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La otra mirada desde el Polo Democrático:
Guerrilla y estado en el callejón con salida
Luis Alberto Matta / Lunes 24 de septiembre de 2007
 

Quienes se oponen a que se alcance un acuerdo humanitario entre guerrilla y estado colombiano, actúan conscientes de neutralizar posibles caminos hacia la paz, que comienzan por aceptar la naturaleza política y social del conflicto interno. El intercambio humanitario es un imperativo ético. Se contempla en el derecho internacional humanitario, y no será la primera vez que se haga, como tampoco la última, mientras persista el conflicto social y armado. Y una pregunta: ¿Por qué a un sector de la izquierda también le preocupa el acuerdo humanitario?

Los poderosos se oponen a un intercambio humanitario, porque así obstruyen la posibilidad de abrir caminos hacia un tratado de paz entre las FARC-EP y el estado colombiano. Washington y Bogotá calculan que de concretarse el acuerdo, éste visibiliza internacionalmente la naturaleza política del conflicto social y armado que padece Colombia. Además, amplía la interlocución local y regional de la insurgencia, en absoluta contravía de los intereses imperiales, interesados en reducir lo que consideran un foco de resistencia en el hemisferio occidental.

A las transnacionales y sus títeres en Colombia les inquieta un escenario en el que las FARC desplieguen su proyecto revolucionario y bolivariano. A los halcones, porque deducen que beneficia el proceso de alto contenido socialista que avanza en Ecuador, Bolivia, y principalmente en Venezuela, que le resta margen de acción al propósito expoliador y guerrerista del imperio. A la ultraderecha colombiana, porque el sustento de su régimen es la guerra.

Pero a la izquierda institucional de Colombia también le preocupa que en la coyuntura actual las FARC desplieguen su arsenal político. Sabe que vigoriza la confianza popular en el proyecto emancipador de la guerrilla, y no hay circunstancia que más odien los arrepentidos que saber vigente la perspectiva del socialismo. Por eso vociferan contra las FARC, mientras retan al resto de la izquierda y al movimiento social para que se sume a la cruzada contrainsurgente.

Esta es la receta de la izquierda institucional: criticar y hacer oposición electoral al régimen sí, pero resistir y luchar por transformar el sistema económico y social, no. Hacerse al gobierno sí, pero luego cogobernar con quienes detentan el poder económico y militar, haciendo llevadera la pobreza y la injusticia, con una muy bien presentada estrategia asistencial. Para esta izquierda, las movilizaciones agrarias, obreras o estudiantiles, son contraproducentes e innecesarias.

Como antes Pinochet, hoy Uribe Vélez es el fantoche del Pentágono en América Latina. Pero la diferencia radica en que ahora se permite hacer oposición de izquierda. Claro está, de esa “izquierda políticamente correcta”, cuya máxima ambición sea profundizar la democracia capitalista. Salirse de ese parámetro es causal de sospecha, y se corre el riesgo de ser demolido por los sicarios de la propaganda antiterrorista.

Uribe, como aquel dictador chileno, rodeado de genocidas, se representa como un defensor de la democracia. Y aunque su rostro principal sean prósperos ejecutivos de las transnacionales, alrededor suyo giran los sectores más corrompidos y violentos del Establecimiento colombiano. Violadores de derechos humanos, que en su conjunto representan el principal obstáculo para el intercambio humanitario.

Desde el momento de su posesión, Uribe dilata y manosea la cuestión del canje de prisioneros, tratando de ganar tiempo en su presuntuoso anhelo de derrotar política y militarmente a las FARC. Mientras tanto, con el ELN pretende la desmovilización y el desarme, soslayando la posibilidad de pactar transformaciones sociales.

Aun así, esos sectores de izquierda aspiran a que el ELN firme rapidito la paz, aunque Uribe haya asumido los diálogos como táctica contrainsurgente; y lo peor, que pretenda igualar a la insurgencia con bandas paramilitares. Por el otro lado, vociferan una diarrea de injurias y diatribas contra las FARC, para golpear socialmente todas sus iniciativas políticas, y especialmente aquellas conducentes al intercambio humanitario.

Entretanto, Uribe le sostiene la caña a Bush y este a los contribuyentes estadounidenses. Primero, con la bien preparada farsa uribista de la desmovilización paramilitar, ocultando la legalización del narco-paramilitarismo y su dinero manchado de sangre. Y segundo, con la fábula de que Colombia no vive un conflicto interno, sino que enfrenta una amenaza terrorista.

En el plano nacional, a Uribe le está saliendo el tiro por la culata. Contradicciones internas de los narcotraficantes, ajustes de cuentas, y principalmente el temor a ser traicionados por la oligarquía, empujó a varios de ellos a destapar la olla podrida, en que se cocina a fuego lento su “seguridad democrática”. En un espiral de señalamientos muy típicos del hampa, los narcoparamilitares comienzan a delatar a sus socios, desatándose el fenómeno conocido como la “parapolítica”.

Reconocidos ladrones, todos ellos políticos profesionales, y por alguna razón, que supongo de estado, sólo unos cuantos altos y medianos oficiales de inteligencia, policía y ejército, son sometidos a investigación. Finalmente, el jefe de inteligencia y algunos barones políticos son encarcelados. Todos ellos, pertenecientes al partido del presidente.

Consecutivamente estallan otros escándalos, pero hay uno que llama la atención. Se trata de la antigua disputa entre policía y ejército, desatada por manejo de recursos del Plan Colombia, y presumiblemente por asuntos relacionados con el narcotráfico. Numerosos policías son asesinados por el ejército en acciones de “fuego amigo”. El gobierno trata de desviar la atención pública mediante la publicidad de una serie de falsos “positivos” contra la guerrilla, pero la policía contribuye a esclarecer que fueron actos terroristas cometidos por hombres del ejército.

Posteriormente, se descubre que la policía ordenó interceptar a funcionarios del gobierno, y también a los paramilitares que gozan de comunicaciones modernas en su lugar de reclusión o protección. Se sabe entonces, que los paramilitares siguen desde allí ordenando crímenes y controlando el narcotráfico. A los pocos días, Uribe destituye fulminantemente a nueve altos oficiales de la policía. El gobierno de EU advierte su inconformidad, pero se tranquiliza una vez conoce que Uribe nombró como jefe de la Policía Nacional a un general del que no pocos creen, desde hace mucho trabaja con la CIA. En el marco de este torbellino de acontecimientos, Uribe trata de escapar al juicio de la opinión pública, haciendo propuestas desatinadas, y dilatorias, en relación con el intercambio humanitario.

A su turno, la Corte Suprema de Justicia ordena la detención de más políticos adeptos al gobierno, algunos acusados de haber ordenado horrendas masacres, y otros haber financiado sus campañas con dineros del narcotráfico. Es oportuno reconocer que la Corte Suprema de Justicia, como antes la Corte Constitucional, han demostrado un significativo margen de independencia. Estas no han sido totalmente avasalladas por la corrupta maquinaria de Uribe, pese a la inclusión de algunos magistrados de muy dudosa reputación.

Siguiendo una tendencia histórica, siguen en la impunidad los jefes del ejército involucrados en crímenes contra líderes populares, y quienes participaron en el genocidio contra la Unión Patriótica, un hecho que marcó el agravamiento del conflicto interno colombiano. Unos cuantos a quienes se les inició alguna investigación fueron absueltos por la justicia militar o por la Fiscalía General de la Nación.

En esta vorágine, otro asunto queda al descubierto. Se trata de la tenebrosa guerra entre los antiguos carteles narcotraficantes de Cali y Medellín, que persiste a través de sus remanentes y herederos, y se agudiza durante el gobierno de Uribe Vélez. En este sentido llama la atención que una parte de los narcotraficantes sea extraditada a EU, mientras la otra, “mejor relacionada”, se convierte en comandancia paramilitar. Fuera de eso, el gobierno promete conferirles estatus político de rebelión. Es decir, de amigos y socios del régimen, pasar a considerarlos opositores.

Las amenazas crecientes no amilanan al movimiento de víctimas, ni a las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, quienes se movilizan contra el proyecto uribista de impunidad. Es en este torbellino de acontecimientos la lucha por el canje humanitario avanza, y gana respaldo nacional e internacional.

Uribe lo sabe, y desprestigiado ante la opinión internacional, aunque no en la nacional conforme a la estrategia de las encuestas, insiste en el rescate militar de los prisioneros. Por su irresponsable aventura, hoy lamentamos los trágicos sucesos en que murieron los 11 diputados cautivos por las FARC, un suceso que está por aclararse. Se trata de una desgracia similar a la sucedida en Urrao, cuando murieron en el intento de rescate, un ex ministro de Defensa, un ex gobernador y varios militares cautivos.

La negativa de Uribe a ceder en el intercambio humanitario radica en acuerdos con la Casa Blanca, orientados a no reconocer la naturaleza política y social del conflicto colombiano. El gobierno estima que a través del intercambio envía un mensaje de debilidad a los ciudadanos, incluso a los alzados en armas.

Pero un acuerdo humanitario en Colombia, que implique el intercambio de prisioneros, es un imperativo ético. Se contempla en el derecho internacional humanitario, y no será la primera vez que se haga un acuerdo de esa naturaleza en Colombia, como tampoco la última, mientras persista el conflicto armado. El libertador Simón Bolívar sentó un precedente en noviembre de 1820, durante la Independencia, al firmar un acuerdo de regularización de la guerra con el general Morillo, jefe de las tropas españolas. Entre otros arreglos, dicho acuerdo posibilitó el intercambio de prisioneros.

En 1997 el gobierno de Ernesto Samper y las FARC-EP firmaron el “Acuerdo de Remolinos del Caguán”, gracias al cual fueron liberados 60 soldados y 10 infantes de marina, prisioneros de guerra en manos de la insurgencia. Posteriormente, en el año 2001, sucede el “Acuerdo de Los Pozos”, firmado entre el gobierno Pastrana y las FARC, justo en la zona de despeje del Caguán, mediante el cual finalizó el cautiverio de 42 policías y soldados enfermos, a cambio de 15 guerrilleros. Más tarde, el 27 de junio de 2001, sin contraprestación, las FARC liberan en La Macarena, departamento del Meta, área integrada a la zona de despeje del Caguán, 300 policías y militares de diversos rangos.

Las agendas ocultas, y los intereses distintos de hoy

La principal dificultad para llegar al intercambio humanitario radica en las agendas ocultas. El gobierno, aunque lo niegue, ha intentado sin desmayo el rescate por la vía militar. Además, ha ensayado la eficacia de los informantes, un millón según Uribe, para delatar los vínculos de la guerrilla con el movimiento social. Un congresista ha pretendido ganar el favor electoral asumiendo de hecho la jefatura de los informantes.

Las FARC insisten en que para avanzar en el canje humanitario habrá de decretarse un área desmilitarizada, comprendida en los municipios de Pradera y Florida, Valle del Cauca. Por su parte, el gobierno se niega a despejar dicha área, y sostiene que los guerrilleros a ser liberados deben abandonar la insurgencia, incluso establecerse en otro país.

La insurgencia espera que el intercambio humanitario haga visible el conflicto, además de liberar a centenares de insurgentes presos. Según analistas y conocedores de la insurgencia, esta busca la posibilidad de replantear un proceso de paz de cara al país, pero anticipan que con Uribe no se alcanzará dicho anhelo de los colombianos. O sea, que las FARC plantean la inevitable sustitución del régimen.

El Polo Democrático Alternativo y el acuerdo humanitario

Expresamente señalado en la declaración final del Congreso de Unidad, el Polo apoya las iniciativas tendientes a buscar y concretar el acuerdo humanitario. Pese a ello, Gustavo Petro, uno de los congresistas más visibles del PDA, ha declarado su interés particular en la derrota política de las FARC. Esta situación ha desatado una interesante polémica al interior del PDA, en la cual Petro no obtuvo respaldo. Carlos Gaviria, presidente del Polo, refiriéndose a Petro manifestó recientemente que no es aceptable romper la unidad del PDA, con esta clara intención de fundar el ala uribista del Polo.

Con la participación del presidente de Francia, y posteriormente del presidente venezolano Hugo Chávez, asesorado por una dinámica congresista liberal, la posibilidad del canje humanitario ha recobrado inusitado interés. Chávez ya se reunió con Uribe en Bogotá, y se espera que pueda reunirse con el legendario comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez. Dicha reunión, según afirmaron las FARC, deberá hacerse en Colombia. Por su parte, Francia, Suiza y España, como grupo de países amigos, han renovado el ofrecimiento de mediar en la búsqueda de un posible acuerdo humanitario.

En mi opinión, coincidente con la mayoría de asistentes al foro político organizativo del Polo Democrático Alternativo en Toronto (Canadá), el canje humanitario constituye un imperativo ético.

El acuerdo puede sustentarse en normas humanitarias, y podría abrir caminos hacia la búsqueda de una solución política del conflicto interno colombiano. Colombia reclama un acuerdo nacional de paz, que implique transformaciones sociales y políticas de fondo, concertado con el conjunto de la insurgencia (ELN y FARC-EP), y que implique de manera activa, primero a la sociedad colombiana, en todos sus componentes, sin excepción; y segundo, a la comunidad internacional como garante.

Estamos frente a un callejón con salida. Sólo falta un ingrediente: voluntad política.

Apartes del presente texto fueron leídos en el Seminario Político Organizativo del PDA en Toronto, Canadá, el pasado sábado 15 de septiembre, 2007