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El costo letal de la minería
Pierre Shantz / Martes 1ro de noviembre de 2011
 

El oro es la nueva forma como los grupos armados ilegales en Colombia se financian, según un nuevo informe de Bloomberg Weekly. Sin embargo, ambos grupos, paramilitares y guerrilleros se han beneficiado de la minería aurífera en Colombia desde hace años, ¿Por qué se ha convertido en un problema ahora? Las reservas de oro de Colombia son algunas de las más grandes del mundo y las grandes empresas mineras están ansiosas de explotarlas, pero algunos de sus mayores obstáculos son pequeños mineros artesanales.

Un ejemplo de esta resistencia es la Federación Agro-Minera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), que los Equipos Cristianos de Acción por la Paz ECAP acompaña desde el año 2006. FEDEAGROMISBOL es una organización de pequeños mineros y campesinos a lo largo de la Serranía de San Lucas en la región del Sur de Bolívar. Nuestros socios de FEDEAGROMISBOL expresan que lo que el gobierno está tratando de decir es que la financiación de los grupos armados ilegales se hace a través de los pequeños mineros como una forma de acabar con la pequeña minería y dar todos los derechos de explotación a las grandes corporaciones. Si investigamos un poco, podemos ver algo diferente.

Cinco de las 10 empresas mas grandes del mundo de extracción de oro proceden de Canadá y en el artículo de la revista MacLean del 2006, el Nuevo Código: CIDA Provoca Controversia, demuestra que el gobierno canadiense les está dando toda la ayuda posible para hacer negocios en Colombia. El artículo descubrió cómo la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) financió un proceso para cambiar el código minero colombiano por lo que es mucho más favorable a los intereses de empresas mineras. El nuevo código logra que para los mineros artesanales sea casi imposible cumplir con las normas establecidas, que sólo puede ser cumplido por los proyectos a gran escala y bien financiados. Y en octubre de 2010 el gobierno de Canadá votó en contra de la ley C-300, una ley que hubiera exigido a las empresas mineras canadienses un mayor respeto a los derechos ambientales y humanos en todo el mundo.

El gobierno colombiano trata de mostrar que los mineros a pequeña escala son los "chicos malos" que financian los grupos armados ilegales. Pero sólo hay que mirar en el pasado la forma en que las grandes corporaciones pagaron a los paramilitares para proteger sus intereses comerciales. Un ejemplo bien conocido es el caso de Chiquita Banana, quienes pagaron a paramilitares vinculados a masacres y asesinatos de dirigentes sindicales.

El 17 de agosto de 2011, decenas de hombres fuertemente armados y uniformados que se identificaron como del grupo paramilitar Águilas Negras entraron al pueblo de Casa Zinc del sur de Bolívar, donde retuvieron, torturaron y mataron a tres personas y dejaron a una cuarta persona herida. Dos semanas después, el 29 de agosto de 2011, la empresa Canadiense, Midasco Capital anunció en Digital Journal que han recibido licencias de explotación minera en la región sur de Bolívar, incluyendo Casa Zinc. El 1 de septiembre de 2011, desconocidos asesinaron al padre José Reinel Restrepo Idairraga. El padre Restrepo fue párroco en la comunidad de Marmato y un fuerte oponente al proyecto de minería a cielo abierto de la empresa canadiense Medoro Resources. Estos son sólo dos acontecimientos recientes que muestran cómo los grandes proyectos corporativos se benefician del terror que utilizan los grupos armados para callar la oposición.

Lamentablemente, esto no es una historia nueva. En el 2006, Asad Ismi escribió un artículo titulado Aprovechando de la represión: las empresas canadienses en Colombia, protegidos por escuadrones de la muerte, que demuestra los vínculos entre las empresas de oro de Canadá y los grupos armados ilegales. Durante el año 1998, las masacres cometidas por escuadrones de la muerte desplazaron a 10.000 personas del sur de Bolívar. Los mineros expulsados acusan a las empresas mineras multinacionales de financiar los paramilitares que los desplazaron. Así que: ¿quién es más probable que financien estos grupos: los pequeños mineros que trabajan de tal manera que sus nietos sean capaces de sostener a sus hijos, o empresas que desean extraer todo el oro, en el menor tiempo posible, sin obstáculos?