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Saludo de La Marcha Patriotica al Congreso Nacional de Tierras y Territorios
Marcha Patriótica y Cabildo Abierto / Viernes 30 de septiembre de 2011
 

Asumiendo con alegría la tarea histórica de avanzar en la Unidad, saludamos el Congreso Nacional de Tierras y Territorios, esperando que las conclusiones que de este espacio salgan, nos permitan avanzar en la elaboración programática conjunta.

La concentración de la tierra es una característica persistente en la estructura agraria colombiana que data del proceso de colonización española sobre nuestro territorio. Esta realidad no superada a lo largo de dos siglos, se ha acentuado desde la segunda mitad del siglo XX a través de un proceso sistemático de despojo violento que ha acudido a distintas estrategias, institucionales e ilegales, y que ha significado el derramamiento de sangre y el desplazamiento de miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Esta problemática se ubica en el centro del conflicto social y armado colombiano, y por ende su persistencia representa la continuidad del mismo.

Partiendo de la necesidad de abordar de forma estructural la cuestión agraria como paso hacia la construcción de una alternativa real de paz para el país, la Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia ha integrado como elemento central de su propuesta la construcción de una política agraria democrática, que recogiendo los acumulados organizativos y políticos de los procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes del país, aporte al surgimiento de un nuevo país, al logro de la segunda y definitiva independencia.

Acercamiento a la Problemática Agraria

En Colombia no se ha realizado un abordaje estructural de la problemática agraria, ni siquiera se ha realizado una reforma agraria en términos liberales. El debate sobre la cuestión de la tierra inicialmente centrado en sus altos niveles de concentración, ha alcanzado nuevas dimensiones que dan cuenta de la agudización de la problemática rural. Elementos como la vocación y uso del suelo rural, la forma de la propiedad rural, los impactos al ambiente, el concepto de desarrollo agropecuario y el desbordamiento del desplazamiento forzado, entre otros, han ganado terreno como parte de este debate, exigiendo al movimiento social una lectura global sobre la problemática agraria.

Esta exigencia nos remite a realizar un análisis sobre las causas del problema que supere el simple abordaje de sus consecuencias, siendo preciso en este sentido cuestionar el modelo económico impuesto al campo colombiano, motor y origen de las problemáticas mencionadas.

Del modelo de la colonia española que privilegió la explotación de recursos minerales bajo una lógica de sometimiento de la población nativa, pasamos al modelo de la gran hacienda que giro en torno al impulso de monocultivos empresariales como el café, el banano y el tabaco, sobre la base de la explotación del campesinado emergente y en función de la inserción económica al mercado internacional, posteriormente pasamos a la imposición del modelo de ganadería extensiva que significó el despojo violento de las mejores tierras productivas del país, el cambio arbitrario de su vocación productiva y el consecuente desplazamiento de millones de campesinos, y actualmente presenciamos la consolidación de una fase de copamiento territorial en función de la producción de grandes extensiones de cultivos de rendimiento tardío y la explotación de los recursos naturales nacionales con fuerte énfasis en el campo minero-energético.

Esta ligera condensación histórica muestra las distintas fases del desarrollo del capitalismo en el campo colombiano, que ha significado la imposición del modelo agro-empresarial en detrimento de los derechos y necesidades de los verdaderos pobladores rurales. Este modelo de agro-empresa ha generado y agudizado dos problemáticas agrarias centrales, que a su vez le sirven de fundamento: la concentración de la tierra y el exterminio de la economía campesina.

a) Concentración de la tierra
La inexistencia de una reforma agraria en Colombia, el papel histórico desempeñado por las clases dirigentes detentadoras del poder político en el despojo violento como forma de concentración de la tierra y la construcción de una estructura normativa proclive a la misma, constituyen parte de la estrategia neoliberal para garantizar el desarrollo del modelo económico agro-empresarial en el campo colombiano.

La existencia de un patrón concentrador en la tenencia de la tierra ha privilegiado la propiedad extensiva en función de la consolidación del modelo agro-empresarial dirigido a la ganadería extensiva y al impulso de monocultivos empresariales de rendimiento tardío, a los cuales se suma la apropiación corporativa de territorios destinados a la explotación minero-energética y a la construcción de grandes obras de infraestructura. Según cifras del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011: Colombia Rural, Razones para la Esperanza presentado el pasado 28 de septiembre, el 52% de la propiedad rural se encuentra en manos del 1,15% de la población, cifra que se confirma al hacer la revisión del coeficiente de Gini, que en materia de concentración de tierras se encuentra en 0,85, nivel elevado teniendo en cuenta que la escala es de 0 a 1.

Esta relación: concentración de la propiedad de la tierra-modelo neoliberal ha generado un cambio en el modelo productivo hacia la desagriculturización del país y el ahogo económico de las comunidades rurales, realidad que ha conllevado a una crisis alimentaria reflejada en la elevación de los precios y la importación de alrededor de 8 millones de toneladas de alimentos que se podrían producir internamente.

El estado colombiano ha favorecido históricamente la concentración de la tierra y ha garantizado la imposición del modelo agro-empresarial, a través del despojo violento institucionalizado, la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades rurales y el impulso de una serie de iniciativas legislativas proclives al mismo. Un claro ejemplo de esta práctica sistemática, lo constituye el impulso de una estrategia de contrarreforma agraria apoyada por el paramilitarismo que en los últimos trece años, según cifras del Informe del PNUD 2011, garantizó el despojo de alrededor de 6,6 millones de hectáreas, desplazando cerca de 3,6 millones de personas.

Los ciclos de violencia generados en este proceso de concentración constituyen una de las causas originarias de la insurgencia en Colombia y por ende del conflicto social y armado, por tanto la superación del mismo pasa necesariamente por abordar de forma estructural la problemática agraria.

b) Modelo agroempresarial: exterminio de la Economía Campesina
El exterminio de la economía campesina es requisito y consecuencia inmediata del impulso del modelo agroempresarial. Es evidente el antagonismo que existe entre la economía campesina y la ganadería extensiva, y/o la agroindustria capitalista, representada en los monocultivos de tardío rendimiento, la gran minería y en general en las economías extractivas vinculadas al capital extranjero interesadas en el control territorial por recursos minerales, carbón, petróleo, palma aceitera y cultivos de uso ilícito.

En total desequilibrio, la política estatal ha estado dirigida a someter a la economía campesina a los intereses del capital trasnacional y a capitales mafiosos. Cada vez la política económica hacia el sector rural busca vincularlo directamente con el mercado internacional, siendo reemplazado en parte por éste. Esto se evidencia en la pérdida de la soberanía alimentaria, palpable en el aumento de la importación de alimentos y en el consecuente sometimiento del campesinado y las comunidades rurales a las economías ilegales articuladas al cultivo de la coca, que resultan las únicas rentables ante la realidad de un mercado interno de alimentos copado por productos extranjeros que no brinda garantías para la vinculación de los productores rurales a los encadenamientos productivos y de comercialización nacionales. También se refleja en la realización de tratados de libre comercio como el proyectado con Estados Unidos, el firmado con Canadá que recientemente entró en vigencia, y el proyectado con la Unión Europea que fue aprobado la semana pasada por la Comisión Europea, acuerdos que profundizan el modelo de despojo en la lógica extractiva y destruyen las posibilidades de la producción agropecuaria.

La supervivencia de la economía campesina requiere de otro modelo económico que funde la economía agraria en la soberanía alimentaria, para que el campo se convierta en la despensa de las ciudades, creando garantías económicas reales al campesinado. Contrario a esto, el actual modelo económico profundiza los problemas generados por la falta de acceso y el sistemático despojo de las tierras y los territorios, con la finalidad de incorporarlos, mediante el uso de la violencia, a las dinámicas productivas capitalistas, que desconocen las necesidades y derechos de los pobladores rurales, la importancia de la producción de alimentos, así como los usos ancestrales y culturales del territorio, por parte de las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Bajo el modelo actual implantado en el sector rural, la economía campesina no es viable. La política agraria no responde a los intereses del país de construir una economía nacional, un mercado interno que garantice la seguridad y soberanía alimentaria. Mientras las alternativas a esta problemática se sigan enmarcando bajo el mismo modelo económico, no avanzaremos en nada.

II. Caracterización del gobierno de Juan Manuel Santos y su política agraria

Partimos de una premisa irrefutable: el gobierno de Juan Manuel Santos representa la continuidad del modelo económico neoliberal para Colombia, por ende del modelo agroempresarial para el campo colombiano, y con él el mantenimiento de la dinámica de represión violenta que su imposición ha significado para el pueblo colombiano, y las comunidades rurales en particular. Juan Manuel Santos desempeñó un papel central en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática en los campos colombianos, que significó el despojo forzado de tierras y la sistemática violación de los derechos humanos de las comunidades rurales que hoy se mantiene.

Intentando ocultar esta realidad, el gobierno de Santos se ha mostrado ajeno a las responsabilidades que le caben en la historia de la tragedia colombiana, presentando un discurso progresista que parte de la promesa de reversar el despojo. En consecuencia, ha planteado que es el tiempo de las víctimas, una afirmación que necesariamente pasa por el reconocimiento discursivo de la problemática agraria – con fuerte énfasis en el fenómeno del desplazamiento forzado y el despojo, y los pobladores rurales – así como la importancia del conflicto armado para el abordaje de la cuestión agraria (Ver Darío Fajardo, Los componentes Agrarios del Plan Nacional de Desarrollo, en Revista Semillas, junio de 2010).

Sin embargo las iniciativas legislativas que ha presentado frente al tema de tierras no evidencian la intención real de restablecer los derechos a los despojados, sean campesinos, indígenas o afrodescendientes, sino el propósito de resolver los problemas de la irregularidad en la tenencia de la tierra, como condición para dar continuidad a la profundización del modelo agroempresarial, en articulación con la explotación minero-energética en Colombia y el desarrollo de las grandes obras de infraestructura, presentadas como bandera de su plan de desarrollo, así como superar algunas dificultades de ilegitimidad derivadas del despojo violento de tierras ampliamente cuestionado a nivel internacional.
En otras palabras, el desarrollo concreto de los lineamientos de política para el sector rural da cuenta de que no se supera el nivel discursivo en la medida en que:

Se omite considerar las causas estructurales del conflicto armado, dentro de las cuales se encuentra la concentración de la tierra. Esta omisión significa el NO abordaje de este patrón que ha caracterizado la estructura agraria colombiana, lo cual marca el desarrollo de una política agropecuaria NO dirigida a la democratización de la propiedad rural. Las iniciativas legislativas en esta materia han ubicado como el origen de la problemática de la tierra en Colombia la apropiación ilegal armada de predios por parte de narcotraficantes, paramilitares y testaferros, olvidando que aún antes de ello, la estructura de la propiedad se caracterizaba por una alta concentración. En consecuencia, ni la Ley de Victimas y Restitución, ni el proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural propuesto por el gobierno, se dirigen a trastocar los derechos de propiedad del latifundio tradicional.

El diagnóstico del sector agropecuario realizado en las Bases del PND, si bien resalta su importante participación en el conjunto de la economía nacional, dirige la caracterización del sector hacia la demostración de su atraso productivo, en términos de competitividad y factores técnicos: baja competitividad, uso ineficiente de factores (tierra y agua, predominantemente), baja productividad de la mano de obra rural elevados costos de producción y comercialización, entre otros. Esta caracterización de atraso productivo del sector, constituye la base de la proyección de la política de desarrollo rural que se cimienta sobre la base de la competitividad. El PND plantea que los niveles de competitividad en el sector dependen de lograr una producción de calidad a costos que garanticen la rentabilidad de las actividades productivas, para lo cual el mejoramiento de la productividad y la reducción de los costos de producción y comercialización constituyen el eje de la política agropecuaria (Ver PND 2010-2014).

Este enfoque:
Desconoce de plano la existencia de los pobladores rurales (indígenas, afrodescendientes y campesinos), es decir no tiene en cuenta a la gente.
Niega la concentración de tierra como factor determinante en la construcción de un diagnóstico sobre el sector.
Devela que la política agropecuaria mantiene el enfoque economicista y productivista.
No toca aspectos transcendentales para el desarrollo del sector agropecuario como:
* La pobreza rural
* La dinámica del conflicto armado en las zonas rurales
* Existencia de mercado monopólicos/oligopólicos de productos e insumos.
Se desconoce la implementación del modelo agro-empresarial impuesto como una de las causas de los desplazamientos forzados y el despojo violento realizado en el país. Esta omisión resulta funcional a la intención del gobierno de generar mejores condiciones para impulsar la explotación de recursos naturales, con fuerte acento en el área energético-minera, y la ampliación de monocultivos dirigidos a la producción de agro-combustibles.

Los anteriores elementos permiten afirmar que si bien el discurso gubernamental en materia rural se ha centrado en el reconocimiento de la cuestión agraria, sus actores (desplazados, campesinos, grupos étnicos) y problemáticas (despojo, desarraigo, productividad, etc), sustentando así la necesidad de volver la mirada al campo y potencializar su desarrollo, la construcción de los lineamientos de la política pública, así como la distribución de las asignaciones presupuestales en la materia, develan que no existe interés, ni voluntad política, en términos de la democratización de la propiedad rural sino que los componentes de la política agropecuaria impulsada por el gobierno, a saber: Restitución, Formalización, Crédito y Modelo de Desarrollo Rural, está diseñada en función de la profundización del modelo agroempresarial y extractivo.

III. Desafíos del Movimiento Social

Ante la realidad palpable el movimiento social colombiano, y en particular las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, enfrentamos un desafío inmediato: revertir los avances de la imposición del modelo agroempresarial, frenar las intenciones de consolidar un modelo minero-energético que expolie nuestros territorios y exigir que la primera medida para resolver el problema agrario sea una restitución integral a los despojados y una redistribución equitativa de la tierra.

Enfrentar este desafío nos exige avanzar en la construcción de una propuesta alternativa, que debe edificarse a partir de los innumerables avances organizativos y políticos del movimiento campesino, indígena y afrocolombiano que se mantienen no obstante la continua persecución y el innumerable listado de víctimas dejadas por la política de represión impulsada por el Estado y la estrategia paramilitar desatada con su anuencia. Desde la Marcha Patriótica proponemos el abordaje de algunos elementos que pueden aportar en la definición de una ruta hacia una política agraria democrática en el actual momento:

Develar la demagogia del discurso gubernamental en materia agraria

Es preciso mostrar la intencionalidad real de las políticas que en materia agraria impulsa el actual gobierno, así como la gran distancia que existe en el discurso y el desarrollo concreto de los lineamientos de política que se han definido para el sector agropecuario.

Es momento de fortalecer la politización y la capacidad de análisis de las bases campesinas, indígenas y afrodescendientes para que, más allá de posibles dádivas como la titulación, el acceso al crédito o capacitación, entre otras, sepan distinguir y comprender la orientación y el enfoque de largo plazo que tiene la burguesía colombiana en la política de tierras y desarrollo rural.

Es preciso vincular a la sociedad colombiana a este debate, de forma que los distintos sectores del país comprendan que la problemática agraria no es una cuestión que corresponda exclusivamente a las comunidades rurales, sino que vincula y afecta al conjunto de los colombianos.

Es necesario develar ante la comunidad internacional la demagogia presente en el discurso del gobierno, contrastando lo planteado por éste en las tribunas internacionales con la realidad del campo colombiano y sus comunidades rurales.

Realizar un seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Si bien existe un consenso frente a la necesidad de realizar un proceso restitución de tierras, como deber del Estado frente a quienes fueron objeto del despojo violento y/o el abandono de tierras, al profundizar sobre las motivaciones que la estimulan se dejan entrever dos posiciones disonantes que hacen necesario hacer un seguimiento a la ejecución de la iniciativa legislativa aprobada.

En un lado, están quienes abogan por una política de restitución que corrija la acción ilegal del despojo y permita clarificar los títulos de propiedad sobre la tierra, planteamiento que es funcional a lógica de mercado en tanto busca la incorporación de las tierras a su dinámica, con el fin de dinamizar la compra y venta para dar vía libre a la política de desarrollo rural, que como ya demostramos se proyecta hacia el fortalecimiento del modelo agroindustrial.

En otro lado, nos encontramos quienes concebimos que la restitución debe estar orientada hacia la redistribución de la tierra, acompañada de garantías de permanencia y del reconocimiento activo de los actores rurales, de forma que se garantice el mejoramiento de su calidad de vida, así como su vinculación a las instancias decisorias de la política agraria colombiana.

Lograr que la restitución de tierras realmente beneficie a las víctimas del despojo violento y se corresponda con los planes de vida comunitaria de estas comunidades, es una tarea que como parte del movimiento social colombiano debemos asegurar a través de un estricto seguimiento.

Levantar más alto las banderas de la Reforma Agraria Integral

La apertura del debate sobre el conflicto agrario después de años de invisibilización a manos de las clases dirigentes del país, abre el escenario propicio para mostrar la plena vigencia de la Reforma Agraria Integral en Colombia. Esta intencionalidad cuenta con un escenario internacional favorable integrado por la solidaridad del movimiento campesino internacional con Colombia –representado en la Vía Campesina – y el llamado permanente de organismos de Naciones Unidas, que a través de las directrices emitidas por el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación Adecuada y lo reflejado en las líneas generales del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011: Colombia Rural, Razones para la Esperanza del PNUD, entre otros desarrollos, exigen del estado colombiano avanzar en un proceso de redistribución de la tierra.

En consecuencia, desde el movimiento social levantamos más alto las banderas de una Reforma Agraria Integral, que partiendo de un proceso de redistribución de la tierra apunte a la construcción de un nuevo modelo inclusivo, centrado en el reconocimiento de las comunidades rurales, la defensa de la economía campesina, la consolidación de la soberanía alimentaria, la protección de las riquezas naturales nacionales y el respeto de las territorialidades indígenas, campesinas y afrodescendientes históricamente construidas.

Defensa del Proyecto Alternativo de Tierras y Reforma Agraria, y rechazo a la iniciativa gubernamental

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a partir de un importante esfuerzo de unidad representado en la Mesa de Unidad Agraria, han avanzado en la construcción de una iniciativa legislativa alternativa en materia de Tierras y Reforma Agraria, que incorpora la visión de desarrollo de las comunidades rurales, así como sus necesidades sociales y económicas, y garantiza su participación en las instancias de decisión referentes a la política agraria. Como lo ratificamos en el Encuentro Nacional de Paz: el Diálogo es la Ruta, realizado el pasado mes de agosto, desde la Marcha Patriótica reafirmamos nuestro apoyo a este proyecto y nos comprometemos a buscar su posicionamiento al interior de la comunidad nacional e internacional.

Consideramos que esta propuesta constituye el punto de partida para avanzar en la construcción democrática y popular de las leyes en nuestro país, y que nuestro apoyo a esta iniciativa en particular nos exige RECHAZAR de plano el proyecto de ley que el gobierno ha denominado Ley General de Tierras y Desarrollo Rural, que proyecta radicar en la presente legislatura, cuyos planteamientos profundizan la implantación del modelo agro-empresarial y minero-energético en detrimento de los intereses nacionales, y los derechos de las comunidades rurales.

Este rechazo debe acompañarse de la exigencia de un proceso de construcción de la política agraria, y por ende de las iniciativas legislativas relacionadas, de carácter democrático, vinculante y amplio en donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sean principales protagonistas.

Defensa de las territorialidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y la construcción de territorios interétnicos

Como uno de los elementos centrales del debate agrario debe abordarse la defensa de las territorialidades rurales que se han construido como consecuencia de la dinámica histórica de ocupación territorial, garantizando la construcción de territorios interétnicos que permitan ratificar la hermandad entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, que se ha construido en los procesos de lucha y resistencia por la permanencia en el territorio.

Movilización social y Constituyente por la Paz

Es preciso avanzar en la unidad programática entre los distintos sectores del movimiento social frente a la cuestión agraria, como un paso que nos permita avanzar hacia la paz con justicia social en Colombia. Este proceso como lo definimos en el Encuentro Nacional de Paz, en Barrancabermeja, supone además una ardua tarea de organización, politización y movilización social de todos los sectores, que es preciso construir a partir de las dinámicas de los distintos procesos organizativos y que se materializa en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular que se impulsan hoy, y que apuntan a acumular fuerzas hacia el Paro Cívico Nacional.

Como una ruta para avanzar en la unidad programática resulta además fundamental garantizar nuestro compromiso en el proceso de preparación y realización de las constituyentes regionales, entendidas como espacios de soberanía popular y participación ciudadana, en los cuales se construyan los lineamientos para una alternativa de paz con justicia social. Estos espacios regionales nos permitirán cualificar el debate nacional a partir de la incorporación de las particularidades concretas de cada región y además, pueden constituirse en escenarios de consenso regional que, recogiendo las distintas preocupaciones sectoriales, étnicas y de género, permitan que la Unidad de los distintos procesos organizativos y sociales del país se convierta en una realidad viva.

La confluencia de estos procesos regionales en la realización de una Constituyente por la Paz, permitirá la construcción de un mandato nacional por la solución política al conflicto social y armado, y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política que esperamos construir de la mano y en donde la relevancia de la cuestión agraria es indiscutible.

Este es el momento del campo colombiano, la tarea histórica que ha de asumir el movimiento social colombiano es la de definir cuál será el rumbo que ha de transitar el país en materia agraria, es por tanto también el momento de afianzar las propuestas organizativas y programáticas que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, aún en medio de la más cruenta represión, han construido y defendido como aporte fundamental a la edificación de una Nueva Colombia, en la cual participen todas las voces, todas, todas las manos todas.

Es también momento para que la Unidad se transforme en un territorio de rigurosa construcción teórica y práctica, en donde todos los sectores del movimiento social con la altura política e ideológica que nos caracteriza reafirmemos nuestro compromiso por la transformación de nuestro país.

Asumiendo con alegría la tarea histórica de avanzar en la Unidad, saludamos el Congreso Nacional de Tierras y Territorios, esperando que las conclusiones que de este espacio salgan nos permitan avanzar en la elaboración programática conjunta. En este sentido, invitamos fraternamente a todos los procesos presentes al Cabildo Agrario de la Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia, que tendrá lugar los días 19 y 20 de Noviembre de 2011 en la Ciudad de Chaparral-Tolima

Unidad, Unidad, Unidad!!!
Saludamos al Congreso Nacional de Tierras y Territorios

Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia