El día 20 de junio de 2011, cerca de 1100 trabajadores de la empresa Montajes JM S.A, al servicio de la multinacional CEPCOLSA - CEPSA en la construcción de infraestructura petrolera en los campos de CARACARA, JAGUAR Y TORO SENTADO, en el municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, Colombia, se declararon en Asamblea Permanente, en razón a las graves violaciones de sus derechos laborales, de salud ocupacional y al incumplimiento por parte de la empresa Montajes JM de sus contratos individuales de trabajo. Es importante resaltar que la multinacional CEPCOLSA – CEPSA, es socia de ECOPETROL S.A. En esos contratos en proporción de 70% y 30% respectivamente.

Los trabajadores de Montajes JM S.A. que están afiliados a la organización sindical procedieron a solicitar la presencia de la Junta Directiva Nacional de la UNIÓN SINDICAL OBRERA USO, la cual llegó al área el día 21 de junio de 2011, enterándose de las graves violaciones a la legislación laboral colombiana, que allí vienen cometiendo las empresas contratistas al servicio de la empresas petroleras que operan en esa región del país.

Ante la imposibilidad de establecer un escenario de discusión, el día 23 de junio se establece contacto con el Viceministro Laboral y con la Dra. LUZ ESTELA VEIRA Directora de Inspección Vigilancia y Control del Ministerio de la Protección Social, quien además de enviar una representante del Ministerio que comprobó las denuncias hechas por los trabajadores, planteó la posibilidad de convocar una reunión entre CEPCOLSA, Montajes JM y la UNIÓN SINDICAL OBRERA USO. Dicha reunión fue convocada en la ciudad de Bogotá para el día 28 de junio en las instalaciones del Ministerio de la Protección Social. A esa reunión, se hicieron presentes únicamente la empresa Montajes JM, la Unión Sindical Obrera y el Ministerio de la Protección Social, pues la empresa CEPCOLSA se negó a asistir, argumentando que no tenía ninguna relación directa con esos trabajadores, a pesar de ser la verdadera beneficiaria de la obra. Se establece el compromiso de las partes en iniciar las negociaciones el día 29 de junio en la ciudad de Villavicencio, con el acompañamiento del Ministerio de la Protección Social.

El día 29 de junio de 2011, se reúnen las partes en un Hotel de la ciudad Villavicencio, con el fin de iniciar las negociaciones de las peticiones formuladas por los trabajadores. La reunión se desarrolló sin ningún acuerdo, pero era evidente que en la Comisión de la Empresa Montajes JM había un personaje que no encajaba en el perfil de un negociador y que se dedicó a tomar nota de los nombres y lo que cada uno de los miembros del sindicato decía. Se procedió a verificar su identidad encontrándose que esta persona era un Agente de la Policía Nacional. El representante de la empresa Montajes JM se apresuró a manifestar que ese señor le estaba prestando seguridad, cosa que fue desmentida por el Agente que explicó que su presencia allí tenía por objeto realizar operaciones de inteligencia, según él para prevenir posibles alteraciones del orden público que se pudieran presentar en el marco de la protesta de los trabajadores. Los representantes del Ministerio de la Protección se mostraron contrariados y expresaron que ellos no estaban enterados de la presencia de un miembro de las Fuerzas Armadas en la mesa y nunca fueron notificados de ello. Al quedar en evidencia y ante la vehemente reclamación que hiciera la organización sindical, el agente se retiró del recinto.

Es evidente, que así el gobierno colombiano no solo comienza a burlar el llamado “Plan de Acción para los Derechos Laborales” firmado recientemente con el Presidente Obama, sino que confirma los argumentos de la CUT en la 100 Conferencia de la OIT cuando se opuso a que Colombia fuera excluida de la lista de países que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Es claro que El Gobierno Colombiano, a través de sus organismos de inteligencia, espionaje y las fuerzas armadas, no solo continúan haciendo seguimientos ilegales, como los evidenciados con las interceptaciones ilegales o chuzadas a las comunicaciones de dirigentes sindicales y miembros de la oposición, sino también se atreven a violentar los escenarios democráticos de negociación, negando con esto el carácter civilista de las organizaciones sindicales, el libre ejercicio de la actividad sindical, la negociación colectiva y el derecho de asociación.

Responsabilizamos al Estado Colombiano de lo que le pueda suceder a cualquiera de los dirigentes sindicales y trabajadores que participan en la asamblea permanente, a los miembros de la Comisión Negociadora del Sindicato, de la cual hacen parte tres dirigentes sindicales de la Junta Nacional del Sindicato, un dirigente de una subdirectiva regional, tres delegados de los trabajadores y dos representantes de las comunidades, pues tenemos muchas dudas del destino de la información que éste agente tomó en el marco de esta reunión y con más preocupación sabiendo que esta es una región controlada por grupos armados ilegales.

Alertamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a las Centrales Obreras Nacionales e Internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en general a todos los organismos y organizaciones que velan por los derechos y las libertades sindicales, de los graves hechos que se están dando en Colombia y que atentan contra las libertades democráticas, los Derechos civiles y los Derechos humanos de los Colombianos.