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En la masacre de La Rochela murieron 12 funcionarios judiciales que investigaban crímenes del paramilitarismo en el Magdalena Medio
Ordenan protección para familiares de víctimas de masacre de la Rochela
La Corte Constitucional alertó sobre las amenazas y seguimientos que afrontan los familiares de los funcionarios judiciales asesinados por paramilitares
El Espectador / Miércoles 18 de enero de 2012
 

La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía incorporar lo más pronto posible al programa de protección a testigos a los familiares de los funcionarios judiciales asesinados por paramilitares en el corregimiento de La Rochela, en Simacota, Santander, el 18 de enero de 1989.

Según el alto tribunal, los organismos del Estado han incurrido en graves fallas en la protección de estas personas, lo que ha llevado a “rectivimizarlas”, pese a la preexistencia de una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a las latentes amenazas de grupos paramilitares, que sobre todo en la última década han intimidado a los accionantes.

En uno de los apartes de la decisión de la Corte se señala claramente que estas personas han sufrido de seguimientos, así como de interceptaciones telefónicas ilegales, por lo que se puede concluir que existe sobre ellos “una amenaza real”, que deja de presente la necesidad urgente de instaurar medidas de protección en favor de los tutelantes.

“La falta de diligencia del Estado en la puesta en marcha de mecanismo para evitar la materialización de la amenaza del grupo armado ‘Águilas Negras Bloque Capital’(…) implican un franco desconocimiento de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y de los principios del Derecho Internacional”, manifiesta el fallo.

Por estos hechos, la Corporación ordenó a los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior hacer un seguimiento especial al caso, al igual que a la Vicepresidencia, a la que instó a que cumpla de manera efectiva con la decisión de la Comisión.