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Paramilitares contra la restitución de tierras: «en Pelaya, Cesar, todo el mundo sabe quiénes son y dónde están, menos el Ejército y la Policía»
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) convocó una rueda de prensa para anunciar las actividades programadas para el 6 de marzo, Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado. En la rueda hicieron declaraciones Iván Cepeda, representante a la Cámara; Fredy Antonio Rodríguez, campesino, representante de las familias desplazadas de la hacienda Bellacruz, y Jairo Ramírez, integrante del Movice.
Notiagen / Miércoles 7 de marzo de 2012
 

Los medios de comunicación que asistieron conocieron de estas tres personas testimonios sobre el panorama actual de los derechos humanos en Colombia, especialmente con respecto a la aplicación de la ley 1448 de 2011 o Ley de Victimas y Restitución de Tierras; y sobre sucesos recientes como el violento desalojo de campesinos y pescadores que se resisten a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el departamento del Huila, sur del país.

El representante de las familias desplazadas se refirió en concreto a lo que está sucediendo en la hacienda Bellacruz, cuya historia de despojo y muerte, según palabras del Equipo Nizkor, especializado en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, tiene una historia de años. Nizkor recuerda la masacre de 1996 de 40 campesinos y el desplazamiento de más de 200 familias, a las que se les quitaron sus tierras y sus bienes. Carlos Arturo Marulanda, recordado por su nombramiento como embajador de Colombia en los Países Bajos, era entonces quien se reclamaba dueño de las tierras y fue investigado por la Fiscalía por su posible autoría intelectual en estos crímenes. Recientemente, el empresario Germán Efromovich, destacado hoy por sus grandes negocios en hidrocarburos y por ser el dueño de Avianca, compró la Bellacruz a Marulanda y cambió el nombre por La Gloria.

Hoy, cuando se adelanta el proceso de restitución de tierras, informa Rodríguez, aparece nuevamente en la región un grupo paramilitar que se hace llamar Ejército Antirestitución de Tierras amenazando a las comunidades y asesinando campesinos. Han aparecido muertos ya tres de ellos en lo corrido de este año. Lo extraño, dice él, es que en pueblo de Pelaya todo el mundo sabe quiénes son y dónde están, menos el Ejército y la Policía.

Ariel Ávila, investigador de la Corporación Arco Iris, aclaró que ya se conoce el propósito del grupo armado ilegal de expandirse a los departamentos de La Guajira y Magdalena. Por su parte, Iván Cepeda manifestó que, según investigaciones de esta Corporación y del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Idepaz), grupos de este tipo hacen presencia en 400 municipios del país, incluidos del sur del país.

El Movice dirigió al presidente Juan Manuel Santos una carta donde registra que «la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados» y que solamente se investiga una de cada doscientas denuncias de hostigamiento.

Más crímenes de Estado

El departamento del Huila, en el sur del país, se destaca hoy por la respuesta que ha dado el Estado colombiano a sus habitantes porque se oponen a la desviación del río más importante de Colombia: el Magdalena. Esa desviación obedece a la construcción de una hidroeléctrica, El Quimbo, responsabilidad de dos empresas extranjeras: Emgesa y Enel.

Así se señaló en esta rueda de prensa y se denunció también el viernes pasado frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Bogotá. Ese 2 de marzo, unas 70 personas, con pancartas, consignas, boletines informativos y un performance que emulaba el río protestaron pues el gobierno está adelantando el proyecto pasando por encima de las comunidades, las personas defensoras del medio ambiente y muchas otras que ven en esa represa un atentado grave contra los recursos naturales del país.

Ese Ministerio otorgó la licencia ambiental para que las empresas extranjeras adelanten labores, pero, según Tatiana Roa, de la organización Ríos Vivos, «esta licencia se otorgó con irregularidades, pues se obvió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas»; el boletín informativo señala que tampoco se ha adelantado una Audiencia Pública Ambiental para que se escuchen las voces de las personas y comunidades afectadas.

Sobre el mismo tema se pronunció el Centro Nacional de Salud Ambiente y Trabajo (Censat) Agua Viva en un comunicado del día de ayer: «El apoyo incondicional del gobierno nacional del presidente Santos a la empresa Emgesa y a su proyecto hidroeléctrico El Quimbo, evidencia un continuismo con las políticas y las prácticas del pasado que han priorizado la confianza inversionista y los intereses económicos frente al bienestar del pueblo colombiano, incluso violando los principios constitucionales y la ley colombiana».

Por su parte, el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá Aurelio Suárez, presente también en el plantón frente al Ministerio, hizo ver que el gobierno ha desoído la petición que la bancada del Polo Democrático ha hecho en diversas ocasiones y debates en el Congreso sobre la urgencia de adelantar una audiencia pública para debatir ese proyecto que afecta y atañe a todos los colombiano».

La hidroeléctrica El Quimbo desviará el río Magdalena para inundar 30.000 hectáreas, desplazará 362 familias, dejará sin fuentes de empleo a 1.700 campesinos y pescadores, se perderán 8.250 hectáreas con vocación agropecuaria y de bosque ripario, amenazará la estabilidad de 800 especies que habitan el río y sus riberas, causará daños patrimoniales a la nación como la caída del puente del Paso del Colegio y la destrucción del hallazgo ecológico de la región. Todas estas cifras y datos los entregó el boletín informativo durante la manifestación frente al Ministerio.

Bladimir Sánchez ha registrado en un video de desalojo violento y el impacto ambiental y social de este proyecto. A propósito de este trabajo audiovisual, los organizadores de esta rueda de prensa denunciaron las amenazas hechas por desconocidos a Sánchez, con lo que se destaca otro tema que juega en el día de hoy como es el de la violación a la libertad de prensa y al derecho a la información.

Finalmente, los expositores invitaron a los medios y por medio de ellos a todo el país a participar en la jornada internacional por la defensa de los derechos humanos y en solidaridad con todas las víctimas de crímenes de Estado y por un real proceso de restitución de las tierras despojadas al campesinado.