Por estos días se reunen en Cartagena cientos de delegados de los difentes países que hacen parte de la Cumbre de las Américas, con sus respectivos mandatarios y los escoltas -nacionales y extranjeros- recorren las calles del centro histórico, las playas y los sitios turísticos; estos acontecimientos colman los espacios noticiosos y los periodistas de los medios de comunicación hegemónicos se mueven anciosos de chismes sobre las personalidades que nos inundan. 

Sin embargo esto es sólo una cara de la moneda, la triste realidad es que mientras los mandatarios latinoamericanos turistean con el dinero de nuestros impuestos, al resto de la sociedad, a los ciudadanos de a pie, les es prohibido acercarse a los espacios de esparcimiento con los que cuenta la ciudad. El patrimonio histórico de la humanidad (las murallas, las iglesias, las plazas, entre otros) están altamente custodiados por policías, militares, agentes extranjeros -uniformados y de civil- que impiden que cualquier turista o habitante de la región que no esté debidamente acreditado pueda acercarse para disfrutar de las bellezas que ofrece la ciudad turística por exelencia en Colombia. 

Aunque la capacidad hotelera está casi al máximo, el turismo de la ciudad (que se supone genera un alto índice de regalías para los cartageneros) se ha visto firmemente afectado: los principales hoteles de la ciudad están ocupados por miles de uniformados que llegaron desde diferentes puntos del país. Varios comerciantes han debido cerrar sus establecimientos por la poca afluencia de turistas, los constantes bloqueos en las calles por parte de la policía han afectado a los conductores de transporte público, varias empresas debieron cesar sus labores ante la imposibilidad de los trabajadores para llegar a sus lugares de trabajo y los colegios suspendieron las clases. 

Como si esto fuera poco, las normas y leyes a las que estamos sometidos todos los colombianos y cualquier ciudadano del mundo que se halle en nuestro territorio; son infringidas impunemente por parte de los visitantes de las diferentes delegaciones. Vehiculos blindados en los que se desplazan los diplomáticos viajan a toda velocidad por las estrechas calles de la ciudad amurallada, colocando en riesgo a quienes transitan por allí. Los indigentes y vendedores ambulantes fueron confinados en hoteles para que los visitantes crean que éste es un país próspero y democrático como Juan Manuel Santos y sus serviles exponen en foros internacionales.

Además los participantes de la Cumbre de los Pueblos han sido perseguidos y hostigados por la policía, sacándolos incluso de los hoteles en los que se hospedan para mandarlos lejos, no sea que alguien le de por demostrar algún inconformismo con la presencia de sujetos como el genocida Barack Obama. Mientras criminalizan a los vendedores ambulantes por ocupar el espacio público, varios sectores de Cartagena han sido privatizados como una parte del Castillo de San Felipe que fue modificado para instalar la tarima para un concierto exclusiv, lo mismo en la emblemática Torre del Reloj y para transitar por ciertas calles del centro histórico sólo se puede con una escarapela de invitación especial en completa contradicción con que Cartagena es patrimonio histórico de TODA la humanidad.