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Con la presencia del vicepresidente Angelino Garzón e instituciones civiles y militares se realizó la mesa intersectorial por la vida y los derechos humanos del Magdalena Medio
Tierra y Paz en el Magdalena Medio: Lo que reclaman las víctimas
Agencia Prensa Rural / Viernes 23 de diciembre de 2011
 

Garantías de no repetición de violación a los derechos humanos a través de la cesación del conflicto armado por via del diálogo y la negociacion política, que articule una política nacional de paz, con las constituyentes regionales de aclimatación de la paz, así como la ejecución real de los Planes de Desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra y de Arenal - Morales fueron las exigencias centrales elevadas al gobierno nacional en el sector de tierra y paz de la mesa intersectorial por la vida y los derechos humanos del Magdalena Medio.

El delegado del Ministerio de agricultura reiteró el "compromiso" del gobierno actual con la reactivación real de las ZRC en el Magdalena Medio. Por su parte el vicepresidente Angelino Garzón manifestó su disposición para hacer un seguimiento a la solución del caso de persecución política contra david Ravelo Crespo, defnsor de derechos humanos de Credhos encarcelado hace más de un año. También se manifestó contrario al despido ilegal del Presidente de la USO Rodolfo Vecino, por parte de las directivas de Ecopetrol, el caso más reciente de persecución política contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio.

Transcribimos el documento entregado al gobierno nacional:

Tierra y Paz en el Magdalena Medio: Lo que reclaman las víctimas

Teniendo en cuenta la inminencia de la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, queremos expresar desde el Magdalena Medio cuales son las condiciones actuales para su aplicación y las propuestas necesarias de tener en cuenta por el gobierno nacional en la región.

1.- quienes son las víctimas. En el magdalena Medio hay una deuda pendiente con las víctimas de despojo, homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado y demás atropellos cometidos por todos los actores del conflicto armado. La victimización de sindicatos, movimiento estudiantil, campesinado y organizaciones de mujeres, es un obstáculo que sigue impidiendo la construcción de la paz. El estado tiene el reto de recuperar su legitimidad, perdida por la integración de grupos paramilitares en los años 80, por la aplicación insuficiente de justicia a crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos y por la promesa incumplida de su desmantelamiento definitivo.

2.- victimas y modelo de desarrollo: Por otra parte, las políticas gubernamentales han venido fomentando un modelo económico extractivo y acumulador, que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales, por favorecer a las empresas transnacionales y grupos económicos locales, que a su vez financian las campañas electorales. En la región, este modelo acentúa los conflictos por la tierra, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y desplazamiento forzado, deteriorando el tejido social y poniendo en peligro las fuentes de agua, la biodiversidad y la soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico está destruyendo la economía campesina, el territorio de los pescadores y empobrece a los habitantes de los centros poblados en la región. En este marco, la victimización se hace más agobiante, y la diferencia de poderes entre víctimas y victimarios, perpetua la impunidad.

3.- Ordenamiento territorial para la paz: aunque hay una política ministerial de reactivación de las Zonas de Reserva Campesina en el Magdalena Medio y el de constitución de nuevas zonas en el resto del país, esta se ha encontrado con múltiples obstáculos que se resumen asi:

Los artículos 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo relativizan el papel fundamental que juegan las Unidades Agrícolas Familiares en el establecimiento del límite de la propiedad y el freno al latifundio. De otro lado No se ha avanzado en la reglamentación de las ZRC, lo que impide que estas tengan un marco jurídico que garantice y consolide su reactivación e implementación.

La formulación de la futura Ley general agraria y de desarrollo rural no contó con la participación de las organizaciones campesinas. Esto indica que las ZRC no contarán en esta ley con el enfoque de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo rural de las organizaciones sociales del campo.

Existe una sobreposición de figuras territoriales de ordenamiento territorial, ambiental, de desarrollo rural y empresarial que conflictúan la implementación de las ZRC. A este panorama se suma que la mayoría de los territorios de las ZRC han sido titulados ha empresas mineras para la prospección y el desarrollo de macroproyectos minero - energéticos.
Hasta el momento se desconoce la disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las ZRC, lo que genera incertidumbre frente al futuro de las ZRC. Tampoco existe ninguna articulación interinstitucional que impulse las ZRC.

Existe un doble discurso institucional frente a las ZRC. De un lado el discurso oficial público, mediático, que reconoce y eventualmente impulsa las ZRC. De otro lado, avanza el discurso perverso que antepone la seguridad y la consolidación militar al desarrollo de las ZRC. Altos funcionarios y asesores desarrollan una campaña taimada contra las ZRC, al ponerlas como moneda de pago a la guerrilla en una eventual negociación del conflicto armado o al afirmar que el desarrollo de las ZRC oxigenaría a la guerrilla de las FARC y la impulsaría en un nuevo ciclo de la guerra.

3.- Aplicación de la justicia transicional: Los proyectos gubernamentales de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, anuncian una interesante transición hacia el reconocimiento de derechos de las victimas y ciudadanos. Por esta razón, su aplicación real exige la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, organizaciones de base de las víctimas y de campesinos. Sin embargo, el manejo mediático en contra de las víctimas, como en los recientes casos de Garzal y las Pavas, al que se sumaron altos funcionarios del Estado, deja a comunidades campesinas en la mira de los violentos y muestra el camino que tomarán los testaferros y despojadores.

4.- Conflicto armado y víctimas. Pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual en la redacción de la ley de víctimas y en declaraciones de sus funcionarios, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. La solución política se constituye en una necesidad y la única garantía de NO REPETICION de las atrocidades de la violencia, que tantas víctimas ha dejado en el Magdalena Medio.

Las propuestas de las organizaciones campesinas y sociales del Magdalena Medio:

1.- La solución inmediata favorable a las familias campesinas involucradas en conflictos de tierras en Las Pavas y el Garzal como una prueba de voluntad política del Estado a favor de las víctimas.

2.- Superar, si hay voluntad, de manera compartida y concertada, los obstáculos que impiden la implementación de las dos Zonas de Reserva Campesina del Magdalena Medio (Morales y Arenal y valle del Rio Cimitarra) como parte de la política pública de tierras para la paz.

3. Respaldar desde el gobierno nacional el proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana.

4.- La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población. Ese modelo está contenido en las iniciativas de reivindicación de derechos humanos, desarrollo y paz de las organizaciones campesinas y sociales del Magdalena Medio, el gobierno debe cumplir los múltiples acuerdos incumplidos hasta el momento con la sociedad civil organizada del magdalena Medio.

5.- Avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional, con garantías plenas por parte del Estado, con apoyo internacional bajo el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.

6.- Respaldar y proteger la realización de constituyentes regionales de paz como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. En el Magdalena Medio nos comprometemos a promover la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, económicos y políticos, con miras a construir una apuesta que integre el desarrollo y la paz desde el territorio.

7.- Garantía de no repetición a través de CESACION DEL CONFLICTO ARMADO por via del dialogo y la negociacion política, que articule una política nacional de paz, con las constituyentes regionales de aclimatación de la paz y avance en acuerdos de derecho internacional humanitario.

6.- Garantía de no repetición a favor de las victimas mediante la aplicación de medidas profundas de transformación institucional, especialmente en lo relacionado con la FUERZA PUBLICA e instituciones judiciales en la región. Pasar la página de la persecución a líderes y la relación de informes de inteligencia contra opositores políticos.

7.- Aplicación inmediata y sin restricciones de la las ventajas de la ley de víctimas en relación con la no prestación del servicio militar