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Amenaza de muerte en contra de la abogada defensora de derechos humanos Irene López, miembro de la Corporación Jurídica Yira Castro
Corporación Jurídica Yira Castro / Lunes 15 de octubre de 2007
 

Luego de cuatro meses de incesantes hostigamientos en contra de las abogadas miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, consistentes en el allanamiento ilegal a su sede ocurrida el 22 de junio de 2007 y a una serie de correos electrónicos de amenaza que desde el 24 de julio, se han dirigido en contra de miembros de la CJYC así como del líder de la Coordinadora Nacional de Desplazados (CND), el día de ayer 15 de octubre de 2007, en la casa de habitación de la abogada Blanca Irene López, fue encontrado un mensaje en manuscrito en el que se lee “Bas a morir, disiembre 24 firma señor popo”.

Tememos fundadamente por la vida e integridad física de nuestra compañera, así como por la seguridad de su familia.

Ante los graves hechos denunciados desde el mes de junio, es necesario señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la labor de quienes asumimos en Colombia la defensa de los derechos humanos, es no sólo insuficiente, sino además permisiva ante este tipo de hechos de violencia.

Luego de cuatro meses de las iniciales denuncias elevadas por la CJYC ninguna labor judicial se ha adelantado para establecer los responsables de estos hechos, y las investigaciones penales se encuentran suspendidas en espera de trámites burocráticos de reasignación. Por otro lado, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior demuestran su insuficiencia, dado que ninguna de ellas ha significado el cese de los actos de violencia perpetrados en contra de las miembros de la CJYC. Mientras tanto, seguimos esperando del Gobierno Nacional el rechazo a este tipo de ataques, así como su respaldo público a la legítima labor que adelantamos a favor de las víctimas del desplazamiento forzado que reclaman, en medio de una coyuntura de impunidad mal llamada “justicia transicional”, la satisfacción de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.