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Se movilizan 100 familia campesinas de Caloto, exigiendo la adopción de medidas cautelares de la CIDH
 

Las comunidades campesinas del municipio de Caloto en el norte del Departamento del Cauca, hemos comprendido que una de las vías para salvaguardar nuestro derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser desplazados y demás derechos humanos en medio del cruento conflicto armado que arrasa nuestras comunidades, es EXIGIR DEL GOBIERNO COLOMBIANO, el estricto cumplimiento de las decisiones de los Órganos de Derechos Humanos, de los cuales el Estado colombiano es parte, en este caso de la CIDH, como un precioso recurso para salvaguardar nuestras vidas.

Desde el 8 de noviembre, nos hemos movilizado más de cien familias desde nuestras Veredas El Vergel y El Pedregal, al casco urbano de Caloto-Cauca y hasta tanto obtengamos una respuesta significativa y eficaz de parte de las instituciones del Estado respecto a las decenas de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, lesiones personales, secuestros, amenazas, hostigamientos y señalamientos a la población civil y desplazamientos forzados, atribuibles especialmente al Ejercito Nacional en medio de las operaciones militares en la zona.

El 13 de agosto de 2010, la CIDH, otorgó Medidas Cautelares a favor de 179 familias Campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, luego que 12 valientes familias hicieran la Solicitud de Protección, la que posteriormente se hizo extensiva a toda la comunidad por parte de la CIDH por la gravedad, urgencia y la inminente vulnerabilidad y peligro para nuestras vidas e integridad en medio del conflicto armado.

En la elaboración de la propuesta de concertación de las Medidas Cautelares además de la Corporación Justicia y Dignidad, participaron la Asociación de Reservas Campesinas y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes, organizaciones sociales y de derechos humanos a las que invitamos a que continúen acompañando este proceso social y jurídico en beneficio de los pobladores de esta martirizada región.
En el presente escenario de intensificación del conflicto armado, debemos apelar a la permanencia de los organismos de derechos humanos y humanitarios como únicos garantes de los derechos de la población civil, que es la más afectada en este conflicto. Consideramos que este mecanismo de participación de organizaciones sociales garantiza la articulación de las Medidas con el trabajo campesino en región. En ningún momento los beneficiarios y las organizaciones acompañantes concertaron el estableciemitno de una base militar en estas veredas, como lo ha afirmado el Ejercito Nacional, por el contrario se ha exigido la desmilitarización de nuestros territorios.

Preocupa que el Ejército Nacional haya señalado que la militarización de las veredas obedece a la implementación de las Medidas Cautelares por parte de la CIDH. Este tipo de afirmaciones a más de poner en riesgo a los beneficiarios de las medidas cautelares frente a los actores armados, desconocen la esencia de las mismas, ya que la orden expresa de la CIDH PROHIBE al Estado Colombiano los enfrentamientos armados que pongan en riesgo a la población civil, tal como lo ordenó el 14 de febrero del 2011, en los siguientes términos:

“La Comisión Interamericana considera de suma gravedad que el Estado de Colombia no haya adoptado las medidas necesarias para implementar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH con el fin de proteger la vida y la integridad de las 179 familias de El Vergel y El Pedregal. La CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las familias beneficiarias de estas medidas. Asimismo, la Comisión insta al Estado a que impida que continúen teniendo lugar enfrentamientos armados que pongan en riesgo la vida de la población civil de la zona”. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2011/10-11sp.htm

Exigimos al gobierno que no desnaturalice el carácter civilista y garante de los derechos humanos del que goza el Sistema Interamericano y sus decisiones judiciales.

La estrategia del Estado de Colombia ha sido desconocer sistemáticamente las medidas cautelares de la CIDH, generar confusión sobre las mismas, desinformar tanto a comunidades campesinas e indígenas vecinas de los beneficiarios, generando no solo la desarticulación organizativa sino un ambiente hostil de zozobra e intranquilidad.

Ante el desconocimiento absoluto de las medidas cautelares y la desinformación del Ejercito que ha puesto en riesgo nuestra vidas, hoy 100 familias campesinas nos hemos desplazado para exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de las medidas cautelares, la legitimidad de la CIDH y el respeto de la población civil en medio de la guerra.

Es importante señalar que en sentencia de 26 de octubre de 2011 el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, TUTELÓ los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al debido proceso de las 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca, que hoy nos movilizamos.
El Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores concertar acciones inmediatas para el cumplimiento de las medidas y realizar un seguimiento continuo y eficaz sobre las mismas por parte de las entidades estatales competentes para su cumplimiento. Asimismo conminó al Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional a prestar la colaboración necesaria en atención a las medidas cautelares en los términos establecidos por la CIDH, es decir “que impida que continúen teniendo lugar enfrentamientos armados que pongan en riesgo la vida de la población civil de la zona.”

Luego de quince meses, la Fiscalía General de la Nación ni la Procuraduría han arrojado ningún resultado concreto y efectivo frente a las decenas de violaciones a los derechos Humanos y al DIH puestos en su conocimiento. Tampoco las otras entidades del Estado han cumplido cabalmente con sus responsabilidades en el presente caso, lo que ha propiciado la repetición de hechos similares contra los pobladores.

En razón al incumplimiento de las Medidas Cautelares y la Sentencia del Tribunal del Valle, en un acto simbólico las familias campesinas presentaremos denuncia de desacato de la orden judicial, contra la Dra. MARIA ANGELA HOLGUIN, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
Asimismo enviaremos una nota de respaldo con centenares de firmas dirigida a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos por su invaluable labor en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado de Colombia y en la protección a la vida y la integridad personal de ciudadanos bajo esta jurisdicción, ya como medidas cautelares o provisionales.

Las familias campesinas del Vergel y el Pedregal nos abstendremos de asistir a cualquier reunión convocada por la Cancillería y el Comité Interinstitucional, hasta tanto hayan acciones y resultados concretos que garanticen el cumplimiento eficaz de lo ordenado por la CIDH, se garantice nuestra vida, nuestra integridad y el derecho a no ser desplazados. Prioritariamente exigimos que la Cancillería emita una directriz al Ministerio de Defensa –Ejército Nacional para que se abstengan de hacer afirmaciones precipitadas y “que impida que continúen teniendo lugar enfrentamientos armados que pongan en riesgo la vida de la población civil de la zona.” Como lo dispone la CIDH.

Las comunidades campesinas de las veredas del Vergel y el Pedregal hacemos un llamado urgente a la Asociación de Reserva campesinas de Caloto, a la Red Francisco Isaías Cifuentes, al Proceso de Unidad del Suroccidente, y a Fensuagro para que respalden el trabajo de exigencia de las medidas cautelares, y la desmilitarización del territorio. Son 100 familias campesinas que con esfuerzo hemos logrado protección internacional mediante la solicitud y otorgamiento de las medidas cautelares y es solo con el apoyo de las organizaciones sociales que se lograra su mantenimiento.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que respalden el trabajo de exigencia de las medidas cautelares que benefician a estos pobladores y aunemos esfuerzos comunes bajo la bella bandera de los derechos humanos.
Somos más de 100 familias campesinas, entre mujeres hombres y niños que con esfuerzo hemos logrado importantes pronunciamientos de los órganos de protección internacional y que requerimos de su solidaridad para la permanencia de estos y el eficaz cumplimiento por parte del Estado.

Finalmente, llamamos a la solidaridad de la comunidad en general, de la Cruz Roja Internacional, de la Agencia Acción Social y de las organizaciones sociales y de derechos humanos para que nos colaboren con víveres para los días que estaremos en esta movilización.