Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

El polémico Padre Javier Giraldo
La historia le ha dado la razón al cura contra quienes lo han querido acallar
KIEN&KE / Martes 9 de agosto de 2011
 

El sacerdote jesuita Javier Giraldo denunció hace siete años al teniente coronel (R) Néstor Duque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por su presunta participación en varios crímenes mientras cuando era el comandante del batallón Bejarano Muñoz, de la Séptima Brigada del Ejército con sede en Carepa. El padre y los defensores de derechos humanos Elkin Ramírez y Miguel Afanador lo habían señalado incluso de haber participado en la tortura de dos campesinos de la región, que ocurrió el 22 de diciembre de 2004. El militar no solo negó los hechos sino que denunció al Padre por injuria, calumnia y falsa denuncia. Siete años después la fiscalía cerró la investigación y de le dio la razón al Padre. Historias como éstas se repiten con frecuencia, desde hace 25 años cuando el Padre Giraldo decidió empezar a denunciar frente a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales excesos de las fuerzas militares e irregularidades de los grupos armados ilegales, especialmente los paramilitares.

Cuando apenas comenzaba su carrera, en 1965, Javier Giraldo tuvo un encuentro que definió su camino en la vida. Una mañana, mientras cumplía sus labores como voluntario en un hospital de caridad en Medellín, escuchó una algarabía que llamó su atención. Al salir al pasillo vio un tumulto que rodeaba al padre Camilo Torres. Médicos, enfermeras y pacientes querían saludarlo, pedir su bendición. Javier se acercó para escuchar su discurso. “Las palabras de Camilo tocaron mi alma”, cuenta hoy, 46 años después, mientras se alista para celebrar una misa en conmemoración de su muerte, en la capilla de la Universidad Nacional, donde fue capellán en 1959. Su posición frente a la injusticia, su compromiso por generar un verdadero cambio en nuestra sociedad, lo convirtieron en uno de sus partidarios.

Desde aquel encuentro lejano, el padre Giraldo supo que su vida estaría dedicada a defender a los oprimidos. Como todos los colombianos de la época, vivió la incertidumbre de no saber qué había pasado cuando Torres desapareció de la escena pública, en diciembre de 1965, hasta cuando se supo en enero del año siguiente que había ingresado al ELN. El 16 de febrero de ese año murió en su primer combate. Javier entendió desde entonces que continuaría su obra, pero por un camino distinto al de las armas. Seguiría los pasos de los curas de Golconda, de monseñor Valencia Cano y tantos otros comprometidos con la Teología de la Liberación.

Desde principios de los 80, cuando se dio inicialmente en el Magdalena Medio la diabólica alianza ente los grupos paramilitares y el narcotráfico, con la anuencia de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y que disparó el exterminio contra la Unión Patriótica, el padre Javier Giraldo, empezó a actuar. Ya ordenado como sacerdote Jesuita, con estudios en sociología, literatura, filosofía y teología, fue nombrado en la dirección del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, fundado por la Compañía de Jesús.

El padre Giraldo inició un banco de datos para documentar los crímenes contra campesinos, defensores de Derechos Humanos y contra cientos de militantes de la UP. Recopiló historias de testigos, familiares y vecinos de las víctimas, relatos de las primeras masacres, como la de Mapiripán, en el Meta, y los asesinatos en serie en Barrancabermeja, para enriquecer las investigaciones. Los expedientes de muchos casos que no se judicializaron permanecieron cuidados en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Lo testimonios y denuncias que recogieron los mismos sacerdotes en el terreno le permitieron al padre Giraldo visualizar de primera mano la relación que empezaba a cocinarse entre las fuerzas del Estado y los paramilitares.

Su forma de investigar generó polémica al interior del Cinep y oposición entre los que consideraban que su trabajo debería ceñirse a los requerimientos judiciales. Giraldo decidió entonces tomar distancia y fundar una nueva Organización No Gubernamental, que nació como la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), que reunía a los representantes de sesenta congregaciones católicas del país para luchar por los Derechos Humanos. Giraldo fue su secretario General hasta 1998. Se dedicaron a actuar como funcionarios judiciales alternativos, que llegaban a las regiones del país donde se presentaban masacres y desplazamientos para registrar con detalle la situación y ayudar a las víctimas.

Uno de los primeros casos que documentó fue el del Carmen de Chucurí, Santander. Recopiló las historias de los cientos de campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras tras la llegada de los grupos paramilitares. Confirmó la complicidad de miembros de la fuerza pública y lo denunció. Descubrió entonces que los entes investigadores, Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría y luego la Fiscalía General, aprovechaban los testimonios recaudados por ellos para identificar a los sobrevivientes y judicializarlos, mientras los victimarios permanecían incólumes, una situación que vio repetirse en distintas regiones del país. El comandante de las Fuerzas militares lo demandó por injuria y calumnia. Nada ni nadie lo detuvo.

Giraldo y su comisión reconstruyeron también la masacre de Trujillo, Valle, en 1986, en la que identificaron, mucho antes de que la justicia lo aceptara, la estrecha relación entre paramilitares, hombres del F-2 y el batallón Palacé, de Buga. El paramilitar Daniel Arcila relató las atrocidades, pero una vez más la balanza de la justicia, inclinada del lado de los victimarios, invalidó el testimonio, al decir que estaba loco. Cuando la Comisión de Justicia y paz consiguió la autorización para que se realizaran nuevos exámenes psiquiátricos para controvertir esta condición, Arcila ya había sido descuartizado por los mismos asesinos. En 1995, cuando en el gobierno de Ernesto Samper se creó una Comisión de la Verdad para reconstruir los hechos de Trujillo, se ratificaron las denuncias del padre Giraldo, que se convirtieron en la base del primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicado en 2008.

Sus investigaciones lo llevaron luego al Meta, en 1996. Documentó con su equipo de trabajo de campo los casos de más de mil personas, muchas de ellas militantes de la UP, que fueron víctimas de la violencia paramilitar ejercida por el grupo de Víctor Carranza. Los esfuerzos del Comité Cívico del Meta terminaron en sentencia absolutoria y los del padre Giraldo, inútiles.