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Desalojo violento contra detenidos que protestaban pacíficamente en la cárcel de Valledupar
El jueves 16 de junio a las 2 pm habrá un mitin frente al Ministerio del Interior pidiendo el cierre de esa cárcel
Notiagen / Miércoles 15 de junio de 2011
 

Cuatro heridos graves tras ser forzados por el INPEC a bajar desde estructuras situadas a 8 y 15 metros de altura del penal desde donde realizaban la protesta desde el 2 de mayo.

Las fundaciones Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Lazos de Dignidad —organizaciones defensoras de derechos de presos por razones políticas— informaron la noche del sábado 11 de junio de 2001 sobre el operativo realizado desde las 6.00 PM del mismo día por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa.

Desde el 2 de mayo más de 300 prisioneros detenidos en La Tramacúa se declararon en desobediencia civil a causa de, según los internos contactados, «la sistemática violación a los derechos humanos a las que son sometidos y la omisión de las autoridades colombianas en resolver sus peticiones». El 8 de mayo nueve internos de la Torre 2 decidieron iniciar las acciones y ahí le siguieron otros compañeros: «Decidimos subirnos y amarrarnos en lo alto de la estructura del penal. Lo hacemos para exigir nuestros derechos a la vida digna», manifestó uno de los detenidos. El resto de detenidos por razones políticas no se dejaban contar de la guardia, se rehusaban a portar el uniforme de la cárcel y exigían que se le proporcionara alimento a sus compañeros que se encontraban amarrados de sus cuerpos y colgando como forma de protesta.

Según Lazos de Dignidad, ayer 11 de junio de 2011 desde las 6:00 PM y en compañía del director de la cárcel de Valledupar, Leopoldo López Pinzón, el subdirector, Uriel Jaramillo, y el comandante de vigilancia, Teniente Nelson Gutiérrez, el GRI ingresó a las torres 1, 2, 3, 4 y 5 donde los detenidos protestaban y procedieron a soltar y bajar a los 132 que se encontraban atados a la estructura del penal. Este procedimiento se inició en la Torre 3.

Según el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC, la orden del desalojo la dio el Ministerio del Interior enfatizando el respeto a los derechos de los reclusos.

Díez horas de operativo

Los prisioneros en las Torres 8 y 9 manifiestan que «durante las horas que duró el operativo escuchaban fuertes gritos provenientes de las otras torres donde los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos, alcanzándose a observar desde esas torres la salida de varios cuerpos de prisioneros en estado de inconsciencia conducidos por el INPEC en camillas improvisadas o sábanas». El CSPP explica que el operativo se desarrolló «con diferentes grados de intensidad y brutalidad por parte de los funcionarios». Entre los hechos que denuncian destaca la utilización de gases lacrimógenos y gas pimienta cuando la mayoría de los detenidos se encontraba en el interior de su celda o sin poder salir de los pasillos. Ello ocasionó, según el CSPP, «desmayos, desespero, terror y finalmente la caída de varios internos».

Según las comunicaciones de los detenidos, «el operativo se desarrolló con particular violencia en las Torres 3 y 1; en estas torres se lanzarían al menos unas 20 pipetas de gas lacrimógeno que causó desmayos a partir de producir asfixia controlada y a los detenidos que no pudieron someter por medio de estas torturas y actos crueles los lanzaron desde las estructuras, a unas pequeñas colchonetas que fueron apiladas a manera de colchón neumático».

Lazos de Dignidad informa que los voceros del Comité de Crisis conformado por los prisioneros de las torres en desobediencia fueron aislados en calabozos sin que se conozca su actual estado físico y de seguridad. Otros internos fueron llevados a celdas de aislamiento u otras partes del penal, sin que el CSPP conozca sepa hoy su paradero. El interno José Gregorio Díaz que se encontraba en la Torre 1 y que en diferentes ocasiones ha denunciado el peligro inminente de ser asesinado dentro del penal, fue capturado por el GRI y en este momento los internos desconocen su paradero.

Sin embargo, el CSPP confirma a través de comunicación con detenidos en Valledupar que «el INPEC está utilizando gases lacrimógenos y golpeando y amenazando a los detenidos que se encuentran colgados de las estructuras lo que puede provocar su caída». Lazos de Dignidad añade que el INPEC también usó granadas de aturdimiento. El CSPP también confirma las «golpizas a las que han sido sometidos varios detenidos». Según comunicación con el interior de la cárcel, «las personas que bajan de las estructuras son reducidas, arrojadas al piso, amarradas de pies y manos con grilletes, golpeadas con palos y puñetazos en presencia del director del penal».