El abogado César Luque, representante de los sindicalistas judicializados por presunta falsedad documental, nos explica por qué este intendo de lucha por los derechos de los trabajadores está siendo objeto de intimidaciones, no sólo a través de acciones judiciales, sino de amenazas directas contra los líderes del sindicato.

A pesar de que uno de los aparentes requisitos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, era que esta nación suramericana garantizara los derechos laborales y el respeto por el derecho a formar sindicatos, la conclusión que nos presenta el abogado Luque es desalentadora: "Ahora parece que la idea no es matar, que se ve muy feo fuera del país, sino volver a convertir el sistema penal en una forma de contener las protestas sociales".

El miércoles 2 de noviembre se realizará la audiencia de imputación contra los principales líderes del sindicato de la caja de compensación “Colsubsidio”. En definitiva, se trata de una puesta en escena de una perversa forma de desalentar la lucha por los derechos laborales.

A continuación reproducimos el texto enviado por el abogado César Luque, a propósito de este caso:

POR HACER UN SINDICATO, A PUNTO DE IR A LA CÁRCEL

Fiscalía criminaliza derecho de asociación sindical por formalismos, e intenta inmiscuirse en el devenir sindical para desestimular ese derecho fundamental.

César A. Luque F.
26/10/11

Jamás los trabajadores de COLSUBSIDIO, una caja de compensación familiar, pensaron que por crear un sindicato, para defender sus derechos violentados por la administración, que incluye en el Consejo Directivo a algunos sindicalistas, los pusiera al borde de la cárcel, luego que la caja los despidiera, protegida por el Ministerio de la Protección Social que nada ha hecho al respecto, y de la propia Fiscalía General de la Nación donde el presidente del sindicato llevó una denuncia por amenazas de muerte, para él, su esposa y su hija, aportando las pruebas respectivas, como los números telefónicos desde donde los llamaban para amenazarlos, para que desistiera del sindicato. Aún así, ni siquiera, cinco meses después lo ha llamado la Fiscalía a preguntarle, si está vivo o muerto. Y dicen sin rubor desde las altas esferas del Estado, que protegen el derecho de asociación sindical. Quítense la máscara, y digan que los sindicatos están prohibidos ahora que les aprobaron en EE.UU. el TLC, que arruinará buena parte de nuestra precaria economía.

Esta historia empezó cuando unos trabajadores de COLSUBSIDIO, viendo que los maltrataban como trabajadores pensaron hacer un sindicato, buscando mejorar sus condiciones de trabajo, por lo que aquellos que lo iniciaron en Bogotá contactaron a sus compañeros en Paipa, Sede de un centro vacacional de la Caja, empezando a reunirse para alcanzar el número mágico de trabajadores dispuestos a arriesgar su ínfima estabilidad, 25, número exigido por la ley para hacer un sindicato. Las reuniones fueron varias, en Bogotá y Paipa, asesorados por unos dirigentes sindicales curtidos, Humberto Camargo y Percy Oyola pertenecientes a la Confederación General del Trabajo (CGT), pudiendo obtener la firma en el acta de creación de quienes querían organizarse, documentos que fueron radicados en el Ministerio de la Protección Social, que por mandato de la sentencia C-063 de 2008 no reconoce por acto administrativo, sino que limita su trabajo a radicar los documentos, no a proferir resoluciones, hecho ese que ha fomentado la división sindical, pero que impide al Ministerio dictar resolución alguna, es decir, un acto administrativo.

Radicado el documento donde los firmantes mostraban su deseo de hacer un sindicato, la Caja en lugar de respetar la nueva organización, que por mandato constitucional y aún de convenios internacionales de la OIT, nace por la voluntad de sus fundadores, no por el reconocimiento de un documento o no, despidió a 22 de los 27 trabajadores que manifestaron su deseo de organizarse, empezando por el presidente Armando Chaves y demás directivos, ante lo que acudimos a la tutela para buscar el reintegro, logrando éxito al conseguir el reintegro de dos despedidos, el fiscal Rodrigo Vargas en primera instancia, decisión que fue revocada en segunda, y nuevamente despedido, estando enfermo, es más, hospitalizado al momento del despido, decisión que hoy en día está siendo revisada por la Corte Constitucional, teniendo como MP. a Nilson Pinilla Pinilla. El otro reintegrado fue Oscar Becerra en segunda instancia, cuando la primera había negado el amparo, a quien la Caja le pagó lo ordenado, y en uso del artículo 140 del C.S. del T. lo envió fuera de su sitio de trabajo, continuando con el pago de su salario, todo para que los demás trabajadores no lo vean, y se animen a luchar por tener un sindicato fuerte que reivindique sus derechos.

En ese panorama, la Caja presentó denuncia ante la Fiscalía contra quienes aparecen como fundadores del sindicato, por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, delitos que por su gravedad los podría llevar a cárcel de prosperar las negras intenciones de la Caja, ahora aunadas a la Fiscalía, que no ha investigado las amenazas contra del presidente de SINTRACOLSUBSIDIO, pero ahora si lo quiere enviar a la cárcel. Esa es la forma de protegernos, pues sería mejor decir, mejor no nos protejan, déjenos que nos maten, por querer que los trabajadores colombianos tengan condiciones dignas y justas de trabajo. El poder de la Caja se deja ver ante la Fiscalía, representada por una funcionaria que parece odiar cualquier forma de organización sindical. Incluso ha llegado, en un interrogatorio realizado a Rodrigo Vargas, a decirle ¿qué participación tuvo en un mitin al frente de las oficinas de la Caja, y en el lanzamiento de un petardo contra uno de los almacenes de Colsubsidio en Bogotá? ¡Que atrevimiento!, ¡que sevicia!.

Ante esa situación, varios de los fundadores del sindicato están citados para el próximo 2 de noviembre a las 8:15 en el Complejo Judicial de Paloquemao, para audiencia de imputación y de medida de aseguramiento, donde si todavía mantenemos algo de espíritu de lucha y dignidad como trabajadores que buscan mejores condiciones para los presentes y futuros trabajadores, debemos estar para respaldarlos. En lo que a mi respecta, estaré prestando mis servicios de abogado defensor, eso sí, desconociendo la autoridad de este sistema corrupto de hacer justicia. Esperamos que los sindicatos amigos, no nos manden mensajes por e mail, sino que se hagan presentes allí, ya que hoy es contra estos compañeros pero mañana será contra cualquiera otro.

Hoy, ya es mañana, a varios miembros de la Asamblea de Delegados de SINALTRACAF (Sindicato de Cajas de Compensación) han sido citados a interrogatorios y entrevistas con miras a acusarlos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por supuestamente hacer mal una asamblea. Ellos son 40. Ahora parece que la idea no es matar, que se ve muy feo fuera del país, sino volver a convertir el sistema penal en una forma de contener las protestas sociales. No podemos olvidar los casos de los compañeros Hernando Hernández en la USO o de la compañera Carmen Mayusa de Anthoc detenidos injustamente para atacar a sus respectivos sindicatos, o de los compañeros de TELECOM como antesala de su venta, o mejor sería su regalo a los españoles.

Hoy reclamo que uno de los principios del sindicalismo mundial, la solidaridad se vea a favor de estos compañeros, que quisieron hacer un sindicato para impedir que los siguieran maltratando, los despidieron y ahora los quieren meter a la cárcel. Así de grave es la situación. La pregunta es ¿USTED DE QUE FORMA SE VA A SOLIDARIZAR CON ELLOS?, escribir al respecto a mi correo cesarluque@yahoo.com.

Nota: La empresa Reynolds Barranquilla solicitó a la Superintendencia de Sociedades le permita su liquidación, lo que de aprobarse dejará a más de 300 trabajadores desocupados. Ellos también requieren nuestra solidaridad.