Con el homicidio de Manuel Ruiz Torrelosa, integrante del Consejo Comunitario de Curbaradó y Jiguamiandó en Chocó, perpetrado el pasado 27 de marzo, ya son 17 los líderes asesinados desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos no se cansan de advertir que esta situación se sigue repitiendo. Eso sin contar a los 52 dirigentes campesinos asesinados en los últimos tiempos. Ya es innegable que existe una fuerza empeñada en bloquear la política bandera del gobierno Santos.

Primero se hablaba de una reconfiguración del paramilitarismo en aquellos territorios donde mantuvo su influjo, sobre todo después de que el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe entró en crisis. Luego tomó forma la denominación de bandas criminales (bacrim), asociando la recomposición de estructuras armadas al fenómeno del narcotráfico desdoblado en ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’, ‘Paisas’ o ‘Águilas Negras’, entre otras facciones. Ahora comienza a surgir una nueva amenaza con un nombre que demuestra a las claras hacia dónde apuntan los gatillos: los ‘ejércitos antirrestitución de tierras’ contra la Ley de Víctimas.

En el departamento del Cesar fue donde aparecieron las primeras intimidaciones a través de tarjetas fúnebres en sobres de manila firmados por el supuesto grupo armado de antirrestitución de tierras. La misiva llegó a la casa de Fredy Antonio Rodríguez, la persona que lidera el proceso de retorno a las tierras que ocupó la hacienda Bellacruz, en el municipio de Pelaya. Aunque este parecía un pleito saldado, a raíz de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, 95 familias se unieron para reclamar títulos en la zona. Lo que no se imaginaron es que una vez más la sombra del paramilitarismo llegara a ahuyentar.

El tema fue agravándose con el correr de los días por la aparición de agresivos mensajes y el mismo destinatario. Pero también fue creciendo el radio de acción de los supuestos ejércitos antirrestitución de tierras, al punto de que se reportaron acciones para amedrentar a los líderes campesinos en los departamentos del Magdalena y La Guajira. En ese momento, como lo resaltó el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, el fenómeno parecía circunscrito a los departamentos de la Costa Atlántica, donde ya existe un alto registro de solicitudes de restitución de tierras que fueron despojadas en la guerra.

Sin embargo, el tema se complicó aún más cuando cinco organizaciones no gubernamentales del departamento de Nariño fueron notificadas de que el “grupo antirrestitución” había resuelto declararlas objetivo militar, pues no iban a permitir la entrega de una sola hectárea de tierra. Esta misma amenaza la habían exteriorizado los llamados ‘Rastrojos’, cuya composición cuenta con exintegrantes de las autodefensas. La irrupción de panfletos amenazantes en dos extremos del país, con la misma carga ideológica, demuestran que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene acérrimos enemigos sueltos.

Un enorme reto para el Estado si se tiene en cuenta que, como lo resaltó el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, “los mecanismos de encuesta de la sociedad civil dan cuenta de al menos 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas en diversas modalidades, sin contar las tierras de propiedad colectiva”. Con una dificultad aun mayor: el reconocimiento de que el riesgo y la vulnerabilidad de los líderes de procesos de restitución de tierras “son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales en los predios objeto de recuperación”.

A corte del pasado 23 de marzo, según cifras del Ministerio de Agricultura, el número de solicitudes de restitución de tierras que fueron producto del despojo o abandonadas forzosamente por el desplazamiento de las comunidades, asciende a 10.106, y la expectativa es que esta estadística siga aumentando. En sólo Antioquia ya van 1.114 reclamos, la mayoría provenientes del Urabá. Si esta evidencia se contrasta con una investigación de la organización Caja de Herramientas, en la que consta que la región con más reclamantes asesinados es precisamente Antioquia, salta a la vista que el problema es de marca mayor.

El dominio sobre la tierra fue el botín principal. Y quizá sigue siéndolo. Por eso, los enemigos de la restitución quieren defender lo que ganaron con la misma violencia. Al menos los testimonios de los amenazados así lo indican. “El rearme paramilitar tiene como objetivo defender lo que ganaron con las armas. Y no sólo matando a líderes como quieren hacerlo. También están reclutando abogados para entrabar procesos. La orden es hacer contratos de arrendamiento o echar a andar proyectos agroindustriales antes de cualquier acción judicial para que prevalezca el argumento de la posesión de buena fe”.

El Espectador contactó a un desmovilizado de las autodefensas, que hoy vive en la clandestinidad, para entender qué es lo que está pasando en las regiones donde ayer hizo de las suyas el paramilitarismo. Su explicación es contundente: “En primer lugar, poco a poco está volviendo la guerrilla y esa realidad ha puesto en alerta a ganaderos, agricultores, comerciantes y autoridades. Además, al igual que en los días de la confrontación, existe entre la gente que apoyó o fue afín a la causa de las Auc, la desconfianza hacia los reclamantes de tierras, porque se piensa que son infiltrados de la subversión”.
Pero la amenaza va más allá del asesinato de los dirigentes de la restitución de predios en litigio. El desmovilizado lo admite: “El Estado y la sociedad no se dan cuenta, pero en pocos meses, en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, van a empezar a quedar libres muchos combatientes rasos de las autodefensas y ya están en marcha planes para que se ubiquen estratégicamente en aquellas zonas donde pueda estar ganando terreno la guerrilla o sus simpatizantes. Que a nadie se le olvide que mucha gente que ha estado presa, en la cárcel hizo un posgrado en delincuencia. Basta que se mire cómo están creciendo las extorsiones desde las cárceles”.

El mundo de los desmovilizados de las autodefensas es ciertamente un punto aparte. Los jefes principales están extraditados en cárceles de Estados Unidos y cada que abren la boca ponen a temblar a políticos, militares, empresarios y hasta a sus propios compañeros de armas. Otros que se quedaron en el país están divididos entre quienes purgan sus condenas y sólo quieren salir de ese laberinto, y quienes se quedaron afuera delinquiendo. Las cifras de la Alta Consejería para la Reintegración hablan por sí solas: de 55 mil desmovilizados, 35 mil pertenecieron a las autodefensas. El 7% ha reincidido. 1.074 perdieron los beneficios otorgados por la ley. 1.886 podrían correr la misma suerte.

Algunos de los que se mueven afuera eludiendo a la justicia, o bien terminaron en bandas criminales alentando el narcotráfico o están copiando la idea de los ejércitos antirrestitución de tierras. Un testigo de una reciente reunión en un corregimiento de Becerril, donde a finales del año pasado las Farc incursionaron causando estragos, así resumió cuál es el pensar de muchos aliados del paramilitarismo de épocas recientes: “Hay alarma por las acciones de las Farc, por eso surgió la idea de financiar un ejército privado antes que volver a pagar las extorsiones. Se habló de una cuota de $500 mil por hectárea, más un porcentaje por cabeza de ganado”.

El personaje, convocado por personas influyentes del Cesar, Sucre y La Guajira, agregó que el tema se está volviendo tan grave no sólo por las andanzas de la guerrilla de regreso a su presión armada, sino por la avalancha de solicitudes de restitución de tierras, que el pensado es armar un grupo de 400 personas y expandir su influencia a toda la zona Caribe. Pero el asunto va más allá de la cuota personal. Según el testigo, se está buscando que algunas empresas también sumen en la bolsa, porque prevalece el malestar de que todo lo que está pasando con la Ley de Tierras sea una forma de volver a ambientar acercamientos con la guerrilla o diálogos con ella.
No sólo en el Cesar hay preocupación sobre lo que está pasando. En Sucre, una de las regiones más golpeadas por el paramilitarismo, también están prendidas las alarmas. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) aportó recientemente un informe en el cual detalló el drama que está viviendo la asociación campesina de la vereda La Europa, en el municipio de Ovejas, donde los hostigamientos, la inseguridad y el trabajo campesino están siendo perseguidos por gente extraña. El propio Estado ha valorado los riesgos de la población y hay reportes que piden acciones concretas en favor de los derechos humanos.

En síntesis, como lo referenció el observatorio del conflicto armado de la corporación Nuevo Arco Iris, “las cuentas del Ejecutivo no son tan alegres”. Según el informe, hoy las bandas criminales han consolidado su presencia en 209 municipios del país y la guerrilla, después de recibir los golpes más duros de su historia, se ha desdoblado en pequeñas unidades echando mano de los explosivos, las armas artesanales o los hostigamientos intensivos a la infantería del Ejército. Es decir, el presidente Santos no la tiene clara y mucho menos ahora que cobra forma una nueva amenaza: los ejércitos antirrestitución.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras significó un importante avance hacia la eventual terminación del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, está claro que una cosa es la letra y otra aplicarla. Ni siquiera a nivel institucional el camino es fácil. La prueba es la renuncia del gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, por diferencias con su amigo de vieja data, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Y si eso pasa en el Estado, en el terreno la cosa es más compleja. El paramilitarismo no ha muerto, la guerrilla está viva y los líderes campesinos siguen poniendo la cuota de sangre.

El último líder asesinado por reclamar tierras

El pasado viernes 23 de marzo, Manuel Ruiz Torrelosa, integrante de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, viajaba con su hijo Samir hacia su casa en Llano Rico, en el municipio de Riosucio. Cuando el bus en que se movilizaban pasaba por el basurero de Mutatá, hombres armados lo interceptaron.

Padre e hijo fueron obligados a acompañar a los desconocidos. Cuatro días después, Ruiz Torrelosa, de 55 años, fue encontrado sin vida. La suerte de su hijo aún se desconoce. Así como pagó con su vida su lucha por la tierra, han corrido la misma suerte, entre otros, Hernando Pérez Hoyos, en Necoclí; Ana Isabel Gómez, en Córdoba; Giovanni de Jesús Montoya, en Apartadó, y casi setenta líderes más.

La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos no se han cansado de advertir que los líderes reclamantes de tierras requieren una protección especial y que sin seguridad no hay Ley de Tierras.

El imperio de ‘Jorge 40’

El bloque Norte de las autodefensas fue una máquina de guerra que lideró Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40. Aunque su actividad ilegal comenzó en el departamento del Cesar, rápidamente se extendió en estructuras armadas a lo largo de toda las zona Caribe.

Jorge 40 fue el último jefe paramilitar en desmovilizarse, pues siempre fue escéptico ante el proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe. En mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos. Nunca ha confesado nada más que lo necesario, pero sus lugartenientes comienzan a hablar.

Al fin y al cabo sus diversos frentes de guerra estuvieron protagonizando la guerra en los departamentos costeños. Hoy uno de sus principales aliados, el ganadero Darío Laíno Scopeta, es uno de los personajes que lidera los intentos de rearme para oponerse a la Ley de Tierras y de Víctimas.

Propuesta de protección para reclamantes

El representante a la Cámara Guillermo Rivera, quien obró como ponente de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reveló que desde que empezó a discutirse el articulado ya van 17 líderes campesinos asesinados. Por tal razón, instó al Gobierno y a la sociedad a hacer un frente común para superar la indiferencia en estos caos.

Rivera manifestó que el mayor dilema consiste en que de continuar esta situación, la ley se va a volver inviable y las víctimas nunca van a obtener una reparación o a conseguir una justa retribución por el patrimonio del que fueron despojados. Por eso propuso una acción concreta de las autoridades para salvar el proceso.

En concreto, Rivera precisó que hoy son cerca de nueve mil los servidores públicos que gozan de esquemas de protección y por eso propone que a partir del 9 de abril (día nacional de las víctimas) todos renuncien a uno de sus escoltas, para que entren a proteger a los líderes de víctimas y restitución de tierras.