Hace unos meses, en un artículo publicado en diario colombiano El Tiempo junto al catedrático de la UNED Gustavo Palomares, me preguntaba si las Farc, con la muerte de su líder ‘Alfonso Cano’, habían llegado dentro del escenario del conflicto armado a un “estancamiento doloroso” con motivo de una situación de prolongamiento en la lucha armada que no ofrecía atisbo alguno de victoria o superación.

Las Farc hoy en día, tras 48 años acción armada en Colombia, no son el grupo guerrillero que llegó a los inicios del siglo XXI con, aproximadamente, 20.000 combatientes y un control efectivo sobre casi 400 municipios de los cerca de 1.100 que tiene el país. Sobre todo, desde 2002 y dentro del fortalecimiento de la dimensión militar y de seguridad que experimenta Colombia bajo la Administración Uribe (2002-2008), comienzan a darse una serie de golpes estratégicos que se traducen en la muerte de miembros más que significativos de su secretariado como ‘Raúl Reyes’, ‘Alfonso Cano’ o ‘Mono Jojoy’, y en la desarticulación de importantes frentes estratégicos tales como el frente urbano Antonio Nariño.

Así, ante esta situación, el grupo guerrillero tiene que optar por hacerse fuerte en aquellos enclaves geográficos donde obtiene mayores ventajas competitivas, esto es, en escenarios selváticos o montañosos y transfronterizos donde el hit and run o “guerra de guerrillas” resulta más fácil de llevar a cabo. No obstante, esta reubicación de la lucha armada de las Farc no quiere decir que su acción violenta, a partir de entonces, resulte baladí. Hoy por hoy, ante una hipotética negociación, la guerrilla cuenta con unos 8.000 efectivos, presencia en 18 de los 32 departamentos y en una quinta parte de los municipios del país, además de disponer de unos medios que le permiten contar con cerca de 1.800 millones de dólares anuales, sobre todo, derivados del narcotráfico y la extorsión.

Vislumbrar la opción de una nueva negociación con el Estado, una década después del intento fallido del entonces presidente, Andrés Pastrana, pudiera entenderse como una posibilidad fáctica habida cuenta de la declaración ayer de las Farc y de su propósito de poner fin al secuestro como práctica de su “actuación revolucionaria”. Una renuncia más bien simbólica pues el secuestro, desde hace mucho tiempo, dejó de suponer una ingente fuente de recursos económicos.

Tal hipotética situación, en la actualidad, encontraría una serie de factores que invitan a pensar en su realidad en un corto o mediano plazo.

Primeramente, porque la desmovilización de las Autodefensas Unidas para Colombia y el cambio de gobierno favorecen la posibilidad de un escenario, cuando menos, de aproximación y diálogo entre las partes implicadas, impensable antes de que llegase Juan Manuel Santos al poder.

En segundo lugar, por el impasse en que se encuentra el conflicto colombiano en los últimos tiempos. Pese al incremento de la violencia en los últimos tres años, la posición de las Farc dentro del tablero del enfrentamiento armado se encuentra un tanto arrinconada, ya no sólo por su debilidad frente a la fuerza pública, sino porque, cada vez más, su actuar encuentra incomprensión y repulsa en la sociedad colombiana. Además, en el imaginario colectivo colombiano sigue presente el engaño al anterior proceso de negociación - que sirvió para rearmar a las Farc- así como el asesinato de los cuatro rehenes cautivos durante más de una década como respuesta a la muerte del líder guerrillero ‘Alfonso Cano’ el pasado mes de noviembre.

Otro factor a tener en cuenta sería el derivado del cambio de dirigente en el seno interno de las Farc. La llegada de ‘Timochenko’ así como el mayor peso específico de otros guerrilleros como “Iván Márquez” han conferido un talante más negociador y próximo a la dimensión política del conflicto armado pues, por ejemplo, ambos fueron voces protagonistas dentro del referido proceso de paz de San Vicente del Caguán.

Por otro lado, no puede obviarse el hecho de que, pese a su debilitamiento, las Farc disponen de elementos importantísimos a la hora de pensar en un posible intercambio cooperativo con el gobierno y la sociedad colombiana. En otras palabras, el poder de negociar de las Farc sigue siendo sumamente relevante para atraer al gobierno a la búsqueda efectiva de instrumentos para la superación de la lucha armada.

Finalmente, una última razón reposaría en la propia coyuntura internacional por la que atraviesa América Latina en la actualidad. Hoy más que nunca existe un escenario ideológico que a través de mandatarios políticos como Correa, Morales, Chávez, Ortega, o Rouseff se erige como caldo de cultivo idóneo para conformar un marco de diálogo y de negociación entre guerrilla y gobierno colombiano.

Sea como fuere, lo cierto es que tras esta declaración de renunciar al secuestro como práctica extorsiva de las Farc, si verdaderamente se desea emplazar al gobierno y a la sociedad colombiana a un marco de diálogo y negociación, se requerirán nuevas muestras de voluntad en la superación del conflicto.

El momento y las condiciones son óptimos si las Farc lo estiman oportuno para desarrollar un escenario de diálogo. No obstante, las evidencias deben ser mayores para una sociedad que no entiende la razón de ser de la guerrilla hoy en día, y para un gobierno que no va a arriesgar en repetir los errores de un pasado todavía muy reciente. Un pasado que, de la misma manera, obliga a consolidar el Estado de Derecho y la democracia en Colombia para que tampoco se repitan las prácticas genocidas que acabaron con la Unión Patriótica entre 1985 y 1996 y con el punto de mayor proximidad real de la integración en la vida política de este grupo guerrillero.