gobierno de Colombia respecto al tema de los derechos de la población desplazada, quien habría sido amenazada a causa de su labor .

199. La Comisión nota que los actos de amenazas, intimidación y hostigamiento en contra de defensores y defensoras de derechos humanos provienen en su mayoría del grupo armado al margen de la ley autodenominado como Águilas Negras . Al respecto, la Comisión ha recibido información según la cual, las autoridades al recibir denuncias sobre actos realizados presuntamente por este grupo, se limitarían a negar su existencia y no darían curso a las investigaciones, sino por el contrario, procederían a incoar acciones penales en contra de los denunciantes por “falsa denuncia” . El Estado ha señalado que es obligación de la Fiscalía actuar ante un posible delito lo cual, ha ocurrido cuando recibe noticia de una falsa denuncia, sin embargo, cuando no se configura una actividad ilícita, el Fiscal en su autonomía, puede determinar archivarlo .

200. La Comisión observa que la sujeción de defensores y defensoras de derechos humanos a investigaciones penales que se prolongan durante varios meses y que finalmente son sobreseídas sobre la base de no encontrar indicios de responsabilidad, así como la tentativa constante de reapertura de estos procesos, puede llegar a constituir un obstáculo para la defensa de los derechos humanos cuando las acusaciones tienen por objeto restringir, limitar o coartar los medios utilizados por las defensoras y defensores de derechos humanos para realizar sus actividades. La Comisión recuerda que el “poder punitivo del Estado y su aparato de justicia no deben ser manipulados con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas como la defensa de los derechos humanos” .

201. La Comisión expresa su satisfacción con el compromiso manifestado por los representantes del Estado colombiano durante el 140º Periodo de Sesiones de la Comisión de no descalificar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y dará seguimiento al mismo. Asimismo, la Comisión toma nota de los esfuerzos del Estado a través de la Directiva número 012 “Directrices para garantizar el derecho de los defensores y defensoras de derechos humanos a ejercer su labor”, de 15 de julio de 2010, emitida por la Procuraduría General de la Nación. La Comisión destaca que la directiva reconoce como “deber constitucional y legal de todas las autoridades respetar, estimular y proteger la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos”; asimismo, que inste a las autoridades a “abstenerse de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen la labor propia de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones” .

202. La Comisión observa que la Directiva, también contiene una serie de pautas tendientes a facilitar la labor de denuncia de las defensoras y defensores ; investigar los actos cometidos en su contra ; e instar a las autoridades a adoptar medidas de protección oportunas, idóneas y eficaces a favor de los defensores y defensoras . La Comisión considera que estos lineamientos contribuyen en el avance del cumplimiento de lo recomendado por ésta en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas . La Comisión nota que dicha Directiva puede apoyar eficazmente al respeto de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos siempre y cuando sea de conocimiento general y se implemente adecuadamente en los territorios rurales, indígenas y afrodescendientes. Al respecto, la Comisión dará seguimiento a la efectividad de la misma a fin de que se traduzca en un beneficio real a la labor de defensa de los derechos humanos.

203. En cuanto al esclarecimiento judicial de los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, la Comisión ha recibido información relativa a que la Fiscalía General de la Nación ha designado a un grupo de fiscales para darle seguimiento al tema de defensores de derechos humanos y que a la fecha adelantan 69 procesos relacionados con esta temática . El Consejo Superior de la Judicatura ha designado de un grupo de Jueces de Descongestión, exclusivamente para el tema de defensores y defensoras de derechos humanos y la Fiscalía General de la Nación ha logrado asignar a la fecha 34 casos, dentro de los cuales se han proferido 23 sentencias condenatorias contra 35 personas . El Estado informó que ha capacitado a más de 5.000 funcionarios sobre las obligaciones que tienen para facilitar las labores de los defensores y las defensoras de derechos humanos . Asimismo, el Estado informó que respecto de las investigaciones adelantadas por delitos cometidos contra miembros de asociaciones sindicales, la Fiscalía actualmente tiene asignadas 1386 investigaciones que están concentradas para su conocimiento en 19 Fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Indicó que dichas investigaciones se refieren a hechos que en su mayoría se encuentran dentro del caso 1787 demandado ante la Organización Internacional del Trabajo y en el que se han obtenido resultados importantes como 326 sentencias condenatorias, que afectan a 429 personas .

204. La Comisión valora positivamente las medidas instrumentadas por el Estado y confía en que ellas contribuyan a la eliminación de la impunidad de los crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos. Al respecto, la Comisión recuerda “que el medio más eficaz para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos […] es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables” y hace un llamado al Estado para que emprenda investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por las defensoras y defensores de derechos humanos.

205. La Comisión destaca la continuidad del “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales” , el cual se extiende a 10.421 personas , y cuya importancia ha sido resaltada por la CIDH en informes anteriores. No obstante, la Comisión observa con preocupación el hecho que en muchas ocasiones los beneficiaros de medidas cautelares de la Comisión deben de pasar nuevamente por un proceso de “demostración del riesgo” a fin de obtener la protección requerida por el Estado aún cuando la CIDH ya determinó la existencia del mismo a través del otorgamiento de medidas cautelares. El Estado, en su respuesta de 25 de febrero de 2011, señaló que los estudios de nivel de riesgo no pretenden controvertir la existencia del riesgo sino establecer su grado y hacer seguimiento a su evolución ante la implementación de medidas de protección . Indicó que la realización del Estudio Técnico del Nivel de Riesgo no implica la ausencia de medidas de protección de carácter preventivo, las cuales permiten la protección de los beneficiarios durante el tiempo en el que se realiza el estudio. Señaló que una vez realizado el Estudio Técnico del Nivel de Riesgo, este se evalúa en el seño del Comité de Reglamentación y Evaluación del Riesgo (CRER), y se determinan las medidas idóneas de protección a implementar, de acuerdo con el nivel de riesgo arrojado por el anterior estudio . La CIDH dará seguimiento a esta situación y reitera la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos mediante estos programas, los cuales si bien deben evaluarse periódicamente para determinar los esquemas de protección pertinentes, también deben adoptarse en consulta con los beneficiarios de los mismos.

206. El 19 de mayo de 2010 se promulgó el Decreto 1740, el cual establece los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales y humanitarias . Al respecto, la Comisión observa con preocupación ciertas disposiciones del Decreto. Concretamente, llama la atención de la Comisión, entre otros, el artículo 7 parágrafo 2 del decreto que establece que los representantes de las poblaciones objeto del programa de protección tendrían la calidad de invitados especiales y no podrían votar en las decisiones que se adopten sobre su situación, en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), instancia que tiene por competencia recomendar las medidas de protección que considere pertinentes y determinar la duración de las mismas . Según información recibida por la Comisión la disposición antes mencionada ha traído consecuencias adversas en la implementación de las medidas de protección. El Estado, en su respuesta de 25 de febrero de 2011, indica que conforme al Decreto 2788 de 2003, al CRER concurrían con derecho a voz pero sin voto, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; y participaban en calidad de invitados especiales y permanentes: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y cuatro representantes de cada una de las poblaciones objeto de los Programas de Protección, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. El Estado nota que esta situación no ha sido modificada en manera alguna por el Decreto 1740 de 2010 .

207. Al respecto, la Comisión recuerda que conforme a los estándares establecidos en su Informe sobre la Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, las medidas de protección “deben ser acordadas en consulta con los defensores para garantizar su pertinencia y permitir que puedan seguir desarrollando sus actividades” . La Comisión continuará dando seguimiento a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales e insta al Estado a instrumentar medidas pertinentes para superar los desafíos que persisten a fin de garantizar un mecanismo eficaz de protección.

208. Corresponde asimismo señalar que la Comisión se encuentra dando seguimiento a la situación actual de la ex Senadora Piedad Córdoba quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión desde 2003, las cuales se dictaron a fin de salvaguardar su vida e integridad personal.

V. EL EMPLEO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES SOCIALES Y PERIODISTAS

209. En febrero de 2009 salió a la luz pública, a través de información de prensa, que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habría interceptado las comunicaciones telefónicas de un gran número de personalidades públicas, entre las que se encontrarían miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, miembros de partidos políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, y periodistas, entre otros . Asimismo, en julio de 2009 la Comisión recibió información sobre la creación en el ámbito del DAS de un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica, conocido como “G3”, cuya labor consistiría –inter alia—en efectuar operaciones de inteligencia sobre actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y sobre los contactos internacionales de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos .

210. Posteriormente, el Estado informó a la Comisión que “las presuntas actividades ilegales de inteligencia adelantadas por personas vinculadas al Departamento Administrativo de Seguridad, son objeto de procesos judiciales tanto penales como disciplinarios, adelantados por organismos independientes del poder Ejecutivo y con el pleno respaldo del Gobierno nacional” .

211. En cuanto al avance de las investigaciones, según información de conocimiento público el 1º de octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a nueve funcionarios y ex funcionarios públicos, a saber Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia; Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) ; Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado , ex directores del DAS; José Miguel Narváez , ex subdirector del DAS; Carlos Arzayús , ex subdirector de Operaciones; Fernando Alonso Tabares , ex director General de Inteligencia; y Jorge Alberto Lagos , ex director General de Contrainteligencia fueron destituidos e inhabilitados de manera general para ejercer cargos públicos. Las sanciones de inhabilitación oscilaron entre los 15 y 20 años . Asimismo, Andrés Peñate fue sancionado con la suspensión en el ejercicio de cargos públicos por ocho meses por no haber denunciado oportunamente las actividades ilegales que ocurrían en el DAS, que conoció cuando asumió la dirección de la entidad.

212. Por otro lado, en audiencia pública celebrada el 24 de septiembre de 2010, el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado sancionó disciplinariamente a la oficial de inteligencia del DAS Blanca Cecilia Rubio al confirmar que se trató de la detective que coordinó los seguimientos ilegales contra Hollman Morris. Según información de conocimiento público, Blanca Cecilia Rubio fue suspendida disciplinariamente por seis meses, y su proceso penal en la Fiscalía aún se encuentra en curso .

213. En cuanto a las investigaciones penales, según información de conocimiento público, 52 funcionarios y ex funcionarios del DAS están siendo investigados, se han proferido 18 resoluciones de acusación y siete ex funcionarios habrían confesado su participación en las actividades ilegales de inteligencia. Concretamente, en mayo de 2009 se profirió resolución de acusación contra Jorge Noguera Cotes por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, abuso de autoridad, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal, cuyo proceso está actualmente en etapa de juicio. Asimismo, el 25 de mayo de 2010 se profirió resolución de acusación contra Mario Alejandro Aranguren quien se encuentra privado de la libertad y el proceso penal en su contra se encuentra en etapa de juicio.

214. Asimismo, según información de conocimiento público, la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia Martha Inés Leal y los detectives Germán Ospina y Alba Luz Flórez se habrían acogido a la figura de principio de oportunidad la cual, permite que la persona no sea procesada por todos los delitos de los que se le acusa, a cambio de que confiese y sea testigo contra otros responsables. Asimismo, William Romero, ex subdirector de Fuentes Humanas, y Gustavo Sierra, ex subdirector de la Oficina de Análisis , estarían a la espera de que le sea aprobada su petición de acogerse al principio de oportunidad.

215. Por otro lado, la Comisión ha tenido conocimiento de que Jorge Alberto Lagos, ex director General de Contrainteligencia y Fernando Tabares, ex director General de Inteligencia , firmaron preacuerdos con la Fiscalía, a fin de obtener rebaja de penas a cambio de aceptar cargos y pedir perdón a las víctimas de las actividades ilegales, los cuales fueron avalados por jueces de garantías, por lo que los ex funcionarios estarían a la espera de una audiencia pública de condena. El 27 de agosto de 2010 la Jueza 14 Penal de Bogotá avaló el preacuerdo de Jorge Alberto Lagos y se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Según información de conocimiento público, el fallo fue apelado por el Delegado de la Procuraduría que consideró que “no estaba claro el monto de las penas” y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de primera instancia . Asimismo, la Jueza 14 de Bogotá avaló el acuerdo de Fernando Tabares con la Fiscalía .

216. La Comisión observa con preocupación el hecho de que los investigados recurran a figuras como el asilo político ante inminentes actos de imputación de cargos. Al respecto, según información de conocimiento público el 26 de noviembre de 2010 se confirmó la imputación de cargos contra la ex directora del DAS, María del Pilar del Hurtado, quien se encuentra en Panamá en calidad de asilada política desde el 19 de noviembre de 2010 , por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad en documento público. La Comisión continuará dando seguimiento al avance de las investigaciones.

217. Por otro lado, el 5 de marzo de 2009 entró en vigencia la Ley 1288 de 2009 “por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”. La Comisión en su análisis para el año 2009 manifestó su preocupación por la ausencia de mecanismos para que las personas sobre quienes existe información de inteligencia tengan acceso a ella y de esa forma puedan solicitar su corrección, actualización o en su caso la depuración de los archivos de inteligencia . Según información de conocimiento público la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley de inteligencia por errores de forma, ya que dicha ley se debió tramitar como una ley estatutaria, en vista de que modificaba la Constitución y afectaba derechos fundamentales como la intimidad y el hábeas data, y por el contrario se tramitó como una ley ordinaria. La Comisión dará seguimiento a las medidas que se adopten a fin de contar con una normativa que incluya las preocupaciones de distintos sectores de sociedad respecto a, entre otros temas, los mecanismos de acceso, depuración y corrección de los archivos de inteligencia.

218. En sus observaciones el Estado informó que tras la realización de un diagnóstico real del DAS cuyos resultados arrojaron problemas estructurales, el Departamento se encuentra definiendo la estructura y funcionamiento de lo que será la nueva agencia de inteligencia. Concretamente, el Proyecto de Ley No. 166 de 2010 Senado y 053 de 2010 Cámara “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Nacional y se dictan otras disposiciones”, fue presentado por el Ministro del Interior y de Justicia, el 17 de septiembre de 2010. El artículo 17 del Proyecto faculta al Presidente de la República para crear, suprimir, escindir y fusionar Departamentos Administrativos. El Estado indica que con base en ese Proyecto se suprimiría la actual estructura del DAS y se crearía un nuevo Departamento Administrativo que opere como agencia civil de inteligencia, enfocada en inteligencia y contraintelegencia estratégica y prospectiva y el control migratorio. El Proyecto está pendiente de aprobación en la plenaria del Senado de la República .

219. La Comisión queda a la espera de la creación de la nueva agencia civil de inteligencia, según como fuera anunciado por el Estado en el año 2009 , sin embargo manifiesta su preocupación ya que, de la información proporcionada por el Estado se desprende que dicha agencia tendría las mismas funciones que el actual DAS. La CIDH reitera su grave preocupación por las actividades de inteligencia adelantadas por entes del Estado y continuará dando seguimiento a las medidas destinadas al esclarecimiento judicial de los hechos, al establecimiento y mandato que se otorgue a la nueva agencia de inteligencia y al cese definitivo de dichas actividades ilegales por parte de todas las agencias del Estado.

VI. PRESIONES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

220. Durante los últimos meses del 2007 y los años 2008, 2009 y 2010 salieron a la luz una serie de incidentes que han afectado la labor de altas instancias judiciales, en particular la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estos incidentes se han visto acompañados de hechos que sugieren la existencia de una situación de riesgo para magistrados y magistradas auxiliares de la Corte Suprema que han estado involucrados en el esclarecimiento de casos vinculados a la llamada parapolítica .

221. En marzo de 2010 la CIDH recibió información respecto a que la Fiscalía General de la Nación habría descubierto un plan para atentar contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, en el marco de sus facultades previstas en el artículo 41 de la Convención Americana, solicitó información al Estado sobre las medidas adoptadas para incrementar las medidas de seguridad de los Magistrados.

222. En respuesta, el Estado informó a la Comisión que habría asignado a profesionales de Policía en los esquemas de protección de los Magistrados de la Suprema de Justicia. Asimismo, indicó que diversos medios logísticos, como vehículos blindados, motos, medios de comunicación, entre otros habrían sido puestos al servicio de la seguridad de los Magistrados y Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema y que tras la información relativa a un presunto plan criminal para atentar contra los Magistrados publicada en los medios de comunicación, dispuso el refuerzo de los esquemas de protección de los Magistrados .

223. Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre amenazas e intimidaciones contra operadores de justicia. Al respecto, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, en su informe tras su visita a Colombia en diciembre de 2009 señaló que más de 300 actores judiciales han sido asesinados durante los últimos 15 años. Señaló que resulta de grave que la mayoría de estos crímenes no son adecuadamente investigados y menos aún sancionados penalmente, contribuyendo así a mantener el clima de impunidad. Aún más señaló que la Fiscalía General no investiga eficazmente ni siquiera los asesinatos y atentados de que han sido víctimas sus fiscales y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación .

224. La Comisión manifiesta su preocupación por el asesinato de José Fernando Patiño Leaño, Juez Único de Ejecución de Penas de Fusagasugá, el 22 de marzo de 2010. El juez Patiño tenía a su cargo importantes procesos de narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo. La Relatora Especial indicó que tuvo entrevistas individuales con varios jueces, fiscales y abogados que han recibido amenazas de muerte . Asimismo, durante el 2010 la Comisión otorgó tres medidas cautelares a favor de operadores de justicia, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas y Sigifredo Espinosa Pérez y la Jueza Penal María Stella Jara Gutiérrez, quienes alegaron ser objeto de amenazas o actividades de inteligencia relacionadas con los procesos penales a su cargo .

225. Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre la continuidad de las amenazas y actos de hostigamiento contra los Magistrados, Iván Velásquez, María del Rosario González y César Julio Valencia Copete, beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, la Comisión nota que tras haberse hecho públicas las actividades de inteligencia de las que fueron objeto los Magistrados, no se ha recibido información sobre las acciones emprendidas para la revisión y depuración de los archivos de inteligencia y así asegurar las condiciones de seguridad de los beneficiarios. La Comisión realiza un monitoreo constante de su situación de seguridad.

226. La Comisión expresa su profunda preocupación por la realización de actividades de inteligencia en la esfera personal y familiar de magistrados de las Altas Cortes de Justicia de Colombia, así como las amenazas y hostigamientos contra los operadores de justicia, lo cual afecta gravemente la independencia de la justicia en el país. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación y de la salvaguarda de la independencia judicial de la que gozan las Altas Cortes en el desarrollo de su importante labor.

VII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A. Asesinatos, agresiones, amenazas y detenciones ilegales de periodistas

227. La CIDH manifiesta su preocupación por tres asesinatos de comunicadores ocurridos desde diciembre de 2009. De acuerdo con la información recibida, el 15 de diciembre de 2009 una persona disparó contra Harold Humberto Rivas Quevedo en Buga, Valle del Cauca. En el momento de ser asesinado, el periodista salía de trabajar en el canal de televisión local Bugavisión, donde era presentador del programa político Comuna Libre. Según lo informado, el periodista entrevistaba a líderes de la comunidad y a políticos, y se habría caracterizado por sus comentarios agudos y por procurar el compromiso de las autoridades locales con la ciudadanía .

228. De acuerdo con la información recibida, el 19 de marzo de 2010, el periodista Clodomiro Castilla Ospino, de la revista El Pulso del Tiempo y la emisora La Voz de Montería, fue asesinado en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, por un sicario que le disparó varias veces en la puerta de su casa. Según la información recibida, Castilla Ospino se había destacado por sus investigaciones y denuncias sobre el fenómeno paramilitar y la corrupción política en el departamento de Córdoba. La información agrega que el Estado había autorizado un esquema de protección, suspendido por solicitud del mismo periodista en febrero de 2009, dada la desconfianza en la entidad encargada de brindar la protección, el DAS. Ante el aumento del riesgo, este esquema fue requerido nuevamente por el comunicador y organizaciones no gubernamentales en noviembre de 2009. Sin embargo, al momento de los hechos el periodista no contaba con protección del Estado . La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconoce el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano. En sus observaciones, el Estado informó que Castilla Ospino ingresó al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia el 23 de enero de 2007, pero en julio de 2009 el CRER recomendó suspender algunas de las medidas de protección otorgadas, incluyendo las unidades de escolta del DAS y de Policía, “toda vez que en repetidas ocasiones se le había hecho llamado de atención al periodista por las quejas que este Ministerio recibía sobre los malos tratos que el señor Castilla brindaba a sus escoltas” . Asimismo, el Estado informó que los dos últimos estudios de nivel de riesgo que le fueron practicados al periodista, en agosto y septiembre de 2008, dieron como resultado riesgo “ordinario”. Por estas razones, indicó el Estado, “el señor Clodomiro Castilla no contaba con un esquema móvil de protección al momento del atentado que dio como resultado su muerte” .

229. La CIDH fue informada de que el 14 de octubre fue asesinado el líder indígena y comunicador, Rodolfo Maya Aricape, en el resguardo López Adentro, departamento del Cauca, en Colombia. De acuerdo con la información recibida, Aricape se encontraba en su casa cuando dos hombres armados le dispararon. El dirigente era secretario del Cabildo Indígena de López Adentro y corresponsal de la radio comunitaria Pa´yumat, del proyecto Tejido de Comunicación. En el desempeño de esas actividades, Rodolfo Maya se habría caracterizado por manifestarse de manera firme en contra de todos los grupos armados, que operan en territorios indígenas. Semanas antes de la muerte habría aparecido un letrero en la comunidad con amenazas contra el comunicador .

230. La CIDH expresa su preocupación por las situaciones descritas y exhorta al Estado colombiano a mantener los programas de protección y avanzar en la lucha contra la situación de impunidad que aún rodea estos crímenes. Para ello, debe apoyar la labor de jueces y fiscales, e impulsar mecanismos efectivos y reforzados de prevención y protección de la libertad de pensamiento y de expresión.

231. La CIDH también fue informada de agresiones físicas, amenazas de muerte e incidentes de obstrucción a la labor periodística durante el primer semestre de 2010 que obstaculizan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión. En cuanto a alegadas agresiones cometidas por agentes estatales, la CIDH recibió información en el sentido de que el 23 de abril, en Arauca, el periodista Wilfer Moreno Villamizar habría sido golpeado por un policía . La CIDH también fue informada de que los periodistas Leonardo Sierra, de Radio Caracol, y Juan Pablo Murcia, de FM Radio habrían sido agredidos el 26 de abril por agentes de la Policía de Bogotá cuando cubrían una manifestación de estudiantes colegiales . El 21 de julio el periodista Juan David Betancur, corresponsal de Teleantioquia Noticias, habría sido golpeado con un objeto contundente por parte de un funcionario de la alcaldía municipal en el parque de Dabeiba, Antioquia . Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento de las agresiones que habrían sufrido el corresponsal de Noticias Uno, Luis Enrique Cárdenas, y el reportero independiente Dagoberto Ferés Molina, el 22 de agosto en Aguachica, departamento del Cesar, por parte de agentes de la Policía Nacional cuando cubrían una protesta de conductores de mototaxis .

232. Además, durante las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo, el 1° de mayo, la Fuerza Pública en Bogotá y Cali habría agredido al menos siete comunicadores que cubrían manifestaciones y disturbios. El periodista español Oriol Segón Torra habría sido golpeado por policías mientras fotografiaba enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes en la Plaza Bolívar de Bogotá. En Cali habrían sido agredidos por la Policía otros seis periodistas de medios nacionales y agencias internacionales. Según la información, la Policía de Cali anunció una investigación de los hechos y habría explicado que hubo un mal entendido debido a que los comunicadores quedaron atrapados en los enfrentamientos. Además, la CIDH fue informada de que la Dirección de la Policía Nacional ofreció disculpas a los comunicadores y emitió una directiva para pedir más rigor en las investigaciones por abusos contra periodistas .

233. En cuanto a amenazas, atentados y agresiones cometidas por otros actores, la CIDH recibió información acerca del atentado que habría sufrido el 30 de agosto en Mariquita, Tolima, el director del periódico El Norte y del canal local de televisión MTV, Marco Tulio Valencia Hoyos. De acuerdo con la información recibida, una persona a bordo de una motocicleta le disparó en cinco ocasiones cuando entraba a su casa. Al perpetrador del ataque se le habría apagado la motocicleta cuando se acercaba a su víctima y eso le dio tiempo al periodista para ingresar a la vivienda. La CIDH conoció que desde junio Marco Tulio Valencia había recibido amenazas de muerte e intimidaciones, tras hacer publicaciones acerca de la venta de drogas en la comunidad. La CIDH fue informada de que las autoridades asignaron al periodista un esquema de protección .

234. Asimismo, la CIDH fue informada de que el 18 y 20 de mayo desconocidos atentaron contra el periodista Leiderman Ortiz Berrío, director del sitio web La verdad del pueblo y corresponsal de varios medios regionales en Caucasia, departamento de Antioquia . La CIDH otorgó el 20 de agosto medidas cautelares a favor de Leiderman Ortiz . De acuerdo con lo informado, habrían existido dificultades en la implementación del esquema de protección . Asimismo, en la madrugada del 12 de agosto un vehículo cargado con explosivos estalló en Bogotá frente al edificio donde se encuentran las oficinas de Radio Caracol y de la agencia española de noticias EFE . Por otra parte, la CIDH fue informada de que el 28 de agosto las autoridades policiales habrían encontrado y desactivado una bomba cerca de la emisora comunitaria Linda Stereo en El Doncello, departamento del Caquetá .

235. El 9 de mayo un grupo de hombres desconocidos habrían golpeado al periodista Jorge Tolosa, de Telepetróleo, frente a su casa en Barrancabermeja . El 7 de septiembre dos individuos habrían incendiado la motocicleta del periodista Alberto Caballero Parejo, propietario y reportero de la radio comunitaria Innovación Estéreo, de Ciénaga, Magdalena . La CIDH también recibió información acerca de la agresión que habrían sufrido dos enviados especiales de Caracol Noticias al municipio de Ipiales, Nariño, por parte de un grupo de personas que custodiaban un cargamento de contrabando . Por otro lado, el 29 de agosto varios desconocidos habrían irrumpido en el edificio sufrido la emisora comunitaria Puerto Wilches Estéreo, en el municipio de Puerto Wilches, en Santander y habrían destruido y robado equipos vitales para el funcionamiento de la radio. Esta habría sido la cuarta ocasión en menos de tres años en la que Puerto Wilches Estéreo sufre un ataque para impedirle transmitir .

236. Por otro lado, la CIDH tuvo conocimiento de nuevos casos de amenazas contra comunicadores. La Relatoría Especial recibió información, según la cual el 21 de febrero de 2010, en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, habría circulado un panfleto firmado por un supuesta organización denominada “Los Doce del Patíbulo” en que se proferían amenazas de muerte a cinco periodistas locales, que habrían criticado la gestión del alcalde local . El 23 de marzo, de acuerdo con la información recibida, el periodista Alex Pájaro Mosquera del diario El Propio de Montería, Córdoba, habría sido informado por la Policía de que una llamada interceptada a un delincuente en una prisión había revelado un plan para asesinarlo, en reacción a una información acerca de esa persona que el reportero habría publicado . Asimismo, durante marzo y abril el periodista Edgar Astudillo Vásquez, director de radio Panzenú de Montería, habría recibido varias amenazas de muerte, coincidentes con publicaciones suyas acerca del surgimiento de bandas armadas en la región. Astudillo debió huir de la zona . El 7 de abril, el camarógrafo Alexis Tordecilla, del Canal Montería habría sido amenazado por desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes con una pistola lo obligaron a detenerse y a mostrarles las imágenes que había grabado en su cámara . Asimismo, la CIDH recibió información de una amenaza que habría recibido la periodista Deyanira Castro, jefa de redacción del diario Q´Hubo en Cali, después de que la reportera publicara informaciones acerca de bandas de sicarios que funcionan en la comunidad donde ella vive .

237. La CIDH también fue informada de que el 30 de mayo un grupo de periodistas de Canal Caracol, Noticiero 90 Minutos y varios periodistas extranjeros habrían sido detenidos cerca de una hora en un retén ilegal por hombres que se identificaron como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una zona rural del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca . Por otro lado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el 23 de octubre que información obtenida de computadoras incautadas en el campamento del líder guerrillero conocido como “Mono Jojoy” habría revelado un plan de las FARC para asesinar a la periodista Olga Cecilia Vega. La periodista ha solicitado públicamente a las FARC revocar la orden y ha explicado que sus cobertura de ese grupo guerrillero ha sido exclusivamente en cumplimiento de sus funciones periodísticas .

238. Finalmente, la CIDH manifiesta su preocupación por las nuevas amenazas hechas por las FARC contra la periodista Jineth Bedoya el 9 de noviembre de 2010, después de la publicación de su libro “Vida y Muerte del Mono Jojoy” . Jineth Bedoya es beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH desde junio del 2000. La CIDH observa con preocupación los escasos avances judiciales en el caso de las agresiones contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridas el 25 de mayo del 2000, donde fue secuestrada, golpeada y violada por sus captores mientras elaboraba una investigación sobre grupos paramilitares. Diez años después de sucedidos los hechos, el proceso sigue en etapa de investigación en la Fiscalía 6 de la Unidad de Derechos Humanos, sin que se haya vinculado algún sospechoso.

239. En sus observaciones, el Estado manifestó que desde el año 2002, la violencia y las agresiones contra comunicadores en Colombia han disminuido “ostensiblemente”. Informó también que la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación tiene asignado 49 casos relacionados con personas dedicadas a la labor periodística, en los que han sido proferidas 16 sentencias condenatorias afectando a 24 personas .

B. Procesos judiciales contra periodistas

240. Durante 2010, la CIDH conoció de varios casos de periodistas de medios de comunicación denunciados penalmente por difundir informaciones u opiniones sobre asuntos de interés público. Así por ejemplo, la CIDH fue informada de una denuncia por injurias y calumnias que el gobernador de Casanare habría interpuesto contra ocho periodistas de los programas “Contacto Noticias” en la emisora Violeta Estéreo y “La Voz del Casanare”, en la emisora La Voz de Yopal . Por otra parte, la CIDH fue informada de la acusación por injuria y calumnia que habría presentado el 23 de agosto la Fiscalía General de la Nación contra la columnista Claudia López, originada en una denuncia instaurada por el ex presidente Ernesto Samper . Asimismo, se recibió información sobre las denuncias contra Salud Hernández Mora por el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia . Por otra parte, los periodistas de la página web Verdad Abierta, dedicada a noticias sobre paramilitarismo, habrían sido denunciados por el Teniente Jalyl Rosember Torres Vega, director del Gaula del Departamento de Santander, por haber publicado declaraciones de paramilitares que mencionaban a dicho agente de la Fuerza Pública . Respecto a estos hechos, el Estado señaló en sus observaciones que, “[d]entro de la Legislación Interna del Estado Colombiano se encuentran consagrados los delitos de injuria y calumnia como un esfuerzo por parte del legislador de proteger los derechos a la honra y a la dignidad como parte esencial del ordenamiento jurídico. Estos tipos penales no han sido establecidos como un mecanismo de persecución a comunicadores y periodista [sic]. Por el contrario, se erige como un mecanismo de protección para los habitantes del Estado frente a acusaciones falsas y deshonrosas” .

241. La CIDH reitera el principio 10 de la Declaración de Principios, en cuanto a que, “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. A su turno, el principio 11 indica que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

242. Finalmente, el 6 de septiembre de 2010 la justicia colombiana habría librado una orden de captura contra el periodista colombiano radicado en Venezuela y ex corresponsal de la cadena Telesur, William Parra, por su supuesta vinculación con organizaciones guerrilleras. De acuerdo con la información recibida, el periodista negó los cargos. La CIDH espera que el presente caso se tramite de conformidad con las más estrictas garantías del debido proceso .

C. Restricciones a la libertad de expresión en el proceso electoral

243. La CIDH recibió información acerca de la promulgación del decreto 1800 del 24 de mayo de 2010, que dictó normas para la conservación del orden público durante la primera y la segunda ronda de las elecciones presidenciales, el 30 de mayo y el 20 de junio. Organizaciones periodísticas cuestionaron que el decreto restringía de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión, prensa e información. El artículo 3 del decreto prohibía durante el día de las elecciones “toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político electorales” por cualquier medio de comunicación. El artículo 7 establecía que durante el día de las elecciones, “mientras tiene lugar el acto electoral”, los medios de comunicación solo podían suministrar información acerca del número de personas que emitieron su voto. El artículo 9 estipulaba que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales” .

244. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión envió una comunicación al Estado colombiano en la que manifestó su preocupación acerca de este tema . En su respuesta, el Ministerio del Interior y de Justicia rechazó que pretendiera censurar a los medios de comunicación y negó que el decreto significara una limitación a la libertad de expresión pues “no señala que se publique exclusivamente lo que dicen las fuentes oficiales, sino que se confirme la información sobre orden público con la de origen oficial. El decreto no prevé una prohibición sino un procedimiento” .

245. Durante los periodos electorales pueden existir restricciones especiales del derecho a la libertad de expresión que, sin embargo, deben respetar de manera estricta las garantías constitucionales e internacionales, particularmente aquellas consagradas en el artículo 13.2 de la Convención. Según esta norma, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar; a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. En aplicación de esta disposición, la CIDH y la Corte ya han indicado que toda restricción debe encontrarse establecida en una ley tanto en sentido material como formal y que las normas restrictivas deben ser claras y precisas en su alcance. En este sentido, la CIDH advierte que en el presente caso se establecieron restricciones generales a través de disposiciones de carácter administrativo que no parecen compatibles con las condiciones antes anotadas.

D. Modificaciones al mecanismo de protección a periodistas

246. El Ministerio del Interior y de Justicia emitió el Decreto 1740 del 19 de mayo de 2010 el cual introduce cambios importantes en el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, que presta protección, inter alia, a periodistas y comunicadores sociales que se encuentran en situaciones de riesgo . La CIDH observa que el artículo 17 del Decreto 1740 establece cambios en algunas de las medidas de protección ofrecidas a los beneficiarios; se elimina, por ejemplo, el auxilio de transporte, y se reduce sustancialmente el monto de subsidio de reubicación. En segundo lugar, la CIDH observa que en su artículo 29.1, el Decreto 1740 de 2010 introduce causales para la suspensión de las medidas de protección que podrían incluir conductas propias de la labor periodística, como la necesidad de reunirse con las fuentes de información de manera privada, sin la presencia de custodios.

247. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó al Estado de Colombia su preocupación por los cambios introducidos en el Decreto 1740 de 2010 . En una nota recibida el 30 de julio de 2010, en cuanto al ajuste en las medidas de protección relacionadas con el auxilio de transporte terrestre y en el apoyo de reubicación temporal, el Estado respondió que estas variantes se aplican a todas las poblaciones objetos del Programa de Protección y no solo a los periodistas y comunicadores sociales. El Estado afirma que estos cambios se deben al interés de fortalecer las “medidas duras” que se aprueban e implementan a personas con un nivel de riesgo extraordinario y extremo. El Estado, en lo concerniente a la reducción del monto de subsidio de reubicación, manifestó que se debe a la intención de “reducir el efecto negativo que genera el apoyo a la reubicación temporal” que habría sido evidenciado en una Evaluación de la Procuraduría General de la Nación, según la cual, las reubicaciones como medida de protección no respondían a las necesidades de los beneficiarios e incluso fomentaban el desplazamiento forzado. Respecto a variantes en el esquema de seguridad a petición del beneficiario, el Estado sostiene que el beneficiario deberá comunicar su decisión de hacer cambios, sin que eso implique la suspensión de la medida . En audiencia pública celebrada el 28 de octubre de 2010 en la CIDH, el Estado también manifestó su voluntad de recibir sugerencias y revisar las modificaciones al Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia, en conjunto con las organizaciones de derechos humanos . En sus observaciones sobre el presente informe, el Estado informó que, “[e]l Ministerio del Interior y de Justicia se encuentra adelantando el proceso de modificación del Decreto 1740 con la participación de las diferentes poblaciones objeto del Programa de Protección. A la fecha, se han recaudado diferentes propuestas de los diferentes grupos poblacionales, entre ellos, los periodistas, y antes de finalizar el primer trimestre de 2011, el Gobierno Nacional establecerá el nuevo contenido del Decreto” .

E. Interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas

1. Antecedentes

248. Como se señaló en el informe anual de 2009, durante ese año se dieron a conocer las denuncias sobre las interceptaciones y seguimientos ilegales que la agencia de inteligencia del Estado, denominada Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizaba a periodistas, magistrados de las altas cortes, políticos de oposición, y activistas y organizaciones de derechos humanos.

249. Durante 2010 la Comisión recibió información adicional sobre actividades ilegales de espionaje, hostigamiento, desprestigio e incluso amenazas de muerte contra periodistas, que se llevaron a cabo desde el DAS entre el 2002 y el 2008. Las investigaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, así como las importantes revelaciones de los medios de comunicación tienden a mostrar una política sistemática y sostenida de persecución, por parte del principal organismo de inteligencia del Estado colombiano, dirigida a vigilar, desprestigiar e intimidar a algunos de los periodistas más críticos del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. En algunos casos, el espionaje ilícito realizado por el DAS fue llevado a cabo por los mismos agentes encargados de proteger a estos periodistas en el marco del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia .

250. Estos hechos representan un atentado especialmente grave contra la libertad de expresión en Colombia, y han tenido consecuencias muy serias para la vida profesional y personal de los y las periodistas perseguidos y sus familias. Como se describe abajo, pese a los avances en las investigaciones, aún hoy no se ha esclarecido quien dio la orden y ejecutó la mayoría de las actividades ilegales mencionadas dirigidas contra periodistas críticos del gobierno.

2. Espionaje y hostigamiento del DAS contra periodistas

251. A pesar de que la CIDH ha recibido información sobre actividades ilegales dirigidas, al menos, contra una decena de periodistas , se resaltan en el presente informe aquellos casos respecto de los cuales las investigaciones hasta ahora realizada permiten presentar más y mejores datos para explicar el fenómeno. Los casos seleccionados se refieren a periodistas independientes del gobierno respecto de los cuales las actividades de espionaje y hostigamiento fueron particularmente graves.

252. Uno de los casos de mayor gravedad es el caso del periodista Daniel Coronell. El periodista Coronell tiene una reconocida trayectoria, escribe una de las columnas de opinión más leídas en el país y al momento de los hechos dirigía Noticias Uno, un noticiero que presenta una línea informativa y editorial marcadamente independiente del gobierno. Gracias a sus investigaciones, el periodista pudo denunciar serios casos de alegada corrupción . En respuesta a algunas de estas investigaciones, el ex Presidente Álvaro Uribe y altos funcionarios de su gobierno descalificaron públicamente al periodista en varias oportunidades .

253. Según la información recibida, el 25 de mayo de 2010, en audiencia pública ante la Fiscalía General de la Nación, la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS, Martha Inés Leal, aseguró que los directores del DAS le ordenaron seguimientos a Daniel Coronell. Según ella, lo que se pretendía era establecer quiénes le suministraban información, pues según la información que ella recibía, el presidente Uribe “estaba muy molesto” por las investigaciones que hacía contra él y su familia. Leal agregó que los funcionarios del DAS fueron más allá y “verificaron los movimientos migratorios de Coronell y su esposa [María Cristina Uribe, presentadora de Noticias Uno]. Además, se le pidió a la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] información sobre sus movimientos bancarios. Se ubicó su domicilio y, como él vivía en una zona militar, se alquiló un carro para hacerle seguimiento” .

254. La Comisión también recibió información sobre la declaración judicial de Fernando Alonso Tabares, ex Director General de Inteligencia del DAS, sobre los seguimientos al periodista Coronell. Según reportes de la prensa, en audiencia celebrada el 9 de julio de 2010, Tabares señaló que en septiembre de 2007, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le solicitó que lo acompañara a una reunión de trabajo que tendría con Bernardo Moreno, Secretario General de la Presidencia de la República. Según el testimonio de Tabares, “el doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”. Tabares añadió que, finalmente, Hurtado “impartió las instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por el doctor Bernardo Moreno” .

255. Según la información recibida, Bernardo Moreno, en una declaración ante la Fiscalía en julio de 2010, habría reconocido haber reunido con Tabares y Hurtado en septiembre de 2007 y habría aceptado haber hecho al DAS requerimientos de información —a su juicio, legales—sobre congresistas y magistrados, pero negó haber solicitado acciones ilegales del DAS contra Daniel Coronell . Hurtado también habría negado haber recibido órdenes de la Presidencia para interceptar y perseguir a las personas mencionadas por Tabares .

256. Daniel Coronell ha sido víctima de múltiples amenazas desde abril de 2002. En agosto de 2005 se exilió del país debido a la continuidad de estas intimidaciones. Regresó a Colombia en 2007, y pese a las amenazas e intimidaciones de que ha sido objeto, ha continuado durante todos estos años una destacada labor periodística.

257. Claudia Julieta Duque es una periodista independiente corresponsal en Colombia de la emisora de Internet de derechos humanos Radio Nizkor. La información recibida indica que la persecución contra la periodista estaría relacionado con las investigaciones que hizo sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, las cuales habrían evidenciado que el DAS desvió la investigación del crimen .

258. Según la información recibida, en la investigación realizada por la Fiscalía se descubrió un documento marcado “Uso exclusivo D.A.S.” y encabezado con los números telefónicos y correos electrónicos de la periodista. Este documento contenía un detallado manual para amenazar a la periodista, en el que se establecían las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que debían ser realizadas las amenazas para no ser identificados como agentes del DAS. Según el manual, quien realizara la amenaza debía decir, “Señora es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir no se tocó meternos con lo que mas quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa” . Además del texto incluido en el manual, quien realizó la llamada el 17 de noviembre de 2004 amenazó con quemar viva a la hija de 10 años de la periodista Duque. La amenaza habría provocado su exilio temporal de Colombia .

259. Según la información en posesión de la CIDH, la investigación de la Fiscalía también ha revelado la existencia de docenas de informes de inteligencia del DAS respecto a la periodista Duque. Estos informes, elaborados en su mayoría durante los años 2003 a 2005, incluyen hojas de vida, fotos, transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos interceptados (incluyendo entre Duque y su abogado), y análisis de sus actividades (incluyendo las investigaciones periodísticas que se encontraba realizando) e información familiar.

260. En los últimos años, Claudia Julieta Duque ha recibido constantes amenazas de muerte por diversas vías. Sin embargo, no ha abandonado nunca su labor como reportera y periodista de investigación. Actualmente esta calificada con nivel de riesgo extraordinario, es beneficiaria de medidas de protección en Colombia y ella y su hija son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde noviembre de 2009.

261. Carlos Lozano es director del semanario de VOZ y ha sido en distintas oportunidades convocado por el Gobierno para la realización de labores humanitarias o de acercamiento con grupos guerrilleros. Según la información publicada por la prensa, en declaraciones ante la Fiscalía el 25 de octubre de 2010, Gustavo Sierra Prieto, ex subdirector de la Oficina de Análisis del DAS, señaló que la ex directora María del Pilar Hurtado pedía constantemente información sobre Carlos Lozano, director del semanario Voz, la cual a su turno habría sido requerida por el secretario general de la Presidencia. Sierra agregó que Hurtado también ordenó campañas de desprestigio contra el comunicador, filtrando informaciones comprometedoras a los medios. Según lo reportado por la prensa, Sierra informó en su declaración que la ex directora del DAS ordenaba que se difundieran a través de los medios de comunicación reportes que dejaban entrever alguna relación del periodista con las FARC para desprestigiarlo públicamente .

262. Lozano fue efectivamente investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos vínculos con las FARC, pero el proceso fue archivado cuando el ente judicial determinó que sus contactos con esa guerrilla estuvieron limitados a su papel como facilitador de paz .

263. Hollman Morris, director del programa periodístico Contravía, es un destacado periodista independiente que se ha caracterizado por hacer reportajes orientados a denunciar las violaciones de derechos humanos y dar voz a las victimas de dichas violaciones.

264. Según la información recibida, Hollman Morris dio a conocer en febrero de 2010 un documento presuntamente encontrado por la Fiscalía en el marco de sus investigaciones respecto a las actividades ilegales del DAS . En éste documento oficial, por medio de una presentación de “PowerPoint”, se explican las acciones que se debían realizar en contra el comunicador Morris. Las instrucciones incluyen, “Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de las siguientes actividades: Comunicados; Inclusión en video (sobre las) FARC / Gestionar suspensión de la visa / Acciones de sabotaje (robo de pasaporte, cédula, etc)”, así como “Ubicación de su residencia en la […] de Bogotá / Seguimientos constantes movilización” .

265. Una las actividades de desprestigio mencionadas en el “PowerPoint” fue la de “gestionar la suspensión de la visa”. En julio de 2010, el periodista Morris fue notificado sobre la negación de su visa estadounidense, a pesar de haber sido admitido y becado para un programa de estudios para periodistas en la Universidad de Harvard. Luego de una fuerte reacción internacional, la decisión fue revocada . En sus observaciones, el Estado negó que la denegación de la visa al señor Morris haya respondido a una política de persecución del Estado colombiano, dado que “no tiene injerencia en dicho trámite ante la Honorable Embajada de los Estados Unidos en el país” .

266. El periodista Morris, luego de tener acceso a algunos de los documentos del DAS que sobre él incautó la Fiscalía, denunció además que los archivos del DAS contenían información sobre varios aspectos de su vida personal (datos civiles, estudios realizados, actividades profesionales, y movimientos migratorios) así como información sobre sus familiares, como fotos del la casa de sus padres, anotaciones sobre sus hermanas, y los horarios de clases de sus hijos pequeños .

267. Adicionalmente, según la información recibida, la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS Martha Inés Leal informó en su testimonio del 28 de octubre de 2010, que el DAS elaboró un video con la intención de relacionar a varios periodistas con grupos armados al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según reportes de prensa, este video podría corresponder a uno dado a conocer en 2006 que habría pretendido vincular al periodista Hollman Morris con las FARC para así desprestigiarlo . Según los informes de la prensa, en la misma declaración Leal informó que desde la dirección del DAS le fue ordenado hacer seguimientos a Morris

268. Hollman Morris y su familia han sido objeto de múltiples amenazas de muerte y actos de hostigamiento y desprestigio. Ha sido catalogado en situación de riesgo extraordinario y por ello cuenta con medidas internas de protección para él y su familia quienes son también beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde junio de 2000. Durante todos estos años y pese a la existencia de periodos de exilio forzado, el periodista no dejó de hacer reportajes sobre derechos humanos y, especialmente, sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia.

269. Existen otros casos de enorme gravedad en los cuales sin embargo no existen avances en las investigaciones. Así por ejemplo, el periodista Gonzalo Guillen, corresponsal de El Nuevo Herald de Miami en Colombia y quien ha debido salir varias veces del país por amenazas contra su vida, recibió en noviembre de 2009 una notificación de la Fiscalía según la cual se había identificado que habría sido victima de seguimientos ilegales por parte del DAS. En junio de 2010 el periodista fue objeto de graves amenazas de muerte puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía pero afirma que no se han adoptado medidas al respecto .

270. En cuanto a las investigaciones (Ver supra V), la Comisión no cuenta con información precisa respecto a cuales de los hechos cometidos en perjuicio de los periodistas Daniel Coronell, Claudia Julieta Duque, Carlos Lozano y Hollman Morris —entre otros comunicadores que han sido objeto de actuaciones ilegales por parte del DAS — estarían contemplados en los procesos penales que se adelantan con relación a las actividades ilegales de inteligencia (Ver supra V). No obstante, un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa de diciembre de 2010 indica que el caso de Claudia Julieta Duque permanecía hasta ese momento en la fase de investigación . En sus observaciones, el Estado reiteró que “las intercepciones hechas por el DAS no constituyeron una política de Estado”, y señaló que, “[e]l Estado no ha tolerado tales conductas ni las ha dejado en la impunidad. Los hechos fueron investigados y fue dictada orden de captura a los funcionarios” . Sin embargo, el Estado no aportó información precisa sobre los procesos penales relacionados con las actividades ilegales de inteligencia contra los periodistas señalados.

3. Acceso a la información

271. En torno a las actividades ilegales del DAS y las investigaciones posteriores se han reportado algunos problemas en materia de acceso a la información publica y derecho al dato propio o habeas data.

272. En un primer momento, cuando comenzaron a existir evidencias de que el DAS estaba espiando a los periodistas y a otras personalidades, algunas personas solicitaron que les fueran entregados los reportes que existían sobre ellas en dicha entidad. Incluso, respecto de la periodista Claudia Julieta Duque, la propia Corte constitucional en sentencia de fecha 23 de octubre de 2008 ordenó al DAS “que permita a la actora el acceso a la información que sobre ella repose en la entidad, con la única excepción de aquella que haga parte de una investigación sometida a la reserva del sumario, por tratarse de una investigación judicial a la que la actora no tenga legalmente derecho de acceso” . No obstante, el DAS omitió entregar toda la información que posteriormente, por las investigaciones antes mencionadas, pudo saberse que existía en sus archivos; la entidad argumento la inexistencia de dicha información . En sus observaciones, el Estado informó que el apoderado de la periodista Duque había interpuesto dos incidentes de desacato con relación a estos hechos. El primero incidente fue resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2009, y el segundo fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera – Subsección A el 25 de noviembre de 2010. Ambas decisiones concluyeron que el Director del DAS había cumplido las órdenes impartidas por la Corte Constitucional .

273. De otra parte, algunos periodistas que tienen indicios que les permiten afirmar que estaban siendo objeto de espionaje por parte del DAS, le han solicitado a la Fiscalía información precisa sobre si dicha entidad estaba efectivamente escuchando sus conversaciones telefónicas. Para tal efecto, han suministrado el número personal de su residencia, su oficina y su celular. Sin embargo, la información recibida indica que la Fiscalía ha omitido la respuesta indicando que los hechos se encuentran bajo investigación y, en consecuencia, son reservados.

274. Asimismo, la información disponible indica que el DAS habría destruido parte del material probatoria relacionada con los hechos bajo investigación. En octubre de 2010, William Romero, ex jefe de la subdirección de Fuentes Humanas del DAS, entregó a la Fiscalía abundante documentación electrónica y en papel que, según declaró, se le había ordenado destruir. El fiscal general encargado, según la información publicada por la prensa, reconoció que algunas pruebas fueron destruidas en el DAS .

275. Finalmente, la información judicial recogida durante las audiencias públicas celebradas ante la Corte Suprema de Justicia esta también siendo objeto de reserva sin que parezca existir una ley que de manera precisa, clara y proporcionada establezca esta excepción al derecho de acceso .

276. La CIDH no deja de reconocer la extrema importancia de que estas investigaciones puedan ser eficaces y de proteger la vida e integridad de los testigos que han permitido avanzar en las mismas. Sin embargo, existen otros medios menos lesivos del derecho de acceso a la información y seguramente mucho más eficaces para garantizar el resultado de las investigaciones y la seguridad de los testigos. En este sentido, cualquier restricción sobre el acceso de la prensa a las audiencias públicas debe ser establecida por ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcional en relación con el objetivo que pretende en una sociedad democrática. Las reglas de acceso deben ser concretas, objetivas y razonables, y su aplicación transparente .

VIII. CONCLUSIONES

277. La CIDH ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto. Colombia aun enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales e implementación del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

278. La CIDH mantiene su preocupación respecto de la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la consolidación de nuevos grupos armados, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC. La CIDH entiende que corresponde al Estado un rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación integral, acordes a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH continuará dando seguimiento a la discusión legislativa e implementación de medidas destinadas a lograr una reparación integral, que incluya la restitución efectiva de tierras a las víctimas.

279. La Comisión mantiene su preocupación respecto de la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por éstos hechos. Asimismo, la Comisión manifiesta su grave preocupación por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos. La Comisión expresa su preocupación respecto de la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y más específicamente de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública, lo cual contraviene la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como de la Corte Constitucional colombiana.

280. La Comisión manifiesta su grave preocupación por el incremento del número de desplazados internos por la violencia y el despojo de tierra por parte de actores armados. Asimismo, preocupa a la Comisión la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados así como a la sostenibilidad de sus procesos de retorno. Al respecto, la CIDH considera fundamental que el Estado adopte un programa de protección integral para la población desplazada y reitera la importancia del cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, así como de sus autos de seguimiento.

281. Asimismo, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes requieren de medidas diferenciadas de protección y asistencia humanitaria.

282. La Comisión expresa su preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos, afectados en forma constante y profunda durante los últimos años, y específicamente durante 2010, por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza, la fragilidad demográfica y el descuido estatal, hasta el punto de ver su existencia física y cultural en peligro. Los hechos referidos en el presente informe conllevan violaciones transversales de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y sus miembros, protegidos por los instrumentos interamericanos. Por lo mismo, la CIDH urge al Estado colombiano que cumpla con especial diligencia sus obligaciones internacionales de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y de adopción de medidas positivas de protección especial para los pueblos indígenas, para prevenir su continua victimización.

283. La Comisión mantiene su preocupación por la grave crisis humanitaria que padece la población afrocolombiana, en particular sus líderes y lideresas, y miembros de los consejos comunitarios, quienes ejercen liderazgo en la reivindicación, defensa y protección de los derechos humanos de los afrocolombianos, especialmente de sus derechos relativos a sus territorios, los recursos naturales allí existentes y su derecho a la autonomía e identidad cultural. Al respecto, la Comisión considera necesario implementar políticas públicas y mecanismos especializados para garantizar que los afrocolombianos ejerzan plenamente sus derechos y libertades fundamentales.

284. La Comisión manifiesta su grave preocupación por los ataques registrados en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, por parte de los grupos armados al margen de la ley y espera se adopten las medidas necesarias para asegurar la libertad de expresión en condiciones de seguridad.

285. La CIDH reitera su especial preocupación por el empleo de mecanismos de inteligencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos de cooperación internacional y organizaciones internacionales. Asimismo, la Comisión mantiene su preocupación por las amenazas y hostigamientos contra operadores de justicia, lo cual obstaculiza el cumplimiento de su labor, así como por la ausencia de esclarecimiento judicial de los hechos relacionados con las actividades ilegales de inteligencia. La CIDH continuará dando seguimiento a las iniciativas destinadas a la depuración de los archivos de inteligencia y al esclarecimiento de responsabilidades.

286. En vista de estas consideraciones, la CIDH recomienda al Estado colombiano:

1. Fortalecer el trabajo de las instituciones llamadas a desempeñar un rol en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, especialmente las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación, en término de apoyo logístico y seguridad a fin de garantizar el esclarecimiento judicial de los crímenes perpetrados contra las víctimas del conflicto y designar fiscales de Justicia y Paz capacitados en delitos sexuales o que involucren a niños y niñas.

2. Reforzar los mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto, testigos y defensoras y defensores de derechos humanos que se acerquen a fin de participar en el proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz.

3. Adecuar la extradición de desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. Garantizar la realización y efectiva participación de los extraditados en las diligencias que deben ser adelantadas en el marco de los procesos de Justicia y Paz, y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

5. Adoptar e implementar medidas efectivas tendientes a la desarticulación y desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley.

6. Adoptar e implementar efectivamente medidas de reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo medidas de restitución efectiva de tierras.

7. Fortalecer mecanismos que garanticen la prevención de la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública.

8. Fortalecer mecanismos de investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales y remitir todas las causas que puedan involucrar ejecuciones extrajudiciales de civiles de la justicia penal militar a la justicia ordinaria.

9. Diseñar, adoptar e implementar efectivamente políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas en materia de territorio, salud, educación, justicia de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado.

10. Adoptar las medidas necesarias para proteger la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y sindicales, y periodistas; prevenir su estigmatización y el empleo indebido de mecanismos de inteligencia en su contra; y remover los factores de riesgo que los afectan mediante el esclarecimiento judicial de actos de violencia, hostigamiento y amenazas.

11. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los jueces y operadores judiciales puedan desarrollar su labor para la administración de justicia en condiciones de seguridad, independencia y libre de presiones de particulares y de instancias del Estado.