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El gobierno de Panamá ofende a la justicia colombiana y a las víctimas al negar la extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado
’María del Pilar Hurtado tendrá que ser juzgada en Panamá’: Luis Guillermo Pérez
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo / Sábado 4 de febrero de 2012
 
web: Cajar

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales del derecho y estudiantes que apoyados en otras áreas del conocimiento y la participación de diferentes sectores sociaels y democráticos de la población, defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

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El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo –cajar-, deplora la decisión del gobierno panameño de no revocar el asilo y de no conceder la extradición de María del Pilar Hurtado.

El gobierno de Panamá ofende la institucionalidad colombiana, a la justicia, a las víctimas de la persecución política que ejerciera el gobierno de Uribe Vélez a través del DAS y a la sociedad colombiana en su conjunto.

Entregamos pruebas al despacho del Presidente Martinelli, a la cancillería panameña y a la opinión pública de Panamá de que María del Pilar Hurtado nunca fue perseguida política en Colombia, ni atacada, ni amenazada, nunca pidió la protección de la fuerza pública, probando que su refugio en Panamá no tuvo móvil distinto a evadir la acción de la justicia colombiana. El gobierno de Panamá argumenta su soberanía y razones de persecución política en contra de María del Pilar Hurtado, para mantenerle el asilo territorial y reitera que “en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región”, mantiene su decisión. Estas afirmaciones deben tener respuesta oficial de la cancillería colombiana ya que el gobierno panameño compara al estado de Colombia con aquellos países que en la región han tenido una “débil institucionalidad democrática” y por lo tanto ofrece protección a “una perseguida política”.

Recordamos al gobierno panameño que la soberanía se cede parcialmente en los tratados internacionales y que el derecho internacional de los derechos humanos hace parte de la legislación interna de Panamá y que los tratados sobre asilo obliga a Panamá a no conceder asilo a violadores de derechos humanos y en Panamá cursa una denuncia penal contra la señora Hurtado por crímenes de lesa humanidad.

Es necesario resaltar dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Manuel Cepeda Vargas y Mapiripán que sobre el particular consagran:

“Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atentan contra las obligaciones internacionales pertinentes. De tal manera, la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”

Por otra parte solicitamos a las autoridades judiciales panameñas que se proceda a detener y a procesar a María del Pilar Hurtado. El asilo concedido no es sinónimo de impunidad como lo reconoció la cancillería panameña en respuesta a un requerimiento de la Procuraduría de dicho país. María del Pilar no está siendo juzgada en Colombia ni por delitos políticos, ni por delitos conexos, ha sido acusada por concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones agravada y peculado por apropiación que conllevaron graves violaciones de derechos humanos contra numerosas víctimas.

El código penal de Panamá es claro al respecto, en el art. 20 se establece:

"También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando:

....4, Una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero"

Panamá debe juzgarla por los delitos por los cuales se le ha negado la extradición conforme lo establece la Convención Interamericana sobre Extradiciones de 1981 en su art. 8°.

Por otra parte en el Juzgado 13 penal del Circuito de Panamá cursa una denuncia penal contra María del Pilar Hurtado por dos crímenes de lesa humanidad: tortura sicológica y persecución política, contemplados como delitos en el título XV del código penal de Panamá, arts. 440 y siguientes. Panamá debe investigarla por estos delitos en ejercicio de la jurisdicción universal.

Defendemos el asilo como un derecho fundamental, que se ha consagrado para proteger a las víctimas y no a los victimarios. Panamá no puede convertirse en un paraíso de impunidad para criminales.

Finalmente el CAJAR denunciará al Estado de Panamá en Washington el 23 de marzo próximo cuando se inician las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Presidente Martinelli ha comprometido seriamente la responsabilidad internacional del Estado de Panamá y deberá rendirle cuentas por ello a su propio pueblo y a la comunidad internacional.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMÁ

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá al negar la solicitud de extradición, quiere informar que mantiene el asilo otorgado a la señora María del Pilar Hurtado, con fundamento en:

1) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) la cual establece en su artículo 22 (7) que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.

2) Con base también a la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 la cual en su artículo 1 establece que “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente…” y el artículo 4 “la extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.

3) También nos basamos en el Decreto Ley No.3 de 22 de febrero de 2008, que establece que el reconocimiento de la condición de asilado estará sujeto a lo señalado en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales, y 4) en el Decreto Ejecutivo Nº 301 del 19 de noviembre de 2010 que concedió el asilo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá reitera que la institución del asilo se desarrolla con vigorosidad en América Latina, como consecuencia de ofrecer una herramienta jurídica que brinde protección a los perseguidos políticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática y que empieza a cimentar su consolidación. El Gobierno Panameño, en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región, mantiene su decisión sobre las personas mencionadas.

’María del Pilar Hurtado tendrá que ser juzgada en Panamá’: Luis Guillermo Pérez

Por: El Espectador

“El asilo es para personas perseguidas, no para perseguidores. Es para las víctimas y no a los victimarios”, de esta manera el abogado Luis Guillermo Pérez cuestionó la decisión del Gobierno de Panamá de ratificarle el asilo territorial a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado.

Pérez, uno de los abogados que viajó a Panamá hace dos semanas para solicitar la revisión del asilo territorial de la exdirectora del DAS María de Pilar Hurtado, señaló que el Gobierno de dicho país está en la obligación de continuar con el juicio por las llamadas ‘chuzadas’ que tiene pendiente en Colombia.

“La ley penal de ese país se aplica a personas que cometan delitos en el territorio de Panamá, pero se les debe aplicar también a extranjeros a los cuales se les haya negado la extradición y por los delitos en los cuales se le solicita en extradición”, precisó Pérez.

Según el abogado, la exdirectora del DAS “mintió” cuando dijo ser una perseguida política en Colombia y haber sido objeto de amenazas o atentados, “porque nunca lo fue. Eso lo dicen los mismos órganos del Estado con los que ella trabajo, como personas de las Fuerzas Armadas y la Policía”.

El jurista, quien les presentó a diversas autoridades de dicho país documentos y testimonios de organismos de inteligencia de Colombia en los que se indicaba que en ningún momento María del Piar Hurtado recibió amenazas en Colombia, hecho por el cual la solicitud de un asilo y una protección en otro país era ilegal.

“La justicia panameña está obligada a investigarla penalmente con relación de esos hechos (seguimientos e interceptaciones ilegales), por la Convención Interamericana sobre el asilo territorial en 1981”, precisó el abogado al considerar que ante estas tendrán que adelantar el proceso penal interno.

Uno de los principales miembros del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo le hizo un llamado a la exdirectora del organismo de inteligencia para que regrese por su propia voluntad y demuestre si es culpable o inocente.

“Ella (Hurtado) no tiene por qué convertirse en una fugitiva el resto de su vida, usted tiene su familia en Colombia, nosotros solamente esperamos y queremos que regrese a Colombia y diga la verdad. ¿Quién le dio las órdenes? ¿Qué querían conseguir? ¿Por qué realizó esas actividades ilegales?”, manifestó Pérez.