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¿Hacia un intercambio de prisioneros y un proceso de paz en Colombia?
César Jerez / Viernes 6 de octubre de 2006
 

Fundador y redactor de la Agencia Prensa Rural. Geólogo de la Academia Estatal Azerbaijana de Petróleos (exURSS). En Bakú obtuvo una maestría en geología industrial de petróleo y gas. Es profesor y traductor de idioma ruso. Realizó estudios de gestión y planificacion del desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP de Bogotá. Desde 1998 es miembro de la ACVC. Actualmente coordina el equipo nacional dinamizador de Anzorc. Investiga y escribe para diversos medios de comunicación alternativa.

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De nuevo pareciera abrirse un camino de esperanza que posibilite un intercambio de prisioneros de guerra entre las FARC-EP y el estado colombiano.

La guerrilla marxista, en una carta abierta a las tres ramas del poder público, anunció recientemente los primeros pasos para iniciar un diálogo de paz con el gobierno de Uribe Vélez.

"La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente", han manifestado los rebeldes en la carta firmada por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, una especie de ejecutivo guerrillero.

Los insurgentes han exigido al gobierno actual "otorgar garantías plenas para adelantar el canje de prisioneros de guerra, desmilitarizando por 45 días los municipios de Florida y Pradera (en el departamento del Valle del Cauca). Una vez liberados todos ellos, quedará al orden del día la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país". Con el intercambio humanitario, las FARC entregarían a unos 59 políticos y militares que mantienen retenidos, algunos desde hace diez años, a cambio de unos 500 subversivos que se encuentran presos.

Las FARC habían expresado durante la campaña electoral la imposibilidad de llegar a acuerdos con Uribe. Con la reelección del mandatario, la guerrilla retoma la iniciativa política, insiste en el intercambio humanitario y expone las condiciones para llegar a un nuevo proceso de paz. Entre éstas, desmilitarizar los departamentos de Putumayo y Caquetá, en la Amazonia colombiana.

Las FARC le han propuesto al estado colombiano retomar la agenda común del anterior y fallido proceso de paz que buscaba introducir cambios estructutales en el orden político, económico y social del país e incluir en la discusión el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la reparación integral a las víctimas del conflicto y la extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. Este último tema ha cobrado mayor importancia con la extradición de los guerrilleros Sonia y Simón Trinidad a ese país, sindicados de narcotráfico y con la pretensión de los Estados Unidos de llevar a las cárceles gringas a prácticamente todos los dirigentes guerrilleros. Las FARC han reconocido públicamente cobrar un impuesto al comercio de pasta de base de coca que se da entre campesinos y narcotraficantes, pero niegan participar en la cadena internacional del tráfico de cocaína.

Por su parte las FARC mantienen en su poder desde hace más de tres años a tres ciudadanos estadounidenses, que fueron hechos prisioneros cuando los guerrilleros derribaron una avioneta que realizaba labores de inteligencia contrainsurgente en el marco del Plan Colombia.

El canje de gringos por guerrilleros sería uno de los temas más difíciles de abordar ante una eventual negociación de intercambio de prisioneros, pues la administración de los Estados Unidos ha desechado públicamente esta salida y prioriza el rescate militar de sus agentes.

Pese al entusiasmo que ha despertado el cruce de cartas abiertas entre las partes (el gobierno incluso ha llegado a ofrecer una asamblea constituyente al final de un proceso de paz con las FARC) en algunos sectores de la sociedad colombiana, es necesario tener en cuenta las trabas al intercambio de prisioneros y al proceso de paz:

1. La política de "seguridad democrática" del gobierno de Uribe, que ha logrado unificar en la fórmula de la guerra a la oligarquía colombiana y que le ha dado un manejo retórico y demágogico a la paz, mientras busca afanosa pero infructuosamente el debilitamiento militar de las FARC con el apoyo incondicional de la administración Bush.

2. El papel determinante de los Estados Unidos (con su escenario centroamericano de una guerrilla derrotada en una mesa de negociación), pues es quien realmente dictamina la política de guerra para poder mantener el statu-quo regional que posibilite su saqueo de recursos estratégicos de Colombia.

Mientras tanto, Uribe, contando con la manipulación de los medios de comunicación, ha sabido dar una apariencia de seguridad y paz hacia dentro y hacia fuera del país. Legalizó e institucionalizó las estructuras paramilitares de guerra sucia y terrorismo de estado ligadas al narcotráfico, que él mismo ayudó a crear, y se encuentra en un proceso de acercamientos con la guerrilla del ELN, con la cual iniciará el próximo 16 de octubre una cuarta ronda de conversaciones en La Habana.

Mientras tanto, la guerra cotidiana se traga la vida a cada instante: Colombia es el país del mundo donde más se asesina a campesinos, maestros, líderes sindicales y periodistas. En la actualidad hay tres millones de colombianos desplazados de sus tierras.