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¿Qué pasa con la Frontino Gold Mines en Segovia ?
Ruben Darío Zapata / Domingo 23 de octubre de 2011
 

Lo que ha ocurrido con la empresa Frontino Gold Mines, explotadora del oro en las minas de Segovia, Antioquia, no tiene precedente en la historia ya de por sí oscura de Colombia. En 1976, la American Internacional Gold Mine, su dueña entonces, inició un proceso de liquidación, alegando lo costoso de la convención colectiva, las altas nóminas y el bajo precio del oro. Al retirarse, y reconociendo que no tenía con qué cubrir sus acreencias con trabajadores y pensionados, decidió ceder a estos en dación de pago, con carácter irrevocable, sus activos en Colombia. Eso lo hizo mediante escritura pública, registrada el 7 de marzo de 1979 en Nueva York, con la presencia del cónsul de Colombia en Nueva York y con aprobación del Ministerio del trabajo y la Superintendente de Sociedades. Sin embargo, el Estado colombiano se las ha ingeniado para evitar que la empresa sea entregada a sus dueños.

La idea era que la empresa funcionara bajo la figura del concordato por un año, durante ese periodo debía formar un fondo de pensiones; después debía ser vendida o recuperada para los trabajadores y pensionados.

Curiosamente, el concordato se prolongó durante más 24 años sin que se formara siquiera el fondo de pensiones.

Pero dinero sí había. Justo después que la American International Golg Mines cediera sus derechos sobre la empresa en Segovia, se vino una bonanza del oro que duró varios años. Históricamente el precio del oro se había mantenido alrededor de 34 dólares la onza; y de pronto empezó a subir hasta que alcanzó un precio de 245 dólares la onza. Entonces, según cuentan los pensionados, la empresa empezó a gastar como loca. “Los administradores arreglaron sus casas y convirtieron su club en uno de los mejores de Colombia- cuenta Mario Piedrahita, uno de los trabajadores, que estuvo en la parte de dirección-. Los gerentes supieron hacer sus cosas: hubo años en que se pagaron hasta 24 sueldos por las bonificaciones”.

Una nueva liquidación tramposa

Ese circo duró hasta el 2004, cuando el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, decidió poner la empresa en liquidación. Una nueva bonanza en los precios del oro (hoy la onza de oro se cotiza alrededor de los 1400 dólares) había atraído la mirada de los inversionistas extranjeros y, desde luego, de sus socios en el gobierno colombiano. Pero, ¿liquidación de qué? La empresa ya había sido liquidada hacía más de 20 años, y desde ningún punto de vista parecía lógico que una empresa se liquidara dos veces.
El gobierno alegaba para la liquidación el hecho de que los concordatos sucesivos no habían logrado conformar el fondo de pensiones. Por tanto la liquidación se realizaría para conformar ese fondo con los recursos de la venta. Pero pareciera obvio que los anteriores administradores nunca tuvieron la voluntad de consolidar este fondo, la prueba es que hoy, después de tantos años, Fonmineros, el fondo de pensionados de los trabajadores en las minas de Segovia, apenas tiene como capital 45 mil millones de pesos para atender a más de 1500 pensionados. Lo paradójico, según sostienen los trabajadores, es que tampoco la liquidación parece adelantarse en interés del fondo de pensiones, porque el gobierno, al parecer, lo que quiere es regalar la empresa.

La candidata a tal regalo es hoy la Zandor Capital, filial de la Medoro Resources, que desde agosto del año pasado administra la Frontino en Segovia. Esta es una de las empresas fachadas manejadas por el grupo de la familia Araujo, justamente de María Consuelo Araujo, la excanciller consentida del gobierno de Uribe, que tuvo que renunciar por los escándalos de su padre y su hermano acusados de vínculos con los paramilitares. Hoy mismo no queda la menor duda, según los trabajadores, de que Álvaro Uribe tiene participación como socio de estas empresas interesadas en comprar los activos de la Frontino; y por ello están exigiendo a la Procuraduría una investigación sobre el asunto.

Parece que el acuerdo entre la Zandor y la Superintendencia de Sociedades se fundamenta en una promesa de compraventa, con una oferta ridícula de esta compañía, que no supera los 200 millones de dólares (Equivalentes a unos 380 mil millones de pesos, al precio del dólar hoy). Desde luego, este monto no alcanza para asegurar siquiera las pensiones de jubilados y trabajadores, cuyo pasivo pensional supera hoy los 4200000 millones de pesos.

Presión sobre los pensionados

Por lo demás, hay una presión sobre los pensionados para entregar una serie de papeles, supuestamente con el propósito de realizar el trámite con el Instituto de Seguros Sociales para la conmutación de las pensiones por el monto que la empresa ofrece más los 45 mil millones existentes en el fondo. Les han ofrecido dinero por llevar los documentos para el trámite en un tiempo record.

Les exigen a los pensionados una declaración extraproceso en la que declaran estar de acuerdo con la conmutación de las pensiones. Pero esta firma significa también, jurídicamente, dar la aceptación a la venta de los activos de la empresa. A los que se han mostrado reacios a la firma, la empresa ha optado por retenerles las mesadas, sin argumentos jurídico-legales, para obligarlos a trámites como derechos de petición, tutelas, en fin. Al final resulta que la pensión ha sido supuestamente retenida por algún descuido menor o por equivocación. “Es una estrategia para desgastarnos- dice doña Jael, una de las pensionadas con casi 82 años, aunque vigorosa”.

Todo es un engaño de principio a fin. El propio Carlos Julio Díaz, presidente de la CUT seccional Antioquia, quien curiosamente es el revisor fiscal de Fonmineros, les ha advertido a los pensionados que no se trata conmutar pensiones con el Seguro, sino que éste se hará cargo solamente como administrador del fondo que se conformaría con la venta de la empresa pues nada más, por lo cual se cobraría 40 mil millones de pesos. Eso significa, ni más ni menos, según los pensionados, dejarlos tirados.

El Estado y los empresarios sin máscara

Como para mostrar que el interés de la liquidación estaba a favor de pensionados y trabajadores, en una visita que hizo a Segovia el entonces presidente Uribe, el 7 de abril de 2008, declaró que no era necesario liquidar la empresa ni venderla si los trabajadores y jubilados conseguían un socio inversionista. Y lo consiguieron. Se trataba del grupo canadiense Samarium Group Corporation, que ofrecía 250 millones de dólares para conmutar el fondo de pensiones, y aparte de eso ponía a disposición 100 millones de dólares más para la reactivación técnico-económica de la empresa, todo como inversión.

Según los trabajadores, las pretensiones del Samarium Group no eran comprar la empresa sino participar como socio de ella a través de una unión temporal por un periodo de 10 años prorrogable, y un 15% de participación en los beneficios. A cambio, el grupo económico pedía ser la única compradora del oro extraído de las minas de Segovia; además, solicitaba en concesión una de las muchas minas que están en el área de la Frontino, para ser explotada por ellos. También proponía montar proyectos agroindustriales dentro de las 17 mil hectáreas propiedad de la empresa, y plantas de beneficio para recuperar las colas (el material de desecho que se vota después de la actividad extractiva y que contamina las quebradas). Los beneficios por la recuperación de las colas se calculaban entre 3.500 y 4.000 millones de dólares en cuatro años, de los cuales trabajadores y pensionados recibirían el 50%.

Además, el grupo económico estaba ofreciendo la construcción de una escuela de investigación para la formación técnica y tecnológica que apuntaba a la diversificación de las actividades productivas en la zona. Ofrecía, además, inversión social (acueducto, alcantarillado, salud, educación) para el desarrollo de los municipios de Segovia y Remedios, los más afectados por la explotación minera de la empresa. Con esto se generaba empleo para más 4000 personas.

Pero ni el gobierno ni la Superintendencia quisieron escuchar la propuesta. En cambio, optaron por la venta de la empresa a la Zandor Capital. “Y es que como la Samariam Group no pretende comprar- explica uno de los trabajadores-, entonces el liquidador y el Superintendente se pierden la comisión, que es del 3%. Esto es un platal”.

Arremetida contra los trabajadores

Iniciada la liquidación de la empresa empezó también el golpe definitivo y brutal contra los trabajadores. Se hicieron varias masacres laborales; la más reciente se realizó el pasado mes de agosto de 2010 y desató una huelga tenaz de los trabajadores y un paro cívico en Segovia. Esa vez fueron despedidos más de 800 trabajadores, la mayoría de los sindicalizados (800 personas que son dueñas de la empresa y, sin embargo, son despedidas por un liquidador que ni conocen).

Lo curioso es que casi a la mitad de los trabajadores despedidos los volvieron a enganchar por medio de las famosas cooperativas de trabajo asociado, muchas de ellas fundadas precisamente por la familia Araujo y John Jairo Zapata, funcionario de La Frontino. Entre tanto, la arremetida continúa. Incluso a los dirigentes sindicales ya les notificaron que les van a levantar el fuero sindical, con lo cual quedarían expuestos al despido arbitrario.

Malabares de un Estado tramposo

Después de un estudio jurídico y de una reclamación inútil ante la Superintendencia de Sociedades, Francisco Jaramillo, extrabajador de la Frontino Gold Mine, protocolizó en la notaria novena de Medellín bajo el número 1850 del 6 de agosto del 2003, la escritura pública realizada en 1979 en Nueva York. Así el documento tiene validez para efectos legales en Colombia.

El 3 de junio del 2004, la Superintendencia de Sociedades citó a una asamblea, con representantes del gobierno central, departamental, de la administración de la empresa y de las organizaciones sindicales. Allí se levantó un acta en la que por primera vez el Estado colombiano, en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, reconocía que la Frontino Gold Mines se había liquidado en el año 1979, que los bienes pertenecían a jubilados y trabajadores y que a ellos había que entregárselos (Pág. 20 y 21). Pero en lugar de eso, el gobierno más bien decidió abrir un proceso de liquidación de una empresa que ya había sido liquidada.

“En el 2005 acudimos a los 13 juzgados laborales que hay en Medellín- explica Francisco Jaramillo-, y ninguno se le midió al caso por físico miedo. Solamente el juez Javier Echeverri, del juzgado 5to laboral, asumió el caso y dictó las medidas cautelares, que son el embargo de los bienes a nombre de los jubilados y trabajadores”.

El Superintendente de Sociedades, en respuesta, le exigió al juez 5to laboral, alegando que el único que podía conocer del proceso era él (el superintendente) como juez del proceso de liquidación, que le devolviera el expediente o solicitara colisión de competencias. El juez 5to se decidió por lo último. Un año después, el Consejo Superior de la Judicatura falló corroborando la decisión del juez 5to laboral y ordenándole suscribir escritura a nombre de jubilados y trabajadores. De esta manera, los trabajadores y pensionados fueron dueños de la Frontino Gold Mines por quince días. Pero justo a los quince días los sacaron de nuevo, con un piquete de la fuerza pública, casi a bayonetazos.

La Superintendencia, como último recurso, había presentado acción de tutela ante el Tribunal Superior de Medellín, en cabeza del doctor Carlos Alberto Lebrun, quien inmediatamente mandó por el expediente al juzgado 5to. “La tutela ingresó en el tribunal a eso de las cuatro y media de la tarde- explica Jaramillo-. Y ese mismo día, a las 9 pm, ya estaba celebrando la administración, porque, supuestamente, había ganado la tutela. Nosotros pensábamos: ¿cómo se va a leer un magistrado más de 8000 folios en menos de 3 horas? Eso era imposible. Pero al otro día, antes de la 8 am, un comandante de policía encargado, de apellido Madrid, se presentó con los antimotines porque nos iba a sacar cómo fuera. Supuestamente había recibido la orden del propio magistrado Carlos Alberto Lebrum, por teléfono. ¡Por teléfono!”.

Desde luego, los trabajadores y pensionados impugnaron y su caso llegó hasta la sala de Casación de la Corte Suprema, donde también reconocieron el fallo del juez 5t0 laboral de Medellín. En todas las instancias a donde han llegado siempre han fallado a favor reconociendo el derecho de los trabajadores sobre la propiedad de la Frontino. Pero siempre la superintendencia ha encontrado la manera de trabar el proceso. En una jugada maestra, por ejemplo, que no se sabe bien de dónde vino, el juez 5to laboral fue removido y sancionado disciplinariamente por haber aceptado la demanda. En su remplazo trajeron de Santafé de Antioquia a la doctora Miriam del Socorro Marín Echeverri. Ella acató los fallos anteriores, pero los reversó ocho días después y ordenó restituir las medidas cautelares a la Superintendencia de Sociedades. Cuando fue nombrado el juez en propiedad, éste derogó todo lo hecho por la anterior juez y restituyó las medidas cautelares a favor de trabajadores y pensionados.

Pero aún así la empresa no pasa a manos de los trabajadores por una tutela presentada por el asesor jurídico del liquidador ante la sala cuarta de Medellín. El juez falló en su favor, aunque advirtiendo que era un fallo transitorio, mientras la justicia ordinaria fallaba. “Así que aquí vamos de nuevo- asegura Jaramillo-. A iniciar el proceso en la justicia ordinaria”. Trabajadores y pensionados presentaron una demanda por reparación directa, por los daños y perjuicios morales y económicos causados por la negligencia y omisión del Estado por más de 34 años. La demanda supera una cifra de 90 mil millones de dólares, y ya se encuentra en la Procuraduría General de la Nación lista para conciliación, de la cual ya se le ha notificado a la Superintendencia. “Aquí esperamos la ratificación y la entrega de los bienes de forma inmediata, y desde luego la indemnización por los daños”.