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Segovia: Entre la miseria y la opulencia
Documental Amarillo, Plano Sur / Viernes 6 de enero de 2012
 

Entrevista concedida por Francisco Jaramillo, acreedor de la Empresa frontino Gold Mines, del municipio de Segovia Nordeste Antioqueño, de donde se extrae la mayor cantidad de oro del país a causa de que produce el 39,4% de la explotación minera de la región y el 6,66% de la extracción aurífera total de oro del país.

Desde el año 1852, la empresa Frontino Gold Mines inició sus operaciones en la región aurífera del Nordeste Antioqueño. Gracias a que el entonces presidente de Colombia, José Hilario López, le otorgó a esa compañía títulos mineros a perpetuidad, es decir, licencias de explotación de recursos naturales, en especial, la explotación del oro.

En 1976, la Frontino decide liquidar la empresa por el alto costo de la nómina, el bajo precio del oro, la poca producción y la operación de grupos ilegales. En ese momento se acordó entregar todos los bienes de la empresa a jubilados y trabajadores. Dentro del proceso de liquidación, el sindicato y otras organizaciones colectivas solicitaron al gobierno un concordato por liquidación obligatoria, que se aprobó y empezó a regir a partir del año 1977. En septiembre de 2001, estas mismas organizaciones solicitaron por primera vez que se les devolviera la escritura porque esa empresa es de los trabajadores. En 2003 se protocolizó esa escritura en Colombia, para que ahí sí tuviera efectos legales aunque, a la par, el asesinato de dirigentes sindicales tomó fuerza, así como el desplazamiento de todo aquel que reclamara.

En el 2004 la administración de la Frontino hizo acuerdos con grupos paramilitares para que trabajaran algunas zonas de la empresa, entre las minas del Silencio y Providencia, mediante el arriendo a esos grupos de secciones de socavones, permitiendo así la extracción como su fuente de financiación. Se estima que las ventas del Bloque Central Bolívar eran de al menos diez mil millones de pesos mensuales. A mediados de 2005 el Juzgado Quinto Laboral falló a favor de jubilados y trabajadores, ordenando la entrega a ellos de todos los bienes de la empresa, sin que esto haya podido cumplirse. Mientras duró el proceso de liquidación, se entregó la empresa a las multinacionales Zandor Capital, la Gran Colombian Gold, Medoro Resources, y otras, y con ella, los bienes que pertenecían a trabajadores y jubilados fueron entregados; estas empresas, para Jaramillo, han precarizado las condiciones de los trabajadores.

“Las multinacionales han creado zozobra, no han invertido un solo peso pero sí han permitido la explotación a manos de los grupos ilegales” –afirma el acreedor- .

“Al pueblo no le queda sino la miseria”

A pesar de que es una de las zonas auríferas más ricas del mundo, esa riqueza se queda en muy pocas manos y no se gasta en Segovia o Remedios; el dinero proveniente de la extracción es lo que se denomina “capital golondrina”, se sacan de aquí pero se disfrutan en países ricos, y al pueblo, mientras tanto, no le queda sino la miseria. No hay protección industrial, ni seguridad, y el municipio está en zona de alto riesgo. Se estima que un hundimiento de todo el municipio, se llevaría consigo al menos 50 mil vidas. El tejido de las relaciones entre la institucionalidad y la parainstitucionalidad refleja complicidad directa. Para Jaramillo, es inexplicable que en uno de los municipios más militarizados de Colombia ni la Policía ni el ejército se atrevan a actuar. Algunos pobladores honestos, son víctimas de grupos ilegales. Durante el mes de diciembre de 2011 en Segovia, cuatro trabajadores de una mina próspera fueron asesinados por personas a órdenes de una banda delincuencial, acrecentando estos la larga lista de vidas perdidas en el municipio por el conflicto social y armado que padece este desde décadas anteriores, al parecer, para obligar a otros mineros informales a entregar sus minas. En los últimos mandatos locales no ha habido interés en ello. Quienes llegan a la alcaldía también tienen participación en las minas, y no harán nada distinto que afecte su producción. Por otro lado la Gobernación de Antioquia no ha prestado la atención debida al municipio de Segovia, aunque el anterior gobernador, afirma Jaramillo, conoce todo lo que ocurre. El mandatario se limitó a afirmar en sus declaraciones que en el municipio aún hace presencia la guerrilla. Pero allá, afirma Jaramillo, no hay guerrilla. Hay grupos delincuenciales como Los Rastrojos.

La pequeña minería.

Hace poco, los mineros informales y el gobierno suscribieron un acuerdo según el cual los mineros deben obtener un título en un plazo de seis meses, que les permitiría formalizar su actividad, denominada también minería artesanal. No obstante, las condiciones para acceder a dicho título, en la práctica, son difíciles de cumplir, pues les exigen invertir una gran cantidad de dinero para la realización de un estudio medioambiental, un plan de trabajo, no pueden usar mercurio, instalar plantas de electricidad, entre otras. El gobierno deja traslucir así su intención de desarticular toda la pequeña minería o minería artesanal, mas no ilegal, y dejar la explotación a las empresas trasnacionales quienes, de por sí cuentan con los recursos y la infraestructura para realizar la explotación.

Ejercicio de denuncia: en vilo

En Segovia, no pueden formularse denuncias sobre los hechos de violencia que ocurren allí. Señala Jaramillo, que la denuncia muere allá, porque todo el sistema judicial está permeado. La justicia no opera. Tiene que denunciarse a nivel nacional.