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Autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca:
Solidarios con la movilización, aunque no participamos
Consejo Regional Indígena del Cauca / Miércoles 10 de octubre de 2007
 

Anexamos el comunicado que envía la Consejería del CRIC con relación a la movilización que se ha iniciado por parte de diversos sectores de la población colombiana, en especial las comunidades agrarias, el día de hoy 10 de octubre. La Consejería Mayor expresa claramente la solidaridad del movimiento indígena con los motivos de esta movilización reiterando que sus causas "son las mismas que desde hace varios años el pueblo colombiano viene reivindicando".

¿A quién reclamar sobre las garantías constitucionales a la vida y la honra de los colombianos?; ¿A quién reclamar cuando el Estado toma rutas que contrarían los derechos constitucionales? ¿A quién exigirle que se proteja a la sociedad civil cuando la guerra acecha? ¿A quién recordarle el cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, así como de los diferentes relatores, entre ellos el de Pueblos indígenas?. A nadie, porque quienes se asumen como gobernantes del Estado o salvadores del pueblo poco y nada les importa el dolor de los pobladores; ellos solo exigen sumisión, delación y pago de impuestos, lo cual se manifiesta con los últimos registros sobre violaciones de los derechos humanos en el departamento del Cauca, y de forma dramática en los territorios indígenas:

Esta fue la voz unánime de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Cauca, reunidas en Junta Directiva Regional de Cabildos, realizada durante los días 8 y 9 de los presentes, en la María Piendamó, quienes, en la búsqueda de mecanismos para la garantía de los derechos históricos indígenas y aquellos que quedaron plasmados en la Constitución de 1991, identificaron:

1. Comunidades asediadas por las multinacionales, los cultivos de uso ilícito y el conflicto armado, víctimas de las fumigaciones, las judicializaciones, las amenazas y los ataques y enfrentamientos entre fuerza pública nacional y guerrilla, circunstancias que generan muertos, heridos, destrucción de viviendas, zozobra y desplazamientos silenciosos; aparte de la acción militar como ejércitos de invasión que controlan el tránsito de personas y el ingreso de alimentos, después de los enfrentamientos, como en los casos de Toribío, en fecha 16 de septiembre del 2007, o en Silva, el 25 de septiembre del presente año.

2. Persecución permanente sobre comuneros Indígenas por parte de la Fuerza Pública, a quienes el Estado insiste en señalar de subversivos a pesar de haber sido absueltos por la justicia ordinaria, en procesos adelantados después de detenciones anteriores, volviéndolos a presentar por los medios de comunicación como subversivos o comandantes de cuadrillas guerrilleras, cuando la gente los reconoce como personas de bien, trabajadoras y líderes de la comunidad.

3. Asesinatos, en Santander de Quilichao, de José Clímaco Chocué Camayo, Autoridad Tradicional del Cabildo indígena de Guadualito de 44 años de edad, y del comunero Yhon Beiman Basto Tenorio de 19 años de edad, en hecho sucedido en la vereda Bajo San Francisco, municipio de Santander de Quilichao; y en el casco urbano del municipio de Miranda, el día 5 de octubre, por encapuchados, acción donde le quitaron la vida al presidente de la Junta de Acción Comunal Carlos Burbano.

4. Clima de zozobra ante la emisión de volantes del ejército nacional donde invitan a informar o desmovilizarse, al tiempo, que los delegados institucionales hablan de la existencia de listas y registros fotográficos de cientos de dirigentes que van a ser judicializados bajo el cargo de ser colaboradores de la guerrilla. De forma coincidencial, circulan panfletos de las FARC y de los paramilitares amenazando a personal destacado de la comunidad o a integrantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañan a las comunidades. Agravando esta situación las amenazas al proceso electoral que ya cobra víctimas como la de Javier Jaramillo, candidato a la alcaldía de Morales asesinado en el municipio de Silvia.

5. Nuevas de formas de inseguridad para quienes ejercen la vida pública en el departamento, donde muchos de ellos aparecen asesinados en hechos confusos, atribuidos a la delincuencia común. El caso más destacable sucedió en la madrugada del 9 de septiembre en la ciudad de Popayán cuando fue asesinado José Julio Tovar, Ex-secretario de gobierno del Cauca y Concejal de Balboa.

6. Expresiones mentirosas del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Agricultura, ante los medios de comunicación, afirmando que por culpa de los indígenas no se le puede entregar tierras a campesinos y afros, sumadas a la decisión de compra de predios para familias desplazadas en territorios indígenas.

7. Falta de compromiso con las políticas indígenas por parte del gobierno colombiano, como se demostró al no firmar la Declaratoria Universal sobre pueblos indígenas en la Naciones Unidas.

8. Incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 2005 por medio del cual el gobierno actual prometió solucionar parte de los problemas de tierras, reclamados por el proceso de Liberación de la Madre Tierra y de las necesidades identificadas en el decreto 982, firmado en 1999, así como de la reparación integral ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre del Nilo.

En este evento, las autoridades indígenas, conocieron la decisión de movilización en todo el territorio nacional, tomada por diversos sectores de la población colombiana, en especial las comunidades agrarias. Sus razones, son las mismas que desde hace varios años el pueblo colombiano viene reivindicando: Atender los derechos de los millones de desplazados; lograr procesos de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de la violencia política; garantía de los derechos humanos; Acuerdo Humanitario y rechazó al TLC firmado por el presidente Uribe con los Estado Unidos, así como a las leyes aprobadas por el Congreso de la República que tiene una gran mayoría de sus integrantes comprometidos con el paramilitarismo.

En consecuencia, la Junta Directiva Regional de Cabildos indígenas del Cauca, saluda la iniciativa campesina y popular, y reclama del gobierno colombiano respeto a la constitución nacional y a los derechos humanos, atendiendo con diligencia las reclamaciones de los movilizados y garantizando los procesos de exigibilidad popular; de igual forma rechaza cualquier intento de actores ajenos a los procesos organizativos que pretendan intervenir o restarle autonomía a las decisiones sociales.

Recordaron y ratificaron las Autoridades indígenas que sus comunidades, ante los continuos incumplimientos del Estado Nacional con los pueblos indígenas del Cauca; definieron de forma autónoma, en su congreso extraordinario de marzo 2007, que noviembre será un periodo de reactivación de la resistencia y la exigibilidad.

Por último, reclaman las Autoridades Indígenas del Cauca, que el gobierno está en mora de rectificar las expresiones tendenciosas de los voceros institucionales, entre ellos del Ministro de agricultura y el gobernador del Cauca, así mismo, de cumplir su promesa de corregir los desarrollos legislativos que contradicen la Constitución política, con los cuales se están limitando los derechos fundamentales de los colombianos, en especial los de los pueblos indígenas.

Popayán, 10 de octubre de 2007

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC