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La falacia de la vivienda gratis
Gloria Inés Ramírez / Viernes 18 de mayo de 2012
 

El Proyecto de Ley del Gobierno Nacional “Por el cual se dictan disposiciones tendientes a facilitar y promover el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano”, que cursa en el Congreso, según sus autores, tiene el propósito de construir 100 mil viviendas de interés prioritario para ser entregadas totalmente gratis a familias graduadas de la Red Unidos. Aún en el caso de que se cumpliera esta promesa, su alcance es demasiado limitado si se tiene en cuenta que la meta del Plan Nacional de Desarrollo es entregar 350 mil viviendas VIP en el cuatrienio y que el número construido hasta ahora está muy lejos de corresponder al cumplimiento de la establecido.
Por otra parte, la propuesta es insuficiente de cara a la magnitud del déficit habitacional en Colombia que afecta a 4,1 millones de hogares, de los cuales el 68.25% son rurales y el 27% urbanos. Esta situación se torna más alarmante si se observa el gasto público social en vivienda, calculado en 0,6% del PIB y clasificado como el segundo más bajo de América Latina en los últimos años. Resulta claro, entonces, que las 100 mil viviendas sólo resolverían un estrecho margen del déficit habitacional.

De otra parte, es pertinente preguntarse cuál es el costo de esta propuesta y examinar los problemas más graves que presenta el Proyecto de Ley. Al respecto hay que decir que la propuesta es especialmente precaria para atender las necesidades de vivienda existentes en las zonas rurales, donde el 90% de los hogares padecen déficit cualitativo, lo que significa que no cumplen con los estándares mínimos de calidad.

En cambio, el Proyecto privilegia la construcción en las grandes zonas urbanas que tienen terrenos urbanizables. Para ello, pretende pasar por encima de los concejos municipales a fin de modificar los Planes de Ordenamiento Territorial POT para construir proyectos de vivienda VIS /VIP por fuera de las normas urbanísticas de los municipios y distritos, lo que constituye una grave lesión de la autonomía de las entidades territoriales consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política.

Aunque la propaganda oficial habla de “viviendas gratis”, lo que el Proyecto de Ley contempla es modelos de financiación de la Vivienda de Interés Prioritario bajo la modalidad de leasing habitacional (arriendo con opción de compra) con entidades financieras o crédito hipotecario, sistemas que hoy en día se aplican para los estratos pudientes. Según Camacol, en Colombia hay 5.3 millones de hogares cuyo ingreso es menor a 2 salarios mínimos mensuales, que no pueden acceder al crédito . Sin embargo, nada se dice sobre las altas tasas de interés (9,8%), que son las más altas de la región, situándose por encima del promedio latinoamericano (8.1%) , de manera que quienes acceden al crédito resultan pagando entre 14 y 15 veces el valor inicial de la vivienda. A pesar de esta realidad, el Gobierno pretende vincular a la población de menores ingresos al sistema financiero, exponiendo a las familias al riesgo de perder su propiedad, tal y como sucedió con las viviendas adquiridas a través del modelo UPAC-UVR.

En vista de esta situación, nosotros defendemos la propuesta consignada en el artículo 24 de la Ley 1469 de 2011, que crea la figura del contrato de arrendamiento como amortización para la compra de la vivienda a favor del arrendatario, con el objetivo de que las familias sin ahorro ni capacidad de endeudamiento puedan acceder a una vivienda sin la intermediación del sistema financiero. Según Fedelonjas, 15 millones de colombianos de los estratos medio y bajo viven en arriendo. En promedio el estrato bajo paga mensualmente 250 mil pesos mientras que el estrato medio-bajo 325.000 pesos. Nuestra propuesta consiste en que estas sumas de dinero se conviertan en aportes mensuales para que la población de menores recursos pueda adquirir paulatinamente su vivienda por fuera de los criterios rentísticos y especulativos que hoy rigen el sistema financiero.

Además, las 100 mil viviendas “gratis” se construirán con los recursos destinados a los subsidios familiares de vivienda administrados por FONVIVIENDA, para lo cual se faculta al Ministerio de Vivienda para modificar la distribución de las partidas del presupuesto general de la Nación asignados a esa entidad, modificando las metas del Plan Nacional de Desarrollo que establecieron la entrega de 560 mil subsidios en el cuatrienio. De esta manera, los recursos de los subsidios serán orientados a financiar las 100 mil viviendas del proyecto populista, excluyendo a 460 mil familias de la posibilidad de acceder al subsidio para la adquisición de vivienda.

La propuesta tiene también los siguientes problemas: en primer lugar, concentra los subsidios de vivienda únicamente en la población beneficiaria de los programas asistencialistas del gobierno, perjudicando a quienes están fuera de ellos. En segundo lugar, autoriza el traslado de los dineros de los subsidios a los llamados patrimonios autónomos que pueden ser conformados por entidades privadas, abriendo la puerta a la especulación en el mercado financiero con los recursos públicos. En tercer lugar, pretende forzar a los beneficiarios del subsidio que por cualquier razón no lo han utilizado a renunciar al mismo para destinar los recursos a los planes del gobierno. Estas modificaciones se prestan para el tráfico de influencias y la politiquería, lesionando gravemente la finalidad social de los subsidios de vivienda.

Como era de esperarse, el Proyecto termina beneficiando a los grandes empresarios y al sistema financiero, para lo cual incluye un capítulo de incentivos tributarios para las constructoras de vivienda sin importar el estrato, consistente en exenciones de las rentas derivadas de contratos de leasing habitacional y otros beneficios que darán como resultado el incremento de las ganancias.

Otra pretensión del Proyecto es estimular el desarrollo urbano, particularmente en las grandes ciudades, conformando zonas periféricas para las personas en situación de pobreza, sin garantizar que se cumplan los parámetros del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. De esta manera, no se contempla en ningún artículo de la Ley que las viviendas deben contar para ser entregadas con todos los servicios públicos domiciliarios, zonas verdes, equipamientos colectivos, como escuelas, hospitales o centros de salud. La responsabilidad fundamental de esta infraestructura recaerá en el sector privado, los entes territoriales y los “beneficiarios”, quienes tendrán que pagar toda la infraestructura construida con altas tarifas e impuestos.

De otra parte, el Proyecto corre riesgos de ilegalidad porque faculta a la recientemente creada Agencia Nacional de Licencias Ambientales para otorgar los permisos y licencias que les corresponden a las corporaciones autónomas regionales, las cuales, sólo podrán emitir conceptos no necesariamente vinculantes, lo que tendrá gravísimas consecuencias en el medio ambiente al pasar por alto los controles necesarios para el desarrollo de los proyectos de vivienda, especialmente para aquellos que están siendo proyectados en zonas de alto riesgo.

En suma, la propuesta obedece a una estrategia neopopulista que utiliza las necesidades de vivienda de la población para expedir medidas en favor de los grandes constructores y del sector financiero mientras se mantiene el grave déficit que afecta no sólo a la población en extrema pobreza sino a las capas medias y trabajadoras, que no cuentan con las garantías adquirir una vivienda digna. El Gobierno hace demagogia con las supuestas 100 mil viviendas gratis, pero carece de una real política de vivienda para el país.